El documento analiza la situación fiscal de Argentina y la compara con la de Grecia y Brasil. Señala que el déficit fiscal argentino es similar al de Grecia (3.8% del PBI) y, excluyendo fuentes extraordinarias de ingresos, es comparable al de Brasil (5.8% del PBI). Advierte que los principales candidatos deberían explicitar estrategias para ordenar las finanzas públicas, ya que sortear esta responsabilidad podría conducir a futuras crisis económicas, políticas y sociales.

1. 23 de Agosto de 2015 – Número 614
DEFICIT FISCAL DE ARGENTINA
SIMILAR AL DE GRECIA Y BRASIL
Grecia y Brasil son ejemplos de crisis políticas asociadas a campañas electorales
que eludieron hablar sobre los desajustes económicos. Ambas experiencias
muestran que los costos de esta conducta son muy negativos. Como la situación
fiscal de la Argentina no es más holgada, sería bueno que los candidatos expliciten
sus estrategias para ordenar las finanzas públicas. Sortear esta responsabilidad
puede servir para capturar el poder, pero potencia los riesgos de futuras crisis.
Alexis Tsipras, a meses de haber ganado las elecciones, se vio forzado a renunciar por los
enfrentamientos dentro su propio gabinete y la desintegración de la colisión política que le
permitió llegar al poder. Dilma Rousseff, también a pocos meses de haber sido reelecta,
enfrenta una abrupta caída de su popularidad, con masivas protestas callejeras.
El elemento común de ambas experiencias es el oportunismo político de sus campañas
electorales. En ellas, se eludió abordar las causas de la insostenible situación a la que
se había llegado como consecuencia de los excesos sistemáticos de gasto público.
En el caso de Grecia, si bien desde hace varios años se vienen aplicando medidas de
austeridad, el desequilibrio fiscal todavía se ubica en un 3,8% del PBI. La situación fiscal de
Brasil es aún más compleja ya que el déficit se estima en el 5,8% del PBI.
La situación fiscal de la Argentina, ¿no amerita ser considerado como el tema prioritario
dentro de la campaña electoral? Los datos recientemente publicados por el Ministerio de
Economía sobre la primera mitad del año 2015 revelan que:
• El déficit fiscal del Estado nacional asciende a 3,8% del PBI.
• Dentro de los ingresos públicos se computan transferencias del Banco Central por
1,0% del PBI y se hace figurar como ingresos de ANSES rentas del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) por 0,8% del PBI.
• Corrigiendo estas dos fuentes, el desequilibrio fiscal asciende a 5,6% del PBI
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2. Estos datos muestran que la situación fiscal de Argentina, en la visión oficial, es
análoga a la de Grecia y, excluyendo las fuentes extraordinarias de ingresos, es
asimilable a la de Brasil. Cabe recalcar la pertinencia de no considerar como ingresos
genuinos a las transferencias del Banco Central, ya que son fruto de la inflación, ni a las
rentas del FGS, que mayoritariamente son una ficción contable al provenir de títulos públicos
y operaciones financieras con organismos estatales del propio Estado nacional.
El manejo de las finanzas públicas en la última década ha sido tan irresponsable y
poco profesional que el próximo gobierno no podrá evitar el ordenamiento fiscal. En
este contexto, la peor alternativa es negar el problema, ya que llevaría a que la aceleración
de la inflación y la devaluación sean las que hagan el ajuste, licuando el valor real de los
salarios, las jubilaciones y los subsidios sociales. El camino correcto es atacar el derroche
de fondos públicos y blindar el gasto destinado a los sectores vulnerables. Esto es
socialmente mucho más positivo, pero requiere inteligencia política y profesionalismo.
Si los rubros del gasto público se calculan en puntos porcentuales sobre el PBI, los subsidios
a la energía, transporte y empresas públicas absorben 4%, el empleo público el 3% y las
jubilaciones sin aportes más de 2%. La Asignación Universal por Hijo, en cambio, representa
menos del 1%. Es claro que lo urgente es reducir los subsidios económicos y sustituirlos por
un subsidio social a través de una tarifa especial a los hogares más pobres. Más complejo,
pero ineludible, es abordar las consecuencias del uso masivo del empleo público en
beneficio de familiares, amigos y militantes, y dar sustentabilidad al sistema previsional
jaqueado por la distribución indiscriminada de jubilaciones sin aportes. En materia de
programas asistenciales, la prioridad no es el ahorro de recursos públicos sino cambiar los
diseños y modernizar la gestión para incorporar incentivos a la participación laboral y el
empleo formal y no, como ocurre en la actualidad, a la inactividad y a la informalidad.
Subestimar los problemas y eludir los debates en la campaña electoral puede ayudar a
capturar el poder. Pero, como lo demuestran las experiencias de Tsipras y Rousseff,
potencia los riesgos de crisis económica, política y social a partir del 10 de diciembre.
Resultado fiscal
Primer semestre 2015
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