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TAMAÑO DEL ESTADO Y BIENESTAR EN LA OCDE.
Manfred Nolte
Hay un valor entendido, un tópico que circula en amplias capas de la opinión económica,
incluso de la habitualmente informada, acerca de la existencia de un antagonismo de
raíz entre los conceptos de libre mercado e intervención gubernamental. Se trata, sin
lugar a duda, de una simplificación excesiva ya que justamente para la existencia de los
mercados en régimen de libre concurrencia resulta imprescindible la presencia de la ley
en una multitud de frentes. Comenzando por los que atañen a la preservación de los
derechos de propiedad y continuando con la larga lista de reglas que regulen la
contratación en el sentido más amplio y social del término. A falta de un sistema de
derechos definidos y establecidos por el Estado solo hallaríamos anarquía, ausencia de
reglas y en su consecuencia caos, pobreza y desolación. El Estado juega un papel
decisivo, también, en la provisión de soluciones a los problemas y necesidades sociales,
del bienestar de los súbditos de la nación, absolutamente necesarios y asumidos por la
gran mayoría del arco político.
Cuando hablamos del bienestar de los individuos, objetivo al que está orientada en
último término toda la actividad económica, la inercia conduce nuevamente a una
simplificación de la realidad, ya que el bienestar social viene representado de forma
masiva y generalizada en todos los países del planeta por el PIB per cápita, indicador
cuyo crecimiento queda íntimamente asociado al de la ocupación, la disminución de la
pobreza y a un estado en el que la población es capaz de obtener un amplio rango de
cosas valiosas.
Pero el bienestar es decididamente multifactorial. Un estudio de la Universidad Pública
de OHIO distingue hasta ocho modalidades o interpretaciones del bienestar y todos ellos
tienen un alto valor, aunque carezcan de una traducción monetaria en forma de precio
de mercado. Así, el bienestar físico asociado a la salud; el bienestar emocional que
permite identificar, expresar y gestionar los sentimientos; el bienestar financiero, cuya
ausencia puede afectar a las personas física y emocionalmente; el bienestar intelectual
que permite fomentar el pensamiento crítico, desarrollar el razonamiento moral,
ampliar las visiones del mundo y ahondar en la búsqueda del conocimiento; el bienestar
profesional resultante de participar en un trabajo que proporcione satisfacción y
enriquecimiento personal y que sea coherente con valores, objetivos y estilo de vida
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propios; el bienestar social consistente en la construcción de una red de apoyo basada
en la interdependencia, el respeto mutuo y la confianza con amigos, familiares y
compañeros de trabajo; el bienestar creativo que significa valorar y participar en una
amplia gama de experiencias artísticas y culturales para comprender y apreciar el mundo
circundante; y el bienestar espiritual resultante de la autorreflexión tranquila, la lectura
y el diálogo abierto con los demás, un bienestar que incluye estar abierto a explorar las
propias creencias y respetar las creencias de los demás.
Resulta de una evidencia apabullante que el seguimiento y promoción de todos estos
conceptos de bienestar escapa a la capacidad del Estado. Sería necesario que este
compilase un interminable número de muestras para redactar una especie de Informe
anual sobre el bienestar o la calidad de vida. Lejos de dejarse seducir por tal aspiración
el Sector Público se conforma con fomentar la producción al mayor posible nivel de
crecimiento, suponiendo con ello que un milagrosos ‘efecto derrame’ produzca los
niveles de felicidad ideales preconizados.
No obstante, con el transcurrir del tiempo la jerga económica ha acuñado el término
‘Estado del Bienestar’ al que el Estado moderno debe contribuir con gran dedicación y
que permiten un desglose del término bienestar más concreto y social que el mero
calculo numérico del PIB per cápita. Bajo tal concepto se entiende el gasto
presupuestario asignado fundamentalmente a los pilares de la educación, la sanidad, la
seguridad social, la jubilación, y las prestaciones sociales a los desfavorecidos. Algunos
modelos incluyen el concepto de redistribución de la renta mientras que en otros es una
resultante del abordaje de las políticas anteriores. Como resulta fácil de entender los
distintos modelos del Estado del Bienestar en los distintos países difieren en cuanto al
nivel de compromiso de gasto asignado a los conceptos aludidos.
En muchos países de la OCDE, los Estados de Bienestar se han expandido desde una base
rudimentaria hace 60 años hasta los sistemas más integrales de la actualidad. El gasto
público social ascendía a menos del 10% del PIB en 1960, pero desde entonces se ha
duplicado hasta poco más del 20% en promedio en toda la OCDE. En 2022, Francia e
Italia registraban, con un 30%, el nivel más alto de gasto público social, mientras que era
inferior al 15% del PIB en Costa Rica, Irlanda, Corea, México y Turquía.
Llegados a este momento cabe plantear una pregunta de relevancia. ¿Qué relación se
viene observando entre el repetido Estado del Bienestar y el tamaño del Estado, esto es,
la mayor o menor presencia del Estado en la Economía?
Un reciente estudio de BBVA Research nos reseña el efecto del tamaño del gobierno
sobre el bienestar social para una muestra de 36 países de la OCDE durante las seis
últimas décadas. Los resultados son los siguientes: el efecto del tamaño del gobierno
adopta la forma de una U invertida: positivo cuando el tamaño del gobierno está por
debajo del 35% al 40%, y negativo más allá de ese umbral. Pero el informe subraya, sobre
todo, la correlación positiva entre bienestar e intervención pública en función de la
calidad, eficacia y eficiencia del Gobierno, con el nivel de gasto productivo y con los bajos
niveles de endeudamiento. “Un sector público eficiente en todos estos frentes -resume
3
el autor de la publicación- es más importante para maximizar el bienestar social que el
tamaño del gobierno per se.”

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TAMAÑO DEL ESTADO Y BIENESTAR EN LA OCDE.

  • 1. 1 TAMAÑO DEL ESTADO Y BIENESTAR EN LA OCDE. Manfred Nolte Hay un valor entendido, un tópico que circula en amplias capas de la opinión económica, incluso de la habitualmente informada, acerca de la existencia de un antagonismo de raíz entre los conceptos de libre mercado e intervención gubernamental. Se trata, sin lugar a duda, de una simplificación excesiva ya que justamente para la existencia de los mercados en régimen de libre concurrencia resulta imprescindible la presencia de la ley en una multitud de frentes. Comenzando por los que atañen a la preservación de los derechos de propiedad y continuando con la larga lista de reglas que regulen la contratación en el sentido más amplio y social del término. A falta de un sistema de derechos definidos y establecidos por el Estado solo hallaríamos anarquía, ausencia de reglas y en su consecuencia caos, pobreza y desolación. El Estado juega un papel decisivo, también, en la provisión de soluciones a los problemas y necesidades sociales, del bienestar de los súbditos de la nación, absolutamente necesarios y asumidos por la gran mayoría del arco político. Cuando hablamos del bienestar de los individuos, objetivo al que está orientada en último término toda la actividad económica, la inercia conduce nuevamente a una simplificación de la realidad, ya que el bienestar social viene representado de forma masiva y generalizada en todos los países del planeta por el PIB per cápita, indicador cuyo crecimiento queda íntimamente asociado al de la ocupación, la disminución de la pobreza y a un estado en el que la población es capaz de obtener un amplio rango de cosas valiosas. Pero el bienestar es decididamente multifactorial. Un estudio de la Universidad Pública de OHIO distingue hasta ocho modalidades o interpretaciones del bienestar y todos ellos tienen un alto valor, aunque carezcan de una traducción monetaria en forma de precio de mercado. Así, el bienestar físico asociado a la salud; el bienestar emocional que permite identificar, expresar y gestionar los sentimientos; el bienestar financiero, cuya ausencia puede afectar a las personas física y emocionalmente; el bienestar intelectual que permite fomentar el pensamiento crítico, desarrollar el razonamiento moral, ampliar las visiones del mundo y ahondar en la búsqueda del conocimiento; el bienestar profesional resultante de participar en un trabajo que proporcione satisfacción y enriquecimiento personal y que sea coherente con valores, objetivos y estilo de vida
  • 2. 2 propios; el bienestar social consistente en la construcción de una red de apoyo basada en la interdependencia, el respeto mutuo y la confianza con amigos, familiares y compañeros de trabajo; el bienestar creativo que significa valorar y participar en una amplia gama de experiencias artísticas y culturales para comprender y apreciar el mundo circundante; y el bienestar espiritual resultante de la autorreflexión tranquila, la lectura y el diálogo abierto con los demás, un bienestar que incluye estar abierto a explorar las propias creencias y respetar las creencias de los demás. Resulta de una evidencia apabullante que el seguimiento y promoción de todos estos conceptos de bienestar escapa a la capacidad del Estado. Sería necesario que este compilase un interminable número de muestras para redactar una especie de Informe anual sobre el bienestar o la calidad de vida. Lejos de dejarse seducir por tal aspiración el Sector Público se conforma con fomentar la producción al mayor posible nivel de crecimiento, suponiendo con ello que un milagrosos ‘efecto derrame’ produzca los niveles de felicidad ideales preconizados. No obstante, con el transcurrir del tiempo la jerga económica ha acuñado el término ‘Estado del Bienestar’ al que el Estado moderno debe contribuir con gran dedicación y que permiten un desglose del término bienestar más concreto y social que el mero calculo numérico del PIB per cápita. Bajo tal concepto se entiende el gasto presupuestario asignado fundamentalmente a los pilares de la educación, la sanidad, la seguridad social, la jubilación, y las prestaciones sociales a los desfavorecidos. Algunos modelos incluyen el concepto de redistribución de la renta mientras que en otros es una resultante del abordaje de las políticas anteriores. Como resulta fácil de entender los distintos modelos del Estado del Bienestar en los distintos países difieren en cuanto al nivel de compromiso de gasto asignado a los conceptos aludidos. En muchos países de la OCDE, los Estados de Bienestar se han expandido desde una base rudimentaria hace 60 años hasta los sistemas más integrales de la actualidad. El gasto público social ascendía a menos del 10% del PIB en 1960, pero desde entonces se ha duplicado hasta poco más del 20% en promedio en toda la OCDE. En 2022, Francia e Italia registraban, con un 30%, el nivel más alto de gasto público social, mientras que era inferior al 15% del PIB en Costa Rica, Irlanda, Corea, México y Turquía. Llegados a este momento cabe plantear una pregunta de relevancia. ¿Qué relación se viene observando entre el repetido Estado del Bienestar y el tamaño del Estado, esto es, la mayor o menor presencia del Estado en la Economía? Un reciente estudio de BBVA Research nos reseña el efecto del tamaño del gobierno sobre el bienestar social para una muestra de 36 países de la OCDE durante las seis últimas décadas. Los resultados son los siguientes: el efecto del tamaño del gobierno adopta la forma de una U invertida: positivo cuando el tamaño del gobierno está por debajo del 35% al 40%, y negativo más allá de ese umbral. Pero el informe subraya, sobre todo, la correlación positiva entre bienestar e intervención pública en función de la calidad, eficacia y eficiencia del Gobierno, con el nivel de gasto productivo y con los bajos niveles de endeudamiento. “Un sector público eficiente en todos estos frentes -resume
  • 3. 3 el autor de la publicación- es más importante para maximizar el bienestar social que el tamaño del gobierno per se.”