Este documento presenta el análisis de un caso sobre el Estatuto Nacional de Transporte ante la Corte Constitucional de Colombia. Resume los argumentos de los intervinientes sobre si el plazo de 18 meses dado a los transportistas para adecuarse a nuevos requisitos viola sus derechos. La Corte falló que el plazo es razonable dado que el interés público prevalece sobre el particular y el Estado puede regular servicios públicos.

1. Presentado Por:
 Laura Vanesa Miranda Pérez.
 Zayda Beatriz Coronell Oliveros .
 Rafael Antonio Pérez Domínguez.
 Jorge Alberto Polo Vásquez.
 Julio Enrique Duran Rodríguez.

2. “SENTENCIA C-043/98”
ESTATUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE
 Los principios y criterios para la regulación y reglamentación del transporte aéreo, marítimo, fluvial, férreo,
masivo y terrestre.
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
 El carácter de servicio publico esencial bajo la regulación del Estado, mediante la ley se le otorga a la operación
de las empresas de transporte publico que implica la prelación del interés general sobre el particular.
DERECHOS ADQUIRIDOS DEL TRANSPORTADOR
 Faculta a los transportadores con otorgamiento de habilitación o licencia por la autoridad competente.

3. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que
se deriven de la regulación legal y reglamentaria que fue expresada claramente por la Corte Constitucional,
prevaleciendo el intereses general sobre el particular como lo respalda los derechos fundamentales y los fines
esenciales del Estado.
Se fundamenta en el parágrafo final del articulo 11 de la ley 336 de 1996, lo que persigue es que los actuales
operadores, dentro de un lapso de 18 meses, que por demás resulta razonable, cumplan con las nuevas
condiciones de habilitación y procedan a convalidar las citadas licencias, sin que durante ese lapso se encuentren
abocados a suspender la operación del servicio

4. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
La demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 11 (parágrafo final) de la ley 336 de 1996 por el ciudadano
Jorge Eliecer Granados Manchola, que en ejercicio de su derecho que se considera vulnerado y se encuentran
consagrado en el articulo 241 y 242 de la constitución política.
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. (10 ítems)
Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere
este título, serán regulados por la ley. (5 ítems)

5. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
LEY 336 DE 1996 (20 DICIEMBRE)
“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte”
“Artículo 11. Las empresas interesadas en prestar el servicio público del transporte o constituidas para tal fin,
deberán solicitar y obtener habilitación para operar. “La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización
expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de
transporte. “El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en materia de
organización y requisitos que deberán acreditar los operadores, tales como la existencia del capital suscrito y
pagado, y patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios, propietarios o accionistas,
propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y
necesidades del servicio”.

6. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
“PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional tendrá seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley, para
reglamentar la habilitación de cada modo de transporte, y los prestadores del servicio público de
transporte que se encuentren con licencia de funcionamiento tendrán dieciocho (18) meses a partir de la
reglamentación para acogerse a ella.”
Dentro el ordenamiento constitucional el interés general esta por encima del particular, estableciendo diferentes
disposiciones normativas en los articulo 2, 11, 24, 28, 365 y 366 de la constitución política de 1991.
Asimismo, la normatividad en cuestión, trata de imponerle a los transportadores la obligación de cumplir en el
término de dieciocho (18) meses con los requisitos exigidos por la Ley 336 para obtener la respectiva licencia de
funcionamiento.

7. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
DECRETO 1122 DE 1999
Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia
y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe.
Artículo 282. Supresión del trámite de la habilitación para operar exigida a las empresas interesadas en prestar el
servicio público de transporte.
Derogar los artículos 11 y 12 de la Ley 336 de 1996.

8. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
INTERVENCIONES;
Caso Expediente D-1754
 INTERVENCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (Doctora Milady Pinillos de Liévano)
“No puede asegurarse que la licencia de funcionamiento que detentan las empresas de transporte constituyan
derechos adquiridos, pues la posibilidad de ser modificada, renovada o cancelada, siempre estará sujeta al
cumplimiento de los requisitos impuestos en nueva reglamentación, ya que el Estado tiene plena competencia para
regular el servicio público de transporte, cada que lo considere necesario en bien de la comunidad.”

9. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
“La vista fiscal estima que el lapso de 18 meses concedido a los transportadores para que adecuen la prestación del
servicio a las exigencias de la Ley 336 de 1996, constituye un término razonable para que aquellos cumplan con los
deberes que les impone el ordenamiento jurídico”.

10. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
CONSIDERACION DE LA CORTE;
 Por medio de la competencia facultada por el articulo 241-4 de la Carta Fundamental.
 Por lo que se debate, para el demandado la exigencia de la norma que exige a los operadores de servicios de
transporte acogerse a una nueva normativa.
 Por medio del servicio de transporte publico y el otorgamiento de las licencias de operación, aquella actividad
organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general de forma regular y continua. (Articulo 430 del
código sustantivo del trabajo)
 Lo dispuesto en el articulo 365 de la constitución política, “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado”.

11. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
La legislación española (Art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales)
El tratadista español García de Enterría señala:
“El precepto en cuestión rompe, pues, acertadamente con el tópico principio de la intangibilidad de los actos
declarativos de derechos y lo hace a partir de un dato capital: la vinculación necesaria de este tipo de
autorizaciones a las circunstancias concurrentes en el momento en que se otorgaron y el implícito condicionamiento
de las mismas a la permanente compatibilidad de la actividad autorizada con el superior interés público, cuya
prevalencia no puede quedar subordinada al resultado de una valoración inicial inmodificable.”

12. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
El contrato estatal de concesión de servicios públicos y la Administración goza de ciertos derechos y prerrogativas
ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros:
1) El derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y
funcionamiento del servicio;
2) El derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias
para los usuarios;
3) La prerrogativa de vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, el cual se justifica por el interés público
que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia;
4) El derecho a exigir del operador del servicio el cumplimiento debido y la ejecución del mismo,
5) El derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de
interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la ley o los reglamentos.

13. ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS QUE DEFINEN EL CASO Y LOS CONCEPTOS DE LOS INTERVINIENTES, EN
LOS TEMAS DE NUESTRO INTERÉS.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General
de Nación, y cumplidos los trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “ y los prestadores del servicio público de transporte que se encuentren con
licencia de funcionamiento tendrán dieciocho (18) meses a partir de la reglamentación para acogerse a ella.”

14. GRACIAS.