La sentencia establece que las comunidades indígenas son sujetos con derechos fundamentales que deben ser respetados. La explotación de recursos en sus territorios requiere garantizar su integridad cultural y económica. También tienen derecho a ser consultados previamente y participar en decisiones que afecten sus recursos, para proteger su forma de vida. Pueden interponer una acción legal si sus derechos son vulnerados de manera irremediable.