La sentencia establece que la explotación de recursos naturales en territorios indígenas no puede afectar la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, y que el gobierno debe facilitar la participación de los representantes de dichas comunidades en las decisiones sobre dicha explotación. Además, la consulta a las comunidades indígenas sobre proyectos no es solo para decir sí o no, sino para entender los posibles impactos, solucionarlos y establecer beneficios; pero la decisión final sobre la ejecuc

1. CONCLUSION DE
Sentencia SU-039/97
MÓDULO OBLIGATORIO DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL- Cohorte
XVI
ACTIVIDAD INDIVIDUAL
ELABORADO POR
JUANA BERLINDA BECERRA HINESTROZA
DOCENTE JAVIER GONZAGA VALENCIA HERNÁNDEZ
Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias Contables
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Centro de Educación a Distancia – CEDUM
Manizales, Colombia
2017

2. Con su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha contribuido a concretar y
robustecer los derechos indígenas consagrados constitucionalmente.
La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades
Quedó establecido que la consulta no era para decir si o no a un proyecto, sino
para que la comunidad entienda como pueden verse afectados por los trabajos
que se van a realizar, estudiar cuales serían las incidencias socio-culturales del
proyecto y formular soluciones, así como los beneficios a que debe acceder la
comunidad. Es decir, que la decisión de ejecutar el proyecto es del Gobierno.
El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental
(art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por
la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos
indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y
económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos.
De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en
virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un
bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha
participación.
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.