En el presente documento, la Cátedra Abierta “Plan Fénix” ofrece una interpretación del proceso socioeconómico del país durante el último cuarto de siglo, examina algunos dilemas planteados por la coyuntura actual y sugiere acciones que deberían integrar, a su juicio, la futura agenda de políticas prioritarias para consolidar un proyecto nacional soberano. A lo largo de casi una década y media de existencia, el “Plan Fénix” cree haber sido consecuente en el planteo de un modelo de sociedad que impulse un proceso de desarrollo con equidad en el que el Estado juegue un rol fundamental en la dirección general de la economía, el impulso a la producción, la regulación de los mercados, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos sociales, la apertura hacia un mayor protagonismo ciudadano y el logro de una distribución del producto social más equitativa.

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LA COYUNTURA Y EL FUTURO DE LA ARGENTINA
➢ Introducción
En el presente documento, la Cátedra Abierta “Plan Fénix” ofrece una
interpretación del proceso socioeconómico del país durante el último cuarto de
siglo, examina algunos dilemas planteados por la coyuntura actual y sugiere
acciones que deberían integrar, a su juicio, la futura agenda de políticas
prioritarias para consolidar un proyecto nacional soberano.
➢ La agenda permanente del Estado
A lo largo de casi una década y media de existencia, el “Plan Fénix” cree haber
sido consecuente en el planteo de un modelo de sociedad que impulse un proceso
de desarrollo con equidad en el que el Estado juegue un rol fundamental en la
dirección general de la economía, el impulso a la producción, la regulación de los
mercados, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos
sociales, la apertura hacia un mayor protagonismo ciudadano y el logro de una
distribución del producto social más equitativa.
Este modelo de sociedad podría caracterizarse como una sociedad democrática y
equitativa, orientada hacia un desarrollo humano más inclusivo y sustentado en
una soberanía política plena y un control autónomo de sus recursos y actividades
productivas, científicas y culturales.
Las ciencias sociales han reflexionado largamente acerca de si capitalismo y
democracia pueden compatibilizarse en el contexto de economías periféricas en
las que el Estado asume un papel clave en el proceso económico, amparando y
haciendo florecer sectores capitalistas a través de esquemas que implican

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

18. 2
importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.

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importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en
discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social,
asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación
ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y
satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo,
han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad,
equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones
de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico
y debilitamiento del Estado.
En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de
cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda
social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión
permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos
a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como
modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia
de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su
eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un
ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen
un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación
propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de
políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación
orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia
dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad
de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad,
sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran
contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca
todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin
gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.