“Un país que se prepara para firmar un acuerdo de paz no puede desmontar los derechos de las mujeres y niñas víctimas-sobrevivientes de violencia sexual. Dejar el protocolo de atención a la voluntad de cada prestador de salud tiene graves consecuencias sobre la vida y el bienestar de las víctimas, como ya se ha constatado. Entre 2012 y 2014, el 40% de las 52.578 mujeres y niñas que se acercaron a Medicina Legal como víctimas de violencia sexual no recibieron ninguna atención del sistema de salud y el resto recibió una atención insuficiente e inadecuada. Sin un protocolo de obligatorio cumplimiento, como indicó la Corte Constitucional en diciembre pasado, las mujeres víctimas de violencia seguirán sufriendo un doble drama: el del episodio de la violencia sexual y el de la falta de atención en salud”.