Colombia

Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura en Comunicación Social
Universidad Nacional de Entre Ríos
Trabajo Práctico Final - Políticas de Comunicación
POLÍTICA Y SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN EN COLOMBIA
Un análisis de la situación político-comunicacional colombiana desde los
finales de la dictadura hasta la actualidad
Realizado por
Florencia Bruno, Victoria Carballo, Sabrina Colliard y Julieta De Lorenzo
Fecha de entrega
23 de junio de 2014

POLÍTICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA BRUNO, CARBALLO, COLLIARD, DE LORENZO
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Introducción
Una de las situaciones que más preocupa y ocupa a los actuales Estados latinoamericanos,
y al mundo, es la de los sistemas de comunicación. Las relaciones que se dan entre los
Estados y los medios de comunicación son complejas, ambiguas y a veces hasta
contradictorias. “…Asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a
unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la
opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y
es que los modelos de medios son modelos de país” (Rincón, 2010, p. 5).
Es por eso que consideramos que la comunicación social tiene una estrecha relación con el
desarrollo de una nación. Como bien explica Luis Ramiro Beltrán (2005), en nuestro
continente prevalecieron dos formas de pensar esta relación. Por un lado, la comunicación
de apoyo al desarrollo, una visión más instrumental de la función de la comunicación en el
desarrollo económico y social de una nación. Y por otro lado, la comunicación de
desarrollo, la cual entiende que los medios influyen en la construcción social a tal punto
que se puede crear con ellos una atmósfera en el orden público que resulte favorable al
cambio que se quiere alcanzar.
Sin embargo, si dejamos de ver a la comunicación como un proceso verticalista y
comenzamos a tomarla en términos dialógicos y de participación, podríamos pensar,
como especifica el autor, en una comunicación alternativa para el desarrollo democrático
que implicaría un acceso más amplio y equitativo, por parte de los distintos actores
sociales, al proceso de comunicación y de participación, buscando avanzar en objetivos
comunes del total de la sociedad.
Entonces, dependiendo de qué se entiende por comunicación es que se van a tomar unas
y otras políticas nacionales de comunicación. Ahora bien, somos conscientes que el propio
concepto de políticas de comunicación es objeto de controversias y polémicas, como lo
sugiere el reconocido Informe MacBride. El informe presenta a las políticas nacionales de
comunicación como el conjunto principios y normas establecidas para orientar el
comportamiento de los sistemas comunicacionales (MacBride, 1980). Este primer intento
de definir a las políticas públicas de comunicación fue profundizado por Beltrán, quien las
describió en 1971 como “… un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas
parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas
dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso
general de la comunicación de un país.” (Beltrán, 2005, p. 17). Es decir, que toda norma
propuesta para guiar u orientar el sistema de comunicaciones era una política de
comunicación, sino sólo aquellas que tuvieran una coherencia y una duración en el
tiempo.
Sumado a las anteriores definiciones, consideramos que es importante entender a las
políticas de comunicación como todo un proceso que pone en cuestión desde qué es lo

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que se entiende por público y privado, cuál es el rol del periodista, qué es libertad y qué es
censura, hasta la concepción misma de Estado y sociedad. Este proceso debe tener en
cuenta a los diferentes actores sociales y las relaciones de poder que los atraviesan, así
como el contexto político, económico, cultural y tecnológico del país.
Teniendo en cuenta estas ideas de políticas de comunicación, muchos autores consideran
que en América Latina no hay políticas de comunicación en perspectiva de Estado, que
secunden un mismo proyecto de país, sino medidas aisladas que actúan en función de los
gobiernos. Este es uno de los principales motivos por los cuales los sistemas de
comunicación latinoamericanos son escenarios de conflicto y tensión que afectan la
calidad de la democracia.
La manipulación que los gobiernos hacen de los medios, sumada a cuestiones como la
corrupción mediática de los privados y el periodismo de baja calidad sumido a las leyes del
mercado, hacen que los ciudadanos queden excluidos de la relación medios-gobierno. De
manera tal que la ciudadanía, que debería ser quien se exprese a través de los medios, los
cuales funcionen como un contrapoder, en muchos casos siente rechazo hacia los medios
de comunicación y busca modos alternativos de expresión. Así surgen el periodismo
popular y el internet y el celular como otras maneras de comunicación que se conectan
más con las necesidades ciudadanas.
Todas estas cuestiones serán tenidas en cuenta en el siguiente trabajo para analizar un
país latinoamericano en particular: Colombia. La situación actual de Colombia es muy
compleja, ya que además del Estado y la ciudadanía, se incorporan actores sociales como
los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros, quienes se caracterizan por la
violencia y cuyos intereses condicionan el funcionamiento de los sistemas de
comunicación, en detrimento de la democracia y la libertad de expresión.
Pero para poder analizar en profundidad la relación entre la política y los sistemas de
comunicación en la Colombia de nuestros días, será necesario hacer un recorrido que
comience por tener en cuenta la historia de los medios de comunicación y los gobiernos,
las distintas medidas que se fueron llevando a cabo a lo largo de los años, para finalmente
llegar a la legislación en torno a la comunicación actualmente vigente. Este recorrido
histórico se entrelazará con los contenidos teóricos de la materia. Asimismo, para llevar el
análisis a otro nivel, se comparará la situación de Colombia con la de Argentina.
Finalmente, realizaremos una conclusión que abra nuevos interrogantes para seguir
pensando y poniendo en tela de juicio las políticas comunicacionales de Latinoamérica.

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Medio siglo de política y medios de comunicación en Colombia
Para comprender la complejidad de los medios de comunicación y de las políticas que los
regulan, consideramos necesario partir de una historización que tenga en cuenta la
situación política, económica y social del país, así como sus medidas en torno a los
sistemas comunicacionales, en los últimos 50 años.
El periodismo en los tiempos de la dictadura
Las décadas del 40 y el 50 se caracterizaron por ser un período de extrema violencia
partidaria que terminó en un golpe de Estado.
Luego de que el gobierno conservador al mando fuera destituido por un intento de
autoritarismo, y una vez llegado al mando Gustavo Rojas Pinilla, la censura y persecución a
periodistas fue moneda corriente. Para lograrlo, se crearon herramientas legales tales
como:
- En 1949: el Decreto 3580, que creaba la oficina de Censura Previa.
- En 1953: el Decreto 1723, que adscribía el control de la censura al ministerio de Guerra
y el Decreto 1896 del mismo año, que pasaba el control de la censura a la oficina de
información y propaganda de la presidencia
- En 1954: El Decreto 684 que prohibía a los periodistas difundir informaciones ‘falsas o
tendenciosas’ y el Acto legislativo número 6 del mismo año, que prohibía la propaganda
marxista.
- En 1955: El Decreto 1139 que prohibía ‘faltarle el respeto’ a las autoridades militares,
el Decreto 2535, que prohibía publicar informaciones que irrespetan al presidente, el
Decreto 3000, que informaba las nuevas sanciones a los escritores ‘irrespetuosos’ y el
Decreto 3205 que creaba la comisión redactora del Estatuto de Prensa.
- En 1957: los Decretos 78 y 79 contra la prensa clandestina.
Esta normatividad jurídica restringía excesivamente el margen de acción de los diarios de
la
época. Según ésta, se entendía al accionar de los diarios como relatores de los
acontecimientos, evitando interpretación alguna de los mismos. En palabras de Pinilla
sería, “Los periodistas son pagados y defienden los intereses de quienes los pagan…..,
solamente el jefe del Estado representa la opinión pública y él es el único autorizado a
hablar en su nombre…..” (Estevez, 2013: 2)
Además, junto a la artillería de herramientas para la censura de la prensa colombiana, se
sumaron los cierres arbitrarios de periódicos. En primer lugar, fue clausurado el diario “El
Tiempo”, en agosto de 1955. Y luego sucedió lo mismo con “El Siglo”, suspendido en 1953.

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Vale la pena decir que ambos eran diarios de gran reconocimiento nacional, fuentes de
difusión de las ideologías que, años más tarde, conformarían la alianza bipartidista que
derrocaría a la dictadura.
A su vez, para contrarrestar la fuerza de la prensa de opositora, la Dictadura creó “El
Diario Oficial” en el año 1956. El mismo se encargaba de difundir la versión oficial del
estado del país. Finalmente, podríamos decir que la desaparición casi total de la prensa
independiente, se consuma con el cierre del “Diario Gráfico”, gaceta Laureanista y “El
Independiente”, mientras “El Colombiano” y “El Correo de Medellín” que sobrevivieron
eran fuertemente condenados.
Ahora bien, el malestar y el descontento con el general Roja Pinilla no se dio desde el
principio. En un primer momento, este gobierno contaba con el apoyo de muchas
personas de la sociedad, ya que fue la salida a un intento de autoritarismo que amenazaba
al país. Sin embargo, tras el hecho de la fuerte represión en una movilización de jóvenes
estudiantes, que terminó con la vida de uno de ellos, el apoyo comenzó a retirarse y la
oposición se hizo cada vez más fuerte.
Empero, debemos destacar los logros que tuvo este período, como la introducción de la
televisión en el país, la apertura de universidades, la estimulación de programas para el
desarrollo rural que se conocieron como “Radioescuelas”, diversos avances en
infraestructura, la automatización de la telefonía urbana y rural, y el voto femenino entre
otros.
Hacia el final de la dictadura, la situación se tornaba insostenible y si bien la Asamblea
reeligió a Pinilla para un cuatrienio que empezaría en 1958, el 10 de mayo de 1957 él
mismo dió su renuncia en favor de una Junta Militar, que continuó con la dirigencia del
país. Mientras tanto, los líderes de los partidos Liberal y Conservador limaban asperezas y
unían intereses, pensando en la conformación de lo que luego se conocerá como Frente
Nacional.
Restauración de la democracia: “Frente Nacional”
El Frente Nacional era una coalición política que tenía como objetivo una salida al régimen
militar con la restauración de la representación bipartidista. El 24 de julio de 1956, los
líderes de cada grupo firmaron el Pacto de Benidorm, en donde se estableció como
sistema de gobierno que, durante los siguientes dieciséis años, el poder presidencial se
alternaría equitativamente, cada cuatro años, entre los líderes de cada partido.
Fue entonces cuando, en 1958 se puso en marcha lo acordado en el pacto, con la
presidencia de Alberto Lleras Camargo del partido liberal, y alternando con el otro partido,
este pacto se sostuvo efectivamente hasta 1974. En cuanto a las políticas generales de
este período, el Frente Nacional se planteó como objetivo la posibilidad de la
transformación de Colombia en un Estado moderno, capitalista e industrializado.

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A su vez, la libertad de prensa también fue una de las grandes preocupaciones de los
líderes, debido a la situación vivida en la antesala del Frente Nacional. En este orden, lo
introducido en materia legal fue:
- En 1957 el Decreto 271: Conocido como”Estatuto de prensa” con la prohibición de la
censura previa como punto fundamental.
- En 1959 la Ley 159: Deroga el estatuto de prensa y restituye la vigencia de la anterior
Ley 29.
- En 1973 la Ley 36: Reconoce el periodismo como profesión.
- En 1975 la Ley 51: Llamada “Estatuto Profesional del Periodista”.
- En 1963 el Decreto 3267: se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión
(INRAVISION).
Un fenómeno importante que se destaca en este período es la Reunión de Bogotá,
celebrada en el mes de julio de 1974, a la que asistieron diecisiete especialistas de catorce
países. El propósito de este encuentro, era llamar la atención de los gobiernos sobre la
necesidad de dar coherencia a los sistemas nacionales de información. Es justamente en
esta reunión en donde se propone la idea de Políticas de comunicación, como un
instrumento para superar la situación. Desde entonces, la noción de PNC empezó a
definirse como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de
comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidas a
guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de
comunicación en un país”(Beltrán, 2005, pág. 17).
En cuanto al papel de los medios y su relación con el Estado, podríamos decir, que si bien
si bien no existían mecanismos de censura explícita, los periodistas ya no actuaban como
agentes reguladores y denunciantes del Estado y su accionar, sino que funcionaban como
un portavoz del poder institucional privado y un reproductor de la versión oficial de los
acontecimientos.
Además, algunos de los periódicos más importantes jugaron un papel esencial en la
preservación de este pacto, ya que evitaban la publicación de opiniones y comentarios
que pudieran crear discrepancias entre ambos partidos, revirtiendo nuevamente la
situación a una violencia partidaria.
En definitiva, este proceso político generó en los medios una especie de autocensura que,
si bien colaboró para detener la extrema violencia, también silenció muchas de las
denuncias sobre la época y así evitó que se formara una opinión pública consistente sobre
lo que sucedía. Además, no debemos perder de vista el hecho de que al mantenerse la
estructura bipartidista, seguían siendo excluidos los intereses de los demás grupos
(campesinos, colonos, indígenas, etc.)

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No debemos dejar de mencionar que durante este proceso, puntualmente en el año 1964
nació la guerrilla más grande de Colombia, conocida como la FARC (Fuerzas Armadas
revolucionarias de Colombia),liderada en ese entonces por Manuel Marulandia y Jacobo
Arenas, y dirigida por un secretariado de siete miembros. La FARC va a terminar
influyendo fuertemente en los medios de comunicación. Por un lado, en el accionar
periodístico, imponiendo amenazas por un lado y reclamando el acceso al sistema de
medios.
La década de los ochenta: democracia y modernización
A nivel latinoamericano, la del 80 es una década de gran expansión de las comunicaciones,
caracterizado por un acelerado proceso de modernización y una masificación de los
medios tradicionales.
La situación de Argentina en esta década está marcada por la vuelta a la democracia tras
la última dictadura cívico-militar, y por lo tanto, se caracterizó por un desarrollo de los
procesos de democratización y rearticulación de la sociedad civil.
Si bien Colombia por esos años ya tenía un gobierno democrático consolidado, comienzan
a manifestarse los primeros síntomas de violencia, por parte del narcotráfico, hacia los
medios y periodistas. Empiezan a darse los primeros asesinatos a directores de medios,
como el director del periódico El Espectador, tras haber publicado información acerca del
narcotráfico o haberse solidarizado con políticas en contra de la droga; sin mencionar a
otras decenas de periodistas y reporteros que fueron asesinados, secuestrados y
amenazados. Es decir, es en esta época en donde comienzan a manifestarse síntomas de
violencia internos que perduran hasta hoy.
En el plano político, hubo tres presidentes durante esta década que, como se puede ver
desde la vuelta a la democracia, pertenecieron sólo a dos partidos: el Liberal y el
Conservador.
Julio César Turbay Ayala, perteneciente al Partido Liberal, ejerció su cargo desde 1978
hasta 1982. A comienzos de su mandato, Turbay dictó lo que se conoció como Estatuto de
Seguridad, mediante el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. Este estatuto tenía
como propósito defender las instituciones democráticas y garantizar las seguridades para
la vida y el trabajo. Pretendía contrarrestar la actividad subversiva y el narcotráfico. Sin
embargo, tras ser objeto de duras críticas tanto a nivel nacional como internacional, fue
derogado en julio de 1982.
Finalizado el período de Turbay, asume Belisario Betancur Cuartas, perteneciente al
Partido Conservador Colombiano. Su mandato, que se extendió desde 1982 hasta 1986, se
caracterizó por la clara voluntad de erradicar la violencia. Con este fin, logró que la FARC,
M-19 la FARC, M-19 y ELP, tres de los cuatro principales grupos guerrilleros firmaran un
acuerdo de paz que, sin embargo, no llegó a materializarse.

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Finalmente, Virgilio Barco Vargas asume la presidencia en 1986 por parte del Partido
Liberal Colombiano. Su mandato coincidió con uno de los períodos más agudos de
violencia en Colombia: cobraron fuerza los asesinatos selectivos, cometidos por bandas de
sicarios, grupos paramilitares y guerrilleros. Además, se dio una ola de secuestros
políticos, como el caso del futuro presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.
Como consecuencia de esta situación, Barco anunció que el Estado colombiano estaba en
guerra contra el narcotráfico, ofensiva que no fue tan efectiva, debido a que estos grupos
armados conservaron intacta su capacidad para golpear con las armas y respondieron con
acciones terroristas redobladas e indiscriminadas.
Entonces, se pueden sintetizar esta década como marcada por la violencia y, por el
intento de estos presidentes de eliminar la violencia.
En cuanto a las políticas de comunicación, en 1989 se promulgó la ley 72 de
telecomunicaciones, que cuenta con 17 artículos, en los cuales establece que el Gobierno
Nacional, mediante el Ministerio de Comunicaciones, podrá planear, regular y controlar
los servicios de este sector. Asimismo, en el artículo se definen a las telecomunicaciones
como “un servicio público que el Estado prestará directamente o a través de concesiones
que podrá otorgar en forma exclusiva, a personas naturales o jurídicas colombianas,
reservándose, en todo caso, la facultad de control y vigilancia”.
La década de los noventa: entre la exclusión económica y la inclusión política
A partir de los noventa, con el gobierno de César Gaviria, se dio una fuerte
reestructuración política y económica. Esta reestructuración se entrelaza con una crisis de
legitimidad y liderazgo, que el Estado y el régimen político arrastró durante décadas y que
tuvo como consecuencia altos niveles de violencia, falta de confianza de los ciudadanos en
las instituciones públicas y la ausencia de una clase dirigente con un proyecto de país lo
suficientemente claro y amplio como para articular los diferentes intereses sociales.
La antigua lucha por el liderazgo para la conducción del país entre la fracción
conservadora de la élite, que basaba su predominio principalmente en la continuidad de la
sociedad agraria y tradicional y la fracción liberal, que buscaba una sociedad
industrializada y moderna, se solucionó mediante un pacto mutuamente beneficioso: los
partidarios de la modernización lograron la colaboración del sector tradicional para la
industrialización del país, a cambio de que éste pudiera conservar parte de sus privilegios
basados en la continuidad parcial de la sociedad tradicional.
De aquella sociedad agraria tradicional, quedó como legado el clientelismo político. Los
jefes políticos regionales actuaron como sustituto de la acción del Estado, mediante la
satisfacción de las necesidades individuales de su clientela a cambio del compromiso
electoral. De esta manera, estas relaciones políticas basadas en lealtades personales,
impiden al Estado actuar como factor de cohesión e identidad política y distorsionan el

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servicio público como el despilfarro de recursos, la corrupción administrativa y la
burocratización.
Es así que el Estado colombiano, debido a la falta de efectividad de sus funciones y a la
reducción de su tamaño, perdió su capacidad para mediar y canalizar los conflictos y
tensiones sociales. Por ello, estos son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo
cual explica el surgimiento de los grupos privados de justicia y defensa, las mafias de
narcotráfico y los movimientos guerrilleros.
El creciente protagonismo que los narcotraficantes ejercieron en la vida nacional, los
efectos corruptores del dinero fácil que difunden y el factor de potenciación de la
violencia en que se convirtieron, incrementaron la corrupción política y la violencia como
forma de solución de los antagonismos sociales.
A partir de los intereses que ponen en juego los diferentes actores sociales, se generó un
enorme nivel de violencia que explica las amenazas, secuestros y asesinatos de decenas
de maestros, líderes sindicales, periodistas, abogados, defensores de los derechos
humanos, etc. Todos estos factores de crisis se articularon para producir, desde finales de
la década de los ochenta, una situación de anomia, de violencia y de violación sistemática
de todos los cánones de convivencia social.
Con el fin de encontrar una solución negociada a dicha crisis, se convocó la Asamblea
Constitucional de 1991, cuyo resultado fue un nuevo marco normativo que permitiera,
entre otras cosas: ampliar la representatividad del régimen político mediante la inclusión
de nuevas fuerzas sociales; fortalecer el Estado mediante el mejoramiento de su eficacia
en la prestación de servicios públicos y de las instituciones de administración de justicia;
depurar y fortalecer el Congreso y la actividad política a fin de reducir el clientelismo y la
corrupción; y ampliar el gasto público social con el fin de reducir los niveles de pobreza
absoluta y expandir la cobertura de los servicios de educación, salud y seguridad social.
Entonces, se dieron dos procesos un tanto contradictorios: por un lado, la apertura
política, generada por la Constitución de 1991, que produjo condiciones favorables para
un proceso de democratización e integración de la sociedad. Y por el otro, la apertura
económica, generada por el nuevo modelo liberal, que implicó procesos sociales
excluyentes debido a la privatización de empresas estatales, la quiebra de empresas
privadas que no pudieron resistir la competencia, el desempleo y la reducción del gasto
público de carácter social.
Esto explica cómo, a pesar de los evidentes avances en materia de democratización
política, lo cierto es que en la definición de las orientaciones macroeconómicas de la
sociedad, ha habido una gran exclusión y el Estado se vio debilitado.
En cuanto a políticas de comunicación, con la expedición de la ya nombrada Ley 72 de
1989 y del Decreto Reglamentario 1900 dictado por el presidente Gaviria en 1990, se

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estableció la desmonopolización del sector comunicacional y se abrió la posibilidad de
inversión de capital privado en empresas operadoras a nivel de servicios básicos de
telefonía local, departamental y nacional, en continuidad con el modelo neoliberal
económico de la época. Desde el punto de vista técnico, este Decreto segregó por primera
vez en la historia de las telecomunicaciones los conceptos de redes y servicios, los cuales a
partir de ese momento, comenzaron a ser marco general de consideración de normas que
en adelante se promulgarían. En consecuencia, los servicios comunicacionales se
clasificaron como: Servicios Informáticos y Telemáticos; Servicios de Valor Agregado;
Servicios postales; Servicios Básicos: Portadores y Tele servicios; Servicios de Difusión:
Radiodifusión Sonora y Televisión; Servicios Auxiliares y de Ayuda; Servicios Especiales de
Telecomunicaciones. También se determinó el régimen de habilitación y prestación de
cada uno y se establecieron infracciones específicas al ordenamiento de las
telecomunicaciones y las sanciones.
Ese mismo año, se sancionó el decreto 1901 por el cual se establecía la estructura
orgánica del Ministerio de Comunicaciones y se determinaban las funciones de sus
dependencias. El Ministerio fue reestructurado por otro decreto en 1992 y en 1999.
En 1991, se sancionó la Ley 14, conocida como Estatuto de la Televisión, en la que se
declaró a la TV como un servicio público cuya prestación está cargo del Estado a través del
Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, y de las organizaciones regionales de
televisión. En él también se regulaba las condiciones de prestación del servicio, la
protección al menor, la cadena nacional, entre otras cosas. Pero este decreto fue
derogado rápidamente por la ley 182 de 1995.
Con la reforma de la Carta Magna colombiana, además del artículo 20 ya existente por el
cual “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.” y se declara que “Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura.”, se agregaron artículos especialmente dedicados a las comunicaciones, los
artículos 75 al 77, y en ellos se reconocen derechos como: a la protección del periodista
para garantizar su libertad e independencia; a informar y a recibir información veraz e
imparcial; a fundar medios masivos de comunicación; a la Soberanía de la Nación sobre la
órbita geoestacionaria; al espectro electromagnético como un bien sujeto a la gestión y
control del Estado; a los servicios públicos y la creación de una entidad que regule la
Televisión, hoy en día la CNT.
En el año 1993, se sancionó la Ley 37, por la cual se regula la prestación del Servicio de
Telefonía Móvil Celular, la celebración de Contratos de Sociedades y de Asociación en el
ámbito de las Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones. El año siguiente se
promulgó la ley 142, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, entre los cuales se encuentra la telefonía fija y móvil.

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Estas medidas tomadas por los gobiernos de los noventa, nos permiten analizar cómo la
comunicación también queda marcada por las contradicciones entre una apertura política
que persigue la democratización, ayudándose de una mayor incidencia del Estado en
determinadas cuestiones y economía neoliberal que busca borrar al Estado como
intermediario. La iniciativa privatizadora también alcanzó a los sistemas de comunicación,
favoreciendo el ingreso de capitales extranjeros y la posterior concentración de los
medios.

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La Colombia de nuestros días
Consideramos que la anterior historización de los períodos políticos comprendidos en la
última mitad del siglo XX, es fundamental para comprender la Colombia actual. Para
realizar un análisis más pormenorizado de las condiciones en las que hoy se encuentra
Colombia en relación a los sistemas de comunicación, nos centraremos en distintas
nociones teóricas desarrolladas en la materia como ejes para organizar los puntos a
considerar.
Concentración y centralización: ¿A quiénes pertenecen los medios colombianos?
Los procesos de concentración de los sistemas de comunicación que comenzaron el siglo
pasado, se fueron profundizando en la última década. Hoy en día, cada vez más, la esencia
de ser periodista en Colombia, va tomada de la mano del mercado y no del derecho a la
información y a la comunicación. La prensa y los grandes medios son hoy, unidades de
negocios de grandes grupos y todo rige sobre el poder y el cálculo económico.
Califano define la concentración de la producción como el “resultado del proceso por el
cual cada vez menos capitalistas controlan más medios de producción y fuerza de trabajo,
producen más mercancías y elevan la tasa de ganancias. Su consecuencia es el crecimiento
del tamaño de la empresa”. Mastrini y Becerra en su trabajo Presente y tendencias de la
concentración de medios en América Latina, agregan que cuando la dimensión de la
empresa aumenta, como el capital, pero se cierran las barreras a inversiones de nuevos
capitalistas, se va a un segundo concepto, la centralización del capital, que es cuando deja
de operar la movilidad del mismo. Así se alude al doble fenómeno
concentración/centralización, que proponen estos últimos autores.
Estos autores clasifican la concentración en tres formas diferentes: horizontal, vertical y
conglomerado. Asimismo explica que, en general, estas formas de concentración se
superponen.
A continuación, daremos más detalles acerca del mapa de medios colombiano y de cómo
se encuentran concentradas las empresas de comunicaciones.

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La televisión es, con gran ventaja, el medio más consumido en Colombia. A éste le sigue la
radio que desde la década de los treinta cultiva nuestra cultura oral y popular, y en tercer
lugar está Internet, que en 2010 desplazó a la prensa y en 2012 a las revistas y continúa
ascendiendo cada año.

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La televisión está presente en casi todos los hogares colombianos, tiene un lugar
privilegiado como plataforma de entretenimiento e información y casi un 50% de la pauta
invertida en medios va para los canales de TV. Existen tres canales nacionales operados
por el Estado (Canal Uno, Señal Colombia y Señal Institucional), pero tienen una audiencia
ínfima en comparación con los privados. Como lo explica Margarita Martinez Escallón, en
la televisión colombiana hay una gran concentración: dos canales privados dominan el
80% del mercado. Uno de esos canales, Caracol TV, pertenece al grupo Santodomingo,
dueño también de cerveceras, jugos, concesiones estatales en vías, televisión, petróleo,
hoteles, etc. El otro canal, RCN TV, es propiedad de la organización Ardila Lulle, dueña de
gaseosas, ingenios azucareros, venta de automóviles, equipos de fútbol, concesiones de
carreteras, etc (Martínez Escallón, 2010). Cabe preguntarse si se puede hacer periodismo
independiente en canales donde hay tantos intereses económicos en juego. A propósito
de este tema, comenta Héctor Rincon, periodista de la radio, “Las estructuras del noticiero
son casi de telenovela: transmite emociones, melodrama, no tiene más de dos o tres
informaciones importantes. Abren con una tragedia, donde hay sangre y cierran con
reinas de belleza”. Esta apreciación es interesante en un país tan marcado por las
telenovelas como lo es Colombia, en palabras de Jesús Martín Barbero “pasa más país por
las telenovelas que por los informativos” (Martín Barbero, 1992). Ejemplo de esto es la
gran cantidad de novelas que reflejan la cruda realidad del narcotráfico en Colombia,
como ningún noticiero se atreve a mostrar. Según este autor, las telenovelas prepararon a
los colombianos para llegar a la Constitución de 1991, donde por primera vez se habla de
la pluralidad y diversidad del país. Novelas como Pero sigo siendo el Rey, La casa de las dos
palmas, Escalona, entre otras, permitieron que los televidentes descubrieran los aspectos
positivos de las regiones colombianas, anteriormente reducidas a chistes y estereotipos.
Omar Rincón, agrega que gracias a las telenovelas, Colombia tiene una manera de ser, una
identidad para reconocerse, un estilo para exportar (Rincón, 2006).
La radio es el medio que le sigue a la televisión en el ranking de los más consumidos en
Colombia. La radio también tiene concentración en dos grandes cadenas nacionales:
Caracol Radio, del grupo español Prisa y RCN Radio, de la misma organización que controla

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RCN TV. Sin embargo, a partir de la reciente asignación de radios comunitarias, hay casi
tantas radios comunitarias como comerciales. El listado oficial de Emisoras autorizadas
MinTIC es el siguiente:
Esto nos da la pauta para entender por qué la radio es un medio mucho más popular y
cercano a la vida de los colombianos. Más del 60% de los colombianos escucha la radio a
diario.
Con el 53% de la audiencia, Internet logró ubicarse en el tercer lugar de los medios más
consumidos por colombianos. Aunque desde 2009 su popularidad ha crecido de manera
constante, es difícil que en los próximos años sobrepase a la televisión y a la radio, cuyas
redes sí están presentes en todo el país y el precio de su servicio es comparativamente
menor. Por ahora, la penetración de internet en la población no es masiva y se mantiene
como un fenómeno reservado para las zonas urbanas.
En el último lugar se encuentra la prensa escrita, la cual está en decadencia hasta tal
punto que su lectura ha caído drásticamente. Los medios gráficos no sólo se han
estancado, sino que también los diarios más importantes como El Tiempo y El Espectador
fueron vendidos a grandes grupos económicos. Actualmente, hay pocos medios, en pocas
manos. Son escasos los periódicos, poco diversos los enfoques y sus dueños. A
continuación podemos observar un mapa de la propiedad de la prensa en Colombia
realizado por la web mediosencolombia.com que muestra las conexiones y el poder que
tiene cada una de estas empresas.

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La concentración de medios que intentamos mostrar anteriormente, presenta
limitaciones a la libertad de prensa, como lo expresa Califano, “el pluralismo y la
multiplicidad de voces resultan perjudicados cuando existen altos índices de
concentración mediática”. En ese sentido, Mastrini y Becerra ponen énfasis en considerar
que no sólo a través de la diversidad en la propiedad privada se garantiza el pluralismo. Si
bien con ello se garantiza que no haya oligopolio, también debe pensarse en la
multiplicidad de contenidos en los medios. Entonces, para trabajar en dirección a la
desconcentración/descentralización de los medios, cabe preguntarnos si no sólo será
necesario incorporar una diversidad de propietarios de los medios de producción, sino
también una diversidad de producciones, de voces, de contenidos.
Otro aspecto económico que afecta a los medios de comunicación es la pauta oficial. El
gobierno muchas veces utiliza la pauta oficial como instrumento de control de la agencia
mediática. Con los abundantes anuncios en los medios privados, el gobierno elige a qué
medios beneficiar y a cuáles silenciar. Varios periodistas denunciaron la asignación de la
pauta oficial sin criterios claros ni objetivos, lo que también es una forma de afectar la
libertad de prensa.
Presión de los corruptos, las mafias, los criminales: ¿Cómo hacer periodismo entre los
abusos del poder?
Colombia no sólo debe enfrentar esta situación complicada de concentración de medios y
de grandes intereses económicos y políticos que quedó reflejada en los párrafos
anteriores, sino también el abuso del poder por parte de los gobernantes corruptos, de las
mafias narcotraficantes y de los guerrilleros frente a la prensa.
Las cifras preocupan: el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York,
afirma que entre 1992 y 2009, en Colombia se asesinaron 42 periodistas por razones
directamente relacionadas con el oficio y 31 por razones que aún no se han podido
establecer, una de las cifras más altas de violencia hacia los periodistas a nivel mundial.
Los números han bajado notablemente con las distintas campañas de pacificación llevadas
a cabo por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Sin embargo, amenazar
periodistas sigue siendo una práctica extendida y parece que funciona. Los periodistas
aprendieron a obedecer, casi siempre prima el cálculo económico y político por encima de
la calidad de la información. A modo de ejemplo, Martínez Escallón comenta que los
periodistas, a la hora de referirse a los narcotraficantes, comúnmente utilizan frases en
donde los hechos se “maquillan” para que impliquen un riesgo menor (Martínez Escallón,
2010).
Estos grupos violentos tienen una incidencia impensada en los sistemas de comunicación,
hasta tal punto que las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
grupo guerrillero más importante del país, presentaron diez puntos mínimos para la

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democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de
comunicación.
Propuesta de participación política de la delegación por la Paz de la FARC
Esta propuesta tuvo lugar en el marco del "Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" (iniciado formalmente el 18 de
octubre de 2012), el pasado 7 de agosto de 2013, en la sede de los diálogos de Paz de la
FARC. En resumen, los puntos presentados fueron:
1. Participación social en el diseño, puesta en marcha y control de políticas de información
y comunicación.
2. Democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento
de la propiedad pública estatal y comunitaria.
3. Democratización del espectro radioeléctrico y distribución equitativa de frecuencias de
radio y televisión.
4. Derecho a la información veraz y oportuna, responsabilidad ulterior y derecho de
réplica.
5. Acceso a los medios de comunicación de la oposición política y social.
6. Acceso especial a los medios de comunicación de comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres los jóvenes
y la comunidad LGTBI.
7. Financiación estatal y privada de medios de comunicación alternativos y comunitarios.
8. Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
9. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la
comunicación.
10. Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la
construcción de la paz con justicia social.
Si bien en líneas generales, lo que plantean es la democratización, la desconcentración y la
redistribución equitativa de los medios, hay puntos que vale la pena retomar para pensar.
Por ejemplo, en el punto 9 se prevé un mejoramiento de las condiciones de trabajo de
comunicadores y periodista, lo cual llevaría a pensar que se busca una plena libertad de
expresión. Sin embargo, dentro de la explicación misma del punto dice “Se garantizará la
protección del Estado en caso de amenazas derivadas de la actividad como
comunicadores.” Es decir, están totalmente naturalizadas las amenazas a quienes trabajan
en la comunicación y cumplen su derecho a la libre expresión. Esto suena un poco
contradictorio, más aún en el ámbito de una propuesta de protección al periodista.

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Empero no debemos olvidar, que como dijimos anteriormente, las propuestas provienen
de un grupo guerrillero con conocidas historias de amenazas a comunicadores.
Ahora bien, siendo una propuesta de la FARC, lo interesante es ver cuáles fueron las
reacciones frente a la presentación de estos puntos y el resto de las políticas presentadas.
En este sentido se diferencian por un lado, el sector del Uribismo y algunos del
conservatismo quienes se proclaman en contra de la discusión llevada a cabo
argumentando que no es posible llegar a la paz sin el cese del accionar del grupo
guerrillero. Además, añadieron que mediante la aprobación del marco jurídico propuesto,
los integrantes de la FARC, acusado de delitos de lesa humanidad, serían eximidos y
habilitados a participar en la política sin pena alguna. Por otro lado, el liberalismo, el
movimiento progresista y agrupaciones sociales como la estudiantil, indígenas y
campesinos, manifestaron su apoyo entendiendo este proceso como la única salida al
conflicto armado.

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Legislaciones comunicacionales actuales
A comienzos de 2007 empezaron a notarse cambios en el sector de telecomunicaciones
en todo el mundo. Cada vez era más evidente que se preparaba un nuevo ciclo. Los
avances tecnológicos pueden traducirse en tres desarrollos: digitalización,
computarización y tecnología de conmutación de paquetes. En consecuencia, el Gobierno
colombiano se veía obligado determinar un marco legal para este nuevo ordenamiento
tecnológico.
Ley 1.341 de Telecomunicaciones
Para llegar a la sanción de la Ley 1.341, se realizaron previamente, entre el 2006 y el 2007,
los estudios técnicos de rigor para conocer la situación y las necesidades a cubrir. Con esto
se estableció un primer borrador del proyecto de ley. A partir de allí, el en ese entonces
Ministerio de Comunicaciones, hoy conocido como MINTICS, desarrolló una agenda
intensa de retroalimentación con los agentes del sector TIC y con instancias del Gobierno
involucradas con el tema. En mayo de 2007 se llevó a cabo la primera reunión oficial entre
el Ministerio, las entidades públicas y el pleno de los gremios del sector, entre ellos.
La aceptación que tenía el tema en las reuniones y el buen ambiente que se vivía en el
Congreso, así como también la disposición de los actores del sector a analizar y buscar
consensos en otros acápites, llevó a la decisión de incorporar todos aquellos temas
fundamentales para actualizar el marco legal que asegurara la competencia, la protección
de los usuarios, la intervención estatal, el despliegue de infraestructura y el acceso y uso
de estas tecnologías.
El proyecto de ley fue la oportunidad de recoger, revisar y actualizar la legislación, que
sumado a la reciente expedición del nuevo Estatuto de Radio por parte del Ministerio,
permitía incluir a la radio dentro del gran tema de TIC, medio por excelencia para
mantener informado a la ciudadanía.
Finalmente, el 30 de Julio del año 2009 se aprueba la Ley 1.341 por la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC, se
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
Esta ley, como ya mencionamos, tiene por objeto a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), entendidas como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto,
video e imágenes”. Y aclara, además, que el servicio de televisión continuará rigiéndose
por las normas especiales pertinentes.
La comunicación es entendida como un servicio público bajo la titularidad del Estado, por
lo tanto este último debe promover y garantizar el uso adecuado del espectro

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radioeléctrico, promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, proteger los derechos
de los usuarios.
Los nuevos y renovados organismos de aplicación y fiscalización
En materia de aplicación y fiscalización de las regulaciones del espacio radioeléctrico, el
principal organismo existente, considerado en la Ley 1.341, es el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, conocido como MINTICS y anteriormente como
Ministerio de Comunicaciones. Este organismo, dependiente del gobierno, es el
encargado de revisar, estudiar e implementar estrategias para la masificación de la
conectividad, buscando implementar sistemas que permitan llegar a las regiones más
apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC. Además,
está a su cargo la expedición de reglamentos, condiciones y requisitos para el
otorgamiento de licencias, permisos y registros del espectro.
Luego, la Comisión de regulación de Comunicaciones, anteriormente Comisión de
regulación de Telecomunicaciones, que está adscrita al MINTICS pero con independencia
administrativa y técnica. Es el órgano, encargado de promover la competencia, evitando el
abuso de la posición dominante y regulando los mercados de las redes y los servicios de
comunicaciones. Su fin es que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente
y refleje altos niveles de calidad. Además, se encarga de regular el acceso y uso de todas
las redes de los servicios de telecomunicaciones, con algunas excepciones.
Por otro lado, a partir del artículo 25, se crea la Agencia Nacional del Espectro conocida
como ANE, también dependiente del MINTICS pero con autonomía, no sólo técnica y
administrativa sino también financiera. La misma tiene por objeto brindar el soporte
técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y el control del espectro radioeléctrico.
Por último, en cuanto al financiamiento, el encargado va a ser el antiguo Fondo de
Comunicaciones que a partir del artículo 34, pasa a denominarse Fondo de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. Éste actúa como una unidad Administrativa Especial
del orden nacional. El objetivo de este fondo es financiar planes, programas y proyectos
vinculados al acceso de todos los habitantes a las TIC. Además, tiene como fin apoyar las
actividades del MINTICS y la ANE, la mejora de su capacidad administrativa, técnica y
operativa. Los fondos necesario para cumplir su función, de acuerdo con lo que estipula el
artículo 13, provienen del pago que todos los proveedores de redes y servicios de
Telecomunicaciones le hacen como contraprestación periódica por la utilización del
espectro radioeléctrico, importe fijado mediante resolución del MINTICS.
Acceso al uso del Espectro radioeléctrico
En el artículo 11 de la ley se señala que el uso del espectro radioeléctrico requiere un
permiso previo, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las

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Comunicaciones. Este ministerio está habilitado, en casos en donde el nivel de ocupación
de la banda lo permita, otorgar permisos de manera directa. .
Los permisos tendrán un plazo definido de 10 años, que podrá renovarse por períodos
iguales al plazo inicial.
Los permisos para el uso del espectro radioeléctrico podrán ser cedidos, previa
autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Imposibilidad de acceder a los permisos
Según la ley, no podrán acceder a permisos para el uso del espectro radioeléctrico:
- Aquellos a quienes se les haya declarado la caducidad del contrato para prestar cualquier
servicio de telecomunicaciones;
- A quienes se les haya cancelado la licencia para prestar servicios o actividades de
comunicaciones, así como también el permiso para el uso del espectro;
- Aquellas personas naturales que hayan sido representantes legales, miembros de juntas
o consejos directivos y socios de personas jurídicas a las que se le haya caducado el
contrato de concesión para prestar servicios o actividades de telecomunicaciones, así
como el permiso para hacer uso del espectro;
- Aquellas personas que hayan sido condenadas a penas privativas de la libertad (a
excepción de cuando se trate de delitos políticos o culposos);
- Aquellas personas naturales o jurídicas, sus representantes legales, miembros de juntas
o Consejos directivos y socios que no se encuentren al día con sus obligaciones con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o el Fondo de
Tecnologías de la Información.
Radiodifusión sonora
La radiodifusión sonora tiene libertad de expresión y difusión de los contenidos de la
programación y de la publicidad. Los servicios de radiodifusión sonora se proponen, como
finalidad, difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana
y fortalecer la democracia.
Para acceder a las licencias, los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora
deberán cumplir con los requisitos de ser personas naturales o jurídicas, de nacionalidad
colombiana o personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia.
Programas informativos
Por otro lado, la ley establece que, para el caso de la transmisión de programas
periodísticos o informativos, se requiere una licencia especial otorgada por el MINTICS. Y,
además, este ministerio tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de los servicios

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prestados. Debido a esto, los proveedores de servicios de radiodifusión se ven obligados a
conservar, a disposición de las autoridades, la grabación completa o los originales escritos
de los programas periodísticos, informativos y discursos que se transmitan.
Ley 1.507 de Televisión
Al igual que en la Ley 1.341, la Ley 1.507 entiende a la televisión como un servicio público
de competencia de la Nación, que el Estado debe garantizar y para lo cual se crean
diferentes entidades que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la
dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión.
La primera de ellas es la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, una Agencia Nacional
Especial de orden nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa,
patrimonial, presupuestal y técnica. Este organismo, que formará parte del sector de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, tendrá por objeto brindar las
herramientas para la ejecución de planes y programas de la prestación del servicio público
de televisión.
Por otro lado, se crea el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos, como
una cuenta especial a cargo de la ANTV. La finalidad de este fondo es el fortalecimiento de
los operadores públicos del servicio de televisión, la financiación de programación
educativa y cultural a cargo del Estado y el apoyo a los contenidos de televisión de interés
público, desarrollado por operadores sin ánimos de lucro.

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Comparación con legislaciones latinoamericanas: Ley 26522 de
Argentina
En el caso de Argentina, la situación en materia de políticas de comunicación es bastante
diferente. Si bien también hubo censura y persecución de periodistas durante el período
de la dictadura, luego de la restructuración de la democracia, la situación cambió. Sin
embargo, la legislación vigente seguía siendo la misma, la Ley de Radiodifusión del
gobierno de facto.
Si bien Raúl Alfonsín durante su presidencia de 1988 y Fernando de la Rúa en el 2001
presentaron proyectos de ley, estos nunca pudieron ser tratados ya que se veían
afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
Finalmente, en agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al
Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para reemplazar la anterior Ley 22.285.
Éste estaba basado en una propuesta de 21 puntos que habían presentado en el 2004 la
Coalición por una Radiodifusión Democrática, que habían sido debatidos durante un año
en los 24 foros en distintos puntos del país.
Una vez presentado el proyecto, un sector importante de la oposición, como la UCR, el
PRO, la PJ disidente y la Coalición Cívica; los grandes multimedios y las organizaciones de
propietarios de medios tanto nacionales como internacionales, hicieron una fuerte crítica.
Desde la oposición, en el ámbito del debate social se hablaba de la “Ley para controlar
medios”, “Ley de medios K”, “Ley mordaza”, “Ley contra los medios”, entre otras formas.
Por el contrario, fue apoyado por partidos de centroizquierda, como el Nuevo Encuentro,
Proyecto Sur, el Partido Socialista; radios comunitarias, las universidades nacionales, los
sindicatos, organizaciones de derechos humanos, la ONU y organizaciones nacionales e
internacionales de periodistas y trabajadores de prensa. Estos por su parte, frente al
debate social y los argumentos opositores, decían que ese rechazo no era por los puntos
que presentaban sino porque tocaba intereses económicos y políticos de esos actores.
Si bien, como dijimos, la situación argentina difiere de la colombiana, se pueden
establecer comparaciones entre la legislación en materia de comunicación audiovisual de
ambos países.
La primera relación que podemos establecer entre nuestra Ley 26.522 y las leyes
colombianas 1.341 y 2.507, está dada por la definición que se hace de la comunicación:
mientras que en Colombia la radiodifusión sonora y la televisiva son entendidas como un
servicio público, en nuestro país es pensada como una actividad de interés público, que
tiene un carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población.
Esta definición influye, claramente, sobre el rol que le es asignado al Estado, que en
nuestro país tiene la función de salvaguardar el derecho a la información, a la

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participación y la preservación del Estado de derecho, así como la libertad de expresión,
en lugar de garantizar y promover el acceso.
Por otro lado, la administración del espectro radioeléctrico, que es entendido como un
bien público, según la ley corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de un
organismo creado para tal fin: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
Los servicios de comunicación audiovisual podrán ser operados por tres prestadores, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 21: de gestión estatal, de gestión privada con fines
de lucro y de gestión privada sin fines de lucro.
Tendrán acceso a las licencias las personas de derecho público estatal y no estatal; y las
personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de
lucro. Las condiciones que deberán cumplir las personas físicas para acceder a las licencias
son: ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con 5 años de residencia mínima en
el país; ser mayor de edad y capaz; no haber sido funcionario de gobiernos de facto; poder
demostrar el origen de los fondos de la inversión a realizar; no estar incapacitado o
inhabilitado, civil o penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido
condenado por delito doloso, de acción pública o instancia privada.
En el caso de las personas de existencia ideal, deberán estar legalmente constituidas en el
país; no tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación
extranjeras; no podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras. Por otro lado,
en el caso de las personas de existencia ideal de derecho público estatal, Universidades
nacionales, Pueblos originarios e Iglesia católica, el otorgamiento se realiza a demanda y
de manera directa.
Estas licencias serán, según el artículo 32, adjudicadas mediante el régimen de concurso
público abierto y permanente. En relación a las licencias, se puede establecer una
comparación entre los dos países: mientras que en Colombia las licencias son
transferibles, previa autorización; en Argentina las autorizaciones y licencias de servicios
de comunicación audiovisual son intransferibles.
Otros puntos de interés
Para profundizar un poco más en Colombia se puede esquematizar:
· Tomando como fuente a MINTICS, se establece que hoy en día en Colombia
existen 162 emisoras de interés públicos, un número que es menos de la mitad de
emisoras comerciales (660) y comunitarias (685)
· Según la Agencia Nacional de Televisión, cuenta con 8 canales de televisión
pública nacionales, 2 privados y 764 comunitarios.

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Asimismo, se espera dentro de unos años contar con la transición a la televisión digital. Se
expresa que esto beneficiará mucho al público, con mejor calidad de imagen y mayor
cantidad de televisión gratuita y abierta. La Agencia Nacional de Televisión, en el 2010
estableció entre otras cosas, el estándar DVB- T con un plazo hasta el 2019. Es beneficioso
que tras la liberación de parte del espectro electromagnético, se podrá usar para otros
fines que el gobierno disponga.
Por otra parte, es importante destacar que Colombia no posee mucha legislación ni
políticas en torno a la regulación de contenidos. Si bien cuenta con el artículo 4 de la ley
680 de 2001, que establece el porcentaje de programas de producción nacional que debe
tener la televisión dependiendo las franjas horarias, no hay políticas que lleven a una
pluralidad de contenidos como fiel reflejo de la sociedad colombiana. Lo más cercano a
esta intención es la función de la Agencia Nacional de Televisión que debe promover la
calidad de contenido, protegiendo a la familia, y a los grupos más vulnerables, como ser
los niños, jóvenes y minorías sectoriales.
En este sentido, Argentina, en la ley 26.522 provee el capítulo cinco a los contenidos de la
programación. Allí se regula, por un lado las pautas respecto al contenido de la
programación diaria diferenciadas según el medio tratado. Por otro lado, se apunta a una
mayor accesibilidad buscando implementar progresivamente dentro de la programación,
distintas herramientas como el lenguaje de señas, el subtitulado oculto, etc. Además,
establece en su artículo 67, la cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales,
promoviendo más la participación del mercado nacional. También, se tiene un apartado
para la protección de la niñez y los contenidos dedicados a ella, pensando el horario de
protección al menor, la participación de los niños en producciones, entre otros puntos. Y
finalmente, en su artículo 70 se hace una aclaración de contenidos que deberían evitarse
por ser una promoción o incitación a tratos discriminatorios, aclarando puntualmente
varios de los puntos que pueden entenderse como fuentes discriminación.

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Conclusión
Pensar y entender el contexto actual de Colombia, es pensar y analizar toda la historia y el
proceso que llevó al país lo que es hoy. Un país con políticas fragmentadas y poderes
divididos, pero que lentamente comienza a guiar su rumbo hacia una mayor libertad de
expresión, unas condiciones más propicias para los periodistas y para la ciudadanía en
general.
La historia política colombiana estuvo marcada por contradicciones y ambigüedades.
Después de las censuras, el caos y la violencia de la dictadura nació el Frente Nacional. El
modelo favoreció a la situación del momento pero desembocó en una falta de pluralidad
política y comunicacional que perdura en la actualidad. Luego, en 1964 nació la guerrilla
más grande y poderosa de Colombia, las FARC, cuyos objetivos fundantes fueron
establecer la “pacificación” del país a través de más violencia. En los ’80, el narcotráfico se
volvió cabeza de asesinatos, secuestros y amenazas. En la década del 90, los gobiernos
establecieron decretos y leyes que significaron un avance respecto a la democratización
de las comunicaciones, pero por otro lado, persiguieron una economía neoliberal,
privatizando los sistemas de comunicación, permitiendo el ingreso de capitales
extranjeros y dando paso a la concentración de medios. De esta manera se creó un
sistema de contradicciones alrededor de las comunicaciones.
Teniendo en cuenta esta complejidad en las relaciones de poder entre los gobiernos, las
mafias narcotraficantes y los grupos guerrilleros, no nos es difícil comprender que aún hoy
en un país democrático veamos censura, secuestros a periodistas y militares que
proponen proyectos de ley respecto a las comunicaciones. Colombia presenta una
situación de corrupción mediática, abusos de poder por parte del gobierno; un contexto
lleno de actores sociales muy particulares, como los narcotraficantes, paramilitares y
guerrilleros, que a través de la violencia lograron implantar control; secuestros y
asesinatos a decenas de periodistas, reporteros e incluso directores de medios; mucha
violencia y violación sistemática de todos los cánones de convivencia.
A pesar de esta situación, nos encontramos con muchas leyes y decretos nuevos, que
buscan una comunicación democrática y accesible para todos los habitantes de Colombia.
Vemos un Estado que, a partir de sus legislaciones, busca ampliar el acceso de los
ciudadanos a las tecnologías como forma de promover una democratización de las
mismos. Esto a partir de que Colombia entiende que es deber del Estado garantizar la
pluralidad, el acceso, y la participación del total de la población en los procesos de
comunicación.
Asimismo, la ciudadanía muestra una reacción frente a las problemáticas, buscando una
comunicación alternativa en la Radio y en Internet, tratando de generar distintos modos
de expresarse alternativos.

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Podría decirse que si bien existen grandes diferencias no solo contextuales, sino también
ideológicas, Colombia al igual que Argentina están en un proceso de búsqueda de
apropiación de las TIC y las comunicaciones que de ellas se desprenden. Una búsqueda
que está guiada por la puja de ver en los medios de comunicación un factor de poder, al
mismo tiempo que una herramienta para el desarrollo de una comunicación alternativa,
horizontal y dialógica que lleve a una equidad y justicia social.
Por último, entendemos que respecto a las políticas comunicacionales de Colombia,
quedan preguntas pendientes para debatir como por ejemplo: Dentro de una sociedad
como la Colombiana y teniendo en cuenta sus precedentes, ¿se sostendrán las políticas
comunicacionales propuestas? ¿Llegarán al objetivo que se busca o quedarán en
intenciones o acciones gubernamentales? ¿Servirán para mejorar la tarea de periodistas,
para que puedan realizar su trabajo sin poner en riesgo su vida? ¿Qué pasará con
Internet? ¿Seguirá siendo una forma de expresión independiente?

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