El documento expresa la preocupación de los militares colombianos sobre el tratamiento que recibirán una vez se llegue a un acuerdo de paz con las FARC. Argumenta que históricamente los militares son perseguidos mientras que los exguerrilleros obtienen poder político. También sugiere que la salida del comandante general Barrero se debió a que se opuso a que las fuerzas armadas fueran objeto de negociación en La Habana.

1. ABEL ENRIQUE SINNING CASTAÑEDA
asinning@hotmail.com - abensica@yahoo.com
Colombia
UN GOBIERNO CONTRA SUS FUERZAS
ARMADAS
Santos tiene problemas para cohesionar el Ejército, no porque esté en contra del proceso de paz, ni mucho
menos, ni porque exista ruido de sables o amenaza de ruptura constitucional. ¡No! Los militares
colombianos son respetuosos del poder civil y se someten al estado social de derecho, pero les preocupa cuál
será el tratamiento político y jurídico que recibirán una vez se llegue a un “acuerdo de terminación del
conflicto” con las FARC y cuál será el futuro de su institución.
Es obvio. La experiencia demuestra que los militares van a la cárcel y los exguerrilleros al poder. Mientras
los que enfrentaron a los criminales son perseguidos y privados de la libertad, muchas veces injustamente,
quienes se dedicaron a extorsionar, asesinar, masacrar, violar, traficar drogas, enriquecerse ilícitamente y
reclutar niños van directo al Congreso, ministerios o a la Presidencia de la República. A las Fuerzas
Armadas las estigmatizan, las califican de instrumentos de terror estatal, y a los terroristas los exaltan como
estadistas hasta graduarlos de héroes. Mientras a los soldados se les excluye, señala y repudia, a los
criminales se les convierte en referente moral.
Por eso la posición del saliente comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, era clara: no
se puede negociar a las FF.MM. en La Habana. Su planteamiento, compartido por un amplio sector de las
fuerzas, es que no se deben pactar reformas al estamento castrense con Timochenko. ¿Razonable? ¡Por
supuesto! Aceptarlo implicaría que son las FF.MM. las causantes de la violencia y por eso se deben
intervenir de común acuerdo con los terroristas.
Además, significa admitir que por ese camino la suerte jurídica de los militares no se resuelva en el
Congreso ni en las cortes y dependa de Márquez y Catatumbo. ¡Triste historia! Los militares y policías que
ofrendaron su vida en defensa de los derechos de los ciudadanos dependen ahora de las FARC. ¡Victoria
fariana!
En los pasillos del Ministerio de Defensa y entre altos oficiales se menciona que la barrida a Barrero tiene
que ver con que, en el evento de rendición de cuentas efectuado hace tres semanas por el sector defensa, el
comandante se atrevió a decir públicamente al presidente Santos que las FF.MM. no podían ser objeto de
negociación en La Habana. Todo el resto que rodea su salida es escenografía montada con el cuidado que
permitiera distraer la verdadera razón.
Esas mismas fuentes reconocen que Barrero se salió del guión no sólo por su criterio frente al uso de la
fuerza en el marco del DIH contra las bandas criminales, cosa que Sergio Jaramillo veta aún por encima del
ministro Juan Carlos Pinzón, sino porque en una reciente reunión con presencia de varios generales en
Villavicencio, que congregaba comandantes del Comando Conjunto del Suroriente, Barrero intervino
públicamente después de Jaramillo con observaciones que aumentaron la inconformidad de ese sector del
Gobierno.
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La preocupación de los militares tiene fundamento. En el marco jurídico para la paz, nombre pomposo con
el cual se bautizó la reforma constitucional que permite la impunidad para las FARC, metieron un mico que
al parecer el Mindefensa aún no ve o ayudó a redactar: “Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco
de un acuerdo de paz, se dé un trato diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que
hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su
participación en el mismo”. Sí, en “en el marco de un acuerdo de paz”, es decir, en el contexto de un
Acuerdo en La Habana con las FARC, se definirá el tratamiento jurídico para policías y militares, una
interpretación que se debe objetar.
Tan honda es la preocupación en las filas, que el general, en su carta de despedida, luego de advertir que las
FF.MM. están inmersas en una “coyuntura especial”, reconoce que tiene "la esperanza de que, con la unión
de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en
escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia”.
Y más adelante, en la misma comunicación, Barrero pide el apoyo para la gestión del general de la Reserva
Activa Jorge Enrique Mora, a quien reconoce la calidad de “representante en la mesa de conversaciones de
La Habana”. Luego es evidente que la posición de Mora es la misma de Barrero. Al sacar a este se pretende
romper esa llave y quitar el bastión sobre el que Mora se espera sostenga una fuerte posición de defensa de
los intereses militares en la mesa con las FARC.
Es forzoso entonces interrogarse sobre si lo que se buscaba al sacar a Barrero es debilitar a Mora. Este
general, serio, respetado y escuchado por activos y retirados, es garantía; no obstante, juega solo, es decir,
tiene que enfrentar la laxitud característica de Sergio Jaramillo en estos temas, el afán de Santos de firmar lo
que sea y la codicia del Secretariado que ve en el proceso la oportunidad de pasar una cuenta de cobro y
destruir a las fuerzas militares. No hay que olvidar que para los comunistas la “solución política negociada”
no es más que una forma lucha revolucionaria.
El mensaje de Barrero no debió fastidiar al presidente a menos que el temor de los militares corresponda a la
realidad, caso en el cual la falta de transparencia del Gobierno no sería otra cosa que una emboscada. Con
habilidad se trataría de adormecer a los militares para llevarlos a un escenario adverso en el que se imponga
la transformación de las fuerzas armadas, diseñada a dos manos con las FARC, así se presente de otra forma
por el Gobierno.
Los militares y policías no son deliberantes. ¡No deben serlo! Les corresponde abstenerse de participar del
debate partidista y están destinados a cumplir su labor en el marco del objetivo político fijado por el
presidente. Eso no se discute. Pero tampoco caer en el extremo de pretender su silencio absoluto cuando se
trata de sus garantías judiciales y del futuro de la propia institución.
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