La innovación financiera requiere la regulación de unos espacios de prueba que garanticen preservar los derechos de los particulares adoptando riesgos reversibles.

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CAMPOS DE PRUEBA FINANCIEROS.
Manfred Nolte
Hoy va de algunos anglicismos.
A mediados de julio de este año, el ministerio de Economía y Empresa ha puesto
en trámite de audiencia pública el llamado ‘Anteproyecto de ley de
transformación digital del sistema financiero’. Con la publicación del texto se
busca recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y autoridades afectadas
por la materia. Según el Ministerio, el proyecto surge “de la necesidad de una
actuación integral que facilite la transformación digital en el sector financiero,
en beneficio de la economía en su conjunto, con plena seguridad desde el punto
de vista de la protección al consumidor, la estabilidad financiera, la eficiencia de
los mercados y la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo”.
Asistimos ya a una verdadera revolución tecnológica surgida de un importante
número de empresas financieras que ofrecen sus servicios a través de internet.
También, grandes bancos y corporaciones han comprado ‘startups’ o han
desarrollado nuevos servicios, entre los que cabe citar el pago móvil, o la gestión
financiera por canales digitales. Algo similar sucederá en el mundo del seguro.
Habrá empresas que desarrollen herramientas para el negocio propio mientras
que otras crearán plataformas y herramientas para el uso de terceros. El
proyecto de norma quiere adelantarse a la explosión de este tipo de iniciativas,
algo que según el ministerio surge de la consideración de ‘estructural’ que
acompañará la transformación financiera digital, lo que compromete a los
poderes públicos a guiar de manera ordenada y coherente, acorde con el interés
general la evolución de dichos cambios.
El corazón del anteproyecto es la próxima regulación de los llamados ‘sandbox’ o
bancos de pruebas para las innovaciones financieras que las transformaciones
tecnológicas imponen en el mundo del sector ‘fintech’ (financiero) e ‘insurtech’
(asegurador).
Sandbox, palabra que del inglés significa ‘caja de arena’ se refiere a cualquier
espacio controlado de ocio o de pruebas con garantías de seguridad. Se aplica a
un recinto infantil donde los juegos estén exentos de accidentes potenciales, o a
los sistemas de aislamientos de procesos de software cerrados que aíslan
cambios de código fruto de la experimentación, evitando en ambos casos

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cambios o sucesos desafortunados perjudiciales para el entorno en el que
operan, sea lúdico, mecánico o de desarrollo de software informático. Una vez
que se ha verificado que las características del nuevo entorno y los cambios en él
introducidos se ajustan a lo esperado sin efectos negativos colaterales, el
entorno y el proceso se transforman en definitivos. Ahora el vocablo se ha
extendido al ámbito jurídico prudencial bajo la forma de los ‘sandboxes’
regulatorios, de modo que nos hallamos ante campos de pruebas para nuevas
líneas de actividad fintech que aún no están consideradas en la regulación
vigente, y que serán supervisadas por el regulador. De conformidad con lo
indicado en el Proyecto en el sandbox experimental confluyen tres pilares
conceptuales: se trata de un espacio controlado, es decir, un espacio seguro para
los participantes y sin riesgo para el conjunto del sistema financiero; es un
instrumento supervisor que permite conocer los efectos de la transformación
digital sobre los usuarios y sobre la estabilidad financiera, que se debe
preservar; y está gobernado por un doble esquema ley-protocolo.
En todo caso, nuestro sandbox se rige por el principio de igualdad de trato,
abierto a todo tipo de entidades, siempre que el proyecto que desarrollen aporte
verdadero valor añadido, y por el principio de correspondencia entre la
asignación de responsabilidades y la toma de decisiones dentro del marco
jurídico aplicable.
El progreso es imparable, pero puede preverse. La iniciativa sandbox responde
también a recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales. Al
escucharlas, el marco normativo y de supervisión español se situaría a la altura
de los países que conforman la vanguardia de la transición tecnológica del
sistema financiero tales como Reino Unido, Australia, Hong Kong, Canadá o
Singapur.
El trámite de audiencia pública propuesto por el ministerio de Economía y
Empresa expira el próximo 7 de setiembre. Ahora viene el análisis de
comentarios y propuestas del sector privado y después la redacción y
aprobación de la norma. La nueva regulación buscará eliminar obstáculos a una
realidad virtual que ya está a nuestro lado, promover y fomentar un importante
proceso de naturaleza digital y financiera ordenando la vida económica,
controlando los riesgos propios de toda innovación, de tal manera que
finalmente los grandes colectivos no se queden atrás y que todos participen en
un progreso financiero tecnológico amable y comprensible que no perjudique a
nadie.