derecho laboral

1. Prescripción y caducidad en el derecho laboral
I Introducción
II Plazo ordinario de prescripción
III Plazo de prescripción de las reclamaciones de cantidad
IV Plazos especiales de prescripción
V La prescripción en el régimen sancionador
VI Interrupción de la prescripción
VII Plazos de caducidad
VIII Cómputo de plazo de caducidad
IX Suspensión de plazo de caducidad
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28/01/13
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Por Joaquín Abril Sánchez. Socio Director del Departamento del Derecho del Trabajo de AGM
ABOGADOS y Albert Toledo Oms. Abogado y Graduado Social del mismo Departamento.
I.- Introducción
El presente trabajo encuentra su fundamento en dos artículos sobre la misma temática
publicados con anterioridad en esta misma revista, concretamente en el núm. 83 del año 2004
y en el núm. 109 del año 2007. Así pues, el lapso de tiempo transcurrido desde entonces, que
en el marco del siempre cambiante Derecho del Trabajo constituye una eternidad, justifica que
se lleve a cabo una actualización de la exposición, que ha quedado en buena parte desfasada o
necesitada de los ajustes apropiados.

2. Antes como ahora, se pretende que el artículo que el lector tiene en sus manos constituya una
aproximación a ambas instituciones jurídicas dirigidas a la preservación de la seguridad
jurídica, la prescripción (obviamente la prescripción extintiva) y la caducidad, en el ámbito del
Derecho del Trabajo. Es decir, con exclusión de las especialidades que reúnen dichas figuras en
otras disciplinas, como podría ser el Derecho de la Seguridad Social. Es voluntad de los autores
que la citada aproximación se materialice desde un prisma eminentemente pragmático,
obviando siempre que sea posible todo intento innecesario de erudición que haga perder de
vista el objetivo marcado de simplicidad y de creación de un instrumento útil para el día a día
del profesional. Por esa razón, la argumentación será reforzada frecuentemente por la cita de
la doctrina jurisprudencial vertida en cada supuesto por los diferentes Tribunales de Justicia y
por la Sala IV del Tribunal Supremo.
II Plazo ordinario de prescripción
El art. 59.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET de ahora en adelante) contiene la regulación
de la que se podría denominar prescripción ordinaria en el Derecho del Trabajo. El contrato de
trabajo es una fuente básica de derechos y obligaciones (art. 3.1.c ET). Pues bien, todas las
acciones derivadas del contrato para su ejercicio decaen con el transcurso del tiempo, se trate
de derechos irrenunciables o no. Así, desde un punto de vista del proceso laboral, la institución
de la prescripción extintiva se erige en una posible excepción perentoria que requiere de la
efectiva existencia del derecho: “Por constituir la prescripción un modo de extinción de los
derechos o de las acciones que los protegen, como determina el párrafo 2.º del artículo 1930
del Código Civil, antes de enjuiciar dicha excepción debe, en buena lógica, analizarse y decidir
sobre la realidad misma del derecho pretendido, pues si éste se niega o declara inexistente en
el actor deviene irrelevante pese a caminar su posible prescripción ya que por imposible y por
conducir al absurdo deviene jurídicamente inadmisible que prescriba un derecho o una acción
inexistentes” (STSJ de Cataluña núm. 6564/1995, de 2 diciembre, Fundamento de Derecho
Segundo). Asimismo, requiere que sea alegada por la parte interesada (por ejemplo, STS de 30
de abril de 2003, Fundamento de Derecho Segundo in fine). Y ante la falta de una regla
especial en materia prescriptiva, es de aplicación la general contenida en el citado art. 59.1 ET:
“Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial
prescribirán al año de su terminación”. Aunque a la prescripción estatutaria le son de
aplicación asimismo las reglas generales del Código Civil (CC de ahora en adelante), al tratarse
de una figura que va más allá de una rama jurídica concreta y que forma parte de la teoría
general del Derecho, pero en ningún caso es de aplicación el plazo de tres años contenido en el
apartado tercero del art. 1967 CC. Tampoco es de aplicación a priori el plazo de quince años
que en general se establece para las acciones personales en el art. 1964 CC (STS de 12 de
diciembre de 1986, Fundamento de Derecho Cuarto).
Pero el art. 59.1 ET no se limita simplemente a establecer el antedicho plazo ordinario de
prescripción; sino que indica el dies a quo a partir del cual, con carácter general, comienza a

3. correr dicho plazo, que queda fijado en la fecha de terminación del contrato de trabajo, siendo
indiferente cual haya sido su causa de extinción. A tales efectos, el párrafo segundo del
apartado primero del art. 59 ET indica que se considerará terminado el contrato, el día que
expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo; o el
día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta
continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. Es decir, el precepto estatutario regula de
forma compleja lo que se decía en el art. 1967 CC in fine de manera diáfana, o sea, que el
tiempo para la prescripción de las acciones “se contará desde que dejaron de prestarse los
respectivos servicios”. Mientras persista la relación laboral no puede haber prescripción.
Sin perjuicio de que más adelante volvamos sobre ello, conviene ya desde ahora poner en
comparación el contenido del art. 59.1 visto, con el del 59.2 ET, a fin de extraer las primeras
conclusiones. El art. 59.2 ET reza textualmente que “si la acción se ejercita para exigir
percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no
puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde
el día en que la acción pudiera ejercitarse”. Dicho aserto viene a fijar una excepción a la
excepción antes examinada, en virtud del cual el díes a quo es el de la terminación del contrato
de trabajo, adelantando el inicio del plazo prescriptivo hasta la fecha en que la acción pudo
ejercitarse. Se trata de la teoría de la actio nata, que encuentra su fundamento en el art. 1.969
CC: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición
especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.
Por consiguiente, la primera conclusión que podemos extraer consiste en que no hay
prescripción posible de ninguna acción derivada del contrato de trabajo mientras la relación
laboral subsista; salvo en el caso de que la acción se ejercite para exigir percepciones
económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener
lugar después de extinguido el contrato. Sobre la necesidad de subsistencia de la relación
laboral, puede examinarse la STS de 3 de febrero de 1991 (sobre pacto de no concurrencia,
Fundamento de Derecho Quinto) o la STS de 10 de diciembre de 1992 (Fundamento de
Derecho Séptimo), y que será comentada más adelante. La STSJ de Cataluña núm. 6329/2001,
de 18 de julio, afirma que “el contrato de trabajo, por su propia naturaleza genera una
obligación de trato sucesivo y no de trato único, por lo que todas y cada uno de los derechos
inmanentes en el mismo son ejercitables y postulables, si no son reconocidos, durante la
vigencia del mismo o como dice el art.59 citado en su número primero sólo prescriben
transcurrido un año desde su finalización, máxime si, como en el caso de autos, se trata de una
acción declarativa” (Fundamento de Derecho Único). Por su parte, diferencia los supuestos
contenidos en el art. 59.1 y 59.2 ET la STSJ de Castilla y León (Valladolid), de 21 de marzo de
1995 (Fundamento de Derecho Segundo in fine).
Tenemos ya, por tanto, con carácter general un único plazo de un año, pero dos dies a quo
distintos, que operarán en función del tipo de acción que se ejercite, y es ahí donde realmente

4. empiezan las dificultades, ya que si bien queda totalmente claro qué significa “exigir
percepciones económicas”, es evidente la necesidad de definir qué debe entenderse por
“obligación de tracto único” (art. 59.2), como contraposición a “obligación de tracto sucesivo”,
habida cuenta de la diferente regulación de la prescripción de las acciones tendentes a su
cumplimiento que se contiene en el art. 59 ET.
Como es sabido, las obligaciones de tracto único o transitorias se definen por la doctrina
civilista como aquellas en que la prestación ha de ser realizada en virtud de un acto aislado o
de varios actos aislados, y que se extinguen tan pronto como dichos actos han sido cumplidos,
mientras que las obligaciones de tracto sucesivo, continuo, o duraderas, son aquellas que
imponen al deudor un comportamiento permanente o actos de ejecución reiterada durante
cierto tiempo.
La anterior definición posee en el ámbito laboral plena vigencia. Véase por ejemplo, por todas,
la STSJ de Cataluña núm. 5316/1995, de 5 de Octubre, dictada en un supuesto en el que el
trabajador reclamaba una determinada antigüedad: “No hay duda de que el derecho cuyo
reconocimiento se pretende no agota el contenido material que le es propio por su simple
ejercicio ante los Tribunales a través de la acción que de él surge, sino que el mismo despliega
unos efectos jurídicos que se proyectan sobre otros aspectos del contrato de trabajo (…). En
suma, la obligación cuyo cumplimiento exige el trabajador en la demanda o, si bien se mira, el
correlativo derecho que el mismo actúa en ella, no puede considerarse de tracto único, puesto
que le acompaña a lo largo de todo el contrato de trabajo que vincula a los litigantes, por lo
que no cabe fijar el dies a quo del plazo prescriptivo de la acción que de él dimana en el
momento en que tuvo lugar el supuesto incumplimiento empresarial, sino que, por su carácter
sucesivo o continuado, exige la aplicación de lo que al respecto prevé el articulo 59.1 del
Estatuto Laboral (…). El cumplimiento prestatario en la litis es de tracto continuado y en
manera alguna de tracto único. Pues éste parece tener proyección concreta al derecho que
corresponde al trabajador, al agotarse- tracto único- con el ejercicio del derecho su propio
contenido, pero no abarca a supuestos cual el presente en que la cadencia de la prestación y
su intermitencia es cíclica- tracto continuado (…)” (Fundamento de Derecho Segundo).
A pesar de que la distinción teórica es clara a primera vista, los contornos de ambos tipos de
obligaciones siguen oscuros en la práctica en buena medida, ya que ahora la dificultad radica
en clasificar las distintas acciones posibles en su grupo correcto. Buena prueba de ello es que
la sentencia comentada fue casada en unificación de doctrina por la STS de 4 de octubre de
1996: “La supuesta obligación incumplida por «RENFE» es, pues, una obligación de tracto
único: reconocida y atribuida la categoría en el momento correspondiente, la obligación habría
sido cumplida y dejaría de existir como tal; son diferentes, las obligaciones que habrían de
surgir del cumplimiento de la primera (derechos económicos, de promoción, el propio
contenido de la relación laboral, etc.). Por ello, es claro que la acción pudo haberse ejercitado
por el demandante desde la fecha de su contrato y dado que la papeleta de conciliación se

5. presentó el 30 de noviembre de 1993, es evidente que transcurrió con exceso el plazo de
prescripción del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores” (Fundamento de Derecho
Tercero). Dicha sentencia no hacía más que reiterar la doctrina contenida en la STS de 14 de
junio de 1996: “La supuesta obligación incumplida por RENFE es, pues una obligación de tracto
único: reconocida y atribuida la categoría en el momento correspondiente, la obligación habría
sido cumplida y dejaría de existir como tal; son diferentes, son otras, las obligaciones que
habrían de surgir del cumplimiento de la primera (derechos económicos, de promoción, el
propio contenido de la relación laboral, etcétera)” (Fundamento de Derecho Quinto).
El hecho de que un sector importante y muy cualificado de la doctrina haya afirmado que
cuando el art. 59.2 ET habla de obligaciones de tracto único que no puedan tener lugar
después de extinguido el contrato, se está refiriendo exclusivamente a la reclamación del
derecho al disfrute de las vacaciones. Tal tesis se ratifica en la citada STSJ de Castilla y León
(Valladolid), de 21 de marzo de 1995. Sin entrar en la discusión doctrinal sobre este punto, es
igualmente cierto que el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, en acciones
distintas a la citada, han fijado el dies a quo en el momento en que el trabajador pudo ejercitar
su derecho.
Así sucede por ejemplo con la acción que asiste al trabajador para solicitar la extinción del
contrato de trabajo basada en el artículo 50 ET. La STSJ de las Islas Baleares núm. 400/2002, de
18 de julio de 2002, aborda la cuestión de la prescripción concluyendo que en este tipo de
acciones el plazo prescriptivo empieza a correr desde el momento en que se producen los
hechos supuestamente constitutivos del grave incumplimiento contractual por parte del
empresario, encuadrando por consiguiente la acción el art. 59.2 ET (Fundamento de Derecho
Primero). Parece claro que la sentencia citada está dando por sentado que el trabajador tiene
conocimiento inmediato del incumplimiento empresarial, lo que sin duda será la norma
general, pero cabría preguntarse qué sucederá en aquellos supuestos en los que el
conocimiento sea posterior. En tales supuestos parece adecuado empezar a computar el plazo
desde ese momento posterior. Además, esta sentencia clarifica que para ejercitar la acción es
necesario que la causa persista y que el contrato esté en vigor.
Sin embargo, en sentencias de la Sala IV del Alto Tribunal, como la STS de 22 de diciembre de
1988 (Fundamento de Derecho Quinto) o la STS de 20 de marzo de 1990 (Fundamento de
Derecho Sexto), la cuestión no está tan clara. No obstante, prescindiendo de matices
doctrinales y desde un punto de vista pragmático, no es conveniente considerar este tipo de
acciones como imprescriptibles, que es en lo que se convertirían de aplicarse el art. 59.1 ET
dada la imposibilidad de ejercitar este tipo de acción si el contrato de trabajo está ya
extinguido por cualquier causa. Así pues, cabría interponer la demanda dentro del plazo de un
año a contar desde que se produce el incumplimiento empresarial. Por otra parte, parece claro
que estamos en presencia de una obligación (o correlativo derecho) de tracto único.

6. Otro tanto podríamos decir de la acción tendente a que se reconozca el derecho del trabajador
a su reincorporación tras la excelencia voluntaria. En tal supuesto parece claro que, o bien se
aplica el art. 59.2 ET, o de lo contrario la acción deviene imprescriptible. Difícilmente se podrá
solicitar la reincorporación a la empresa si el contrato se ha extinguido por cualquier otra
causa. Tras la excedencia voluntaria se plantea un problema añadido de gran importancia, y
que afecta directamente a la posible prescripción de la acción. La prescripción dependerá de la
respuesta que ofrezca la empresa a la solicitud de reingreso, pues el trabajador deberá
interponer demanda por despido, o por el contrario habrá de ejercitar la acción postulando su
reincorporación. El tema no es baladí, ya que si el actor hierra en la elección de la acción y opta
por la segunda, cuando la sentencia ponga de manifiesto la equivocación en la elección es
evidente que el despido habrá caducado. El auto del TS de 24 marzo de 1997 diferencia con
gran claridad cuándo procede la demanda por despido (caducidad 20 días), y cuándo la acción
de reingreso (prescripción un año), amén de recordar las sentencias recaídas en la materia en
unificación de doctrina.
Así, procederá la demanda por despido cuando la empresa conteste a la solicitud de reingreso
con una negativa rotunda e inequívoca de la tal manera que signifique un rechazo a la
existencia de algún vínculo entre las partes, mientras que procederá la acción de reingreso
cuando la empresa lo niega tácitamente o rechaza de forma expresa la petición pretextando la
falta de vacante, o circunstancias análogas pero sin desconocer el vínculo entre las partes. En
este último caso, el plazo es el de prescripción de un año, y el dies a quo se sitúa en la fecha en
que el trabajador tiene conocimiento de la existencia de la vacante que, pudiendo y debiendo
ocupar, sin embargo no ha ocupado debido al comportamiento de la empresa (STS de 21 de
febrero de 1992, Fundamento de Derecho Tercero). Nótese que la sentencia no se refiere al
día en que efectivamente se produce la vacante, sino al día en que el trabajador tiene
conocimiento de su existencia, matiz importantísimo, pues son sabidas las dificultades que
tendrá la empresa para rebatir la fecha que diga el trabajador, debiendo ser aquélla quien
soporte la carga de la prueba por ser quien alega la prescripción.
Un problema parecido se plantea con la acción tendente al reconocimiento de una categoría
profesional determinada. La STS de 23 de junio de 1998 (Fundamento de Derecho Segundo)
califica como obligación de tracto único la atribución “ab initio” de una categoría profesional
determinada, lo que sitúa el dies a quo en el art. 59.2 ET, comenzando a contar el plazo
prescriptivo desde el mismo momento en que se inicia la relación laboral, y cerrándose un año
después. Sin embargo no podemos obviar que en este proceso se discutía la incorrecta
atribución de una categoría profesional de acuerdo con el sistema reglado en la empresa, de
forma que aún cuando el trabajador realizaba las funciones correspondientes a la categoría
que figuraba en su contrato, lo que se discutía era la clasificación en sí misma, como acto único
inicial de adscripción del trabajador a una categoría profesional.

7. Por el contrario, cuando lo que se discute es una discordancia ente las funciones realizadas y la
categoría profesional reconocida, los Tribunales vienen considerando que estamos ante el
incumplimiento de una obligación de tracto sucesivo. En este sentido, se puede citar la STSJ de
La Rioja núm. 133/1999, de 8 de junio de 1999, que a su vez cita sentencias de otros Tribunales
Superiores y que afirma que “ejercitada la acción sobre reclasificación profesional, por falta de
correspondencia entre las funciones realizadas y la categoría profesional reconocida, debe
concluirse que nos encontramos ante una obligación de tracto sucesivo que acompaña a los
recurrentes a lo largo de todo el contrato de trabajo -y en este caso particular, como se
desprende del hecho probado primero, al menos desde el comienzo de la relación hasta que se
giró visita de la Inspección- y por tanto el plazo de prescripción a computar para el ejercicio de
la acción no es, como se razona en la Sentencia recurrida, el contemplado en el art. 59.2, esto
es, de un año que comienza a computarse desde el día en que la acción pudiera ejercitarse y,
en este caso, «desde la fecha de celebración del contrato de trabajo» (fundamento jurídico
segundo), sino el establecido en el art. 59.1, conforme al cual «las acciones derivadas del
contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su
terminación» -(por todas SSTSJ Cataluña de 1-9-1995 y Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco de 13-1-1996, recepcionando la doctrina del TS)-; de manera que, la Sentencia recurrida
incurrió en las infracciones legales denunciadas y el recurso debe ser estimado” (Fundamento
de Derecho Único).
Hasta aquí se han examinado aquellas tipologías de acciones judiciales que ofrecen más
dificultades a la hora de establecer el dies a quo del plazo ordinario de prescripción. Por el
contrario, el resto de acciones declarativas de derechos (con las salvedades que más adelante
se señalarán), tienen una respuesta jurisprudencial mucho más clara. Un ejemplo de dicha
respuesta jurisprudencial se puede encontrar en la STSJ de Extremadura núm. 458/1994, de 19
de julio, en un supuesto de reclamación para el reconocimiento de una determinada
antigüedad, en el que la parte demandada alegó en sede de suplicación una supuesta
vulneración del art. 59.2 ET por no haber apreciado el Juzgado a quo la excepción de
prescripción:“Lo que sucede en realidad es que dicho precepto no es aplicable aquí, sino lo
aplicable, a efectos de una posible prescripción es lo establecido en el núm. 1 del mismo
artículo ya que lo que ha ejercitado el actor es una acción declarativa de derecho que subsiste
mientras el empresario desconozca el derecho de que se trata y esté vigente el contrato de
trabajo (…) reiteradamente declaró el Tribunal Central de Trabajo, siguiendo doctrina
jurisprudencial, que la excepción de prescripción no cabe apreciarla, mientras subsista la
vigencia del contrato, respecto de las acciones declarativas” (Fundamento de Derecho
Segundo).
La citada sentencia se hace eco de la doctrina contenida en la STS de 10 diciembre de 1992 que
califica la antigüedad como condición personal del trabajador. A dicho argumento se añade
que el derecho a reclamarla le acompaña a éste mientras subsiste el contrato de trabajo, no
siendo en consecuencia susceptible de prescripción en tanto éste permanezca vivo, sin

8. perjuicio de que puedan prescribir las consecuencias que de ella se deriven (Fundamento de
Derecho Séptimo). Sobre este punto se volverá más adelante.
Por último, es interesante señalar que la jurisprudencia también ha analizado el plazo de
prescripción respecto el derecho del empresario a descontar las vacaciones concedidas de
forma anticipada y a las que finalmente no se tuviera derecho: “Si el empresario ingresa al
trabajador cantidades indebidas, operará la prescripción para solicitar su devolución según
prescribe el art. 59 del Estatuto de los Trabajadores; pero, en materia de vacaciones, se ha
establecido por vía jurisdiccional, que no legal, que el año a tener en cuenta es el natural, por
lo que, podría considerarse válido que el empresario, en este caso, hubiera descontado, antes
del 31 de diciembre de 1992, las percepciones económicas correspondientes al exceso de
vacaciones que disfrutó el trabajador y al que no tenía derecho durante dicho año, pero una
vez transcurrida esa fecha, el tema de las vacaciones queda cerrado y se abre un nuevo año en
el que se comienzan a devengar las vacaciones correspondientes al mismo. Si la prescripción
de la acción para el reclamo tanto del disfrute como de la compensación económica, en su
caso, prescribe en el año natural, esa misma debe jugar para el empresario respecto al
descuento de las disfrutadas indebidamente; lo que, aplicado al caso de autos, implica que se
debe liquidar al trabajador en julio de 1993, fecha de extinción del contrato, la parte
proporcional de vacaciones correspondientes a seis meses y trece días de trabajo, sin que
quepa aplicar la condena al pago del 10% anual en concepto de mora, tal y como ha hecho la
juzgadora de instancia, porque tal concepto sólo será procedente cuando la realidad y cuantía
de los salarios dejados de percibir conste de un modo específico e incontrovertido, es decir, se
trate de una cuantía exigible, vencida y líquida, sin que la procedencia o no de su abono se
discuta por los contratantes” (STSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 14 de octubre
de 1994, Fundamento de Derecho Tercero in fine).
III Plazo de prescripción de las reclamaciones de cantidad.
Como se ha expuesto con anterioridad, las reclamaciones de cantidad quedan sujetas al plazo
general de un año, que se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse. El
presente supuesto, que engloba normalmente la acción de reclamación de cantidades
salariales, sí que ofrece una respuesta indubitada. Dado que el salario por unidad de tiempo se
entrega con una periodicidad determinada, constituirá el vencimiento de cada uno de esos
períodos la fecha de inicio del plazo de prescripción. Todo ello como consecuencia de lo
establecido en el art. 29.1 ET, que preceptúa que la liquidación y el pago del salario se harán
puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y
costumbres (STS de 26 de julio de 1994, Fundamento de Derecho Tercero).
En aplicación de la antedicha teoría, a veces la acción puede ejercitarse cuando una norma
convencional es publicada en el boletín oficial correspondiente. Este es el caso examinado en

9. la STSJ de Castilla-La Mancha núm. 218/2007, de 8 de febrero. En dicha sentencia se analiza un
caso en que analiza la posible prescripción del derecho a cobrar una paga extraordinaria de
antigüedad por veinticinco años de servicios reconocida en determinado convenio colectivo.
Para cobrar dicho concepto debían concurrir dos elementos: el reconocimiento del derecho en
la norma convencional y que el trabajador hubiera prestado servicios durante veinticinco
servicios. Como dicho requisito de antigüedad ya lo reunía el trabajador, el plazo del año
empezaba a contar desde la publicación de la norma en el boletín oficial (Fundamento de
Derecho Quinto).
Debe tenerse en cuenta que si bien, como ha quedado dicho, con carácter general las acciones
declarativas de derechos son imprescriptibles mientras esté vivo el contrato de trabajo (art.
59.1 ET), las diferencias económicas que puedan traer su causa del derecho en litigio están
sujetas al plazo de prescripción de un año en los términos el art. 59.2 ET, ya que la acción
declarativa no interrumpe el plazo de prescripción de la acción de reclamación de cantidad,
aunque ambas estén íntimamente ligadas. En tal sentido la STS de 8 de mayo de 1995 aclara
que “el derecho a las diferencias retributivas por realización de trabajos de categoría superior
no surge de la sentencia decisoria sobre la categoría, sino del hecho de la prestación de los
servicios correspondientes” (Fundamento de Derecho Cuarto). Asimismo, en la misma línea
doctrinal examínense las posteriores SSTS de 29 de diciembre de 1995 (Fundamento de
Derecho Tercero); 20 de enero de 1996 (Fundamento de Derecho Tercero); 3 de julio de 1996
(Fundamento de Derecho Segundo); 21 de septiembre de 1999 (Fundamento de Derecho
Tercero) y la muy ilustrativa de 8 de febrero de 2000 (Fundamento de Derecho Primero). Más
actual es la STSJ de Castilla-La Mancha núm. 912/2006, de 30 de mayo (Fundamento de
Derecho Cuarto).
La norma general explicada tiene una excepción, cual es que la previa acción declarativa se
haya ejercitado en un procedimiento de conflicto colectivo, pues a éste se le reconocen
efectos interruptivos de la prescripción. En tal sentido vid. SSTS de 6 de julio de 1999
(Fundamento de Derecho Segundo) o de 8 de febrero de 2000 (Fundamento de Derecho
Primero).
En suma, no es suficiente con pedir al Juzgado que declare determinado derecho del
trabajador; sino que es absolutamente necesario, so pena de prescripción, reclamar a la vez el
pago de sus consecuencias económicas, e ir interponiendo si fuere menester, sucesivas
demandas reclamando los devengos posteriores, sin esperar la firmeza de la sentencia que
reconozca la existencia del derecho litigioso. Naturalmente, ello sin perder de vista el
inveterado art. 1973 CC, al que se hará referencia en otro apartado.

10. De acuerdo con el art. 1101 CC, capítulo aparte merece el estudio de la prescripción de la
acción para reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de
trabajo o enfermedad profesional, provocados por el incumplimiento por parte del empresario
del deber de protección que prima en la relación laboral (arts. 4.2.d y 19.1 ET, y art. 14.1 de la
Ley 31/1995, prevención de riesgos laborales). Como es sabido, después de largas
controversias tendentes a determinar qué orden jurisdiccional debería conocer de dichos
pleitos, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS de ahora en adelante), aprobada por la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha terminado con cualquier atisbo de duda. De esta forma, el
art. 2.b) atribuye a los órganos jurisdiccionales sociales el conocimiento “en relación con las
acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o
contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente
responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que
tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción
directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera
corresponder ante el orden competente”. El plazo de prescripción es el ordinario de un año
establecido para la reclamación de percepciones económicas ex art. 59.2 ET, si bien las
dificultades se centran en determinar el dies a quo para el correcto cómputo del plazo. Así
pues, hay que determinar cuándo se puede afirmar que se está en condiciones de ejercitar la
acción de reclamación.
En este sentido los Tribunales aplican la prescripción con suma cautela, pues no podemos
olvidar que la prescripción es una institución que debe ser interpretada de forma restrictiva y
no rigurosa (STSJ de la Comunidad Valenciana núm. 986/2002, de 14 de febrero, Fundamento
de Derecho Único) y en supuestos como el que nos ocupa, en los que la sensibilidad social se
agudiza, repelería a toda concepción de la Justicia aplicar expansivamente la institución de la
prescripción por mor de una falsa seguridad jurídica.
La STS de 4 de julio de 2008 da solución a la cuestión planteada: “no existiendo proceso penal
previo, la acción exigiendo responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos no puede
iniciarse hasta que el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y
de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su
patrimonio biológico. Tal conocimiento no puede entenderse derivado del mero parte de alta
médica, que expresará el parecer del facultativo que lo emite y cuya comprensión para la
generalidad de los beneficiarios será de difícil entendimiento, dados los términos científicos
que en tales documentos deben utilizarse. Es cuando se ha dictado la correspondiente
resolución firme en proceso de invalidez cuando el beneficiario conoce cuales van a ser las
consecuencias que las secuelas le van a producir y cuales los perjuicios que de ellas se van a
derivar. Por tanto debe ser el momento de conocimiento de esta resolución el punto de
partida para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios” (Fundamento de Derecho
Segundo). La solución es del todo lógica. Si no se sabe de forma segura cuál va a ser el grado
de incapacidad del trabajador provocado por el accidente de trabajo o la enfermedad
profesional, difícilmente se puede articular con seguridad y plenas garantías la

11. correspondiente acción que englobe todas las partidas que conformarían la indemnización.
Nótese también la loable preocupación del Alto Tribunal por el cabal entendimiento del
trabajador del comunicado médico de alta, cuyo contenido y efectos jurídicos no son
plenamente aprehendidos por la gran mayoría de los afectados por contingencias
profesionales. Pero es más, existe un ulterior motivo, no menos pragmático, para optar por
esta tesis: “Esta tesis viene reforzada también por el hecho de que los daños derivados de un
accidente de trabajo son únicos, de modo que esta Sala ha señalado en sus sentencias de 2 de
febrero de 1998 (Rec. 124/1997) y 17 de febrero de 1999 (Rec. 2085/1998) que del importe
total de los daños han de deducirse las cantidades que, por prestaciones de la Seguridad
Social, haya podido percibir el beneficiario y éstas cantidades no son conocidas hasta tanto sea
firme la resolución que declara la invalidez del beneficiario, pues antes se ignorarán las
cantidades a deducir del total importe de los perjuicios sufridos por el trabajador accidentado.
Es por otra parte la tesis que aquí se mantiene la que ya se esbozaba en la sentencia de esta
Sala de 20 de marzo de 2002 en supuesto cuya paridad con el de autos no es dable
desconocer»”.
En definitiva, según cada supuesto, el plazo de un año para que se produzca la prescripción,
empezará a correr en un momento u otro. Si por ejemplo, después de expedida el alta médica,
no se inicia ningún procedimiento administrativo y/o judicial de Seguridad Social y por las
circunstancias queda claro que el trabajador afectado conoce perfectamente el alcance de sus
secuelas, nada impide que el cómputo del año de prescripción empiece de forma inmediata.
También plantea problemas la agravación de viejas secuelas. Aquí entendemos que cualquier
variación relevante del estado de salud del trabajador, reabriría el plazo de prescripción, pues
la constatación de nuevos perjuicios justificaría por sí misma el ejercicio de la acción por los
daños ocasionados.
Un supuesto habitual se materializa cuando se acciona ante la jurisdicción laboral cuando ha
terminado el oportuno pleito penal y como consecuencia del accidente de trabajo o
enfermedad profesional. En este caso el plazo de prescripción de la acción de reclamación de
daños y perjuicios se interrumpe hasta la finalización de aquél, momento en el que se inicia el
cómputo del año. Tal es la solución dada por la STS de 10 de diciembre de 1998, dictada en
Sala General; y es que “no puede hablarse que estemos en presencia de dos vías de
reclamación compatibles y complementarias y al mismo tiempo independientes, en el sentido
de ser autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin tener en cuenta lo que ya se
hubiera recibido con esa misma finalidad de resarcir el perjuicio, pues estamos ante formas de
resolver la única pretensión indemnizatoria, aunque tenga lugar ante vías jurisdiccionales o
procedimientos diversos que han de ser estimadas formando parte de un total
indemnizatorio” (Fundamento de Derecho Quinto). Dicha doctrina, como no podía ser de otro
modo, ha sido reiterada en posteriores sentencias, como es el caso de la STS de 12 de febrero
de 1999 (Fundamento de Derecho Cuarto).

12. A estas alturas, aunque pueda sorprender, no es infrecuente encontrarse en la práctica
forense con muchas dudas en relación a la influencia en este tipo de procesos del recargo de
prestaciones, una figura ciertamente anómala y de naturaleza jurídica eternamente discutida
(art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social). Pues bien, es doctrina pacífica de la Sala IV
del Tribunal Supremo (al menos en la actualidad, no en el pasado, y de ahí probablemente las
confusiones) de que el capital constituido en concepto de recargo de prestaciones no
constituye una partida que afecte al quantum de la indemnización (no es ningún caso
detraible); por ello dicho proceso de Seguridad Social no afecta al cómputo de la prescripción.
Así, la STS de 4 de julio de 2006 anteriormente comentada, razona que el procedimiento de
recargo de prestaciones no influye para nada en el cómputo de la prescripción porque “la
acción sobre recargo de prestaciones es diferenciada e independiente, y dirigida a obtener una
compensación autónoma, y que por su carácter sancionador no es computable en el quantum
indemnizatorio total (sentencia de Sala General de 2 de octubre de 2000 (Rec. 2793/99).
Nótese que la actuación empresarial culposa se analiza en este propio proceso, sin necesidad
de que le preceda el proceso sobre el recargo, que puede no existir en muchos casos, y en
cambio es precedente necesario la determinación del daño constituido por las consecuencias
que las secuelas del accidente le van a producir” (Fundamento de Derecho Segundo in fine).
Cuestión muy distinta es que la práctica aconseje en muchas ocasiones suspender la vista
judicial en que se ventilen los daños y perjuicios para esperar que la resolución administrativa
o judicial en materia de recargo de prestaciones sea firme (por ejemplo, para que el relato
fáctico sobre las circunstancias que rodean el accidente de trabajo sea ya indiscutible y así no
se deba reproducir el debate en el posterior pleito por daños y perjuicios, o con el fin de
establecer de forma definitiva el elemento culposo que pueda rodear la materialización de la
contingencia profesional), pero en puridad no existe litispendencia, ni cosa juzgada.
IV Plazos especiales de prescripción.
Frente al art. 59 ET que prevé la prescripción ordinaria, el artículo 60 ET regula los plazos
especiales de prescripción. De este modo, dicho precepto establece en su primer apartado que
las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los tres años, salvo en materia de
Seguridad Social; materia en la que existe una regulación propia de la prescripción y que desde
un principio se ha dejado fuera del objeto del presente trabajo. Por su relevancia práctica, la
regulación de la prescripción de las faltas de los trabajadores, que encuentra cabida en el
apartado segundo del art. 60 ET, será examinada bajo el epígrafe siguiente. De este modo, aquí
se analizarán otros supuestos no previstos de forma expresa ni en el art. 59 ET, ni en el art. 60
ET.
Un primer supuesto de evidente interés, aunque por cuestiones sociológicas cada vez se vea
menos en la práctica, lo constituye el plazo de prescripción para instar el desahucio de
vivienda ocupada en razón del contrato trabajo, acción que con matices es ejercitable ante la
Jurisdicción Social. La STS de 23 de noviembre de 2000 relaciona de forma directa la

13. competencia del orden jurisdiccional laboral con la prescripción de la acción. Así, extinguida la
relación laboral, el empresario ha de ejercer la acción de desahucio en el orden social en el
plazo de un año: “Esta acción como derivada del contrato de trabajo, ha de ser ejercitada en
un plazo prudencial, que por razones de lógica no podrá superar el de un año que para la
prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo señala el artículo 59.1 del
Estatuto de los Trabajadores” (Fundamento de Derecho Cuarto). Si ha mediado un plazo
superior a un año, que es el previsto en el precepto estatutario, entre la extinción del contrato
de trabajo y el ejercicio de la acción, ya no ser podrá accionar en el orden laboral; pues se
entenderá que dicho orden es incompetente al no derivarse ya dicha acción de forma directa
del contrato de trabajo. Naturalmente, de dicha conclusión no se infiere que no se pueda
ejercer la oportuna acción en el ámbito jurisdiccional civil. Tal doctrina ha sido seguida, a modo
de ejemplo, por la STS de 17 de septiembre de 2002, que ha llevado a cabo importantes
matizaciones: “Precisamente porque la competencia del orden social deriva que el contrato
arrendaticio urbano tiene su causa en la relación laboral existente entre las partes, dicha
competencia ha de estimarse desaparecida cuando aquella vinculación causal desaparece, y
más en concreto cuando la empresa deja transcurrir el plazo del año que tiene para el ejercicio
de cualquier acción de naturaleza laboral y mantiene al antiguo trabajador en el disfrute de la
vivienda, pues desde entonces lo que debe estimarse producida es una novación modificativa
del arrendamiento laboral en un arrendamiento civil por acuerdo tácito de los interesados al
haber variado una de las condiciones principales de aquel arrendamiento anterior sin objeción
por ninguna de las partes interesadas –art. 1203 del Código Civil–. Sólo en el caso de que las
partes hubieran acordado que aquel arrendamiento se prolongara más allá de la propia vida
del contrato laboral podría mantenerse aquella vinculación causal anterior como una mejora
de las condiciones del trabajador jubilado; pero, como antes se dijo, no se ha alegado ni
probado la existencia de pacto alguno de tal naturaleza entre las partes” (Fundamento de
Derecho Segundo). En todo caso, hay que tener en cuenta el art. 285 LRJS, que se ocupa
precisamente de regular el lanzamiento del trabajador de la vivienda por razón de trabajo.
Según una antigua línea doctrinal, quedaría sujeta al plazo de quince años regulado en el art.
1964 CC (acciones personales sin regulación propia del plazo de prescripción) la acción para
exigir el cumplimiento de una oferta o promesa de contratar trabajadores; es decir, actos
previos o preparatorios de un futuro contrato laboral, que participan de la naturaleza y
caracteres propios del mismo, estando totalmente inmersos en el ámbito del Derecho del
Trabajo. Así lo manifestó la STSJ del País Vasco de 16 de junio de 1992 (Fundamento de
Derecho Tercero). Esta cuestión se plantó al socaire de unos pactos suscritos ente el Ministerio
de Interior, el de Trabajo, la ONCE y FETE-UGT, para la incorporación a la ONCE de
trabajadores discapacitados. Por desgracia, el Alto Tribunal no entró en el fondo por falta de
contradicción en su STS de 4 de junio de 1993. Sí que entró en el fondo la STS de 30 de marzo
de 1996, que rechazó que la respuesta a la controversia se encontrara fuera del ámbito del
Derecho Laboral. Al tratarse de obligaciones de naturaleza laboral es menester aplicar la
regulación estatutaria de la prescripción y desechar la contenida en el Código Civil: “Por ello la
prescripción que ha de tenerse en cuenta en lo que respecta a las referidas obligaciones es la
que rige en el ámbito del Derecho laboral y regula el art. 59 del Estatuto de los Trabajadores.
Sin que esta conclusión pueda quedar desvirtuada por las expresiones que utiliza este artículo

14. en el que se habla de «las acciones derivadas del contrato de trabajo», pues el término
«derivadas» no puede ser interpretado con un rigor extremado, sino con un mínimo de
flexibilidad y de sentido racional, debiendo ser considerado como equivalente a acciones
relativas o que guardan alguna conexión con el contrato de trabajo” (Fundamento de Derecho
Sexto). Como se puede apreciar, se interpreta de forma harto extensiva la noción de “acciones
derivadas del contrato de trabajo”, aplicándose incluso a un momento anterior a la génesis de
la relación laboral. De este modo, el Tribunal Supremo, con buen criterio, aplica la regla
especial sobre la regla general de acuerdo con la máxima latina “lex specialis derogat legi
generali”: “No pueden admitirse las tesis que mantienen las sentencias de contraste antes
reseñadas, en las que, en relación a unas obligaciones de clara naturaleza laboral, se busca la
prescripción aplicable a las mismas fuera del marco regulador propio del Derecho del Trabajo,
y se acude al campo del Derecho Civil, considerando que ha de entrar en juego la prescripción
genérica que para las acciones personales «que no tengan señalado término especial» fija el
art. 1964 del Código Civil; de modo tal que se hace prevalecer a la Ley general sobre la Ley
especial propia del caso, con vulneración manifiesta del conocido principio jurídico que
prescribe, precisamente, la regla contraria”.
Por lo que respecta a las acciones ejercitables por la vía del conflicto colectivo, es constante la
doctrina jurisprudencial que establece que no entra en juego el instituto de la prescripción
mientras permanezca vigente el convenio colectivo, como consecuencia de la finalidad del
proceso de conflicto colectivo, que no es más que la de preservar el principio de economía
procesal y de evitar sentencias contradictorias, que afectarían a su vez al principio de
seguridad jurídica. Del rol jugado por el proceso de conflicto colectivo, el Alto Tribunal infiere
que “durante la vigencia del convenio colectivo, no nace el plazo inicial del plazo prescriptivo
de la pretensión colectiva, en cuanto la aplicación e interpretación de una norma, que
constituye el objeto del proceso y que afecta a un grupo genérico de trabajadores, debe
extenderse al período de vigencia del convenio, pues, en otro caso, se truncaría aquella
finalidad perseguida de evitar sentencias contrarias y reforzar el principio de economía
procesal, evitando, en principio, una pluralidad de demandas ejercitadas por cada uno de los
trabajadores afectados por la aplicación de dicha norma paccionada”.
En materia de conflicto colectivo, el Tribunal Supremo ha afirmado que si por error se acciona
en el orden contencioso – administrativo y dicho orden se declara incompetente mediante, es
menester interponer la acción en el orden social el plazo máximo de un mes desde la
notificación del auto que declara la incompetencia: “En el presente caso, la parte actora hace
caso omiso tanto a las advertencias ajustadas a la legalidad contenidas en el auto del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en que se declaraba la incompetencia de dicho orden
y se declaraba que el asunto correspondía al conocimiento del orden social, como a lo
dispuesto en el citado art. 5.3 LJCA , y no efectúa actuación preprocesal o procesal alguna en el
mes siguiente a la fecha de notificación del referido auto (10-marzo-2009) sino que deja
transcurrir más de dos mes hasta que presenta papeleta de conciliación extrajudicial (15mayo-2009) y no interpone la demanda objeto de las presentes actuaciones hasta meses más

15. tarde (4-septiembre-2009). En interpretación del art. 5.3 LJCA en relación con el art. 1973 CC ,
cabe entender que la parte actora debía haber presentado la demanda ante el orden social, o
al menos, como mínimo, la papeleta de conciliación extrajudicial, en el plazo de un mes desde
la notificación del auto del orden contencioso-administrativa para poder considerar
interrumpido el plazo de prescripción de un año para el ejercicio de la acción colectiva, lo que
no efectuó, lo que, en aplicación además del principio de seguridad jurídica (art. 9 CE ) que
exige certeza en la determinación de los plazos de ejercicio de acciones cuando, como
acontece en el presente caso, la decisión de fondo a adoptar no afectaría exclusivamente a la
empleadora que pudo haber provocado el inicial error sino también a los sindicatos
codemandados y, en su caso, a muchos de los trabajadores que pudieran resultar afectados
por poder cuestionarse las plazas que les fueron asignadas en el concurso parcialmente
impugnado, obliga a entender prescrita la acción colectiva ejercitada” (STS de 13 de
septiembre de 2010, Fundamento de Derecho Quinto).
El art. 102.3 LRJS prevé que las acciones del trabajador autónomo económicamente
dependiente (TRADE) cuyo conocimiento corresponda al orden social se ejercitarán dentro del
plazo de prescripción previsto en su caso para la misma o que resulte de la modalidad procesal
aplicable, y en su defecto, regirá el plazo de prescripción de un año desde que pudieran ser
ejercitadas.
El art. 117.3 LRJS establece un plazo de prescripción de un año según la regulación del art. 59.2
ET para reclamar al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido. Ahora
bien, el precepto establece una regla especial para el cómputo del plazo: en caso de
reclamación efectuada por el empresario, el cómputo se inicia desde el momento en que éste
sufre la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y, en
caso de reclamación por el trabajador, desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial
que haya declarado la insolvencia del empresario.
Para la modalidad procesal de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el art.
138.1 LRJS prevé la aplicación a este supuesto de lo previsto en el art. 59.2 ET.
En caso de entablar el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
habrá que tener en cuenta el art. 179.2 LRJS, que lleva a cabo una remisión en el sentido de
que la demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción de la acción
previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho
fundamental o libertad pública de que se trate. Al respecto, es interesante la STSJ de Asturias
núm. 2035/2011, de 15 de julio, en el que se diferencia la prescripción en cuenta al derecho
fundamental en sí y la reclamación de cantidad que pueda ir anudada a tal derecho: “Se puede
afirmar, en definitiva, que el derecho no prescribe pero sí que prescriben las acciones para
impugnar actos concretos contrarios a un derecho fundamental de conformidad con los

16. criterios generales que en materia de prescripción rigen en materia de prescripción”. En base a
dicha idea resuelve la controversia: “En el supuesto sometido a consideración de la Sala la
vulneración del derecho fundamental se acusa con ocasión del abono de la prima de
producción del mes de enero de 2009, en que los recurrentes pretenden haber sido
discriminados respecto del resto de sus compañeros de trabajo que se hallaban en iguales
condiciones, y por tanto, el dies a quo será aquel en que el empresario debía haber
remunerado las cantidades reclamadas por tales conceptos, o mejor dicho, el día en que
entregó una cantidad menor a la debida, tal como se indica en la resolución de instancia”
(Fundamento de Derecho Tercero).
En cuanto a la ejecución de sentencias, los plazos de prescripción se prevén en el art. 243 LRJS
con carácter general, y art. 279 LRJS para solicitar la readmisión de acuerdo con las sentencias
dictadas en la modalidad procesal de despido. Dispone el art. 243.1 LRJS que, sin perjuicio del
plazo especial señalado para el despido, el plazo para instar la ejecución será igual al fijado en
las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho cuya
ejecución se pretenda. Específicamente, en su segundo apartado, señala que el plazo para
reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero será de un año.
Por su parte, el art. 279.1 y 2 LRJS prevé para las sentencias firmes de despido en los que
proceda la readmisión, tres plazos cortos de prescripción, y uno largo de prescripción:
- Plazos “cortos” de prescripción: cuando el empresario no procediere a la readmisión del
trabajador, podrá éste solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social:
o Dentro de los veinte días siguientes a la fecha señalada para proceder a la readmisión,
cuando ésta no se hubiere efectuado (art. 279.1.a LRJS).
o Dentro de los veinte días siguientes a aquel en el que expire el de los diez días anteriormente
referidos, cuando no se hubiera señalado fecha para reanudar la prestación laboral (art.
279.1.b LRJS).
o Dentro de los veinte días siguientes a la fecha en la que la readmisión tuvo lugar, cuando
ésta se considerase irregular (art. 279.1.c LRJS).
- Plazo “largo” de prescripción: tres meses en todo caso, desde la fecha de firmeza de la
sentencia. En este último caso no se devengarán salarios de tramitación desde el último día de
cada uno de los plazos anteriores, hasta la fecha en que se solicite la ejecución (art. 279.2
LRJS). En relación a dicho plazo, la STS de 25 de diciembre de 2001 analiza un supuesto en el

17. que el ejecutante (el trabajador) no acudió a la vista incidental: “La primera solicitud de
ejecución es un acto interruptivo de la prescripción, en sentido legal, cuya virtualidad o eficacia
no desaparece por la ulterior inasistencia del acreedor laboral, a la cual la ley enlaza
necesariamente el desistimiento de tal solicitud; sin que en modo alguno el deudor (amén de
que estaba ausente) no podía, como en lo civil, instar la prosecución del acto (cfr. art. 442
LECiv/2000, como norma ilustrativa). Por lo que deviene útil y eficaz la segunda solicitud
presentada, dentro del plazo máximo de tres meses, a contar desde la firmeza de la sentencia,
toda vez que el mismo fue interrumpido, según el detalle de fechas más arriba consignado”
(Fundamento de Derecho Tercero).
El artículo 243.3 LRJS sanciona la imprescriptibilidad de la ejecución una vez haya sido
solicitada: “Iniciada la ejecución, podrá reiniciarse en cualquier momento mientras no esté
cumplida en su integridad la obligación que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido
archivadas por declaración de insolvencia provisional del ejecutado”. Como aclara la STS de 25
de abril de 1994, en relación al antiguo art. 240.3 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL de
ahora en adelante), “la imprescriptibilidad de la ejecución que ordena el artículo 240.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral de 1990 y el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo
puede operar una vez que la ejecución ha sido solicitada, dado que no se trata de una
imprescriptibilidad de la acción ejecutiva, como se deduce sin lugar a dudas de lo dispuesto en
el artículo 1971 del Código Civil, que paladinamente alude al tiempo de la prescripción de las
acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia” (Fundamento
de Derecho Quinto).
Es interesante señalar en relación a la ejecución de las sentencias en materia de despido, que
si se ha iniciado la ejecución provisional de dicha sentencia por el Juzgado a quo, y la sentencia
es recurrida en suplicación; cuando dicha sentencia es confirmada por el Tribunal Superior de
Justicia, la acción de ejecución es imprescriptible: “Habiéndose iniciado la ejecución,
provisional de la sentencia del Juzgado, posteriormente confirmada en todos sus extremos por
la de esta Sala, ello determina la imprescriptibilidad de la acción una vez iniciada la fase de
ejecución, pues el artículo 241.3 de la Ley procesal laboral establece que, iniciada la ejecución,
no se interrumpirá la prescripción mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que
se ejecute. En suma, instada ya la ejecución de la sentencia definitiva, no cabe ya hablar de
prescripción, pues nos encontramos ante la continuación de una ejecución ya iniciada y no
terminada. Lo que conduce al rechazo de este motivo, como también por consecuencia
necesaria el del siguiente, que denunciaba infracción del artículo 1973 del Código Civil” (STSJ
de Cataluña núm. 9938/2001, de 18 diciembre, Fundamento de Derecho Segundo in fine).
Finalmente conviene hacer referencia al régimen de prescripción aplicable a la acción para
reclamar las mejoras a la acción protectora de la Seguridad Social. Como regla general es
unánime la doctrina al afirmar que lo primero que hay que analizar son las disposiciones o
acuerdos que las hayan implantado. Dicha fuente de derechos y obligaciones puede contener

18. un régimen jurídico específico en referencia a la prescripción. De este modo, la STS de 6 de
octubre de 2010 confirma que “todas las mejoras se rigen por las disposiciones o acuerdos que
las hayan implantado, tanto en cuanto a su reconocimiento cuanto a la anulación o
disminución de los derechos reconocidos (así, entre tantas otras, SSTS 20/03/97 -rcud
2730/96-; 13/07/98 -rcud 3883/97-; 20/11/0 -rcud 3238/03-; 19/01/04 -rcud 2807/02-;
28/04/04 -rcud 2346/03-; 21/12/04 -rcud 549/04-; y 31/01/07 -rcud 5481/05-)” (Fundamento
de Derecho Tercero).
En caso de que la disposición o el pacto que establezca la mejora voluntaria guarde silencio
sobre el régimen de prescripción habrá que estar al régimen establecido en el art. 43.1 de la
Ley General de la Seguridad Social, cuyo primer párrafo reza del siguiente modo: “El derecho al
reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin
perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal
reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se
presente la correspondiente solicitud”. De tal forma se manifiesta la STS de 17 de enero de
2011 que, además, diferencia entre “riesgo asegurado” y “daño indemnizado”: “Significa ello
que, a falta de especifica previsión al respecto en el Convenio Colectivo que instaura la mejora,
el derecho - propiamente la acción- al reconocimiento de la misma prescribe a los cinco años
del hecho causante para el nacimiento de la prestación, tal como dispone el art. 43.1 LGSS.
Con la precisión de que debe distinguirse entre «riesgo asegurado» y «daño indemnizado»,
pues si bien a efectos de la cobertura ha de entenderse que el hecho causante se produce en
la fecha del accidente de trabajo (aparte de las citadas en el apartado anterior, SSTS SG
01/02/00 -rcud 200/99 -... 15/12/03 -rcud 12/03- ; 24/05/06 -rcud 210/05 - ; 13/11/07 -rcud
4908/06 -; 21/09/09 -rcud 3475/08 - ; y 24/11/09 -rcud 1145/08 -, tratándose del nacimiento
del derecho y -por tanto- del inicio del cómputo de la prescripción, el hecho causante al que se
refiere el art. 43.1 LGSS no puede situarse sino en la fecha en que se produce el acto
administrativo de reconocimiento, por cuanto que a los efectos de la decadencia del derecho
el tiempo «se contará desde el día» en que la acción pudiera ejercitarse [art. 1969 CC ( LEG
1889, 27) ]; y es claro que no puede reclamarse una mejora voluntaria por IPA sino cuando la
misma ha obtenido declaración en vía administrativa o judicial” (Fundamento de Derecho
Segundo).
A veces, aunque no es habitual, puede existir cierta confusión en relación a la naturaleza
jurídica de las cantidades adeudadas. En el atípico caso analizado en la STSJ de Cantabria núm.
335/2000, de 28 de marzo, se trata de una reclamación de cantidad por las cantidades que
considera una empresa que se le adeudan al haber procedido a la entrega indebida de
determinada cuantía económica en cumplimiento de un pacto privado suscrito entre
empresario y trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y que en su día tuvieron
origen un contrato de seguro que cubría la incapacidad temporal. Aunque en un origen remoto
pudieran tener otra naturaleza, para el Tribunal “si la entrega de las cantidades que ahora se
reclaman tiene su origen en un pacto suscrito como consecuencia del vínculo laboral entre las

19. partes, se trata de una acción derivada del contrato de trabajo, de modo que el plazo de
prescripción anual a que se refiere el art. 59.2 del ET para las acciones que se ejercitan a los
efectos de reclamar cuantías económicas es el que debe aplicarse para resolver el presente
supuesto controvertido” (Fundamento de Derecho Tercero). De esta manera, el Tribunal
descarta la aplicación de la prescripción prevista en el art. 43 LGSS.
El Tribunal Supremo ha diferenciado en relación al régimen jurídico de la prescripción entre el
antedicho derecho a las mejoras voluntarias o prestaciones complementarias del régimen de
previsión y los derechos consolidados generados antes del acaecimiento de las contingencias
protegidas por el mismo. En este último caso, y en referencia a la banca privada, el Alto
Tribunal ha solucionado la controversia en los siguientes términos en la STS de 27 de abril de
2006: “la cuestión controvertida debe atender de nuevo a la naturaleza de la facultad de
movilización de derechos consolidados que se reconoce a los ex empleados de la Caixa en la
repetidamente citada STS 31-1-2001. Tal facultad de movilización es un derecho limitado,
anexo a los derechos consolidados, atribuido al partícipe o ex partícipe en supuestos muy
concretos para facilitar el uso o disponibilidad de estos últimos. Esta vinculación funcional de
la facultad de movilización con los derechos consolidados permite afirmar que la misma no
prescribe mientras se mantengan vivos tales derechos, sin que sean de aplicación por tanto los
plazos de prescripción del art. 59.1 ET o del art. 43.1 LGSS” (Fundamento de Derecho Quinto in
fine).
V.- La prescripción en el régimen sancionador
La facultad del empresario de sancionar las faltas cometidas por los trabajadores está
sometida igualmente a un régimen específico de prescripción. Dispone el art. 60.2 ET que
faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los
sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Se observa que los plazos de prescripción, de la conocida como “prescripción corta”, varían en
función de la gravedad de la falta, considerándose como díes a quo aquél en el que la empresa
conoce la forma indubitada y en todo su alcance y extensión la falta cometida (por todas, STSJ
de Madrid de 14 de enero de 1994, Fundamento de Derecho Tercero).
La denominada “prescripción larga” (seis meses), con carácter general empieza a computarse
desde que el trabajador comete la falta, si bien es conveniente puntualizar que en los
supuestos de faltas continuadas (esto es, pluralidad de hechos que corresponden al mismo
tipo de infracción, con unidad de propósito), el plazo empezará a correr cuando el trabajador

20. cese en la conducta sancionable. O lo que es lo mismo, desde el momento en que se haya
completado la entidad total de la infracción en palabras de la S.T.S. de 19 de diciembre de
1990 (Fundamento de Derecho Segundo), y que si ha existido ocultación, el dies a quo se lleva
hasta el momento en el que ésta haya cesado; al considerarse en tales supuestos que la falta
es una acción permanente que no adquiere carácter definitivo sino cuando cesa la posibilidad
de tenerla encubierta por quien la está cometiendo (STS de 27 de enero de 1990, Fundamento
de Derecho Cuarto). Resulta muy interesante la STS de 29 de septiembre de 1995 en orden a
delimitar el concepto de ocultación de falta. Dicha resolución en unificación de doctrina arroja
una idea de lo restrictiva que se muestra la jurisprudencia del Alto Tribunal a la hora de
apreciar la prescripción de las faltas laborales: “Ahora bien, la ocultación no requiere
ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción que
el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida,
pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la
empresa, que sirve para la ocultación de propia falta, es una falta continuada de lealtad que
impide mientras perdura que se inicie el cómputo de la prescripción” (Fundamento de
Derecho Segundo).
Ambos tipos de prescripción, corta y larga, gozan de un fundamento diferente. La corta
responde a la idea de que la inactividad del empresario presupone su renuncia a sancionarla,
mientras que la larga obedece a razones de seguridad jurídica, y opera en todo caso como
cláusula de cierre. Naturalmente, no es necesario agotar el plazo largo para considerar
prescrita la falta, basta con que haya transcurrido el plazo de la corta, siempre que la empresa
tenga completo conocimiento de su comisión y alcance.
Como quiera que se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial propia y específica alrededor
del régimen sancionador, abordaremos a continuación la problemática de la posible
interrupción de la prescripción y otras cuestiones conexas de interés. Al erigirse como plazos
de prescripción, son susceptibles de ser interrumpidos. Las causas más comunes son: la
incoación de un expediente sancionador legal o convencionalmente obligatorio previo a la
interposición de la sanción (STS de 19 de junio de 2002, Fundamento de Derecho Sexto),
siempre que se utilice para constatar la realidad y alcance de los hechos acaecidos, y que sea
conocido por el afectado (STS de julio de 1991, Fundamento de Derecho Sexto); y que no sufra
una demora excesiva en su tramitación, imputable al empresario (STS 19 de diciembre de
1990, Fundamento de Derecho Segundo); igualmente interrumpe la prescripción la incoación
de procedimiento penal hasta que se dicte sentencia de carácter firme, siempre y cuando tal
resolución sea necesaria para el descubrimiento, concreción e imputación de la falta. En tal
sentido se pronuncia la STS de 24 de septiembre de 1992: “Cuando se trata de hechos cuya
autoría no está bien determinada, por la lógica precaución de tales autores de que su conducta
no sea conocida, hasta el punto, como ocurren en el caso de autos, de que el procedimiento
criminal encaminado a su averiguación hubo de ser dirigido contra varias personas, de las
cuales una quedó absuelta, la actitud empresarial encaminada a obtener el conocimiento que,
evidentemente, no tiene, mediante la actuación de los Tribunales del orden penal de la

21. Jurisdicción, no puede valorarse, evidentemente, como desidia o abandono en el ejercicio de
su facultad sancionadora en el orden laboral -desidia o abandona que, en aras de la seguridad
jurídica, está en el substrato de la prescripción-. De donde se sigue, que el ejercicio de dicha
acción, aunque no sea ante un Tribunal del orden social -lo cual, por otra parte, no sería
posible, ya que la facultad empresarial sancionadora es directamente actuante y es el
trabajador sancionado quién tiene acción para impugnar la sanción impuesta, ante la
jurisdicción social, a tenor de los dispuesto en el art. 58.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadoresha de interrumpir la prescripción de que venimos hablando y así lo entendió la sentencia
aportada aquí como de contraste, cuya doctrina reitera la de 21-9-1984, lo que lleva a que el
nuevo cómputo no comience hasta que el proceso penal concluya, como resolvió la Sentencia
de la Sala de 3-12-1985” (Fundamento de Derecho Tercero).
También interrumpe la prescripción la incoación de un expediente disciplinario potestativo,
pero necesario para esclarecer los hechos, siempre que no se dilate indebidamente en el
tiempo. Por ejemplo, la STS de 12 de junio de 1996 acoge dicha tesis en relación al sector
bancario: “En el presente caso, comunicadas las auditorías a la Subdirección General de
Recursos Humanos del Banco, y ante la complejidad y multiplicidad de las irregularidades, cuya
comprobación en el ámbito bancario exige una laboriosa tarea de investigación, se inició, sin
dilación alguna, expediente disciplinario. La necesidad de éste en el caso de que se trata, pese
a no constituir en sí mismo exigencia legal, resalta aún más si se tiene en cuenta que muchos
de los efectos financieros y clasificaciones comerciales a que se alude en los apartados c) y d)
del ordinal cuarto del relato fáctico tienen vencimientos que superan la fecha del 6 de junio de
1994, que fue la de la comunicación de las auditorías, haciéndose remisión en el apartado g)
de dicho ordinal a lo que se desprende o se refleja en dicho expediente. En cualquier caso, y
pese a esa no exigencia legal, las sentencias de esta Sala que se aportan advierten que el
momento en que se ordena su iniciación, para esclarecer el grado de intervención del
empleado en la situación expuesta en un informe, no puede calificarse como instante en que
se adquiere cabal conocimiento de tal conducta, porque si bien es posible que algunos de los
hechos en que se manifiesta estén claramente configurados en el informe que la describe, así
mismo puede darse que otros no figuren en él, e incluso que varios de los incluidos hayan de
eliminarse, matizarse o modificarse; y que por ello, sólo cuando el instructor del expediente
formaliza su propuesta, concretados ya unos hechos cuya autoría se atribuye al demandante,
tiene conocimiento la empresa de la conducta sancionable, para, en base a la misma, decidir el
despido (Sentencia de 18 diciembre 1984)” (Fundamento de Derecho Tercero). Obviamente, la
prescripción no se interrumpiría si el empresario utiliza la apertura e instrucción de un
expediente contradictorio, aunque estuviera prevista su obligatoriedad, si es utilizado para
fines espurios o alejados de su finalidad: “si el empresario inicia las diligencias oportunas
constitutivas de expediente disciplinario exigido imperativamente por Ley, está demostrando,
en principio, su voluntad de despedir, aparte de que el procedimiento mismo puede y debe
servir para depurar la realidad de los hechos, matizar los acontecimientos, precisar su alcance
y gravedad y, en su caso, hacer desistir a la Empresa de tal medida, todo ello siempre que
naturalmente no se pruebe una conducta fraudulenta en la empresa que pudiera dar lugar al
correspondiente correctivo, como puede serlo el innecesario e injustificado alargamiento del

22. expediente, para obtener una finalidad distinta de la perseguida por el legislador” (STS de 18
de diciembre de 1985, Fundamento de Derecho Segundo).
No interrumpe la prescripción, 1) el trámite de audiencia al interesado aunque sea
convencionalmente obligado, que se trata de una institución diferenciada al supuesto de
necesidad de incoar un expediente sancionador contradictorio (STS de 28 de febrero de 1995,
Fundamento de Derecho Tercero); 2) la incoación de expediente sancionador innecesario (STSJ
de Cataluña núm. 2379/1994, de 26 de abril, Fundamento de Derecho Segundo); 3) la
suspensión del contrato de trabajo (STS de 13 de junio de 1989, Fundamento de Derecho
Tercero, y STSJ de Cataluña núm. 929/1998, de 6 de febrero, Fundamento de Derecho
Segundo); 4) la sucesión empresarial (STS de 27 de abril 1987, Fundamento de Derecho
Tercero, STSJ de Comunidad Valenciana núm. 264/1999, de 9 de septiembre, Fundamento de
Derecho Segundo); 5) la incoación del proceso penal en casos distintos al visto en el apartado
anterior, es decir, cuando no sea necesario para la averiguación de hechos e imputación
concreta de responsabilidades (STS de 21 de septiembre de 1984); 6) la presentación de
denuncia ante la Inspección de Trabajo en relación a la acción derivada del art. 50 ET (STSJ de
Galicia núm. 1243/2009, de 6 de marzo (Fundamento de Derecho Tercero).
Es necesario indicar que los días son naturales por tratarse de un plazo sustantivo y no
procesal (STS de 18 de noviembre de 1989, Fundamento de Derecho Segundo in fine; STSJ de
Galicia de 30 de noviembre de 1992, Fundamento de Derecho Segundo).
Finalmente, y por razones de sistemática, se hará mención al hecho de que la ley procesal ha
introducido en su texto vigente alguna novedad importante que afecta a la prescripción. El art.
115.1.c) LRJS dispone que cuando la sentencia revoque en parte la sanción disciplinaria
impuesta al trabajador, con pronunciamiento de condena económica al empresario al pago de
los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción por el período de
exceso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos
constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no
haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave, el
juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de los diez días siguientes a notificación de
sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta.
VI Interrupción de la prescripción.
Con matizaciones según cada supuesto, la prescripción se interrumpe por las causas previstas
en el artículo 1973 del Código Civil: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su
ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de

23. reconocimiento de la deuda por el deudor”. Naturalmente, sin perjuicio de los supuestos
específicamente recogidos en la LRJS.
Son múltiples las causas de interrupción contenidas en la LRJS: 1) Solicitud de Abogado de
Oficio (Art. 21.4 LRJS); 2) suscripción de compromiso arbitral (art. 65.3 LRJS); 3) presentación
de la papeleta de conciliación o mediación, cuando proceda (art. 65.1 LRJS; por ejemplo, STSJ
de Islas Canarias, Las Palmas, núm. 1484/2009, de 30 de octubre, en materia de daños y
perjuicios derivados de accidente de trabajo). Es importante recordar que en todo caso,
transcurridos treinta días, sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado
mediación o alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el procedimiento y
cumplido el trámite (art. 65.2 LRJS); 4) la presentación de reclamación previa ante la
administración, cuando proceda (art. 73 LRJS); la iniciación del proceso de conflicto colectivo
interrumpirá la prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del
referido conflicto (art. 160.6 LRJS). La STSJ de Madrid núm. 827/2009, de 15 de diciembre,
habla incluso de “prejudicialidad normativa”: “La sentencia dictada en el proceso colectivo
produce sobre los individuales una prejudicialidad que presenta unas connotaciones tan
específicas que muy bien podría calificarse de prejudicialidad normativa; tal acción colectiva,
con los contornos prefijados, y, en cuanto el órgano colectivo demandante representa a todos
los trabajadores, haría desaparecer los fundamentos en que se basa la prescripción: abandono
de la acción por el interesado y exigencia del principio de seguridad jurídica” (Fundamento de
Derecho Único); 5) en el contexto de indemnización por los daños causados por la vulneración
de un derecho fundamental o libertad pública, el art. 183.4 LRJS establece que cuando se haya
ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal
no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no
se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en
resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la
acción en vía social.
Respecto a la presentación de la papeleta de conciliación como instrumento que sea apto para
interrumpir la prescripción, hay que decir que en la actualidad la LRJS prevé que la prescripción
efectivamente se interrumpa aunque el acto de conciliación no fuera preceptivo en un
determinado supuesto: “Cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada pudiera tener
eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando
exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo
oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos
de caducidad o se interrumpirán los de prescripción (…)” (art. 64.3 LRJS).
La presentación de una segunda papeleta de conciliación cuantificando la reclamación cuando
en una primera no se llevaba a cabo dicha cuantificación y sólo se mencionaban los conceptos
por los que se reclamaba interrumpe la prescripción, según STSJ de Galicia núm. 2154/2010,
de 3 de mayo (Fundamento de Derecho Único).

24. El art. 23.5 LRJS establece una regla especial de interrupción de la prescripción en relación al
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) cuando es llamada a juicio e interviene junto a otras
partes: “Si se apreciase interrupción de la prescripción por haber existido reclamación
extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por éste de la deuda, éstos no surtirán
efectos interruptivos de la prescripción frente al Fondo de Garantía y se absolverá a éste, sin
perjuicio del pronunciamiento que proceda frente al empresario, salvo que el reconocimiento
de deuda haya tenido lugar ante un servicio administrativo de mediación, arbitraje o
conciliación, o en acta de conciliación en un proceso judicial, en cuyo caso la interrupción de la
prescripción también afectará al Fondo de Garantía”. Con anterioridad a la vigencia de dicho
precepto, el Tribunal Supremo había descrito la naturaleza de la especial posición procesal del
FOGASA: “En relación con la excepción de prescripción de la deuda, el Fondo en el proceso
seguido por los trabajadores frente a la empresa puede oponer, evidentemente, la que
favorezca a ésta de acuerdo con el art. 1973 del Código Civil. Pero también aquella que le
beneficie exclusivamente a él en su específica condición jurídica, en la que participa de la
facultad que concede al fiador el art. 1975 del Código Civil, conforme al cual «la interrupción
de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda, surte efecto
también contra el fiador; pero no perjudicara a éste la que se produzca por reclamaciones
extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor». Esta Sala lo ha señalado
así en sus sentencias de 16-3-1992 ( rec. 1198/1991 ), 13-2-1993 (rec. 1816/1992 ) y 24-4-2001
(rec. 2102/2000 )”. Tal posición es aclarada por el Alto Tribunal del siguiente modo: “Ello
obedece a que, refiriéndose dicha prescripción a la deuda de la empresa (muy distinta a la que
puede operar cuando los trabajadores se dirigen directamente al Fondo reclamando la deuda y
éste la opone porque entre la obtención del auto de insolvencia empresarial y la reclamación
ha transcurrido con exceso el plazo del año), su alegación sólo tiene acomodo en este proceso,
en el que pueden y deben debatirse todas las cuestiones relacionadas con dicha deuda, ya
que, de no hacerlo, entran en juego los efectos preclusivo y positivo de cosa juzgada antes
aludidos. No debemos olvidar que, como ya hemos dicho, el Fondo es citado como parte, «ex».
art. 23.2 LPL , con la finalidad de que «pueda asumir sus obligaciones legales o instar lo que
convenga en derecho»; y es claro que, en defensa de las obligaciones legales que pueden
derivarse de la sentencia que recaiga, a su derecho conviene alegar tanto las excepciones que
pueden favorecer a la empresa, como aquellas otras que, referidas a la deuda objeto del litigio,
sólo a él pueden beneficiar. De modo muy especial su prescripción, al amparo del art. 1975 CC.
Tal posibilidad, que deriva de su atípica posición, resulta ya indudable a la luz del art. 13 de la
LECiv vigente; pues si éste permite al interviniente formular pretensiones nuevas, es evidente
que también le autoriza a lo menos, es decir, a oponer excepciones relativas a la propia
relación jurídico-material controvertida, aunque que sólo le afecten a él” (STS de 22 de octubre
de 2002, Fundamento de Derecho Noveno). La mencionada doctrina jurisprudencial es
aplicada, por ejemplo, por la STSJ de Andalucía (Sevilla) núm. 607/2012, de 16 de febrero
(Fundamento de Derecho Segundo). Sobre la efectiva interrupción de la prescripción frente al
FOGASA cuando la solicitud de conciliación se ha presentado contra la empresa y no contra el
citado organismo público puede examinarse la STSJ de Castilla y León núm. 452/2006, de 7 de
abril, se manifiesta en los siguientes términos: “Establece por tanto la Sala Cuarta que la
papeleta de conciliación dirigida contra la empresa deudora, aunque no se dirija contra el

25. Fondo de Garantía Salarial, es medio válido de interrupción de la prescripción. Es cierto que en
el supuesto contemplado en aquella sentencia la posterior demanda judicial sí se dirigió contra
el Fondo de Garantía Salarial, pero ello no permite alterar la conclusión, debiendo darse desde
luego efectos interruptivos de la prescripción a la demanda dirigida contra la empresa
empleadora, también si, como aquí ocurre, no se ha dirigido contra el Fondo de Garantía
Salarial, siempre que no sea obligatoria su llamada al proceso conforme al artículo 23.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral (la cuestión relativa a estos supuestos del artículo 23.2 en los
que se incumpla el llamamiento del Fondo como parte no es objeto de la presente litis y queda
por completo imprejuzgada, como ya se dijo anteriormente). En definitiva el Fondo de
Garantía Salarial opera como una institución aseguradora de un determinado riesgo, como es
el de insolvencia del deudor y por consiguiente no es propiamente parte de la relación jurídica
de la que deriva la obligación principal cuyo fallido asegura (…). Por tanto la interrupción de la
prescripción frente a la empresa principal por la vía legalmente prevista (la conciliación previa
y la demanda) perjudica al Fondo de Garantía, en cuanto institución aseguratoria de la
eventual insolvencia del deudor, aún cuando no haya sido parte en el proceso entre quienes
son los auténticos titulares de la relación jurídica obligatoria” (Fundamento de Derecho
Segundo).
A continuación veremos algunos supuestos concretos sobre los que se han pronunciado los
órganos jurisdiccionales en orden a la interrupción del plazo de prescripción. Para empezar, ya
se ha manifestado que la presentación de solicitud de conciliación interrumpe el plazo de
prescripción. El Tribunal Supremo ha confirmado que desde el día siguiente a la fecha en que
se celebra el acto de conciliación empieza a correr nuevamente el plazo de prescripción: “Ello
quiere decir que en un caso, como el litigioso, de prescripción, el efecto interruptivo de la
misma termina cuando se celebra la conciliación sin avenencia o también, conforme el artículo
65.2, cuando, a pesar de no haberse celebrado el acto conciliatorio, han transcurrido treinta
días, dado que la omisión del acto durante este plazo produce el efecto de tener «por
terminado el procedimiento y cumplido el trámite». Lógica consecuencia a la terminación del
acto conciliatorio sin avenencia, o por su no celebración en el plazo de 30 días, es que cesa la
interrupción de la prescripción a que dio lugar la papeleta de conciliación, y que el plazo de
prescripción comienza a contarse de nuevo y por entero. Y ello a diferencia de la caducidad,
cuyo plazo no vuelve a iniciarse, sino que, en su cómputo, se tienen en cuenta los días
transcurridos hasta la presentación de la papeleta de conciliación y se añaden únicamente,
después de intentado el acuerdo, los días que resten para el cumplimiento del plazo, tal como
se desprende del propio artículo 65.1, inciso último, LPL, cuando afirma que «el cómputo de la
caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos quince días
desde su presentación sin que se haya celebrado»” (STS de 2 de diciembre de 2002,
Fundamento de Derecho Segundo). Dicha doctrina es seguida, por ejemplo, por la STSJ de
Madrid núm. 298/2011, de 25 de marzo: “El trámite previo (fundamentalmente artículo 66
L.P.L. y R.D. 2756/79) que se sigue ante el órgano conciliador extrajudicial ('Servicio
administrativo correspondiente' u 'órgano que asume estas funciones') requiere la
presentación de escritos, comparecencia e intento de conciliación, y por ello, no es de extrañar
que la solicitud interrumpa la prescripción, y que esta interrupción, de una parte, termine
cuando, agotados los preceptivos trámites, la conciliación intentada no ha llegado a feliz

26. término, y, de otra que, una vez finalizado sin éxito el intento de conciliación, se inicie un
nuevo y entero plazo de prescripción” (Fundamento de Derecho Sexto).
Interrumpe la prescripción la interposición de demanda con posterior desistimiento del actor
(STS de 19 de septiembre de 1996, Fundamento de Derecho Segundo); así como la
presentación de papeleta de conciliación sin presentación posterior de la demanda, al igual
que la presentación de la reclamación previa no seguida de demanda judicial, o presentada
fuera de plazo (STS de 24 de febrero de 1998, Fundamento de Derecho Segundo). Huelga decir
que el reconocimiento de deuda tiene los mismos efectos, siempre que proceda del deudor o
de la persona que pueda obligarle (STS de 30 de mayo de 1988, Fundamento de Derecho
Tercero). En la STSJ de Cataluña núm. 5305/2001, de 19 de junio, se infiere el reconocimiento
de deuda interruptivos de la prescripción de varios actos procesales y extraprocesales del
deudor (Fundamento de Derecho Segundo). Es muy interesante el supuesto analizado en la
STSJ de Aragón núm. 822/2010, de 17 de noviembre, en el que se otorga validez al
reconocimiento de deuda derivada de las negociaciones entre los abogados en relación a una
ejecución de sentencia. Como se observa, no son más que supuestos perfectamente
encuadrables en el citado art. 1973 CC (acepta de forma indubitada la aplicación del art. 1973
CC en el ámbito de la relación laboral la STSJ de Islas Canarias, Las Palmas, núm. 770/2007, de
23 de mayo, Fundamento de Derecho Tercero).
Antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, se entendía que la tramitación de un
proceso concursal suspendía el cómputo de la prescripción de acciones, prolongándose dicha
suspensión desde el inicio hasta la conclusión del expediente de suspensión de pagos. Así lo
afirmaba, por ejemplo, la STS de 11 de julio de 2001 (Fundamento de Derecho Quinto). Ahora
bien, la actual Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal prevé la interrupción de la prescripción en
el art. 60. Así, su apartado primero enuncia que “desde la declaración hasta la conclusión del
concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los
créditos anteriores a la declaración”. Asimismo, el apartado tercero in fine advierte que
“también quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede
suspendido en virtud de lo dispuesto en esta Ley”. Y entre dichas acciones, se pueden
encontrar las iniciadas en el orden social en determinadas circunstancias, según arts. 50 y
siguientes. Finalmente, el apartado cuarto del citado art. 60 aclara que “el cómputo del plazo
para la prescripción se iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del
concurso”.
Por su parte, no la interrumpe:
1) la presentación de papeleta de conciliación que resulta archivada por incomparecencia del
actor (STS de 28 de mayo de 1987, Fundamento de Derecho Tercero);

27. 2) la extinción del contrato y la correspondiente demanda de despido en relación a una
reclamación de cantidad (STSJ de Islas Baleares núm. 77/1994, de 24 de marzo, Fundamento
de Derecho Tercero);
3) ni, como se ha visto anteriormente, el ejercicio de una acción declarativa en relación a sus
consecuencias económicas, debiéndose añadir que, aún en el supuesto de que en tal proceso
se hubieran reclamado conjuntamente las diferencias salariales procedentes, y hubieran sido
estimadas, el ejercicio de tal acción no interrumpiría la prescripción de devengos posteriores
de la misma naturaleza (STS de 23 de junio de 1994, Fundamento de Derecho Segundo).
Estos son algunos de los supuestos específicamente abordados por nuestros tribunales, pero
conviene recordar que en el ámbito del Derecho Laboral es plenamente aplicable el art. 1.973
C.C. y la jurisprudencia que lo interpreta.
VII.- Plazos de caducidad
Lógicamente, y a diferencia de lo que sucede con la prescripción, no existe un “plazo
ordinario” de caducidad, sino que en cada caso concreto la norma que la instituye cuida de
fijar un plazo determinado, y normalmente también establece el dies a quo y la forma de
computar el plazo. Si ello no fuera así, y la norma no especificara el momento inicial del
cómputo, estaríamos a lo dispuesto en el artículo 1969 CC, es decir, el plazo correría a partir
del momento en que se pudiera ejercitar la acción. Si lo que omite la norma es la forma de
llevarlo a cabo, se aplicarán las normas generales del Código Civil (art. 5). En este punto, es
muy importante tener presente que, dado que los plazos de caducidad no son procesales, la
regla general, salvo que la ley indique lo contrario, es que en su cómputo no se excluyan los
días hábiles (art. 5.2 CC).
A continuación se expone un resumen de los distintos plazos de caducidad legalmente
previstos, con expresión del dies a quo, y la naturaleza de los días.
Veinte días hábiles para ejercitar la acción contra el despido y resolución de los contratos
temporales a contar desde el cese en la prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido
en los arts. 59.3 ET y 103.1 LRJS. Éste último precepto ha recogido buena parte de la doctrina
jurisprudencial que lo había interpretado en su versión dada por la Ley de Procedimiento
Laboral. De este modo, la ley aclara en la actualidad toda duda que pudiera surgir sobre su
naturaleza jurídica o cómputo: “El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los
veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de
caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la
sede del órgano jurisdiccional”. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de

28. mediación, reclamación previa o demanda por despido contra una persona a la que
erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con
posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero,
el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no se
hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el
momento en que conste quién sea el empresario (art. 103.2 LRJS). No se puede perder de vista
en esta materia la regla especial prevista en el art. 69.3 LRJS para aquellos casos en que sea
necesario agotar previamente la vía administrativa. En dichos supuestos, en las acciones
derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición
de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del
día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución
impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, si
bien la interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad. Al igual que
ocurría con la prescripción, las acciones del trabajador autónomo económicamente
dependiente (TRADE) cuyo conocimiento corresponda al orden social se ejercitarán a través
del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones
formuladas, dentro del plazo de caducidad previsto en su caso para la misma o que resulte de
la modalidad procesal aplicable, y en su defecto, regirá el plazo de prescripción de un año
desde que pudieran ser ejercitadas (art. 102.3 LRJS). El mismo plazo para la impugnación de la
extinción del contrato por causas objetivas, y otras causas de extinción, a contar desde el día
siguiente de la fecha de extinción efectiva, sin perjuicio de que el trabajador pueda adelantar
el ejercicio de su acción desde el momento en que reciba la comunicación de la extinción
dentro del período de preaviso (art. 121 LRJS). Se prevé el mismo plazo para el ejercicio de
acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y
modificación sustancial de condiciones de trabajo. Aquí el plazo se computa desde la fecha de
la notificación de la decisión (art. 138.1 LRJS). Idéntico plazo tiene el trabajador para impugnar
las sanciones que le imponga el empresario (art. 114.1 LRJS). Ahora bien, tal y como se ha
puesto de manifiesto al tratar de la prescripción, el art. 115.1c) ha introducido una novedad
importante en la materia. Si la sentencia dictada revoca en parte la sanción impuesta, cuando
la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan
infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, el juez podrá autorizar
la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia
firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será
revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días
siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia. También
son veinte los días de que dispone el trabajador para demandar en relación a la modalidad
procesal para que sean reconocidos sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral reconocidos legal o convencionalmente, a contar a partir de que el empresario le
comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para
presentar demanda ante el Juzgado de lo Social (art. 139.1.a LRJS). Si el despido se realizara
inobservando los requisitos formales, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que
cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá
efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador
los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en

29. la Seguridad Social (art. 55.2 ET). Un mes para que el trabajador solicite el reingreso tras
excedencia forzosa por designación o elección para un cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo (art. 46.1 ET). No debe confundirse este supuesto con lo expuesto más
arriba en relación a la prescripción para la solicitud de reingreso de excedentes voluntarios, ya
que éstos ostentan tan sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o
similar categoría a la suya, lo que justifica su distinto régimen jurídico en orden a su
reincorporación y plazo de ejercicio del derecho. Treinta días naturales para que el trabajador
se reincorpore tras la prestación del servicio militar, prestación social sustitutoria, ejercicio de
cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior, que se
contarán a partir del cese en el servicio, cargo o función (art. 48.3 ET). Un mes para que el
trabajador se reincorpore a la empresa tras la recuperación, si está en situación de incapacidad
permanente en los grados de total o absoluta, a contar desde la declaración de aptitud emitida
por el organismo correspondiente (art. 3.1 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores
minusválidos). En cuanto al plazo de que dispone el trabajador para optar por la extinción
indemnizada de su contrato de trabajo, en los supuestos previstos en los arts. 40 y 41 ET
(movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo), la Ley no dice nada
expresamente; pese haber tenido el legislador múltiples oportunidades para especificarlo,
porque, como es sabido, dichos preceptos han sufrido varias alteraciones en los últimos
tiempos. El referido derecho de opción deberá ejercitarse dentro del plazo establecido para la
efectiva incorporación del trabajador al nuevo lugar de destino que, como mínimo, será de
treinta días. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si se opta por la aceptación del
traslado, el plazo para la eventual impugnación de la medida es de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de la notificación de la misma. Veinte días que deben entenderse naturales,
para interponer demanda para la fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones, cuando
dicha fecha esté precisada en Convenio Colectivo, o por acuerdo entre empresario y
representantes de los trabajadores, o se hubiera fijado unilateralmente por el empresario.
Dicho plazo se contará a partir del día en que el trabajador tuviera conocimiento de la fecha,
según el art. 125.a) LRJS. Según el apartado b) del mismo artículo, si la fecha no estuviera
fijada, la demanda deberá presentarse al menos con dos meses de antelación a la fecha de
disfrute pretendida por el trabajador. Por lo que respecta al derecho al disfrute de las
vacaciones, caduca una vez transcurrido el año en que debieron haberse disfrutado, salvo que
el Convenio Colectivo aplicable establezca otra cosa. Además, hay que tener en cuenta las
reglas contenidas en el art. 38.3 ET. Según dicho precepto, cuando el período de vacaciones
fijado en el calendario de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del
contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis ET, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que el período
de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las
señaladas que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año
natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado. Treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos para

30. impugnar el acuerdo de conciliación alcanzado ante el servicio administrativo (art. 67.2 LRJS).
El dies a quo para las partes será aquél en que se celebró el acto, y para los posibles
perjudicados, el día en que conocieron el acuerdo. Treinta días para impugnar la validez de la
conciliación judicial, a contar desde la fecha en que se llevó a cabo (art. 84.6 LRJS). Por igual
razón, se deben considerar días naturales. Para los terceros perjudicados el plazo contará
desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Diez días hábiles para instar el procedimiento
arbitral en materia electoral, si se impugnan actos del día de la votación o posteriores al
mismo, a contar desde el día de entrada de las actas en la oficina pública dependiente de la
autoridad laboral (art. 76.5 ET). El plazo anterior se reduce a tres días hábiles si la impugnación
se refiere a actos anteriores, y se contarán desde que se hubieran producido los hechos o se
hubiera resuelto la reclamación de la mesa (art. 76.5 ET). Tres días para la impugnación de
laudos arbitrales, también en materia electoral, contados desde la fecha en la que el
recurrente tenga conocimiento del laudo (art. 127.3 LRJS). Serán días naturales ante el silencio
de la ley. Diez días que deben entenderse naturales, para la impugnación de la resolución
administrativa que deniegue el registro de las actas relativas a elecciones de delegados de
personal y miembros del Comité de Empresa, a contar a partir de aquel en que se reciba la
notificación (art. 134 LRJS).
Diez días hábiles para el ejercicio de la acción de impugnación de la resolución administrativa
que deniegue el depósito de los estatutos de los sindicatos, contados a partir de aquel en que
sea recibida la notificación de la resolución denegatoria expresa o transcurra un mes desde la
presentación de los estatutos sin que hubieren notificado a los promotores defectos a
subsanar (art. 168 LRJS).
VIII.- Cómputo del plazo de caducidad
Como ha quedado expuesto anteriormente, la regla general es la propia norma de que se trate
fije el dies a quo para el cómputo de la caducidad, debiendo acudirse en caso contrario por
analogía, al artículo 1969 CC.
La jurisprudencia ha ido arrojando luz sobre algunos supuestos oscuros. Ha de partirse del
hecho incontestable de que el dies a quo respecto al despido se corresponde al día siguiente a
aquél en que se hubiera producido (art. 59.3 ET y 103.1 LRJS), es decir, el día siguiente a aquél
en que se produce la cesación en el trabajo. Así, la STS de 21 de septiembre de 1989 recuerda
la doctrina jurisprudencial en la materia: “El artículo 59, número 3, del Estatuto de los
Trabajadores dispone que el ejercicio de la acción contra el despido o resolución de los
contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquél en que se hubiera
producido. Dicho texto, suficientemente expresivo de suyo acerca de cuál debe ser el «dies a
quo» para el cómputo del plazo de caducidad, ha quedado esclarecido decisivamente por la
jurisprudencia de esta Sala en muy reiteradas y contestes Sentencias entre las que pueden