Guía para la transversalización del enfoque de género en los programas del Sistema de Protección Social Universal

SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Guía para la transversalización del
enfoque de género en los programas del
Sistema de Protección Social Universal
Unidad de Derechos Humanos y Género

Créditos
Elaboración:
Ivonne Argueta
Ally Alvarenga
Diseño de Portada:
Saúl Castro Fagoaga
Edición:
Lídice González
Julio 2014

Guía para la transversalización del enfoque de género en los programas del Sistema de Protección Social Universal
3
Índice
Introducción....................................................................................................................................... 4
¿Por qué incorporar este enfoque en el Sistema de Protección Social?
Nuestros compromisos.................................................................................................................... 5
Conceptos básicos de la teoría de género.................................................................................... 6
Género y Sexo................................................................................................................................. 6
Enfoque o perspectiva de género............................................................................................... 7
Igualdad de género. ..................................................................................................................... 8
Equidad de género......................................................................................................................... 8
Acciones positivas......................................................................................................................... 8
Aspectos a tener en cuenta para la transversalización del enfoque de género.................. 9
Pautas para transversalizar la perspectiva de género............................................................10
Diseño de políticas y programas..............................................................................................10
Implementación de políticas y programas............................................................................12
Seguimiento y evaluación de políticas y programas............................................................13
Elaboración de investigaciones y estudios.............................................................................17
Procesos de participación ciudadana......................................................................................19
Comunicación y lenguaje institucional....................................................................................20
Mecanismos de organización y prácticas institucionales...................................................21
Coordinación y cooperación interinstitucional......................................................................22
Fuentes Consultadas......................................................................................................................23

4
Introducción
El Sistema de Protección Social Universal se concibe como una estrategia de política social
sustentada en el enfoque de derechos y tiene como ejes transversales la promoción equidad de
género y la especificidad del abordaje del ciclo de vida. Es un giro sustancial en el enfoque de la
política social, ya que plantea un carácter integral y una visión holística, y se propone garantizar a la
totalidad de la ciudadanía, en especial a la población en mayores condiciones de pobreza y exclusión
social, un piso social básico de bienestar a través de la definición e implementación de políticas y
programas sociales. En este marco, ha sido necesario trabajar para que las políticas y programas
que integran el Sistema operativicen los enfoques que lo sustentan.
La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador, como institución
coordinadora del Sistema de Protección Social Universal durante la gestión gubernamental
2009-2014, desempeñó un papel fundamental para avanzar en estos propósitos. Es así como se
impulsaron esfuerzos encaminados a que la institución cuente con las herramientas necesarias para
la transversalización de estos enfoques y diseñar estrategias que ayudan a materializar y sentar las
bases para incorporar con especial énfasis el enfoque de género en el Sistema.
La transversalización del enfoque de género es un proceso que, por un lado, requiere de voluntad
política, pero también de capacidades a nivel técnico para su operativización, y es además progresivo.
La Secretaría Técnica y las instituciones ejecutoras del Sistema han diseñado e implementado los
programas teniendo en cuenta este enfoque. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero se
han dado pasos importantes para avanzar de forma sustantiva en su incorporación como un pilar
fundamental en las políticas y programas que conforman el Sistema de Protección Social Universal.
En ese sentido, la guía para la transversalización del enfoque de género en el Sistema representa
una oportunidad para contribuir a brindar herramientas al personal de las instituciones ejecutoras
que permitan la institucionalización de este enfoque como parte de la estrategia del Gobierno para
combatir la pobreza y la exclusión social.
En esta guía se establecen elementos claves para la incorporación del enfoque de género y pautas
para implementar acciones concretas en los ejes y componentes del Sistema de Protección Social
Universal a partir de la experiencia de su ejecución durante el pasado gobierno, a fin de que en la
presente gestión se continúe avanzando en el proceso de transversalización.

5
¿Por qué incorporar este enfoque
en el Sistema de Protección Social?
Nuestros compromisos
Programa de Gobierno para la profundización de los cambios, El Salvador Adelante.
El programa se constituye en el documento orientador de la actual gestión de gobierno y establece
que “el pensamiento estratégico, la actividad y la obra del nuevo Gobierno se orientarán hacia un
modelo social que ponga en el centro el derecho de todas las personas a una vida plena y a la
felicidad, a la dignidad, el progreso y la realización humana de las personas, las comunidades y
pueblos…” (p.18) Y que “el nuevo gobierno estará animado por los valores de igualdad, diversidad,
inclusión y convivencia humana. Estará basado en el principio de complementariedad que nos lleva
a reconocer que como hijos de una misma patria nos necesitamos mutuamente y a cultivarla la
equidad de género”. (p.19)
La visión de país además establece un claro compromiso por construir “Un país libre de pobreza,
exclusión, vulnerabilidad y discriminación de todo tipo, con enfoque de género” (p. 20).
Entre los principios que orientan el Plan de gobierno se establecen: Seguridad y realización humana.
Plena e integral vigencia de los derechos humanos, la libertad y la felicidad de las personas y la
equidad de género.
Entre sus ejes también se establecen compromisos en materia del SPSU y en el enfoque de género,
así el Eje 1el empleo es primero, plantea un compromiso en la inversión social para el despegue
económico y mejorar la calidad de vida de la población, incrementar y elevar la calidad de la inversión
social, con un sentido estratégico de país de largo alcance. Y establece como una de sus metas:
“Fortalecer la inversión y el gasto en programas sociales prioritarios, estructuralmente sostenibles,
de protección e inclusión social, comprendidos en el Sistema de Protección Social Universal”1
. Y en
el Eje 3 Bienestar para la gente con educación y salud, establece como una de sus metas Avanzar en
el cumplimiento de las políticas nacionales de igualdad de género
Ley de igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE)
Principales Obligaciones de acuerdo a la LIE
• Reconoce la transversalidad del enfoque de género como enfoque estratégico que tiene como
finalidad la integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias y contribuciones de
mujeres y hombres en las leyes, políticas y ejecutorias de las instituciones del Estado, aplicándose
de forma progresiva en el diseño e implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
estatales y de otros instrumentos, procedimientos, mecanismos y normativas en las instituciones
del Estado. (art. 6)
• Establece la obligación a las instituciones del Estado de integrar los principios de igualdad y no
discriminación en todas las políticas, normativas, procedimientos y acciones desarrolladas en
1
El Salvador adelante, Programa de Gobierno para la profundización de los cambios. C-18, M109 Programas Sociales.

6
el ejercicio de sus respectivas competencias, así como, aplicar la estrategia metodológica de
transversalidad del enfoque de género. (art 9)
• Establece la elaboración de presupuestos con enfoque de género, que deben tener en cuenta las
diferentes necesidades de mujeres y hombres para potenciar la igualdad y acciones equitativas
que hagan realidad los compromisos gubernamentales con la equidad y la igualdad. (art. 13)
• Las instituciones del Estado deberán desagregar por sexo la recopilación, análisis y publicación
de toda la información estadística relevante para el objeto y mandatos de esta ley; así como
realizar los estudios y crear los instrumentos que permitan desarrollar indicadores que faciliten
el conocimiento de las situaciones de discriminación y de brechas existentes en la situación y
posición de mujeres y hombres en los diversos ámbitos de actividad de la sociedad salvadoreña
para brindar fundamento objetivo a las políticas de igualdad. (art. 14)
• El Estado promoverá de manera sistemática la eliminación del uso sexista del lenguaje y las
expresiones discriminatorias contra las mujeres, en todos los mensajes de su marco institucional.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) brindará apoyo de información
y formación al personal al servicio de las instituciones del Estado para dar cumplimiento a esta
norma. También realizará acciones que promuevan la erradicación del uso sexista del lenguaje en
la vida social (art. 15)
Conceptos básicos de la teoría de género
Género y Sexo
El género define los valores, atributos, normas de comportamiento, espacios y roles que una
sociedad concreta otorga a las mujeres y a los hombres por el simple hecho de haber nacido con
sexos distintos.2
La categoría de género surge para explicar que el papel social asignado y ejercido
por las mujeres y los hombres no es producto de diferencias biológicas naturales ni de sexo,
sino el resultado de construcciones sociales y culturales asumidas a lo largo de la historia. «La
subordinación a la cual ha estado sometida la mitad de la población —las mujeres— a través de
diversos períodos históricos es producto de formas específicas de organización de las sociedades,
donde lo femenino y lo masculino no es el resultado de una definición biológica, sino la consecuencia
de una desigual e injusta jerarquización respecto de las prácticas sociales, las funciones y la
ubicación que se tenga en la sociedad».3
2
Teresita De Barbieri, “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica”, en Revista Debates en Sociología, No.
18, Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993, p. 6
3
Guía para la transversalización de género en el PNUD Chile, PNUD Chile, Santiago, Mayo, 2006, p. 70

7
Fuente: elaboración propia.
De esta manera, la categoría género comprende un conjunto de expectativas, intereses y creencias
que están asociadas a modelos sociales de lo que significa ser hombre o mujer en una cultura
concreta. Como tal, es un principio de ordenamiento social que concede mayores poderes y privilegios
a los hombres, que legitima y estructura a su vez el acceso desigualitario de mujeres y hombres
a los recursos y al poder. En ese sentido asume como «natural» la desigualdad y se «justifica»
la discriminación y la subordinación de las mujeres como colectivo, con lo que se construye una
sociedad segmentada en todos los niveles: económico, social, político y cultural.
El concepto de género es un concepto relacional, es decir que se expresa en las relaciones que
establecen mujeres y hombres como colectivos en la sociedad. Estas son relaciones de poder
(de decisión, de visibilidad, de recursos, etc.) donde las mujeres como género se encuentran en
posiciones de menor poder que los hombres en distintos campos.
Enfoque o perspectiva de género
El enfoque de género es una nueva forma de mirar la realidad que tiene en cuenta y visualiza las
causas y las consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres, que han definido a lo
largo de la historia la discriminación de las mujeres como género. De esta manera se propone analizar
la realidad de forma desagregada, teniendo en cuenta las necesidades e intereses específicos de
mujeres y hombres, determinadas por sus roles tradicionales de género, así como su condición —
referida al bienestar material— y posición de género —alusivo a la valoración, reconocimiento y
acceso al poder— específica.
A partir de este análisis, esta perspectiva se propone promover políticas, programas y acciones
enfocadas a disminuir las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres en relación al
ejercicio de sus derechos, y asegurar por tanto la igualdad de ambos en el acceso a las oportunidades
y resultados del desarrollo.
Tabla 1
Diferencias entre sexo y género
Sexo Género
Características biológicas
(anatómicas, fisiológicas,
reproductivas)
Características/expectativas/valores que una sociedad asigna
a los hombres o a las mujeres por el simple hecho de ser
sexualmente distintos
Se nace así: hombre o mujer Se construye en y por la vida en sociedad
Universal Específico de cada cultura
Hombres son físicamente
iguales entre sí y lo mismo
pasa con las mujeres
Hombres aprenden a ser «masculinos» y las mujeres «femeninas»
según la edad, la clase social, la etnia, la religión, el área rural/
urbana
De esto se afirma que el Género es posible cambiarlo a través de la cultura, la educación y los
mecanismos de socialización y que en ello las políticas públicas también tienen mucho que aportar.

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El enfoque de género es una visión crítica sobre el funcionamiento de la organización social y
de las relaciones entre las personas y los grupos que propone cambios a nivel sociocultural y
organizativo —uso y distribución de espacios, reparto de tareas y responsabilidades, etc. —, a nivel
de las relaciones —uso del lenguaje, discursos, relaciones, poder, etc.— y a nivel personal —uso del
tiempo y del dinero, gustos y aficiones, etc. —
En las políticas públicas este enfoque es un marco de análisis que permite evaluar tanto las
necesidades e intereses de mujeres y de hombres, así como el impacto diferenciado de las políticas
en unos y otras. De esta manera se pretende volver más eficientes, eficaces y sostenibles los
resultados de las políticas y programas de gobierno, al plantearse la eliminación de la discriminación,
la desigualdad y la exclusión.
Igualdad de género.
Parte del postulado de que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tienen la
libertad para desarrollar sus habilidades personales y para hacer elecciones sin estar limitados
por estereotipos, roles o prejuicios sobre su «deber ser». Implica que se han considerado los
comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que
estas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. No significa que hombres y mujeres
tengan que convertirse en «lo mismo», sino que son iguales en dignidad. Es decir, sus derechos,
responsabilidades, oportunidades y resultados no dependerán del hecho de haber nacido con un
sexo u otro.
Equidad de género.
Hace referencia a la justicia en el trato de hombres y mujeres, según sus respectivas necesidades
y condiciones. Partiendo de este concepto, se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes
—aunque considerados equivalentes—, en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.
Es importante distinguir entre igualdad y equidad. «Mientras el concepto de igualdad alude a que
mujeres y hombres disfruten de similares oportunidades y recursos iniciales (‘de salida’) para
desarrollar determinadas actividades o para disfrutar de los bienes y servicios, la equidad de género
se refiere más bien a la igualdad ‘de resultados’, es decir, al logro de metas iguales para ambos
sexos»4
. A menudo, para que este resultado se alcance, deben ponerse en marcha las denominadas
acciones positivas para las mujeres.
Acciones positivas.
Son las acciones que conducen a la igualdad. Son medidas temporales que favorecen/priorizan
a las mujeres para contrarrestar o corregir las discriminaciones resultantes de las prácticas
sociales actuales. Según el artículo 6 numeral 2 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de
la Discriminación contra las Mujeres (D.L. 645, 17/03/2011, D.O. No. 70 Tomo 391 8/04/2011), «[…]
las instituciones del Estado deberán hacer uso de acciones positivas como instrumentos de justicia
social y como mecanismos de corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho
4
Clara Murguialday y Cristina Maoño, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Icaria y Hegoa, Euskadi,
2000, documento en línea disponible en http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/111

9
entre mujeres y hombres. Para el empleo de dichas acciones, pondrán especial atención en aquellos
colectivos de mujeres en cuya situación y posición concurran múltiples discriminaciones»5
. De
acuerdo con Larrañaga6
, «la acción positiva para las mujeres consiste en un tratamiento normativo
y formalmente desigual, favorable para la mujer, y que tiene por objeto establecer la igualdad de
oportunidades».
Aspectos a tener en cuenta para la
transversalización del enfoque de género
Las ideas y principios básicos que se deben tener presentes para lograr incorporar en el trabajo la
perspectiva de género son:
• Las políticas y programas del Sistema de Protección Social Universal deben estar enfocados a la
construcción de ciudadanía de las personas. Esto implica dejar de considerar a las personas como
beneficiarias pasivas y reconocerlas como sujetas y titulares de derechos, en especial a las
mujeres. La incorporación de la participación ciudadana organizada, de sus intereses, necesidades
y visiones, es clave para el diseño e implementación de las políticas.
• Ninguna política o programa público es neutro al género. Es decir, las intervenciones que hace
el Gobierno contribuyen a reducir desigualdades e inequidades o, por el contrario, las fortalecen y
reproducen.
• Las políticas y programas deben asumir a las mujeres como titulares de derecho en primera
persona, y no solo como garantes de otros —madres y/o esposas—, como tradicionalmente son
vistas en las políticas públicas.
• Es necesario asumir y visibilizar la conexión entre el trabajo productivo (el del mercado) y el
reproductivo (el de la casa y la familia). Las políticas y programas deben entender la reproducción
social y el cuidado como una responsabilidad compartida de las mujeres, los hombres, las
familias y el Estado.
• Las políticas y programas con enfoque de género potencian el ejercicio y goce de derechos
de las personas en mayores condiciones de exclusión, en especial a las mujeres, y sobre todo a
aquellas que por el nivel de pobreza, edad, discapacidad, jefatura de hogar, entre otros, enfrentan
mayores desigualdades.
• La intervención del Gobierno debe identificar las brechas de desigualdad social y de género y
sus causas, y proponer medidas para su disminución y su erradicación.
5
Estas medidas también aplican a otros grupos de personas que se encuentran en condiciones de desigualdad, por ejemplo las
familias en condiciones de pobreza, las personas adultas mayores, la juventud, entre otros, que por su situación requieren también
de acciones estatales específicas a sus necesidades e intereses y que permitan superar las desigualdades.
6
Mercedes Larrañaga Sarriegui, El trabajo de las mujeres: el caso de la CAPV en el contexto europeo, Universidad del País Vasco,
Servicio Editorial Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, Bilbao, 2002.

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• Las políticas y programas deben impactar no solo en la condición material de vida, sino también
en la posición social de las personas o de los grupos sociales, es decir, implementar políticas
de redistribución y de reconocimiento7
que aborden las brechas de desigualdad tanto en relación
a las condiciones de vida como en relación al reconocimiento, valoración y poder que las mujeres
y hombres tienen.
Pautas para transversalizar
la perspectiva de género
Es necesario tener en cuenta que la clave para trabajar incorporando la perspectiva de género está
en NO HACER SUPOSICIONES. Se debe evitar asumir que: a) mujeres y hombres se beneficiarán
por igual y de forma automática de una determinada intervención, b) las visiones de las mujeres
están representadas e incluidas en la visión que transmiten los líderes hombres de la comunidad,
c) solo indicar datos y estadísticas muestra un cuadro exacto de las vidas de las mujeres y hombres,
d) lo que funciona para los hombres automáticamente funcionará para las mujeres y e) cualquier
beneficio a la familia beneficia a todos sus integrantes por igual. Al dejar de lado estas suposiciones,
es posible comenzar a incorporar el enfoque de género en las políticas y programas sociales.
A continuación, y de forma sintética, se proporcionan pautas que orientan el proceso de
transversalización de la perspectiva de género en el Sistema de Protección Social Universal, de
acuerdo con las responsabilidades y roles que desempeñan las distintas instituciones ejecutoras
en el proceso de elaboración, ejecución y/o evaluación de las políticas y programas públicos. Estas
pautas pueden irse incorporando de forma progresiva y la experiencia de la puesta en marcha de
estas pautas en las diversas acciones del Sistema ha demostrado que es posible hacerlo.
Diseño de políticas y programas
Cuando se diseña o elabora una política o programa es indispensable, para incorporar el enfoque de
género, que se identifiquen y analicen los siguientes aspectos:
a) Desagregar los datos disponibles y analizar las diferencias que se identifiquen. El primer paso
se trata de lograr desagregar la información estadística existente por sexo. Es muy importante,
además, hacerla por área geográfica (rural y urbana) y grupos de edad. Cuando sea posible, en
aras de lograr identificar las condiciones en que se encuentran grupos determinados. Es también
sustancial incluir desagregaciones específicas como etnia, discapacidad, entre otras.
El Registro Único de Participantes (RUP) es una experiencia exitosa en este
ámbito ya que en su diseño y ejecución se ha levantado información de las
familias y personas; y permite la desagregación a varios niveles, lo cual ha
posibilitado conocer de manera diferencial la situación de hombres y mujeres
en todo el ciclo de vida en los municipios censados por el RUP.
7
Nancy Fraser, “La justicia social en la era política de la identidad: Redistribución, reconocimiento y participación”, en Nancy
Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico, trad. Pablo Manzano, Ediciones Morata,
Madrid, 2006.

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b) Identificar las brechas de desigualdad: se trata de identificar las diferencias significativas
entre la situación de mujeres y hombres en relación al área de análisis, que puede referirse
tanto a recursos materiales (agua, vivienda, salud, educación, empleo, etc.) como inmateriales
(capacidad de decisión, autonomía personal, reconocimiento social).
Para el diseño del componente de Bonos a la educación en Comunidades
Solidarias Urbanas se hizo un análisis diferenciado de la situación educativa de
mujeres y hombres jóvenes, y se encontró que las mujeres jóvenes eran quienes
más niveles de deserción presentaban en el bachillerato debido a embarazos
precoces y trabajo doméstico, por lo que se consideró un bono diferenciado
para las jóvenes madres o embarazadas.
c) Recabarlasopiniones,problemas,interesesynecesidadesespecíficasdemujeresyhombres,
en todo el ciclo de vida: es decir, conocer la opinión, el análisis y propuestas específicas de cada
grupo de población, en particular de los grupos que se encuentran en posición de desventaja en
los indicadores/brechas analizados.
En el Programa Nuestros Mayores Derechos se ha elaborado una encuesta
diagnóstica de la persona adulta mayor, que caracteriza la situación de hombres
y mujeres adultas mayores en diversos ámbitos de sus vidas e identifica, de
esa manera, sus necesidades, problemáticas e intereses, para ser tomados en
cuenta en la implementación del programa.
d) Analizar las causas que determinan las brechas de desigualdad: con el abordaje de causas
inmediatas —referidas al vínculo más obvio con el problema—, subyacentes —referidas a
la escasez de sistemas de apoyo, de servicios sociales, falta de acceso, creencias, aspectos
culturales— y estructurales —relacionadas con el sistema de organización social y económico y
las relaciones de poder, tanto en el ámbito individual como familiar, comunitario—, la distribución
desigual de recursos, etc.
Para el diseño del eje de generación de ingresos de Comunidades Solidarias
Urbanas, se analizó la situación de hombres y mujeres en lo referente a su
participación y acceso al mercado laboral y la formación profesional, y se
identificó que las mujeres jefas de hogar y la juventud son quienes mayores
restricciones tienen para su incorporación en dichos ámbitos, por ello el
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) priorizó como participantes a
las mujeres jefas de hogar y la juventud.
e) Incorporar los intereses y necesidades específicas de mujeres y hombres al diseño del
programa o de la política, a partir de los diagnósticos, y consultar las propuestas de solución a la
misma población y a otras instancias de la sociedad civil con experiencia en los ámbitos que se
abordan.
Comunidades Solidarias Urbanas integró al eje de capital humano el
Componente de prevención social en la violencia de género a través de las
Ventanillas de Atención que son implementadas por el ISDEMU. Ello a partir
del reconocimiento de que la violencia de género es una problemática que
afecta a las mujeres en los municipios de cobertura y que es una necesidad
específica.

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f) Diseñar e incluir acciones concretas que fomenten la participación de las mujeres y
contribuyan a disminuir las brechas identificadas, estableciendo indicadores y plazos
específicos para su cumplimiento así como el presupuesto necesario.
El componente de Bonos a la educación incorpora acciones afirmativas a favor
de mujeres jóvenes en la intervención a través de bonos adicionales especiales:
mujeres de hasta 21 años que cursen bachillerato; madres adolescentes
menores de 21 años que dejaron de estudiar por causa de la maternidad.
El Programa Nuestros Mayores derechos incorporó en el componente de
alfabetización una acción priorizada para las mujeres adultas mayores, ya que
son ellas quienes registran mayores tasas de analfabetismo.
g) Asegurar la asignación del presupuesto necesario para la ejecución de las políticas
y programas destinados a logro de la igualdad de género, identificando el monto y fuente de
financiamiento.
Implementación de políticas y programas
Para asegurar la coherencia entre la fase de diseño y la fase de implementación, a continuación se
brindan algunas pautas clave. En el caso en que las políticas o programas no hayan considerado en
su diseño el enfoque de género, es aún más importante incluir estas pautas en la implementación.
a) Asegurar la sensibilización y la formación en género del personal que implementa los
programas. Es indispensable que de forma progresiva se lleven a cabo procesos de capacitación
para el personal que ejecuta las políticas o programas, a fin de que conozcan sobre los aspectos
más relevantes de la perspectiva de género, y asumir este enfoque como parte de su trabajo.
El 50 % del personal de Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
fue capacitado durante el periodo 2010-2014en el Curso Básico de Derechos y
Género en las Políticas Públicas impartido por la Unidad de Derechos Humanos
y Género de la institución para brindar herramientas para la aplicación del
enfoque en el diseño y ejecución de las políticas y programas.
La Mesa del Programa de Nuestros Mayores Derechos ha ejecutado, en
coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Género de la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia, un proceso de capacitación
dirigido a directoras y directores de las Casas de la Cultura a nivel nacional
sobre el enfoque de derechos humanos y género para la implementación del
componente de cultura del programa.
b) Difundir, bajo todos los mecanismos posibles, el compromiso del gobierno nacional con la
disminución de las desigualdades y la participación de mujeres y hombres en igualdad de
oportunidades.
El Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; la
Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa, la Región Metropolitana
del Ministerio de Salud, entre otras instituciones ejecutoras del Sistema de
Protección Social Universal, han capacitado a su personal en derechos humanos

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y género y en los compromisos de Estado y Gobierno a favor de la igualdad
entre hombres y mujeres. Para ello recibieron el apoyo de la Secretaría Técnica
y de Planificación de la Presidencia.
c) Incorporar el enfoque de género en todos los instrumentos técnicos (guías, manuales
operativos, herramientas, etc.) Es indispensable que los documentos que establecen los
mecanismos de operativización de los programas incorporen el enfoque de género a fin de que el
personal lo integren en la ejecución de los mismos.
LosProtocolosdeCapacitacióndeComunidadesSolidariasRurales2012y2014
incluyeron el enfoque de género en su diseño, formulación e implementación, lo
que ha permitido que las familias titulares del programa reciban capacitación
relativa a sus derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.
d) Contar con un sistema de monitoreo que permita verificar si el programa se está ejecutando
tal como fue diseñado, y si en efecto se impulsan esfuerzos para:
– Promover una participación protagónica de las mujeres en los distintos componentes.
– Modificar estereotipos tradicionales sobre los roles de mujeres y hombres en la familia y en la
comunidad.
– Asegurar que ambos, mujeres y hombres, están participando de igual manera en los procesos
de toma de decisiones y que sus opiniones son valoradas de la misma forma.
El Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública incorporó en sus fichas de
registro de información, variables que permiten identificar la participación de
las mujeres en los proyectos y programas que se monitorean, así como campos
de observación que permiten identificar aspectos de carácter cualitativo
respecto de dicha participación.
La Matriz de Evaluación del Desempeño del Programa Comunidades Solidarias
ha incorporado indicadores de género que permiten medir la participación de
mujeres y hombres en todos los componentes del programa y de los cuales se
hace un seguimiento periódico.
Seguimiento y evaluación de políticas y programas
Se trata en esta fase de seguir la pista de los indicadores que miden los efectos diferenciales de las
intervenciones desagregados por sexo. Es decir, considerar cómo afectan a mujeres y a hombres de
manera específica las acciones que se ejecutan y de qué forma contribuyen a la disminución de las
brechas de desigualdad.
En términos generales, para diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de políticas que
incorpore el enfoque de derechos humanos y de género hay que incorporar en todos los instrumentos
de seguimiento los siguientes aspectos:
a) La variable sexo y edad deben ser desagregaciones indispensables en los sistemas de
monitoreo. También es recomendable incluir las variables geográficas de ámbito urbano y rural,
así como etnia y discapacidad.

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En el componente Bonos a la Educación, se efectúa la desagregación por
municipio, sexo y edad de las personas participantes que reciben el bono y se
cuenta con un sistema de información a partir de los registros aplicados en los
procesos de ejecución en los territorios, lo que permite brindar información a
varios niveles de desagregación.
b) Diseñar indicadores específicos que midan el avance en la participación de las mujeres.
Es necesario establecer indicadores que comprometan a las instituciones en la ejecución del
programa a fin de que el enfoque no solo quede a nivel de intenciones.
LaMatrizdeIndicadores del Programa Comunidades Solidariashaestablecido
una serie de indicadores para medir el avance en materia de participación de
las mujeres en los componentes de este, entre ellos:
– Mujeres que reciben títulos de propiedad como parte del Mejoramiento Integral de
Asentamientos Urbanos Precarios.
– Mujeres participantes de PATI.
– Mujeres que han sido capacitadas en oficios no tradicionales.
– Mujeres y jóvenes entre 16 y 24 años inscritos en bolsas de empleo.
– Participación de las mujeres en los Comités Municipales de Coordinación de
Comunidades Solidarias Rurales.
c) Plantear metas que se comprometan con la reducción de las desigualdades de género.
Los indicadores mencionados en el apartado anterior han establecido metas progresivas de forma
anual que se constituyen en compromisos de Comunidades Solidarias y sirven para que en la
ejecución de los componentes las instituciones promuevan la participación de las mujeres, a fin de
cumplir con las metas establecidas. Algunas de esas metas han sido:
– Al 2014 el 80 % de títulos de propiedad de lotes legalizados son entregados
a mujeres como parte del componente de servicios básicos de Comunidades
Solidarias Urbanas.
– Al 2014 el 60 % de las personas participantes del PATI son mujeres. (Meta que se
ha superado en todos los años de operación del programa).
– Al 2014 el 20 % de las mujeres participantes en el PATI se han capacitado en
oficios no tradicionales.
– Al 2014 el 50 % de las personas que participan en los Comités Municipales de
Coordinación de Comunidades Solidarias Rurales son mujeres.
d) Incluir en los informes de monitoreo el análisis de género como herramienta metodológica
para identificar obstáculos específicos en la implementación y mecanismos oportunos de
mejora. Para ello se deben generar instrumentos que comprendan un conjunto de indicadores
pertinentes, oportunos y factibles, integrados en un sistema de información y registro ágil que
permita medir los cambios en los indicadores periódicamente y al finalizar el programa o proyecto.
Estos instrumentos deben recoger información cuantitativa y cualitativa. Algunos ejemplos de
indicadores pueden ser los siguientes:
• Participación en el mercado laboral:
– Porcentaje de mujeres capacitadas en oficios no tradicionales.

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– Número de mujeres formadas que se han incorporado al mercado laboral.
– Cambios en los niveles de empoderamiento y autonomía de las mujeres incorporadas al
mercado laboral.
En el PATI se cuenta con indicadores que promueven que las mujeres
participantes en el programa se inscriban en las Bolsas de Empleo creadas
por el Ministerio de Trabajo, como una oportunidad para acceder al mercado
laboral.
• Analfabetismo:
– Número de mujeres que se han alfabetizado.
– Porcentaje de mujeres alfabetizadas en relación al total de personas.
– Porcentaje de mujeres que han finalizado el proceso de alfabetización.
– Cambios en sus niveles de autoestima, en su vida cotidiana o en su participación familiar o
comunitaria a partir del aprendizaje adquirido.
El Programa Nuestros Mayores Derechos contempla como prioridad la
alfabetización formal con énfasis en la atención de mujeres, ya que son el 62 %
del total de la población adulta mayor analfabeta.
e) En la fase de evaluación es necesario asegurar:
• Que en los procesos de evaluación se incluya el análisis de género como elemento central, esto
debe explicitarse en los Términos de Referencia (TdR) que se elaboren para la contratación de
la evaluación:
La Evaluación de Medio Término de Comunidades Solidarias incorporó en los
TdR para su contratación que aplicaría métodos cuantitativos y cualitativos
estos últimos con el objetivo de medir, entre otros, nivel de satisfacción, calidad
de las intervenciones, coordinación interinstitucional, enfoque de género,
derechos humanos y grado de participación local.
Así mismo se estipuló entre las actividades de evaluación:
Valorar el efecto de Comunidades Solidarias sobre la participación ciudadana
y social, desagregada por sexo, y los procesos de toma de decisiones.
Analizar si la tendencia de los resultados esperados de Comunidades
Solidarias contribuye a obtener mejoras en la salud, educación, nutrición,
economía familiar, equidad social, equidad de género y calidad de vida de los
grupos meta.
Comprobar si Comunidades Solidarias llega a la población objetivo, y
aplica el enfoque de derechos, con equidad de género y diversidad cultural
• Que mujeres y hombres participen de la evaluación –sea en la determinación de criterios o en
la consideración de sus opiniones—.
La Sistematización de la ejecución de los componentes del Programa
Comunidades Solidarias Urbanas implementados en el período Junio

16
2009-Octubre 2011 estableció entre sus objetivos «identificar la percepción
que la población participante y el personal de las instituciones ejecutoras
de los programas tienen sobre la eficacia de las diversas intervenciones del
Programa CSU y del Programa de uniformes». Para ello se utilizaron entrevistas
semiestructuradas y grupos focales, que incluyeron entre sus informantes
y/o participantes, al personal de las instituciones ejecutoras de los niveles
directivos, técnicos y operativos, alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales,
y además a participantes de los programas como: mujeres, jóvenes, líderes
y lideresas comunales. Con las participantes del componente de Prevención
de violencia de género, se utilizó una metodología específica; se conformaron
grupos focales exclusivos de mujeres, debido a los temas sensibles abordados
en las actividades del componente y el nivel de intimidad que estos implican.
• Que los avances en la disminución de las brechas de desigualdad, el incremento de participación
y el empoderamiento de las mujeres sean evaluados explícitamente.
En la Evaluación Cualitativa del Programa Nuestros Mayores Derechos, se
estableció en los TdR, como parte de sus alcances, «conocer los resultados
de los programas [respecto de las brechas de desigualdad entre a hombres
y mujeres] y que la evaluación integre el análisis de género en los diversos
aspectos a investigar y tome en cuenta las opiniones, los resultados, las
sugerencias y las experiencias diferenciadas de hombres y mujeres».
• Que se analice el impacto del programa en la modificación de estereotipos de género.
Como parte del PATI se imparten cursos de formación vocacional orientados
a promover la participación de las mujeres en oficios no tradicionalmente
femeninos, a fin de generar cambios y modificar estereotipos en relación
con las capacidades de mujeres y hombres para el trabajo. Los procesos de
evaluación son una oportunidad para analizar los logros en este sentido, por lo
que se constituye un reto incorporarlos en las próximas evaluaciones.
• Que en el equipo de evaluación exista paridad entre mujeres y hombres, conocimiento del
enfoque de género y sus herramientas metodológicas y sensibilidad con el tema.
En los TdR de la Evaluación Cualitativa del Programa Nuestros Mayores
Derechos se incluyó, como parte del perfil del equipo consultor: “Se valorará
el conocimiento y experiencia del enfoque de derechos humanos y género y
la aplicación del análisis de género en investigaciones de carácter cualitativo”
a fin de garantizar que los requerimientos establecidos para la evaluación en
materia de derechos humanos y género se cumplan.
f) Sistematizar los procesos y resultados de las políticas y programas que contribuyan a la
igualdad de género. Documentar de forma analítica e interpretativa los procesos de ejecución
de las políticas o programas con el objetivo de identificar las buenas prácticas y las dificultades
enfrentadas, ello permitirá que otras instituciones reproduzcan el conocimiento y la experiencia
adquirida.

17
De esta manera, si se parte de la perspectiva de género, el seguimiento y la evaluación permitirán saber:
– En qué medida las necesidades e intereses de las mujeres y de los hombres
han sido atendidas por la política o programa.
– Si los objetivos y resultados del programa o acción han tenido en cuenta las
desigualdades de recursos y poder entre mujeres y hombres.
– Si se han reconocido los aportes que unas y otros han hecho para lograr el
resultado alcanzado con la intervención.
– Cómo se han beneficiado mujeres y hombres de los resultados.
– Si se ha logrado que hombres y mujeres pasen de ser «beneficiarios» a
titulares de derechos.
– Cómo las diversas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales
han obstaculizado o favorecido la participación de unos y otros en la política
o programa.
– Si se han logrado cambios positivos o negativos en la modificación de
estereotipos y la transformación de las relaciones de poder entre mujeres y
hombres en la familia, la comunidad, la cooperativa, etc.
– Si los cambios y los resultados logrados son sostenibles en el medio y en el
largo plazo.
Flujograma 1
Elementos para el seguimiento y evaluación con enfoque de género.
Elaboración de investigaciones y estudios
Investigar desde el enfoque de derechos y género implica:
a) Considerar a la población informante como clave en la investigación y no como objeto de
estudio, lo que implica garantizar su participación activa.
Diseño de un sistema de
seguimiento y evaluación
de políticas que incorpore el
enfoque de género
Diseñar e implementar
instrumentos que incluyan
indicadores y metas de
género
Evaluar la disminución de las
brechas de desigualdad social
y de género y el impacto del
programa en la modificación
de estereotipos

18
b) Tomar los derechos humanos como referente conceptual de las investigaciones.
c) Llevar a cabo un análisis de contexto que incluya el análisis y vinculación de la normativa
nacional e internacional, además de un análisis de la situación de mujeres y hombres sobre los
aspectos a investigar, lo cual se obtiene de las estadísticas nacionales o locales que brinden
información al respecto y que permitan analizar de manera relacional la situación de hombres
y mujeres para la identificación de las brechas de desigualdad de género.
d) Realizar un análisis de causalidad en el que se aborden causas inmediatas, subyacentes y
estructurales, así se tendrá una visión amplia del problema que se quiere atender, sobre todo
en lo relativo a la vulneración de derechos.
e) Hacer un análisis de capacidades de las instituciones titulares de obligaciones para los
procesos de intervención.
f) Garantizar la participación activa de las mujeres como parte de la población para identificar
las necesidades y las propuestas de solución. En este sentido cabe mencionar la importancia
de impulsar consultas solo para mujeres, para que se sientan con la confianza de participar y
expresar con libertad sus opiniones.
g) Identificar la posición de las mujeres con relación a los hombres en los temas que se investiguen
y plantear los intereses estratégicos a incorporar en una política o programa de gobierno para
lograr disminuir desigualdades de género. A continuación se señalan las preguntas básicas a
responder:
^ ¿En qué condiciones se encuentran mujeres y hombres en relación al tema específico que
trabajamos? Salud, educación, vivienda, trabajo (productivo y reproductivo), pobreza.
^ ¿Qué tareas realizan hombres y mujeres? ¿Cómo usan su tiempo?
^ ¿Con qué recursos cuentan mujeres y hombres para acceder al programa o servicio
gubernamental —tierra, vivienda, medios de producción, ingresos—?
^ ¿Cómo participan mujeres y hombres en la discusión y en la toma de decisiones?
^ ¿Cuáles son los problemas específicos que identifican las mujeres —las jóvenes, las adultas,
las adultas mayores—?
^ ¿Qué obstáculos enfrentan mujeres y hombres para participar en este campo?
^ ¿Qué acciones se han seguido como parte de una política o programa de gobierno para
atender las necesidades de hombres y mujeres y disminuir las brechas de desigualdad?
La Caracterización de las personas adultas mayores, en el marco del Programa
Nuestros Mayores Derechos identificó la situación y condición de las mujeres
y hombres adultos mayores; y brinda un panorama sobre el bienestar de las
personas adultas mayores en diversas áreas de su vida y refleja el trabajo
del Gobierno a favor de esta población. Algunos de los ámbitos que analiza
son: a) situación demográfica y arreglos familiares, b) condiciones de vivienda
y servicios de infraestructura, c) características educativas, d) condiciones
de salud y nutricionales, e) características laborales, e) ingresos, seguridad
económica y bienestar y f) seguridad social. La información se analiza de forma
desagregada por sexo.

19
Procesos de participación ciudadana
a) Paridad de género: incluir la participación paritaria de mujeres y hombres es clave para asegurar
que los resultados del proceso de participación integran de forma representativa las voces,
opiniones y percepciones de mujeres y hombres. Esto es particularmente importante cuando
se conforman juntas directivas u otros espacios de representación o toma de decisiones. Por
supuesto, se hará una excepción a esta regla cuando se trate de talleres o espacios enfocados en
exclusivo a las mujeres.
b) Cuotas de inclusión: en lo posible se debe de promover la inclusión de la participación de la
población juvenil, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos,
como por ejemplo población indígena, en caso de que esté presente.
c) Convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales (ONG):
cuando se convocan organizaciones de la sociedad civil en el territorio u ONG, debe asegurarse
la convocatoria a aquellas que trabajan en específico el tema de los derechos de las mujeres y la
igualdad, de la juventud, de las personas con discapacidad y de la población indígena.
d) Lugares y horas accesibles: es substancial recordar siempre que el lugar, la fecha y la hora sean
accesibles para mujeres y hombres, en función de sus tareas y responsabilidades familiares. Los
lugares deben ser accesibles tanto para las mujeres como para la juventud y las personas con
discapacidad. Se debe considerar la seguridad, la distancia que se debe recorrer y las condiciones
de acceso físico.
e) Cuidado de menores: considerar las dificultades de las mujeres con relación a su movilidad y
las facilidades para el cuido momentáneo de sus hijos e hijas, que normalmente las acompañan a
los eventos. Esto puede solventarse si se lleva a cabo la reunión o el taller en su comunidad, y/o
al dejar el cuido de las niñas y los niños a cargo de una persona de confianza designada para ello.
f) Sillas para quienes más lo necesitan: procurar que durante el desarrollo del evento, las mujeres
con niños y niñas pequeños y las personas adultas mayores o con discapacidad tengan lugar para
sentarse, y que tengan preferencia estas frente a otros u otras.
g) Igualdad de oportunidad y tiempo para expresarse: se sugiere que se controlen los tiempos
de participación para que todas las personas tengan la misma oportunidad y el tiempo de hablar
o que se establezcan estos puntos desde el inicio de la reunión. Promover que en la fase de
preguntas de la población haya en la audiencia preguntas y comentarios de todos los grupos
(hombres, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, indígenas y con discapacidad).
h) Registro desagregado de las demandas: asegurar que las demandas de la población se
registran de forma adecuada. Es importante identificar y documentar de forma diferenciada
aquellas expresadas por mujeres y por hombres, jóvenes, personas con discapacidad, para poder
después hacer un análisis adecuado.
i) Comunicación inclusiva: en los documentos que se generen (convocatorias, memorias, informes,
etc.,) es importante utilizar un lenguaje inclusivo, con imágenes visuales que muestren la
diversidad de la población (jóvenes, personas adultas mayores, mujeres) así como el cambio
de estereotipos tradicionales (por ejemplo, hombres asumiendo trabajo doméstico, mujeres en
trabajos no tradicionales). Es recomendable incluir imágenes que susciten el ejercicio de derechos
de las personas como ciudadanas y no solo en roles tradicionales como madres o esposas.

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j) Consultas a grupos específicos: cuando se trate de talleres de diagnóstico con la población, se
recomienda hacer una parte del proceso por separado, mujeres y hombres, para que las mujeres
se sientan con la confianza de participar y expresar con libertad sus opiniones, y personas adultas
y jóvenes, para garantizar que se recogen las opiniones e intereses de cada grupo etario, y facilitar
a la población que lo requiera un espacio específico, ya que en espacios amplios su participación
suele ser mínima o se expresan en menor medida.
k) Metodologías adaptadas a toda la población: se debe tener en cuenta la diversidad de población
que se incluye en los procesos de participación ciudadana, lo que obliga a utilizar metodologías
acordes a la población. No es lo mismo trabajar con grupos mixtos que solo con grupos de mujeres,
o trabajar con personas adultas o jóvenes, o con personas alfabetas que analfabetas, por lo que se
deben considerar actividades tendientes a incluir y potenciar la participación de toda la población
sin exclusión.
Los Comité Municipales de Coordinación de Comunidades Solidarias Rurales
son un espacio que ha puesto en práctica algunos de los aspectos que
garantizan una participación ciudadana inclusiva. Ha establecido una cuota
de participación para las mujeres, involucra a las organizaciones sociales y
gubernamentales que trabajan en los territorios para ser parte de ellos, se
lleva un registro desagregado de la participación de hombres y mujeres y se
establecen calendarios de reuniones con previa anticipación a fin de garantizar
la mayor participación de la ciudadanía y organizaciones.
Comunicación y lenguaje institucional
El enfoque de género también se propone transformar los estereotipos y prácticas discriminatorias
que se crean y refuerzan a través del lenguaje. Esto además es una obligación legal establecida
en el artículo 15 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres: «El Estado promoverá sistemáticamente la eliminación del uso sexista del lenguaje y las
expresiones discriminatorias contra las mujeres en todos los mensajes de su marco institucional».
Algunas pautas para avanzar en la construcción de un lenguaje inclusivo son:
a) Eliminar de todos los documentos que se generen desde las instituciones el uso del masculino
como una forma genérica de hablar de hombres y mujeres. Es necesario hacer visibles a las
mujeres en el lenguaje oral y escrito.
El Programa Bonos para la Educación ha elaborado y difundido una Cartilla de
derechos y deberes de las personas participantes del programa, que retoma el
lenguaje inclusivo.
b) Difundir información que fomente la igualdad y no contenga conductas discriminatorias, y que
promueva el cambio de los estereotipos tradicionales de género que producen la desigualdad.
Los materiales pedagógicos (Láminas SARAR) que se diseñaron como parte
de los Protocolos de Capacitación de Comunidades Solidarias Rurales incluyen
diversidad de imágenes que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, y
promueven el cambio de los estereotipos de género.

21
c) Eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres en el uso de lenguaje visual y verbal
(física, psicológica y emocional, económica, patrimonial, feminicida, simbólica y sexual, implícita
y explícita).
En el marco del eje de generación de ingresos de Comunidades Solidarias
Urbanas, se elaboró y difundió un tríptico informativo para la Prevención del
Acoso sexual y Abuso de Autoridad en los componentes del eje, que contiene
información relativa a las conductas constitutivas de ambos delitos, prevención
y las instituciones a las cuales acudir en caso que sucedan.
d) Mostrar que hombres y mujeres son iguales en derechos y merecen las mismas oportunidades.
El Sistema de Información Social ha diseñado diversos materiales visuales
que difunden mensajes sobre los programas del Sistema de Protección Social
Universal y muestran a hombres y mujeres como titulares de derechos.
En la información brindada en los Balances Sociales de los últimos años,
la Unidad del Sistema de Protección Social Universal ha incluido datos
desagregados por sexo que visibilizan la inversión y la apuesta que el Gobierno
ha tenido por brindar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en el
ejercicio de sus derechos.
Mecanismos de organización y prácticas institucionales
Es importante revisar y replantearse la cultura organizacional, que se refiere a la personalidad
de un organismo, la manera en que las personas se relacionan entre sí y los valores y creencias
dominantes, las reglas no escritas, la forma de resolución de sus conflictos internos, entre otros.
Evaluar la cultura organizacional es una tarea compleja ya que hay que analizar las capas
organizacionales, se debe empezar por los aspectos más obvios (horarios, criterios de disponibilidad,
espacios físicos), pasando por los estilos relacionales y el manejo del conflicto, hasta llegar a los
aspectos más simbólicos, como son los valores organizacionales y las cualidades que se exigen a
las personas.
Algunos indicadores que ayudan a analizar la cultura organizacional son:
1. Capacidad de conciliar las inquietudes profesionales con la vida familiar.
2. Carga de trabajo adecuada a la capacidad real del personal.
3. Facilitación de oportunidades para el desarrollo de capacidades y progresos dentro de la
institución (por ejemplo, oportunidades de formación)
4. Utilización de la crítica y la valoración en las relaciones.
5. Libertad en el uso de los espacios físicos.
6. Comodidad en el manejo de los recursos.
7. Cómo se concreta el cuidado del personal.

22
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia en el año 2013 elaboró
un Diagnóstico Institucional de Género, a fin de identificar los factores
facilitadores y obstaculizadores dentro de la institución para la puesta en
marcha del enfoque de derechos humanos y género. Con la información
recabada se potenciaron diversas estrategias para el fortalecimiento de las
capacidades institucionales en dicho enfoque.
Así mismo, apoyó durante el período 2010-2014 a diversas instituciones
ejecutoras de los programas en la elaboración de Diagnósticos Institucionales
de Género que permitieran entre otros identificar los aspectos de la cultura
institucional que pueden facilitar o en su caso obstaculizar la puesta en marcha
del enfoque de derechos humanos y género como parte de los programas;
así el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Transporte y Desarrollo
Urbano (MOPVTDU) y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) cuentan con sus respectivos diagnósticos.
Coordinación y cooperación interinstitucional
La coordinación interinstitucional e intersectorial dentro del Gobierno es considerada un mecanismo
fundamental para incorporar el enfoque de género en la agenda pública nacional y superar las
acciones aisladas con relación a las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres.
a) La UnidaddelSPSUhajugadounrolfundamentalparafortalecerlacoordinación interinstitucional
con todas las instancias que convergen en la ejecución del mismo, con el fin de garantizar
la integralidad y articulación de las intervenciones en el marco del sistema. Para asegurar la
integración y aplicación de la transversalización del enfoque de género –como ya se señaló – esta
debe ser planteada desde el diseño de las políticas y programas, tal como lo ha demostrado esta
experiencia. En este ámbito es indispensable e importante la coordinación e involucramiento
del ISDEMU como ente rector de la Política Nacional de las Mujeres y de la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres, en tanto que es la institución con
potestades y mandatos legales para el asesoramiento y seguimiento de la políticas del Gobierno
en materia de igualdad y no discriminación.
Para establecer mecanismos de coordinación interinstitucional se puede tomar en cuenta lo
siguiente:
• Identificar las acciones que cada institución desarrolla y que están vinculadas o pueden vincularse
a la superación de las desigualdades de género, para establecer ámbitos de coordinación.
• Crear o abrir espacios permanentes de coordinación entre las diferentes instituciones con
representantes que tengan algún nivel de incidencia en su interior para la coordinación de
acciones o intervenciones integrales.
• Identificación de los compromisos establecidos en las leyes, la Política Nacional de las Mujeres
y el Plan Nacional de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación para las Mujeres
Salvadoreñas, para articular esfuerzos con el ISDEMU para su cumplimiento.

23
b) Elaborar protocolos de coordinación interinstitucional para aplicar el enfoque de género.
Estos son un instrumento útil para mejorar la eficacia y fortalecer el trabajo organizativo y de
gestión para aplicar el enfoque de género. Incluyen identificar personas sensibles al género en
cada institución para que asuman funciones de «referentes de género» con las que establecer
mecanismos de coordinación, consulta, revisión de documentos, etc.
c) Organizar actividades de intercambio interinstitucional en las que se muestren avances y
logros en la aplicación del enfoque, como ferias de la igualdad, certamen de buenas prácticas, etc.
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Editorial Verbo Divino, 3ª. edición, Pamplona, 2000
• Asamblea Legislativa, Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer D.L. Nº 644, del
29/02/1996, D.O. Nº 43, Tomo 330, del 1/03/1996
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de desarrollo, EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz, 1998.
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