Este documento discute las desigualdades sociales y cómo los gobiernos pueden abordarlas. Primero, explora las causas de las desigualdades y cómo afectan a la salud y oportunidades de las personas. Luego, examina cómo las ideologías políticas y estructuras de gobierno pueden influir en las desigualdades. Finalmente, propone que los gobiernos deben medir el bienestar más allá del PIB e identificar áreas que requieren atención para reducir las desigualdades.

1. GOBIERNO EN RED Y MULTINIVEL EN EL ABORDAJE
DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES
Isabel Sierra Navarro, Doctora en Psicología, experta en psicología de las
organizaciones y liderazgo en el sector público y asesora de programas (*)
En este capítulo, presentaremos un planteamiento genérico sobre los
elementos que nos parecen sustanciales para abordar el fenómeno de las
desigualdades sociales. Además de los aspectos sociológicos del problema, nos
parece especialmente relevante el sistema de gobierno, las fórmulas de
desarrollo del sector público, de modo que puedan incidir más aún o bien
neutralizar dichas desigualdades y sus efectos sobre las personas y colectivos
sociales.
Desde una visión sistémica del comportamiento social y de las organizaciones
nos parece interesante considerar a las administraciones públicas como
agentes que forman parte del sistema social, con sus estructuras y dinámicas
específicas, de modo que una u otra orientación puede resultar útil o no para
compensar los efectos del sistema capitalista en nuestras sociedades,
generadores por definición de desigualdades sociales que afectan a la salud, la
educación y la igualdad de oportunidades de las personas.
Trataremos tres aspectos para identificar los elementos a considerar (las
desigualdades sociales, las ideologías políticas y estructuras de gobierno y la
participación ciudadana), así como presentaremos unas propuestas de acción y
planteamientos político-técnicos para actuar de forma conscientemente
definida en contra de las desigualdades.
1. LAS DESIGUALDADES SOCIALES
Por definición, el fenómeno de las desigualdades sociales es complejo, en tanto
que se produce como efecto de múltiples factores sociológicos,
(*) Directora del Instituto de Innovación en Servicios a la Persona. (isabelsn@civitasinnova.org)
Asesora del Programa Salut als Barris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
1

2. económicos y estructurales de las sociedades civilizadas. A nivel general, se
puede definir este campo de actuación en el análisis de las diferencias en los
indicadores de bienestar entre poblaciones que provienen de niveles
socioeconómicos y culturales diversos, así como en el área de las intervenciones
orientadas a minimizar los efectos de dicho fenómeno en la calidad de vida de
las personas.
Si las poblaciones occidentales ya presentan desigualdades sociales
importantes derivadas del desarrollo del capitalismo y la ausencia o debilidad
de políticas públicas que luchen contra los desequilibrios que generan, más aún
en los últimos dos años y prevemos que aún más en el futuro, el escalón social
entre estratos de la población, motivado por la escasez de recursos económicos,
ha generado y seguirá generando necesidades concretas en colectivos
específicos. Estos colectivos, en los países europeos, entre otros del mundo
occidental, ya no se limitan a una clase social baja –entendida desde el punto
de vista clásico- sino que van ascendiendo a clases medias, desde el momento
en que la pérdida del empleo por parte de un miembro de la pareja o los dos –
después de haber generado un estatus social y nivel de vida determinado- hace
entrar en núcleos de nueva pobreza a licenciados/as y especialistas, que les
llevan hacia una carrera de descenso social. Según datos de Eurostat, de Junio
de 2009, la tasa de paro en España es del 18’8%, la más alta de Europa, frente a
una media del 9’1% ( Eurostat, Octubre 2009)
Existen tres motivos clave para definir la desigualdad como un problema
significativo. En primer lugar, la división entre ricos y pobres acentúa los
problemas sociales: la delincuencia y un bajo nivel de salud están vinculados a
altos niveles de desigualdad social. Wilkinson (2006) afirma que las sociedades
pobres pero igualitarias presentan niveles relativamente altos de buena salud,
desde el momento en que existe una mayor nivel de cohesión social en aquellas
sociedades. A pesar de que Gordon y Decker (2007) ponen en duda la relación
de causalidad entre salud, bienestar y desigualdad, después de revisar los datos
sobre los efectos concluyen que la desigualdad constituye efectivamente un
problema, ya que “las consecuencias sociales de la desigualdad económica son a
veces negativas, a veces neutras y raramente positivas”.
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3. En segundo lugar, la desigualdad es un problema porque la riqueza causa
pobreza. En esta línea de pensamiento, la desigualdad se convierte en el enlace
entre riqueza y pobreza de una forma muy directa y profunda. La pobreza y la
riqueza están interconectados en el sentido de que cuánto más desigual es una
sociedad, más aguda se vuelve la situación en los dos extremos de la renta. Los
argumentos que justifican esta correlación son tres: en primer término, la
riqueza causa pobreza porque sencillamente no deja suficientes recursos a
disposición de los que reciben una renta baja. (Oppenheim, 1993). En segundo
lugar, una desigualdad en aumento da la oportunidad a la gente más adinerada
de excluirse de los servicios públicos, hecho que desvincula –aunque sea
parcialmente- a estos ciudadanos de los bienes públicos como la educación y la
sanidad. En tercer lugar, la interdependencia entre riqueza y pobreza proviene
de los efectos intergeneracionales de la desigualdad, en concreto en lo que
respecta a la movilidad social. En este sentido, la accesibilidad a los servicios
que determinan la situación económica de un adulto, como puede ser la
educación, la sanidad y la vivienda, está desequilibrada entre las familias ricas y
las pobres. Por tanto, riqueza y pobreza, privilegio y privación, son
interdependientes, son el producto de una estructura económica y una dinámica
que relaciona de forma desequilibrada a las partes.
Al tener este carácter estructural e intergeneracional, la desigualdad es un
problema crucial en las sociedades modernas porque crea sociedades
profundamente segregadas donde la gente queda atrapada en una posición
económica determinada, teniendo muchas dificultades para acceder al
“ascensor social”.
El elemento equilibrador por excelencia, la educación,
requiere de fuertes dosis de re-equilibrio y compensación interna para
minimizar los efectos de las desigualdades sociales de los niños/as y jóvenes, de
forma que el hilo intergeneracional permita una ascensión social progresiva.
Aquí entramos en el tercer aspecto que justifica en análisis de las
desigualdades sociales: la igualdad de oportunidades.
Si bien podemos
confirmar que algunas desigualdades individuales se producen como
consecuencia inevitable de las diferencias en el talento y las capacidades
3

4. individuales de los seres humanos, también hay que señalar la importancia de
los mecanismos sociales para minimizar esas diferencias y garantizar una
igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes públicos de todas las
personas. Pero este argumento no es en absoluto compartido en todas las
sociedades occidentales.
Los argumentos liberales no sólo aceptan las
desigualdades , sino que consideran que también representan un factor
beneficioso para el funcionamiento de la economía, ya que sin este fenómeno el
incentivo económico ante un comportamiento productivo quedaría eliminado y
la economía de mercado, que anima a la actividad productiva básicamente
mediante la promesa de una recompensa económica, seria mucho menos
efectiva.
También desde este punto de vista, las sociedades son básicamente
meritocráticas, en un mundo en el que las personas inician su vida en un
terreno plano y tienen las mismas oportunidades para avanzar, a pesar de la
evidencia de las diferencias flagrantes en las circunstancias de partida. Sin
embargo, esta visión está alejada de la realidad, como hemos visto
anteriormente, desde el momento en que el “punto de partida” individual de
cada sujeto depende del grupo socioeconómico al que pertenece su familia que,
a su vez, determina sus oportunidades de educación, acceso a bienes y servicios.
Desde el punto de vista metodológico, por otro lado, el hecho de cómo medir la
desigualdad se convierte en una cuestión muy controvertida por una serie de
motivos. En primer lugar, la desigualdad es un concepto poliédrico ya que hace
referencia a diferencias tanto en los ingresos, como en la educación, la salud, las
oportunidades, el desarrollo de capacidades, y el acceso a determinadas ventajas
sociales (Cohen, 1993) y el nivel de bienestar y calidad de vida ( Callinicos,
2000). Muchos de estos aspectos son muy difíciles, casi imposibles de medir
(por ejemplo, la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida)
En segundo
lugar, y aún más relevante, los estudios sobre la desigualdad utilizan diferentes
conceptos y definiciones de desigualdad, bienestar, datos y variables.
En lo que respecta a los datos, la inconsistencia en la terminología y el método
de recogida de la información son objeto de desacuerdo entre los especialistas.
4

5. Algunos estudios se basan en fuentes nacionales (registros tributarios,
estadísticas, encuestas, etc), mientras que otros emplean fuentes de datos
internacionales como el Luxemburg Income Study (LIS), la OCDE o Eurostat.
Ambas estrategias representan ventajas e inconvenientes. Con la primera, se
obtiene más riqueza de datos durante periodos más dilatados en el tiempo, que
se pueden remontar a veces hasta principios del siglo XIX. Ahora bien, estos
datos no suelen ser comparables con los de otros países porque la recogida de
datos, las definiciones y las medidas acostumbran a ser diferentes. La segunda
práctica, sin embargo, aporta muestras de algunas décadas de antigüedad con
una ventaja especial: los datos se han recogido siguiendo los mismos métodos,
las mismas definiciones y medidas, por lo que la comparación es posible y
significativa.
Otro motivo de controversia metodológica es la unidad de referencia, que
tanto puede ser el adulto-trabajador/a individual, la unidad fiscal, la familia
nuclear o extensa o el hogar. El último concepto lo encontramos definido de
varias formas en diversos estudios y bases de datos. En este sentido, a pesar de
que la renta total de una familia depende de los ingresos de los diferentes
miembros, no se pueden extraer conclusiones directas sobre la distribución de
los ingresos individuales a partir de la distribución de las rentas familiares
porque “las consecuencias distributivas de los ingresos dependen de la
composición familiar, la cantidad de trabajadores y la correlación entre sus
ingresos” (Atkinson, 2007)
Se hace del todo necesario, en una sociedad cada vez más compleja,
encontrar formas de identificar los niveles de bienestar y calidad de vida en
función de variables múltiples, tanto de orden económico como relacional, de
integración social y de salud.
Las medidas económicas utilizadas durante el siglo XX para identificar el
progreso de un país, como el PIB, empiezan a mostrar sus debilidades a la hora
de definir la calidad de vida de la población. Este índice, creado por el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos en los años treinta, tenía el
fin de establecer un indicador que evaluara la recuperación de la economía
5

6. después de la gran depresión. El problema que plantea el PIB es que sólo mide
el valor de la suma total de los bienes y servicios económicos generados durante
un período de doce meses. Sin embargo, no distingue entre aquellas actividades
económicas que realmente mejoran la calidad de vida de la sociedad y las
actividades económicas negativas que la reducen. El PIB comprende todos los
tipos de actividad económica, incluyendo la construcción de más prisiones, la
ampliación de las fuerzas de seguridad, el gasto militar, los costes de limpieza de
la contaminación, el aumento de los costes sanitarios provocados por el tabaco,
el alcohol y la obesidad, así como el gasto invertido en publicidad para
convencer a las personas de que fumen y beban.
En los últimos años se han producido varios intentos por encontrar una
alternativa adecuada al PIB como el Índice de Bienestar Económico Sostenible
(IBES), creado en 1989 por el entonces economista del Banco Mundial Herman
Daly y el teólogo John Cobb. Su índice parte del gasto de consumo personal
para a continuación agregar el trabajo doméstico no remunerado. A todo ello, se
le resta la actividad destinada principalmente a mitigar pérdidas, tales como el
dinero invertido en delincuencia, contaminación y accidentes. El IBES también
tiene en cuenta la disparidad de ingresos y el agotamiento de los recursos
naturales. Por otro lado, el Indicador de Progreso Real, IPR, incluye muchos de
estos criterios, pero suma el valor del trabajo voluntario en la comunidad y
deduce la pérdida de tiempo de ocio. En tercer lugar, el FISH (Indice Fordham
de Salud social) mide dieciséis indicadores socio-económicos, incluyendo la
mortalidad infantil, el abuso infantil, la pobreza infantil, el suicidio entre
adolescentes, el consumo de drogas, la tasa de abandono escolar, los ingresos
semanales medios, el desempleo, la cobertura de seguros sanitarios, la pobreza
entre los mayores, los homicidios, la vivienda y la desigualdad de rentas.
El hecho de que los gobiernos estén actualmente planteándose la idea de
establecer una forma alternativa de medir el éxito económico supone un buen
indicador de los cambios sociales más amplios que se están produciendo a
medida que la calidad de vida va adquiriendo la misma importancia que los
resultados productivos a la hora de evaluar el progreso de un país.
6

7. Estas nuevas mediciones, si permiten ajustarse a zonas limitadas, ayudarán no
sólo a establecer medidas macroeconómicas del bienestar real de una población,
sino a identificar sectores y territorios que requieren una atención específica por
encontrarse en situación de desigualdad social manifiesta.
2. IDEOLOGÍA POLÍTICA Y ESTRUCTURAS DE GOBIERNO
Volviendo a un planteamiento político de las desigualdades sociales, cabe
plantearse el alcance del impacto de las diferentes ideologías políticas y su
aplicación en los gobiernos en relación al aumento o disminución de las
desigualdades. En un estudio de Brady y Leicht (2007) queda clara la relación
entre desigualdad de renta e ideología del gobierno. Analizando la sociedad y
los gobiernos de 16 países mundiales, los autores identifican el impacto del
poder de los partidos de derechas en tres medidas (el coeficiente de Gini, las
ratios 90/10 y 90/50 de la distribución de renta). Según sus conclusiones, el
efecto acumulativo del poder de los partidos de derechas aumenta
significativamente la desigualdad a causa de tres mecanismos principales: la
acción legislativa, el mandato administrativo y la influencia ideológica.
Los autores opinan que el poder de los partidos de izquierda ejerce menos
influencia en el coeficiente Gini y la ratio 90/50, pero más influencia en la ratio
90/10, mientras que el porcentaje de sindicación no es significativo después del
control del poder de los partidos de derechas. Por otro lado, consideran que los
partidos conservadores consiguieron ser más influyentes a partir de 1.989,
mientras que los partidos de izquierdas se van debilitando progresivamente.
Este abordaje metodológico tan amplio no permite, sin embargo, señalar el
protagonismo específico de diferentes niveles de gobierno en cada uno de los
países. Es importante, en el análisis del entramado político-administrativo,
identificar los niveles compentenciales a fin de destacar responsabilidades
concretas en unos u otros temas que derivan en el bienestar de la población. La
arquitectura específica de cada país en cuanto a la relación que establece entre
administración y poder es significativa en orden de interpretar adecuadamente
7
(1) Los paises eran: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá. Dinamarca, USA, Finlandia.,
Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza

8. la relación de fuerzas que existe entre ideología y acción.
Si bien en nuestro
país existe una descentralización relativa y poco homogénea de las
competencias del Estado hacia las Comunidades Autónomas, que se ejerce con
mayor o menor intensidad, también es cierto que la construcción de nuestra
nueva historia democrática –de sólo treinta y pocos años de duración- se inicia
prácticamente con la recuperación de los ayuntamientos democráticos, a efectos
de visibilidad política en acciones concretas y dotación de servicios.
Si bien nuestro punto de partida en el análisis del papel de la administración
en el abordaje de las desigualdades sociales, es la administración local, también
es cierto que, desde una visión sistémica, es indivisible ese análisis del
entramado político-administrativo que configura la administración central y su
posible descentralización. Existe, desde nuestro punto de vista, una disyuntiva
importante en relación al discurso político y la realidad efectiva, en relación a
los ayuntamientos.
Especialmente desde los partidos de izquierda se ha
impulsado la idea de la descentralización máxima desde el momento en que la
proximidad ante el ciudadano que tienen los ayuntamientos permite, no sólo
identificar mejor las necesidades de la sociedad en un contexto concreto, sino
prestar de forma más eficiente los servicios y planificar de acuerdo a cada
realidad particular.
Sin embargo, desde los niveles competenciales autonómicos se da la necesidad
de decidir y controlar determinadas estrategias políticas que deben aplicarse
con un criterio básico de equilibrio territorial y población, de la misma forma
que a nivel estatal, deben tomarse determinadas decisiones que afectan al
bienestar general o que vienen a compensar desequilibrios generados desde
cada ámbito territorial.
Si bien es cierto que la arquitectura de nuestro sistema administrativo no fue
diseñada por un solo actor ni en un solo momento, lo que ha generado procesos
de acción-reacción y redefiniciones sucesivas de ámbitos competenciales,
también es verdad que ningún gobierno en estos treinta años ha tomado en
serio la reordenación del sistema público como garante de los derechos de los
ciudadanos, con criterios de racionalización y optimización de los recursos,
8

9. eficacia en la planificación y prestación de los servicios y, sobre todo,
orientación al ciudadano/a. Algunas consideraciones concretas:
1. La reforma de las administraciones públicas no Es una prioridad política
porque se percibe como una fuente de potenciales conflictos de
identidad,
financiación,
territorio
y
legitimidad
política
en
las
comunidades que se vean afectadas. Existen iniciativas autonómicas que,
por su parte, promueven modificaciones legislativas necesarias para el
desarrollo de sus responsabilidades, como en Cataluña, que no se ven
respaldadas fácilmente por partidos centralistas ni tampoco, en
ocasiones,
por
las
otras
comunidades
autónomas,
aunque
ideológicamente estén de acuerdo y a nivel práctico también les seria
beneficioso.
2. Desde nuestra pertenencia a la Unión Europea, la regionalización se
percibe como un riesgo para la autonomía local aunque la construcción
de la Unión Europea es una oportunidad para el ámbito local, desde el
momento en que puede recibir financiación directamente, así como
formar parte de redes de partenariado con otros municipios.
3. La ausencia de un debate sobre la administración local, después de que
ésta asumiera en primera instancia responsabilidades ante los
ciudadanos en cuanto a servicios que después se mostraron que no eran
de su competencia, está haciendo que los ayuntamientos estén
transformando su funcionamiento interno con frecuencia para poder
adaptarse a los cambios y necesidades sociales que les son más próximas.
4. Alguno de estos cambios van en la dirección de pasar de ser meros
prestadores de servicios a la ciudadanía, a convertirse en representantes
de las necesidades de un territorio y
generadores de redes de
cooperación, tanto a nivel territorial como con otros niveles de la
administración, a efectos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos,
sumando esfuerzos.
5. Llegados a este grado de madurez política y organizativa, los
ayuntamientos ya no pueden o no quieren dar marcha atrás en ser
simples prestadores de servicios que vienen dados por la Comunidad
Autónoma correspondiente o el Estado. No pueden ser “oficinas
9

10. descentralizadas” de las estrategias de gobiernos de nivel superior, en las
que probablemente siquiera han participado.
3. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS EN RELACIÓN AL ABORDAJE DE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES.
Una mirada global y transversal, necesaria para el abordaje de las
desigualdades sociales, no puede obviar las estrategias multigobierno y
multinivel, no sólo por una determinación pragmática sino especialmente para
poder incidir en el origen de dichas desigualdades. Así, el ambicioso objetivo de
toda intervención en este ámbito contempla, como mínimo, dos estrategias:
actuar para minimizar los efectos de las desigualdades ya existentes y trabajar
de forma proactiva con las instituciones y sectores generadores de origen de las
desigualdades para incluir en su paradigma las iniciativas que eviten la
generación de desigualdades. Por seguir un orden jerarquizado, proponemos:
3.1 Desde el punto de vista de las políticas estatales:
A partir de una visión macro-estratégica que incluye la posibilidad de los
estados y gobiernos centrales para actuar y definir sus políticas económicas,
algunas propuestas para reducir las desigualdades serían:
•
Revisar el sistema impositivo de forma que fuera más progresivo. A pesar
de que el éxito social o riqueza no debería penalizarse de forma
automática, el sistema impositivo debería ser un instrumento eficaz para
redistribuir los recursos entre ricos y pobres. Además, haría falta aplicar
más desgravaciones fiscales a los grupos desfavorecidos, las familias
monoparentales y los trabajadores con ingresos inferiores a la media. Los
gobiernos nacionales deberían apostar decididamente por un sistema
impositivo más redistributivo, de forma que no se aumenten las
desigualdades por razón de renta.
10

11. •
Invertir en educación desde un punto de vista amplio, como herramienta
principal para superar las desigualdades sociales y favorecer el ascenso y
la movilidad social. No sólo se trataría de invertir en la calidad y
excelencia de las etapas primarias y secundarias de la educación, sino en
favorecer un buen nivel de formación ocupacional de calidad, así como
un acceso equitativo a la universidad, no dependiente de las
características socio-económicas de las familias, sino de las capacidades y
el esfuerzo de los jóvenes.
Sistemas de becas que garanticen la
continuidad en los estudios, de cooperación con el sector privado para la
realización de prácticas y contratos de inicio laboral, formación a lo largo
de toda la vida, para favorecer la capacidad de adaptación continuada de
los trabajadores.
Los gobiernos no deberían dejar en manos de los
incentivos y mecanismos del mercado el hecho educativo, sino que
tendrían que mejorar la calidad y accesibilidad a la educación pública, así
como establecer mecanismos para el acceso y continuidad de colectivos
con necesidades especiales como los jóvenes en riesgo social, los niños/as
de familias desestructuradas, trabajadores con bajos niveles de renta, las
mujeres sin estudios ni experiencia laboral o los mayores de 50 años en
paro. Numerosos estudios confirman que la inversión en educación no
sólo revierte en el bienestar individual de las personas, sino en el
conjunto de la sociedad (Topel, 2004)
•
Mejorar las condiciones del mercado de trabajo, que facilite el acceso de
los parados y proporcione protección a los que ya están empleados.
Como ejemplo, planteamos a discusión el concepto de flexiseguridad,
definido por la Comisión Europea en base a cuatro componentes:
condiciones contractuales flexibles y seguras; políticas activas del
mercado de trabajo que fomenten la seguridad; dinámicas de formación
continuada que potencien la ocupabilidad y aumenten la productividad;
sistemas modernos de seguridad social que combinen ayudas suficientes
a las rentas con la promoción de la movilidad en el mercado de trabajo.
Desde la perspectiva de la C. Europea, la flexiseguridad ofrece ventajas en
muchos sentidos, a partir de que fomenta un alto índice de ocupación y
una percepción de inseguridad más reducida; ofrece una protección legal
11

12. y contractual limitada ante los despidos; garantiza altas tasas de
sustitución de los parados y depende de las políticas activas del mercado
de trabajo, basadas en derechos y responsabilidades. Es una estrategia
que combina la política de educación y la del mercado de trabajo sin
precedentes. educación continuada. Habría que realizar un análisis más
profundo en relación a qué dinámicas genera a nivel social y hasta qué
punto las diferencias entre sujetos en el acceso a la educación de calidad
y la formación continuada, pueden ser determinantes en la generación de
desigualdades sociales.
•
Abordar el hecho de la inmigración desde un punto de vista estratégico a
largo plazo y no sólo táctico. Las políticas de inmigración han de ser más
activas e inclusivas, de forma que acepten los procesos de flujos
migratorios que son comunes en todo el mundo y regulen las dinámicas
que les resultan de interés. Los gobiernos progresistas no deben dejar
que sea el libre mercado el que regule los flujos migratorios, sino que
deben liderar el proceso de integración, tanto cuantitativa como
cualitativamente, de forma que la integración sea un proceso natural que
se inicie con la experiencia laboral –interés principal de los inmigrantesy continúe con la educación e integración social.
•
Finalmente, y
como política que consideramos pública y, por tanto,
objeto de análisis y acción por parte de las administraciones, el acceso a
la vivienda, como derecho fundamental, ha de estar regulado por el
sector público. Tanto la gestión del suelo, que ha de integrar intereses y
legislación desde el punto de vista económico, ecológico y de interés para
la población, como la regulación del mercado inmobiliario, han de ser
objeto de atención de la administración central, desde el momento en que
el suelo y territorio es, en principio, un bien público y no privado, y que
la vivienda es un derecho primario en una sociedad como la nuestra. La
definición de unas reglas del juego con el sector económico que trata
temas inmobiliarios y de infraestructuras a partir de las administraciones
se hace del todo necesario especialmente en momentos de crisis
económicas. La fragilidad de las familias y las personas para obtener una
12

13. vivienda –ya sea de alquiler o de propiedad- es una de las formas más
evidentes de desigualdad social que no sólo afectan al estatus social de la
familia y sus miembros, sino que pueden tener efectos en las condiciones
de salubridad de las viviendas, el acceso a los servicios y transportes, las
oportunidades de estudio o trabajo, etc.
3.2
Desde el punto de vista de la gobernanza y la gestión de realidades
complejas desde la administración pública,
creemos que sería
conveniente:
•
Revisar el sistema de administración pública, desde el punto de vista de
rigidez institucional y competencial.
complejidad
creciente
le
A territorios y problemas de
corresponden
fórmulas
institucionales
heterogéneas e imaginativas, de geometría variable y dinámicas
innovadoras. Poder trascender a las estructuras rígidas en beneficio del
trabajo por iniciativas u objetivos, contando con los agentes relevantes,
estableciendo compromisos mutuos.
•
Los gobiernos autonómicos han de asegurar una auténtica conexión con
las políticas generales pero también, y especialmente, con las políticas
locales. La generación de cooperación institucional ha de basarse, si no
se cambian las leyes actuales, en el respeto a la autonomía propia de cada
institución, a su nivel de competencias y a la capacidad real de aportar
ideas y recursos para la generación de cambios. La autonomía municipal,
definida por ley, ha de poder ser compatible con las estrategias regionales
del territorio de una Comunidad Autónoma, mediante los Programas
articulados verticalmente, que aseguren la ejecución de políticas de
forma equitativa en el territorio, pero adaptadas a cada organización y
realidad local, partiendo de un trabajo de cooperación horizontal y no
jerarquizado.
•
Las administraciones modernas mejorarán la cooperación con el sector
privado, a partir de unas reglas de relación transparentes y orientadas a
objetivos comunes de interés público.
Las diferentes fórmulas de
compromiso e implicación mutua varían en función de múltiples
13

14. variables, a pesar de que la capacidad de iniciativa y planteamiento del
hecho público corresponde en buena lógica a la administración pública,
así como la garantía de calidad y equidad en las acciones.
•
Los gobiernos locales han de adquirir mayor protagonismo en el
liderazgo de redes en su territorio, de forma que aglutinen no sólo las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, sino también las iniciativas
de mejora y cambio de los agentes locales, públicos o privados.
El
desarrollo de roles estratégicos y cualitativos en su ámbito territorial
debe ir acompañado de una modernización de la capacidad de liderazgo
político y directivo, así como de herramientas de apoyo a la organización
de redes y evaluación de resultados.
Desde el punto de vista de la mejora de la calidad democrática y la
3.3
participación ciudadana, creemos que el avance ha de ser sustancial,
desde el momento en que la percepción de la población respecto al
sistema de partidos y elecciones cuatrianuales es insuficiente y no goza
de la confianza necesaria.
•
Sería necesario implementar sistemas de participación democrática que
resulten representativos de determinados sectores sociales o territoriales,
de forma continuada y directa, de forma que la información y
comunicación en ambos sentidos –población/administración- sea
continuada y transparente.
•
La gestión y calidad de los servicios y actuaciones locales debería ser
evaluada por agencias de gestión de la calidad a nivel supralocal o
autonómico que garanticen la presencia de representantes de los
usuarios y población general, además de expertos y técnicos especialistas.
•
El impulso de las tecnologías de la información para favorecer la
participación ciudadana ha de contar con estrategias para asegurar la
equidad por razón de edad, sexo, nivel cultural, discapacidad o
procedencia cultural.
14

15. •
Los gobiernos, en todos sus niveles, deben contemplar espacios de
participación ciudadana, transparentes y representativos, que vinculen a
la ciudadanía no sólo en el análisis de los problemas sino también en la
concreción de las propuestas, implicándose en ellas según su capacidad.
•
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de generar
procesos internos y externos que mejoren la confianza de los ciudadanos
en la gestión pública y en su finalidad principal: el bienestar común.
4. NUESTRA PROPUESTA ORIENTADA AL ÉXITO
En este apartado, presentaremos sucintamente una propuesta metodológica
de abordaje de las desigualdades sociales, que ha tenido en cuenta los elementos
planteados hasta el momento: la dinámica de las desigualdades sociales, el
gobierno en red y multinivel, y la participación ciudadana. Esta propuesta
metodológica se aplicó parcialmente desde el año 2005 hasta 2009 a la
iniciativa del Departament de Salut de participar en una acción integral del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya para la mejora de barrios con
necesidades especiales. (Llei 2/2004 del Parlament de Catalunya)
Cuando hablamos de una propuesta “orientada al éxito” no queremos caer en
una simplicidad y ostentación absurdas. Nos referimos a un método en el que el
trabajo relacional entre las partes implicadas para la definición de soluciones se
basa esencialmente en los aspectos positivos de la organización y las personas
para generar cambios, y no sólo en analizar pormenorizadamente los
problemas.
Asimismo, está orientada al éxito, en el sentido de que no proponemos la
delimitación de objetivos a largo plazo, ni desde el punto de vista de la dinámica
inter-institucional que establecemos, ni desde el punto de vista de la población
sujeto de la atención. Nuestra propuesta inicia un proceso, con unos elementos
determinados, unas reglas de juego y una dinámica proactiva. Un proceso que se
instaura en el territorio y va generando sus propios éxitos, progresiva y
consecutivamente.
Al igual que las dinámicas sociales no son estáticas ni
15

16. uniformes, la intervención social tampoco debe serlo. De esta forma, nuestro
método introduce una mirada de corte transversal, por un lado, en el momento
en que analizamos las necesidades sociales en sentido amplio en un momento
concreto del tiempo, pero también estructura y consolida unos mecanismos que
han de visualizar la intervención de forma longitudinal en el tiempo, a través de
un mecanismo de aproximaciones sucesivas que no llevarán a un único y gran
éxito, sino a sucesivas mejoras, evaluables y contrastables, que darán como
resultado, desde una mirada longitudinal y relativa, una proceso seguro de
mejora, de éxito.
Necesitamos, para trabajar en el campo de las desigualdades sociales, como
mínimo, tres elementos: comprensión del fenómeno,
expectativas realistas
respecto a las posibilidades de mejora y éxito, compromiso entre las partes que
pueden generar cambios.
El Programa ALIRES, del Instituto de Innovación en Servicios a la Persona,
CivitasInnova significa “Acción Local Intensiva en Redes de Salud y Bienestar
Social”. A partir de la construcción teórica que hemos apuntado anteriormente,
intenta poner en ejecución algunos de esos conceptos en un escenario concreto,
formado por dos ejes:
el espacio local y la administración local como eje
dinamizador, por un lado, y las desigualdades sociales y en salud, como objeto
de análisis y trabajo, por otro.
Sin embargo, se trata de un sistema que
permitiría adaptar los componentes a diversos ámbitos y niveles de gobierno,
desde el momento en que se construye a partir de PERSONAS como elementos
de un SISTEMA creado al efecto para la finalidad y objetivos en cuestión.
Asimismo, sería útil en el abordaje de otro tipo de problemáticas sociales.
De este modo, los elementos principales de éxito son:
-
La identificación adecuada y consensuada del objeto de análisis y cambio.
-
La selección de las instituciones y otros agentes implicados en el
problema, con capacidad resolutiva y de aplicación de recursos, es decir,
aquellos que ostentan el poder en el territorio.
16

17. -
La gestión del poder como elemento común a un equipo de trabajo en
posición horizontal, con la mirada puesta en la población y no en sí
mismo
-
Participación activa de los técnicos y de la población como elementos
impulsores por un lado y consolidadores por otro de las dinámicas
creadas
El punto de partida de nuestra intervención, como consultores externos, es la
identificación de una necesidad social a partir de una problemática emergente
en un territorio concreto, o bien la voluntad política de actuar sobre problemas
endémicos de la población, o bien por la directriz autonómica o central de
impulsar políticas de lucha contra las desigualdades sociales. En todo caso, la
organización pública que lidera el inicio del proceso se encuentra con una
realidad nueva: debe hacer algo que no ha hecho nunca, de difícil abordaje
desde un ámbito competencial de meso-nivel o micro-nivel, y contando con los
recursos humanos y materiales existentes en su territorio. Si bien en muchos
casos, las organizaciones tienen ya definidos sistemas de trabajo que puedan
integrar una problemática nueva, en general la participación de una entidad
externa es bien apreciada para resolver el enfoque y amplitud del propósito.
A pesar de que el abordaje de las desigualdades sociales, como ya hemos
mencionado, requiere políticas europeas y estatales para reducir su origen en el
ámbito económico y sociológico, nos encontramos en el ámbito local con los
efectos de dichas desigualdades en muchas personas y colectivos y con una
tendencia a “paliar” esos efectos, con políticas asistenciales y reparadoras de los
daños. Así las prestaciones económicas, los albergues o centros de acogida, las
becas de comedor, la tutoría personalizada en la inserción laboral, etc.
No es frecuente encontrar responsables políticos ni técnicos que tengan la
visión de que su actividad institucional no sólo también puede generar
desigualdades sociales, sino que tiene la posibilidad de neutralizarlas y luchar
contra ellas. Desde este punto de partida, nuestro planteamiento nos lleva a
ampliar el círculo de posibles implicados en el proceso, en forma de círculos
concéntricos en los que situamos, de forma funcional, a las políticas sociales y
17

18. de salud en el centro, pero con importantes conexiones con otras políticas
municipales con competencias plenas.
URBANISMO
EDUCACIÓN
H
A
C
I
E
N
D
A
C
U
L
T
U
R
A
POLÍTICA SOCIAL Y SALUD
D
E
P
O
R
T
E
S
M
E
DA
I M
OB
I
E
N
T
E
PROM. ECONOMICA
MANTENIMIENTO
Figura 2: Elaboración propia. Isabel Sierra
Según sea el estamento impulsor de la necesidad de intervención, la
construcción de este entramado funcional se iniciará por un camino o por otro.
En última instancia, sin embargo, el objetivo es situar a los responsables
políticos en este orden de implicación, desde el momento en que las
desigualdades sociales, como hemos dicho, no sólo tienen su origen en diversos
sistemas, sino que esos mismos sistemas tienen en su mano oportunidades de
compensarlas y minimizar sus efectos.
Justificaremos nuestra posición al respecto: el núcleo motor de la intervención
es el de la Política Social, desde el momento en que las desigualdades sociales,
como hemos ya mencionado, tienen su plasmación directa en la población que
vive en ciudades y pueblos concretos. Los Servicios Sociales son los que
absorben la demanda mayoritaria de estos colectivos, que suele ser de tipo
económico, uso preferente de servicios públicos o integración laboral. En este
sentido, los Servicios Sociales actúan como compensadores o reparadores de los
18

19. déficits sociales e individuales acumulados por estos colectivos a lo largo de su
historia
vital.
También
tienen
una
importante
función
preventiva,
especialmente dirigida a los miembros más frágiles de las familias, como los
niños y niñas, personas mayores dependientes y personas con la autonomía
personal limitada. En este sentido, la detección de situaciones de riesgo de
forma precoz, cuando aún no se han producido problemas es un factor
importante de la intervención social que no siempre es bien reconocido ni
ampliamente practicado en todos los ayuntamientos, que tienen esa
competencia de forma casi exclusiva.
El ámbito de la Salud, por otro lado, y a pesar de no ser una competencia
exclusiva del ayuntamiento, es partícipe de primer orden en nuestro
planteamiento, dada su relevancia para el contacto con el sector sanitario del
territorio, además de poder actuar de forma preventiva y en promoción de la
salud en colectivos de riesgo social.
Estos dos ámbitos son los que, de forma colegiada, actúan de líderes del
proceso, en cuanto a la coordinación de las actividades, el impulso de los
proyectos en el ámbito interno municipal y la interlocución directa con la
alcaldía que, en definitiva, es la figura que tutoriza en última instancia el
proceso y ha de procurar por su ejecución en un período de tiempo suficiente
como para ser efectivo.
En el segundo círculo, nos encontramos con Educación, Deportes, Cultura y
Promoción Económica (área que ostenta diversos nombres pero que se ocupa
del desarrollo de la economía local,
inserción laboral y contacto con las
empresas del territorio). Las personas con rentas bajas suelen tener asociados
comportamientos, por un lado, poco saludables a nivel de deporte y actividad
física y, por otro, de acceso a productos culturales de cierto nivel. Sin entrar
ahora en si una situación lleva a la otra o al revés, el papel del ayuntamiento de
la planificación de la oferta deportiva y cultural debe tener en cuenta también
estos aspectos, como mínimo, para favorecer el acceso a todas las personas del
municipio que lo deseen o, incluso, a aquellas en las que, por su situación
personal, está aún más indicado.
19

20. En relación a la Educación, es importante su papel como conector con el
sistema educativo del territorio, tanto formal como no formal, así como en su
rol ejecutor de formación de adultos. Las regidurías de Educación pueden hacer
un gran papel en el apoyo a las escuelas e institutos en relación a colectivos
específicos, situaciones de riesgo que se pueden detectar, apoyo a la comunidad
educativa, políticas de integración inter-cultural, organización de jornadas y
formación para los docentes y asociaciones de padres y madres de alumnos, así
como actividades dirigidas a los propios alumnos, en relación al conocimiento
de su ciudad, de los Derechos de la Infancia, y otras problemáticas sociales de
nuestra época que complementan la actividad de la escuela y de la familia. Más
importante, si cabe, es el papel de la promoción económica o desarrollo local, en
cuanto a su posibilidad de generar sinergias en el territorio entre la población, la
formación profesional y la inserción laboral.
Si bien es cierto que son
actuaciones dirigidas a la población general, también es muy importante que se
tenga en consideración a ciertos colectivos a fin de establecer puentes entre su
situación personal y la plena inserción. Mujeres sin estudios con hijos a cargo,
parados de larga duración, personas que salen de prisión o finalizan un proceso
de deshabituación de las drogas o el alcohol, entre otras, deben ser objeto
preferente de intervención del sector económico de la institución local, como
garante de la igualdad de oportunidades para todos.
En un tercer ámbito de implicación en el proceso, contamos con las áreas de
Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento o Servicios Generales, i Hacienda.
Son áreas que podría parecer que no tienen un impacto directo respecto a las
desigualdades sociales, pero veremos que no.
Una de las características
comunes de las desigualdades sociales son las malas condiciones de la vivienda
o la falta de acceso a ella. Desde los ayuntamientos existen iniciativas en
relación a la promoción de viviendas de protección oficial, aunque durante unos
largos años esa función desapareció, dejando paso a la especulación urbanística,
como es bien sabido. Una política de vivienda, desde el ámbito de competencia
municipal, ha de tener presente la situación de su población en general, así
como especialmente de las familias y colectivos en situación de desigualdad
social.
La garantía de vivienda digna, si bien no es una responsabilidad
20

21. exclusiva del ámbito local, sí puede generarse a partir del impulso local y su
participación en las áreas de las que son responsables.
Además de la vivienda, el urbanismo local tiene un gran papel en relación a la
distribución de la ciudad, la integración de los barrios, las comunicaciones y
acceso de todas a las personas a los servicios públicos, la ubicación de éstos, el
diseño del paisaje urbano y la incidencia en la seguridad ciudadana. En este
sentido, en muchas ciudades europeas y también en algunas españolas, se han
generado interesantes proyectos de rehabilitación integral de barrios
deprimidos a todos los niveles con una intervención urbanística que busca no
sólo la rehabilitación de las fachadas de las viviendas y las condiciones físicas de
éstas, sino también la distribución del espacio físico, su funcionalidad, la
oportunidad de creación de equipamientos públicos, todo ello pensando en
evitar la denigración urbana asociada a su uso por parte de determinados
colectivos sociales, así como en disminuir el riesgo de segregación social i
concentración de problemática social.
Los ámbitos de medio ambiente, mantenimiento urbano y salubridad del
municipio, a menudo actúan de forma homogénea en todo el territorio, aunque
existen diferencias sustanciales en algunos barrios o zonas de las ciudades o
pueblos. En este sentido, articular propuestas específicas orientadas a colectivos
diana que realizan malas prácticas en la gestión de los residuos y uso del espacio
público, que pueden llevar a problemas de convivencia, es necesario para ganar
en eficacia en este tipo de servicios y no generar discriminación respecto a
algunas culturas y formas de vida.
En cuanto a Hacienda, la participación en un proceso municipal de abordaje
de las desigualdades sociales puede llevar a considerar aspectos fiscales para
algunos ciudadanos/as o familias, a tener en cuenta situaciones sociales
específicas justificadas a efectos de tomar determinadas medidas y, sobre todo,
a plasmar en los presupuestos anuales, con carácter de continuidad, los costes
derivados de los nuevos proyectos que el proceso pueda generar.
21

22. Uno de los conceptos que aplicamos en este primer círculo de acción es
precisamente el de gobierno inter-departamental, desde el momento en que, a
pesar de pertenecer a un mismo consistorio, no siempre se comprende ni
respeta el trabajo transversal. En este sentido, nuestra primera intervención
consiste en crear un espacio de trabajo a dos niveles: primer y segundo círculo,
por un lado, y primer y tercer círculo por otro, de forma que se recogen tanto las
expectativas y visiones sobre el problema, así como el posicionamiento
particular, y las posibilidades reales de concreción de propuestas e implicación.
Utilizamos diversas técnicas de dirección de equipos, entre ellas, el coaching
estratégico, a fin de generar las mejores opciones de cooperación en cada caso.
Además del ayuntamiento como generador de procesos tanto internos como
externos, nuestro modelo contempla de forma muy precisa la implicación de
agentes del territorio implicados tanto en el análisis de los problemas como en
sus soluciones.
Asociaciones y entidades
P
O
B
L
A
C
I
O
N
Escuelas e Institutos
P
O
B
L
A
C
I
O
N
AYUNTAMIENTO
Empresas y lobbies
Centros Sanitarios
Figura 3: Elaboración propia. Isabel Sierra
Normalmente ya existen relaciones externas del ayuntamiento con entidades
de su territorio. La nueva intervención consiste en abordar las desigualdades
22

23. sociales, no sólo desde el punto de vista de la demanda y reivindicación por
parte de estas entidades, como es lo habitual, sino constituir un espacio de
trabajo con personas representativas y conocedoras de la realidad social del
municipio, que será el equipo que formará el núcleo motor del ayuntamiento
(política social y salud) con el resto de la ciudad. Asimismo, y para esta función,
el núcleo motor contará con agentes de otras regidurías para actuar como
interlocutores naturales con los agentes sociales.
El objetivo siempre es
compartir el análisis de los problemas y generar posibles soluciones. En el caso
de las vinculaciones con agentes externos, suelen darse tres fenómenos:
-
en tanto que las relaciones habituales del ayuntamiento con escuelas,
institutos, centros sanitarios, empresas y entidades ya tienen una
experiencia previa, la necesidad de “descodificar” esta percepción mutua
para construir otra suele entrañar bastantes dificultades.
-
es necesario construir un lenguaje común para poder desarrollar
propuestas y comprender el fenómeno de las desigualdades sociales. Es
interesante, en ese sentido, poder organizar alguna sesión informativa o
formativa, previa al trabajo del equipo, para establecer un punto de
partida más homogéneo.
-
las entidades sociales, asociaciones, empresas y lobbies de la ciudad
deben dedicar un tiempo interno a comprender la participación que se les
pide, en tanto que suele ser la primera vez que tratan el tema o bien que
tienen una relación horizontal con el ayuntamiento para abordar una
problemática en la que, en principio, creen que no pueden intervenir.
Para tratar esta fase de trabajo analítico y propositivo es muy importante que
se identifiquen las personas clave de cada institución de forma adecuada, en
base a unos criterios específicos, así como se utilicen técnicas de dirección de
equipos para lograr un aprendizaje significativo entre los miembros y un trabajo
cooperativo orientado a resultados.
En este punto, es dónde interviene el sistema de gobierno multinivel, en el
sentido de que tanto los centros educativos como sanitarios tienen una
23

24. dependencia autonómica y su margen de maniobra respecto a las decisiones a
tomar en cada territorio es limitada. En ese sentido, ayudamos a establecer
puentes
con
las
figuras
jerárquicas
correspondientes,
en
momentos
determinados de la toma de decisiones, no sólo con el objetivo de tratar la
situación del municipio en cuestión, sino también para abrir vías en el nivel
autonómico de cooperación en otros territorios que puedan estar interesados en
un futuro en iniciar el proceso.
El entramado de vinculaciones, ya sean jerárquicas u horizontales, entre los
miembros del equipo de trabajo y otras instituciones de orden superior o
equivalente (otras escuelas, otros centros sanitarios) es de una cierta
complejidad por lo que utilizamos técnicas de mapificación de las relaciones y
estrategias de alianzas y negociación para poder abordar estos obstáculos,
cuando los hay.
Para acabar la exposición en relación a los elementos del programa a nivel
local, expondremos nuestra visión respecto a la participación ciudadana. Como
ya hemos comentado en apartados anteriores, la legitimidad de la participación
a través de asociaciones, en algunos casos, puede ser cuestionada. En el caso
particular del abordaje de las desigualdades, nos encontramos normalmente con
una escasa vinculación de estos colectivos y personas a asociaciones genéricas
del municipio, aunque sí pueden tener las suyas propias, como en el caso de la
comunidad gitana o algunos inmigrantes.
El conocimiento del ayuntamiento
respecto a las entidades es sustancial, a pesar de que cada área suele tener sus
propios interlocutores, por temas específicos o bien existe algún Consejo de
participación formalizado de tipo general. En todo caso, se revisan todas las
entidades del municipio, tengan contacto o no con el ayuntamiento, los
liderazgos, la base que representan, sus intereses específicos y la experiencia del
ayuntamiento con ellas. Se valoran todos los elementos, de forma que se define
una estrategia de participación específica en cada territorio, en función del
tejido asociativo y de la voluntad política.
Como en el caso de los agentes públicos del territorio externos al ayuntamiento
y de forma simultánea, se plantea la participación de la población en el proceso
24

25. de trabajo, señalando a las entidades la necesidad de identificar por su parte
aquellas situaciones de desigualdad social que tienen o no tienen recogidas y
hacer un esfuerzo por detectarlas. Asimismo, a partir del conocimiento de los
Servicios Sociales municipales y los servicios de salud, se propone la
colaboración personalizada de usuarios/as a través de unas encuestas
específicas, además de animarles a participar más continuadamente a través de
alguna asociación.
Durante todo el proceso de análisis y elaboración de propuestas, la
participación de la población es activa, a través de reuniones formalizadas en las
que se somete a su consideración el trabajo que realizan los técnicos y se
recogen aportaciones. También en el momento de las propuestas, y esto es lo
más novedoso, las entidades son llamadas a participar con actuaciones desde su
ámbito de responsabilidad y no sólo a exigir actuaciones por parte de la
administración. Hemos de decir que, a través del trabajo cooperativo que
implica a las diferentes partes, las entidades y colectivos son capaces de
reconocer los límites de la intervención pública con más detalle, así como
también valorar sus posibilidades reales de abordar las desigualdades también
desde su posición.
A principios de 2010, después de cuatro años desarrollando el programa, no
sólo en Catalunya sino en municipios de Aragón y País Vasco, podemos decir
que la valoración por parte de los participantes, casi sin excepción, es máxima.
La implicación real de las instituciones ha derivado en la dotación de recursos
humanos, económicos y materiales para el desarrollo de más de 350 proyectos
en 29 municipios españoles. La participación ciudadana y la permanencia de
los equipos técnicos esperamos que compense la movilidad de algunos políticos
y directivos, así como consolide una forma de relacionarse con la administración
con una base cooperativa y atenta a las desigualdades sociales.
Siguientes retos nos llevarán a mejorar la capacidad de evaluación de
resultados de los proyectos desarrollados, a fin de valorar el impacto real en la
población respecto a las desigualdades sociales, aunque, como decíamos antes,
la dificultad metodológica de valorar determinados avances es manifiesta.
25

26. 5. A MODO DE SÍNTESIS
Nuestra aportación en este capítulo ha pretendido situar el marco de análisis
de las desigualdades sociales, por un lado, así como apuntar propuestas en
relación a las posibilidades de acción para evitar su incremento y minimizar sus
efectos sobre las personas.
A pesar de que el fenómeno tiene un origen estructural en relación al sistema
capitalista y la economía de mercado, algunas propuestas a considerar, como la
flexiseguridad, que facilita márgenes de maniobra menos rígidos para la
contratación, así como una formación continuada y estable que permita la
adaptación continua de los trabajadores y una adecuación entre la formación
profesional y universitaria con los mercados de trabajo, serían elementos a
desarrollar para favorecer la estabilidad laboral, el fomento del talento y la
posibilidad de ascender socialmente a través de la educación y el trabajo.
Desde el punto de vista de las ideologías políticas y las estructuras de la
administración, apuntamos propuestas en relación a una mayor disponibilidad
y predisposición de las posiciones progresistas, no sólo para reconocer las
desigualdades sociales, sino para trabajar en contra de su existencia y a favor de
la mejora de las condiciones de las personas que las padecen. En ese sentido,
las políticas activas contra las desigualdades sociales, que afectan a todas las
áreas de gobierno y deben ser abordadas de forma transversal en todos los
niveles administrativos,
son una necesidad cada vez más emergente si
queremos evitar el aumento de las bolsas de pobreza en las ciudades, la
despoblación en las zonas rurales y la falta de competitividad con los mercados
europeos en relación a nuestro capital humano: trabajadores, profesionales e
investigadores.
Las estructuras de gobierno intermedias y locales, por otro lado, se encuentran
con serias dificultades para ejercer sus responsabilidades hacia el ciudadano de
forma eficaz. La fragmentación de las instituciones a nivel territorial y sectorial,
26

27. la falta de políticas verticales en grandes temas que impliquen a todos los
niveles administrativos,
las dificultades de financiación,
así como la
insuficiente formación de muchos políticos/as para actuar como líderes de
procesos en su ámbito, son aspectos a revisar y reformar de gran importancia si
queremos conseguir que la ciudadanía recupere la confianza en el sector público
como gestor eficaz y garante de los intereses colectivos.
La simplicidad organizativa, las estructuras más planas orientadas a objetivos,
el liderazgo constructivo por parte de políticos y directivos públicos, así como
una mayor implicación real del ciudadano/a en los asuntos de su interés,
pueden ser caminos de futuro para favorecer gobiernos en red, cooperantes y no
competitivos, así como gobiernos multi-nivel, eficientes, orientados hacia una
misma misión y coherentes en el mensaje institucional.
Nuestra aportación específica con un Programa propio, ALIRES, que hemos
desarrollado en el ámbito local entorno a las desigualdades sociales, apoya en
gran parte muchas de estas propuestas que, a nivel local tienen un sentido
concreto y finalista y, a niveles superiores, podrían actuar de forma efectiva y
sólida y continuada en contra de las desigualdades sociales.
27