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Recurso de colisión de leyes

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Recurso de colisión de leyes

  1. 1. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000CiudadanosMagistrados de laSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.Su despacho.- Quienes suscriben, LUIS ELI ESCALONA, venezolano, mayor de edad, portador de lacédula de identidad Nº V-14.906.296, con domicilio procesal en Caracas, esquinas de Pelotaa Abanico, local Galería Obreros de las Artes, parroquia Altagracia, municipio Libertadordel Distrito Capital, en representación de la Fundación Comité Nacional de Los SinTecho, protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del MunicipioLibertador del Distrito Capital, en fecha quince (15) de febrero del dos mil seis (2.006),bajo el Nº 27, tomo 23, Prot.1º., y su modificación de fecha veintiuno (21) de octubre deldos mil nueve (2.009), bajo el Nº 47, folio 346, Tomo 74, Protocolo de Transcripción delmismo año; documento cuyas fotocopias acompaño con la presente; y MAXIMO JONATANFERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V- Folio Uno (1)6.195.345, en carácter de Secretario de la misma Fundación, carácter que consta en lamisma documentación anteriormente señalada; en defensa de los derechos colectivos ydifusos representados por nuestra Fundación; asistido por el ciudadano EDGARDOGONZALEZ MEDINA, portador de la cédula de identidad Nº V-3.723.562, venezolano,mayor de edad, con el mismo domicilio procesal a efectos de este acto, abogado en ejercicioinscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 105.351, y Nº 6468 dehabilitación para actuar ante el máximo tribunal; ocurro ante ustedes respetuosamente conla finalidad de introducir RECURSO DE COLISION DE SISTEMAS NORMATIVOS entre lasnormas del Decreto-Ley Nº 427 de la Presidencia de la República, promulgado elveinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), denominado “Leyde Arrendamientos Inmobiliarios”, especialmente las del artículo treinta y cuatro (34) delmencionado instrumento legal, y la norma del artículo 82 de la Carta Magna, así como lanorma de la cláusula Nº 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pactode San José), moderada con la Observación Nº 7 formulada por el Comité de DerechosEconómicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, en el 16º Período deSesiones, Ginebra entre el 28 de abril y el 16 de mayo de 1997, formulada con relación a la“Aplicación del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, enalusión a los desalojos forzosos. Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 1 de 21
  2. 2. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 Dentro del presente recurso se espera, y así se solicita, que esa alta SalaConstitucional, se pronuncie así mismo sobre la falta de actividad del Estado en laprotección exhaustivamente necesaria exigida por las normas y la doctrina internacionalen la materia sobre la cual se denuncia la colisión de los sistemas normativos. 1. LEGITIMIDAD PARA EMPLEAR ESTE MEDIO RECURSIVO. 1.- El presente recurso procede conforme la norma del numeral 8 artículo 336 de laConstitución Nacional Bolivariana, en cuanto a la competencia de la Sala Constitucional deese magno tribunal. En tal sentido, la misma Sala ha establecido el alcance de su ejercicioen el tema de la colisión normativa, y de esta forma, en la Sentencia Nº 356 de SalaConstitucional, Expediente Nº 00-0726 de fecha 11/05/2000, estableció: ...”el recurso de colisión de normas se refiere a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto en forma Folio Dos (2) diferente por lo cual las mismas se encontrarían en conflicto..." "...una forma peculiar de colisión que puede calificarse como colisión de sistemas normativos, que serían los casos de conjuntos de normas que rigen una materia determinada que en abstracto forman un cuerpo coherente, pero que, al ser comparadas con otras normas que regulan una situación igual o análoga, se hacen incompatibles al punto de generar problemas en su ejecución, en forma tal que la aplicación de uno de los dos sistemas implique la violación del sentido y alcance del otro régimen jurídico que coexiste con aquél”… Así mismo, en la Sentencia Nº 889 de Sala Constitucional, Expediente Nº 00-1235de fecha 31/05/2001, pronunció: …”De los criterios jurisprudenciales transcritos supra así como del propio numeral 8 del artículo 336 de la Constitución de la República se colige que en el recurso de colisión de leyes la función del órgano jurisdiccional se reduce concretamente a establecer una comparación de las normas legales sobre las cuales versa el recurso, y, en el caso de que éste órgano jurisdiccional estime que ésta se plantea entre ellas, declarar cuál debe prevalecer”… Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 2 de 21
  3. 3. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 2.- De la misma forma, la Sala ha establecido la legitimidad de la consideración de losPactos Internacionales como sistemas normativos que pueden ser objeto de colisión conotros sistemas normativos internos, al pronunciarse en Sentencia Nº 1505 de Sala deCasación Penal, Expediente Nº C00-0743 de fecha 21/11/2000: …”Ha habido una notoria insistencia de la Sala sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo cual en principio está muy bien; pero pareciera que a veces en Venezuela se le quisiera dar ahora más importancia a esos tratados que a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, en Venezuela ya muchos están creyendo, incluso muy distinguidos abogados penalistas, que hay una supra constitucionalidad de tales tratados sobre la Constitución. No hay tal: La Sala Constitucional ha decidido que esos tratados son aplicables por mandato de la Constitución. "Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos Folio Tres (3) humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público... No puede ser supraconstitucional sino constitucional, porque la misma Constitución lo ordena cuando haya principios más favorables. Entonces habría la prevalencia, por la remisión que hace la Constitución a esos tratados. Pero esos tratados son aplicables en lo que a la sustancialidad se refiere y no respecto a lo procesal o adjetivo, porque sería renunciar a la soberanía. Tales tratados, etc., forman parte del sistema constitucional venezolano por voluntad de la Constitución; pero en caso de que haya una antinomia o colisión con el dispositivo de la Constitución, deberá sin ningún género de duda, primar la Constitución”… A ello podríamos agregar, pero lo juzgamos innecesario, la reiterada jurisprudenciadel máximo tribunal en el sentido de que frente a una situación en que una norma,cualquiera que ella sea, colida con la norma constitucional, el juez debe desechar aquella deinmediato y aplicar la norma fundamental. Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 3 de 21
  4. 4. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 3.- Por otra parte, esa digna Sala Constitucional, ha precisado los límites de lacualidad para ejercer acciones en virtud de derechos difusos y colectivos. Permítasenos ental sentido transcribir parcialmente el pronunciamiento del 13 del mes de agosto de dosmil ocho (2008), Exp. N° 08-0664, en ponencia del Magistrado Marcos Tulio DugartePadrón, caso ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE VENEZUELA(ASUSELECTRIC DE VENEZUELA), contra TELCEL C.A. (Telefónica Movistar de Venezuela)y Telefónica Móviles S.A, que estableció: …”Con este objeto, se observa que en sentencia N° 656/2000 (caso: Dilia Parra Guillén) la Sala dispuso -entre otras cosas- que “(...) [e]l Estado [Social de Derecho y de Justicia], tiene que dotar a todos los habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen la calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo compartido Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse Folio Cuatro (4) que estos derechos de control son derechos cívicos, que son parte de la realización de una democracia participativa, tal como lo reconoce el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...)”. Entre estos derechos cívicos, ya ha apuntado la Sala, se encuentran los derechos e intereses difusos o colectivos, a que hace referencia el artículo 26 de la Constitución, y respecto a los cuales en distintas oportunidades se ha pronunciado (ver, entre otras, sentencias números 483/2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; 656/2000, caso: Dilia Parra; 770/2001, caso: Defensoría del Pueblo; 1571/2001, caso: Deudores Hipotecarios; 1321/2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; 1594/2002, caso: Alfredo García Deffendini y otros; 1595/2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; 2354/2002, caso: Carlos Tablante; 2347/2002, caso: Henrique Capriles Radonski; 2634/2002, caso: Defensoría del Pueblo; 3342/2002 y 2/2003, caso: Felíx Rodríguez; 225/2003, caso: César Pérez Vivas y Kenic Navarro; 379/2003, caso: Mireya Ripanti y otros; y 1924/2003, caso: O.N.S.A.). Conforme la doctrina contenida en tales fallos, la Sala –en fallo del 19 de diciembre de 2003 (Caso: Fernando Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 4 de 21
  5. 5. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med naProtocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 Asenjo y otros)-, resumió los principales caracteres de esta clase de derechos, entre los cuales señaló: “(...) DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por Folio Cinco (5) la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de modo que dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, como serían a grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etcétera. Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél. Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 5 de 21
  6. 6. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med naProtocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 TIPO DE ACCIÓN: Las acciones provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o reestablecedoras de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas. La posibilidad de una indemnización a favor de las víctimas (en principio no individualizadas) como parte de la pretensión fundada en estos derechos e intereses, la contempla el numeral 2 del artículo 281 de la vigente Constitución; pero ello no excluye que puedan existir demandas que no pretendan indemnización alguna, sino el cese de una actividad, la supresión de un producto o de una publicidad, la demolición de una construcción, etcétera. COMPETENCIA: de las acciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos, será competente esta Sala Constitucional para conocer de ellas, hasta tanto no se haya dictado Folio Seis (6) una ley procesal especial que regule estas acciones, o exista un señalamiento concreto en la ley sobre cual es el Tribunal competente. LAPSO PARA SU EJERCICIO: los derechos e intereses colectivos y difusos, son de eminente orden público, por ello a las acciones incoadas para su protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo, razón por la cual no corre el transcurso de seis meses desde que surge la violación a la calidad de vida; y de invocarse, tampoco es aplicable el criterio de que la inactividad procesal del actor por seis meses, conllevará la declaratoria de abandono del trámite, como en materia de amparo constitucional lo ha declarado esta Sala, a partir de la sentencia dictada el 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) y publicada en la Gaceta Oficial n° 37.252 del 2 de agosto de 2001, salvo lo concerniente a la perención prevista en el Código de Procedimiento Civil. LEGITIMACIÓN PARA INVOCAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: No se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 6 de 21
  7. 7. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med naProtocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona domiciliada en el país, salvo las excepciones legales. LEGITIMACIÓN PARA INVOCAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: Quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés Folio Siete (7) que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos. Ahora bien, en materia de indemnizaciones por intereses colectivos, ellas sólo pueden ser pedidas por las personas jurídicas para sus miembros constituidos conforme a derecho, y los particulares para ellos mismos, al patentizar su derecho subjetivo, sin que otras Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 7 de 21
  8. 8. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med naProtocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 personas puedan beneficiarse de ellas; pero en lo referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento de una situación común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifestaren. En ambos casos (derechos o intereses difusos y derechos o intereses colectivos) el número de personas reclamantes no es importante, sino la existencia del derecho o interés invocado. IDONEIDAD DE LA ACCIÓN: Si lo que se pretende es enervar una lesión que proviene de violaciones a derechos y garantías constitucionales, la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una situación jurídica ante esas infracciones. Si lo que se pretende es exigir resarcimientos a los lesionados, solicitar el cumplimiento de obligaciones, prohibir una actividad o un proceder específico del demandado, o la destrucción o limitación de bienes nocivos, Folio Ocho (8) restableciendo una situación que se había convertido en dañina para la calidad común de vida o que sea amenazante para esa misma calidad de vida, lo procedente es incoar una acción de protección de derechos cívicos (colectivos o bien sea difusos), en cuyo fallo se podrá condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta indemnizar a la colectividad, o a grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas, serán acreedoras de la indemnización. La acción en protección de los intereses y derechos colectivos o difusos no puede ser utilizada para la reafirmación de atribuciones y obligaciones que el Texto Fundamental en forma clara, expresa y precisa ha dispuesto -entre otros- a los funcionarios públicos. Así, ha señalado la Sala que « (l)a protección de la vida y la integridad de las personas, el derecho a reunirse y a manifestar conforme a la ley; la libertad de expresión mediante una marcha legalmente autorizada, no corresponde a derecho o interés difuso alguno, sino a concretas obligaciones y deberes del Estado que tiene que cumplir y que se Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 8 de 21
  9. 9. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 materializan mediante acciones específicas en ese sentido, por lo que su exigencia no corresponde a derechos o intereses difusos. EFECTOS DE LA SENTENCIA: produce efectos erga omnes, ya que beneficia o perjudica a la colectividad en general o a sectores de ella, y produce cosa juzgada al respecto. Dado a que lo que está en juego es la calidad de la vida, si los hechos que originaron las causas ya sentenciadas se modifican o sufren cambios, a pesar de que la demanda hubiere sido declarada sin lugar, si nuevos hechos demuestran que existe la amenaza o la lesión, una nueva acción podrá ser incoada, ya que no existe identidad de causas. Viceversa, si estas modificaciones o cambios sobrevenidos favorecen al condenado, él podrá acudir ante la administración, con miras a que se le permita la actividad prohibida, en base a las nuevas condiciones en que funda su Folio Nueve (9) petición (...)”… En tal sentido, la FUNDACION COMITÉ NACIONAL DE LOS SIN TECHO, es unaorganización representativa en la defensa del derecho a la vivienda y demás derechosinvocados en el presente recurso, conforme su objeto, su reiterada práctica ciudadana, y ladoctrina que ha venido invocando por ante diferentes órganos del Estado. 2. CONTENIDO DE LA COLISIONEl Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios La norma del artículo 34 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios,identificado ut supra, establece en forma directa la acción de desalojo, sustentable en siete(7) causales, condicionando su ejercicio a que la relación arrendaticia se encuentrecontraída a tiempo indeterminado o en forma verbal. Con una simple lectura de dichas causales, se hace visible que las hipótesis allícontenidas configuran, en general, situaciones de contravención contractual, que soneventos de composición sustantiva entre las partes aunque figuren en la norma legal;eventos los cuáles difícilmente podrían alcanzar el nivel de los derechos fundamentalesrelacionados con la vivienda. El uso arrendaticio de inmuebles es sin lugar a dudas unaforma de ejercicio del derecho a la vivienda, pero la ley no honra la esencia del fenómeno Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 9 de 21
  10. 10. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000social que entraña, al concebir como un mero derecho del arrendador, el desahucio porencima de todo valor social. Ni siquiera hablamos de valores “socialistas” en suconnotación ideológica, sino de los valores que rigen la concepción en nuestra actualConstitución de un Estado Social de Derecho y de Justicia. Si habláramos de los valoressocialistas, no tendríamos siquiera que argumentar con la extensión que lo estamoshaciendo, sino referirnos a la renta inmobiliaria como una forma más de exacción de laplusvalía del trabajador. La consecuencia jurídica de desahucio no se corresponde en su intensidad punitivacon la levedad de las hipótesis de los señalados literales del artículo 34 del citad Decreto-Ley. Las situaciones jurídicas descritas en su mayoría son visiblemente situaciones deincumplimiento de difusa gravedad, frente a las cuáles bastaría la cesación del estado deincumplimiento o la reparación del daño. Incluso la hipótesis de la falta de pago configurauna concepción de atraso asumido falazmente como insolvencia, además de establecerse laficción jurídica de que las consignaciones arrendaticias previstas en el artículo 51 del Folio Diez (10)mismo instrumento legal, significan insolvencia cuando los pagos son efectuados fuera dellapso perentorio allí previsto, lo cual es jurídicamente falso. La grotesca confusión entreatraso e insolvencia quebranta las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamientocivil ordinario, dado que la consecuencia general del atraso, al menos el atraso no doloso,no es otra que el pago de intereses moratorios. En el universo de las obligaciones denuestro ordenamiento jurídico existe el fenómeno del atraso; menos en la relaciónarrendaticia establecida en el cuestionable Decreto-Ley. Como es visible, el desahucio está concebido en tal forma que violenta el derecho ala vivienda, relevando al Estado de satisfacer por medios complementarios ocompensatorios dicho derecho. La norma no es sino herencia de viejos sistemas privatistasimpermeables a la acción de justicia social del Estado. Pero además, el desahucio señaladoes en todos los casos resolutorio del contrato, sin fórmula transaccional que permita elcumplimiento o la reparación del arrendatario sin conculcarle el derecho a la vivienda. En la práctica de la realidad venezolana, esta norma es fuente de inconmensurablesufrimiento de la familia venezolana. En la práctica judicial, las demandas songeneralmente conducidas en procesos donde tiene lugar una variada gama de trucos quepersiguen el objetivo del desalojo. Los demandados son fraudulentamente accionados porarrendadores que no son propietarios de los inmuebles; son falsamente citados onotificados, por lo que un grueso de juicios concluyen en confesión ficta; se niega a los Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 10 de 21
  11. 11. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000demandados de desalojo los elementos justificativos del atraso, por ejemplo, fundados encaso fortuito o fuerza mayor, sobre la base de la supuesta presunción juris et de juris deinsolvencia; se niega la promoción de la prueba de testigos en los casos que el arrendadorno provee las constancias del pago, sobre la base de la errónea aplicación de la prohibiciónde probar la constitución o extinción de obligaciones superiores a dos (2) bolívares,confundiendo la finalidad de la probanza de hechos con la finalidad de la probanza de actosconstitutivos o extintivos; se demanda como insolvencia el atraso eventualmente ocurridodurante dos mensualidades consecutivas años antes, sin consideración del interés actualdel caso; se prosiguen y concluyen juicios basados en demandas de desalojo por usopersonal del inmueble por el propietario o sus familiares, cuando en medio del juicio elmismo propietario transfiere la propiedad de tal inmueble, obteniendo el desalojo quien haperdido la cualidad para actuar o nunca la ha tenido; los juicios concluyen no solamentecon el desalojo sino con sanciones pecuniarias y costas judiciales altamente onerosas; los Folio Once (11)secuestros judiciales se realizan en forma previa perpetrando gravámenes irreparables alarrendatario; arrendadores o propietarios emplean la fuerza pública sin proceso judicialincoado, amedrentando con privación de libertad por la comisión del delito de invasión dela propiedad privada; jueces penales sin competencia para dictar medidas innominadasdictan órdenes de allanamiento conducentes al desalojo; jueces civiles emiten justificativosde perpetua memoria notificando a arrendatarios la extinción de supuestos comodatos quedisfrazan la relación arrendaticia; y así un sinfín de situaciones de eventual irregularidadque por demás judicialmente se agotan en la esfera de los juzgados de primera instancia,debido a la disposición del Decreto-Ley de negar la Casación para esa materia dearrendamientos inmobiliarios. Es relevante, además, que la norma del artículo 34 ya citado, es retrógrada conrelación al dispositivo del anterior sistema de Desalojos Inmobiliarios, que preveía laposibilidad de que el arrendatario se hiciera solvente una vez incoado el proceso; con locual se viola el principio de progresividad consagrado en nuestra actual ConstituciónNacional. Lo evidente y real actualmente es el hecho de que a partir de la asunción delprocedimiento de desalojo por parte de los juzgados de municipio, se ha desprendido unaola de desalojos mediante procesos generalmente viciados de nulidad, que comienzan conel desalojo preventivo o secuestro, liquidando el derecho a la vivienda del arrendatario,aún antes de juzgarse la pretensión del actor. Vicios que no llegan a ser procesados porque Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 11 de 21
  12. 12. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000los sujetos afectados constituyen segmentos sociales de escaso poder económico parasufragar los costos del proceso, y en general son débiles jurídicos sobre los cuáles recaerigurosamente las sanciones de la ley, o peor aún, las triquiñuelas de los operadoresjurídicos. Dicha ola de desalojos ha colocado al Estado venezolano en una auténtica situaciónde grave deuda con la sociedad, en razón de no proveer las condiciones mínimas de accesoa la vivienda para las amplias mayorías por medio del uso arrendaticio de inmuebles,circunscribiéndose la renta inmobiliaria a una concepción de enriquecimiento indefinidode los propietarios de inmuebles, que opaca y releva su condición real de compensación delvalor inmobiliario en el tiempo, generando además un desequilibrio macroeconómicosignificativo, porque la renta inmobiliaria excede el interés racional del capital incorporadoal suelo, deviniendo de esta forma en una actividad visiblemente especulativa de gruposparasitarios de la sociedad. Folio Doce (12) En resumen, el Estado queda en mora, con la aplicación del desahucio, aún legal, yello configura una omisión de actividad orientada a la satisfacción del derecho fundamentala la vivienda, que debe ser corregida, según nuestro criterio, por esa Sala Constitucional.La doctrina internacional Pero además, la falta de actividad del Estado se evidencia con la comparación delsistema normativo que se establece en el Pacto de San José con relación al derecho a lavivienda, y el sistema de conculcación de dicho derecho en el Decreto-Ley citado. En efecto, dentro de los principios doctrinarios producidos por la relatoría especialsobre el fomento de la realización del derecho humano a la vivienda adecuada, bajo lagestión de Rajindar Sachar (Informe del Relator Especial, Ginebra, 1996), se plantea conbase al artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de SanJosé), que entre los motivos o causas eficientes o suficientes que justificarían los reclamoscon mayores posibilidades de éxito en la instancia internacional, se hallan: …”a) Ladestrucción arbitraria de vivienda y propiedad individual, b)Los desalojos forzosos ilegales, c)las alzas arbitrarias de arriendo, y d) la contaminación ambiental de la propiedadresidencial”… En relación a la protección contra los desalojos se afirma que …”podrá invocarse elartículo 21 cuando las personas sean desalojadas a la fuerza de sus viviendas sin contar para Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 12 de 21
  13. 13. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000ello con una orden judicial u otras garantías del debido proceso…(…)…lo que incluye aquienes han adquirido derechos legítimos conforme a la legislación interna (propietarios,arrendatarios, quienes posean derechos a través de prescripción adquisitiva), y tambiéndebería proteger a quienes han ocupado de manera ilegal, porque si bien no cuentan conelementos para realizar un reclamo legal por propiedad, no tienen ningún lugar en donderesidir”…(“Derecho Humano a la Vivienda Adecuada”, PROVEA, Serie Aportes Nº 13,Caracas 2.005, pp. 20,21). Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, en el 16º Período deSesiones, Ginebra entre el 28 de abril y el 16 de mayo de 1997, formuló con relación a la“Aplicación del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, la“Observación Nº 7”, en alusión a los desalojos forzosos, la siguiente doctrina: …”1.- En su observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personasdeberían gozar de cierto grado de seguridad y tenencia que les garantice una protección legal Folio Trece (13)contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que losdesalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendoexaminado un número considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años,incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían susobligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre lasconsecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto. 2. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión delos desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre losDerechos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a «iniciar operaciones deevacuación sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y seadopten medidas de reubicación». En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la «obligaciónfundamental (de los gobiernos) de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar deperjudicarlos o destruirlos». En el Programa 21 se declaraba que «debería protegerselegalmente a la población contra el desalojo injusto de sus hogares o sus tierras». En elPrograma de Hábitat los gobiernos se comprometieron a «proteger a todas las personascontra los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley, tomando en consideración losderechos humanos, y garantizar la protección y reparación judicial en esos casos; y cuandolos desahucios sean inevitables tratar, según corresponda, de encontrar otras solucionesapropiadas». La Comisión de Derechos Humanos también ha señalado que «la práctica de los Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 13 de 21
  14. 14. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos». Sin embargo,aunque estas declaraciones son importantes, dejan pendiente una de las cuestiones másdecisivas, a saber, determinar las circunstancias en que son admisibles los desalojos forzosos yenunciar las modalidades de protección que se necesitan para garantizar el respeto de lasdisposiciones pertinentes del Pacto. 3. El empleo de la expresión «desalojos forzosos» es en cierto modo problemático. Estaexpresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad. Sin embargo, paramuchos observadores la referencia a los «desalojos forzosos» es una tautología, en tanto queotros critican la expresión «desalojos ilegales» por cuanto que supone que la legislaciónpertinente brinda una protección adecuada y se ajusta al Pacto, cosa que no siempre es así enabsoluto. Asimismo, se ha señalado que el término «desalojos injustos» es aún más subjetivodado que no se refiere a ningún marco jurídico. La comunidad internacional, especialmenteen el contexto de la Comisión de Derechos Humanos, ha optado por la expresión “desalojos Folio Catorce (14)forzosos” sobre todo teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecíantambién de muchos de esos defectos. Tal como se emplea en la presente Observacióngeneral, el término «desalojos forzosos» se define como el hecho de hacer salir apersonas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, enforma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legalo de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de losdesalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y deacuerdo con las disposiciones de los Pactos lnternacionales de Derechos Humanos(negritas nuestras). 4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las personastanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Dadas la interrelación y lainterdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violanfrecuentemente otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente losderechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también puede darlugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho ala seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, yel derecho a disfrutar en paz de los bienes propios. 5. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente en zonasurbanas densamente pobladas, también se produce en relación con traslados forzados depoblación, desplazamientos internos, reasentamientos forzados en caso de conflicto armado, Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 14 de 21
  15. 15. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000éxodos en masa y movimientos de refugiados. En todas estas circunstancias puede haber unaviolación del techo a una vivienda adecuada ya la protección contra el desalojo forzoso acausa de una serie de actos u omisiones atribuibles a los Estados Partes. Incluso en lassituaciones en que pudiera ser necesario imponer limitaciones a ese derecho, se exige el plenorespeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las limitaciones que se impongan deberánser «determinadas por ley, sólo en medida compatible con la naturaleza de esos derechos (sociales y culturales) y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en unasociedad democrática». 6. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, por ejemplo,causados por conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violenciaunitaria o étnica. 7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo.Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de Folio Quince (15)desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectosenergéticos en gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana,rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para finesagrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de grandesacontecimientos deportivos tales como los ¡ Juegos Olímpicos. 8. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto en relacióncon los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 interpretado junto con otrasdisposiciones pertinentes. En particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar «todos losmedios apropiados» para promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, dada lanaturaleza de la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2al logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos disponibles rara vez serápertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos ygarantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (talcomo se definen en el párrafo 3 supra). Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 delartículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa elderecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. En esa disposición sereconoce, entre otras cosas, el derecho a la protección contra «injerencias arbitrarias oilegales» en el domicilio propio. Es de señalar que la obligación del Estado de garantizar el Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 15 de 21
  16. 16. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000respeto de ese derecho no está condicionada por consideraciones relativas a los recursos deque disponga. 9. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Partes que utilicen «todos losmedios apropiados», inclusive la adopción de medidas legislativas, para promover todos losderechos protegidos por el Pacto. Aunque el Comité ha señalado en su Observación general N°3 (1990) que es posible que tales medidas no sean indispensables en relación con la totalidadde los derechos, es indudable que una legislación contra los desalojos forzosos es una baseesencial para crear un sistema de protección eficaz. Esa legislación debería comprender medidas que a) brinden la máxima seguridad detenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulenestrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos. La legislacióndebe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la autoridad del Estado o queresponden ante él. Folio Dieciséis (16) Además, habida cuenta de la creciente tendencia que se da en algunos Estados a que elgobierno reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los EstadosPartes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas paraprevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo, sin las debidassalvaguardias, particulares o entidades privadas. Por tanto, los Estados Partes deberíanrevisar la legislación y las políticas vigentes para que sean compatibles con lasexigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar toda ley opolítica que no sea conforme a las disposiciones del Pacto (subrayado y negritasnuestras). 10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minoríasétnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados enmedida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos lasmujeres son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formasde discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad (incluida lapropiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de suparticular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando seproduzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma dediscriminación. Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 16 de 21
  17. 17. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impagopersistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, lasautoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manerapermitida por una legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadasdispongan de todos los recursos jurídicos apropiados. 12. El desalojo forzoso y el de viviendas como medida punitiva son tambiénincompatibles con las normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma nota de las obligacionescontenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de 1977, en lo concerniente alas prohibiciones de los traslados de población civil y la destrucción de bienes de propiedadprivada, en la medida en que guardan relación con la práctica de los desalojos forzosos. 13. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los queafectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien Folio Diecisiete (17)en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuandomenos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por lasórdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todas las personasafectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de quepudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen«un recurso efectivo» a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que «lasautoridades pertinentes» cumplan «toda decisión en que se haya estimado procedente elrecurso». 14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo conestricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales dederechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad. Aeste respecto, cabe recordar en particular la Observación general N° 16 del Comité deDerechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, que señala que la injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar«en los casos previstos por la ley». El Comité observó que en tales casos la ley debía«conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto». El Comité señaló tambiénque «en la legislación pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisasen que podrán autorizarse esas injerencias». Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 17 de 21
  18. 18. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000 15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías sonaspectos sociales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestiónde los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidosen los pactos internacionales de derechos humanos. El Comité considera que entre lasgarantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran:a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas’ afectadas; b) un plazo suficiente yrazonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha previstapara el desalojo; e) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, informaciónrelativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o lasviviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo,especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas laspersonas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de Folio Dieciocho (18)noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; yh) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedirreparación a los tribunales. 16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sinvivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectadospor el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas lasmedidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que seproporcione vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda(negritas nuestras). 17. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por institucionesinternacionales en los territorios de Estados Partes han originado desalojos forzosos.Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación general N° 2 (1990) que dice, entre otrascosas, que «los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente todaparticipación en proyectos que, por ejemplo (…) fomenten o fortalezcan la discriminacióncontra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsióno desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección ycompensación adecuadas (…) En cada una de las fases de los proyectos de desarrollo deberíahacerse todo lo posible para que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos. 18. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la organización de Cooperación yDesarrollo Económico (OCDE) han aprobado directrices en materia de reubicación y/oreasentamiento a fin de limitar los sufrimientos humanos causados por los desalojos forzosos. Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 18 de 21
  19. 19. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000Esas prácticas suelen ser el corolario de proyectos de desarrollo en gran escala, como laconstrucción de presas y otros proyectos importantes de producción de energía. Es esencial laplena observancia de esas directrices, en la medida en que reflejan las obligacionescontenidas en el Pacto, tanto por los propios organismos corno por los Estados Partes en elPacto. A este respecto, el Comité recuerda lo señalado en la Declaración y Programa de Acciónde Viena en el sentido de que: «el desarrollo propicia el disfrute de todos los derechoshumanos, pero la falta de desarrollo no puede invocarse corno justificación para limitar losderechos humanos internacionalmente reconocidos» (parte 1, Párr. 10). 19. En las directrices aprobadas por el Comité para la presentación de informes se pidea los Estados Partes que proporcionen diversas informaciones directamente relacionadas conla práctica de los desalojos forzosos, entre ellas información sobre: a) «el número de personasexpulsadas de su vivienda en los últimos cinco años y el número de personas que carecen Folio Diecinueve (19)actualmente de protección jurídica contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo dedesahucio»; b) las «leyes relativas a los derechos de los inquilinos, la seguridad de ocupación,la protección frente al desahucio» y c) «las leyes que prohíban todo tipo de desahucio». 20. Se pide también información en cuanto a las «medidas adoptadas, entre otrascircunstancias, durante programas de renovación urbana, proyectos de nuevo desarrollo,mejora de lugares, preparación de acontecimientos internacionales (olimpiadas, exposicionesuniversales, conferencias, etc.), campañas de embellecimiento urbano, etc., que garanticen laprotección contra la expulsión y la obtención de una nueva vivienda sobre la base de acuerdomutuo, por parte de cualquier persona que viva en los lugares de que se trate o cerca deellos». Sin embargo son pocos los Estados Partes que han incluido en sus informes al Comité lainformación solicitada. En consecuencia, el Comité reitera la importancia que asigna a larecepción de esa información. 21. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información de ese tipo.El Comité recuerda que la vigilancia efectiva del derecho a una vivienda adecuada, bien seapor el gobierno interesado o por el Comité, es imposible si no se cuenta con los datosapropiados y por ello solicita a todos los Estados Partes que velen por que se reúnan los datosnecesarios y se incluyan en los informes presentados en virtud del Pacto.”… (Ibídem, pp. 105ss). Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 19 de 21
  20. 20. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000La consecuencia de la comparación Es evidente que la comparación entre el sistema normativo del Decreto-Ley deArrendamientos Inmobiliarios y el sistema del Pacto de San José y la doctrina de losorganismos internacionales, en línea con nuestra actual Constitución Nacional, resulta endiferencias notables. No es posible sostener los principios de nuestra Constitución Nacionaly del Pacto de San José, aplicando el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.Independientemente de las bondades, suficiencia jurídica o capacidad explicativa de cadauno, ambos sistemas se excluyen. El Estado venezolano es absolutamente relevado en elDecreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, con relación a sus obligacionesconstitucionales e internacionales, salvo en lo que respecta a la función sancionatoria delpoder judicial, que obra contra los débiles jurídicos, y acaso en lo que respecta a laregulación de alquileres, que por demás es una facultad cumplida en el sentido de que el Folio Veinte (20)Ejecutivo Nacional mantiene suspendido todo incremento de la renta inmobiliaria. La colisión está allí, visible y –permítasenos decirlo- insultante a la conciencia dejusticia. Como consecuencia, creemos sinceramente que el grave estado en que seencuentran centenares de miles de familias venezolanas amenazadas de desalojo porarrendadores que buscan obtener arrendamientos más favorables con nuevos inquilinos,debe ser atendido por la sede constitucional del alto tribunal, indicándole al Estado cómoproceder. PETICIONES En virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta incuestionable la necesidad desolicitarle, en defensa de los derechos difusos y/o colectivos que representamos comoFundación, las siguientes acciones, sin detrimento de otras que esa digna SalaConstitucional produzca en el examen del caso: PRIMERO: Suspender en forma cautelar los desalojos inmobiliarios en todo elterritorio nacional, hasta tanto se produzca la decisión sobre el presente recurso decolisión de sistemas normativos. SEGUNDO: Declarar la inconstitucionalidad de todo acto del poder público, nacional,estadal o municipal, ejecutivo, legislativo o judicial, dictado con omisión de los deberesacordados por la República en su carácter de signataria del Pacto de San José, y su doctrina Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 20 de 21
  21. 21. Cooperrattiiva Solliidarriidad Jurríídiica 1410 RL-- Drr.. Edgarrdo Gonzállez Mediina Coope a va So da dad Ju d ca 1410 RL D Edga do Gonzá ez Med na Protocolizada en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Dto. Capital bajo el Nº 04, tomo 6, Prot. 1, de fecha 7 de julio de 2.005. RIF: J-31378353-6 NIT: 0439977000internacional, en especial la Observación Nº 7 formulada por el Comité de DerechosEconómicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, en el 16º Período deSesiones, Ginebra entre el 28 de abril y el 16 de mayo de 1997, con relación a la “Aplicacióndel Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. TERCERO: Declarar la nulidad por inconstitucional, violatoria de las facultades ycompetencias del Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 36 del vigente Decreto-Ley deArrendamientos Inmobiliarios. CUARTO: Declarar la colisión del sistema del Decreto-Ley de ArrendamientosInmobiliarios, con el sistema normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales y su doctrina vinculante, en concordancia con la norma del artículo 23de la Constitución Nacional Bolivariana. En la seguridad que esta digna Sala impartirá la justicia correcta, oportuna y Folio Veintiuno (21)expedita. Quedamos de ustedes. Atentamente. En la fecha de su introducción. Los recurrentes LUIS ELI ESCALONA MAXIMO FERNANDEZ El abogado asistente: EDGARDO GONZALEZ MEDINA Recurso de colisión de leyes Exp. Nº Página 21 de 21

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