Aparcados los fríos números de la coyuntura inmediata, 2024 trae consigo viejas incógnitas de elevado calibre. Todas ellas tienen un denominador común: que su abordaje precisa de unas energías que, ahora, el ejecutivo central desvía hacia tareas de supervivencia política.

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2024: UN GOBIERNO FRAGIL AL CUIDADO DE UNA ECONOMIA ACECHADA.
Manfred Nolte
La prodigiosa marea del consumo privado en 2023, resultado respuesta ordenada pero
rotunda de las distintas capas sociales al inmovilismo de la era Covid tendrá
previsiblemente continuidad en el año que comienza. El ahorro acumulado en ejercicios
anteriores está orientándose a raudales, en forma de una dulce venganza, premeditada
y consciente, hacia el gasto en restauración, hostelería, viajes y turismo junto a un vasto
acompañamiento de los servicios asociados. Diversos vientos de cola se han conjurado
para producir el fenómeno consumista: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
europeo con donaciones a fondo perdido por valor cercano a los 80.000 millones de
euros, la política monetaria laxa practicada por el BCE igualmente eficaz al premiar a los
deudores invitándolos a al gasto. Y las subvenciones.
La ingente suma de ayudas y subvenciones gubernamentales, del orden de los 220.000
millones de euros hasta finales de 2023 han contribuido a paliar los efectos nocivos de
las crisis pasadas especialmente sobre los colectivos más vulnerables. Aunque también
en ellos se ha apuntalado el consumo posible a pesar de las altas facturas pasadas por
el fenómeno inflacionario. A pesar de que el ahorro ralentice su velocidad de crucero,
todo apunta a lo improbable de un cambio drástico del modelo consumista, -aunque
inferior al de 2023- que llevará a la demanda agregada o PIB a crecer un 1,6% frente al
2,4% de 2023. Una vez recuperado el PIB precrisis es comprensible que los niveles de
crecimiento se ralenticen. El resto de las componentes de la demanda seguirán la misma
pauta descendiente, donde el sector exterior apenas aportará una décima al crecimiento
económico, debido a la reducción en las compras de nuestros principales mercados,
especialmente en la Unión Europea que concentra el 64% de nuestras exportaciones. En
cuanto a la inversión privada, se mantendrán niveles similares a los de 2023. Un nuevo
viento de cola ha sorprendido a muchos: las retribuciones a los asalariados están
creciendo, según la Comisión europea, a un ritmo mayor del esperado con un
incremento acumulado del 6,2%. Eso significa recursos de compra.
En lo referido a la inflación, se espera una relativa moderación con un avance del 2,7% en
2024, y del 3,3% para la subyacente, acompañada de una incipiente estabilización o

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recorte de los tipos oficiales de interés a corto plazo. Buenas noticias para el sector
productivo español, en lo que toca al descenso en los precios del combustible que no se
produce tanto por el deterioro de la demanda, como de los aumentos imprevistos en la
oferta. Sin embargo, las empresas deberán estar alertas a las alzas fiscales que, de
repercutirse, afectarían a la inflación inducida o de ‘segunda ronda’.
El retorno a las reglas fiscales ‘áureas’ de la Unión europea deberá contener en alguna
medida el déficit público, limitando en consecuencia la expansión del gasto público en
2024. Aunque la precariedad del actual gobierno que obligará a contentar a las bases
sociales a cualquier precio suscita reservas. De hecho, Bruselas ya ha avisado al gobierno.
En su informe de otoño la comisión advierte a España que el gasto corriente está
creciendo por encima de las proyecciones del Plan Presupuestario de 2024. El decreto
de medidas anticrisis, -el ‘escudo social’- aprobado el miércoles pasado, tendrá un coste
próximo a los 4.700 millones de euros y obligará al ejecutivo a recortar gasto por otro
lado si quiere cumplir con Bruselas. Por su parte la actualización de las pensiones en un
3,8% tendrá un impacto presupuestario de 8.280 millones de euros. Pero costos aparte,
perturba la prórroga un año más de la prohibición de los desahucios, precepto que
apunta directamente a la línea de flotación del sistema de libre mercado. Los vulnerables
deben ser ayudados, pero no mediante el expolio de la propiedad privada. Bildu no da
puntada sin hilo. De desconcertante hay que calificar, añadidamente, la extensión del
impuesto a bancos y energéticas, sectores que se sienten indignados, con razón, al
convertirse en el ‘pim-pam-pum’, una ‘diana fácil’ para el gobierno.
En cuanto al mercado laboral, se estima que 2024 concluirá con una tasa media de
desempleo del 12,4%, similar a la de 2023. La desaceleración económica implicará
posiblemente otra paralela en el empleo activo y en las altas en la seguridad social. En
una casuística muy compleja, la posible eliminación de la renta activa de inserción dejará
en el aire la cobertura de los parados de larga duración, grupo que sería desviado al
ingreso mínimo vital. Aunque su elevación es más que probable, se prorrogará el vigente
salario mínimo interprofesional (1.080 euros en 14 pagas) hasta la aprobación del nuevo
para 2024.
Aparcados los fríos números de la coyuntura inmediata, 2024 trae consigo viejas
incógnitas de elevado calibre. Todas ellas tienen un denominador común: que su
abordaje precisa de unas energías que, ahora, el ejecutivo central desvía hacia tareas de
supervivencia política.
Abstrayendo -si es que se puede abstraer- de los pavorosos sucesos bélicos y de los
consiguientes riesgos geopolíticos, que en algún inesperado rebote puedan dañar con
mayor o menor virulencia nuestra economía, seguirán durmiendo el sueño de los justos
los graves problemas estructurales que nos acorralan. Solo citarlos. El improbable
despegue de nuestra famélica productividad; nuestras pensiones inviables y la quiebra
latente de la seguridad social - el gasto en prestaciones contributivas superará los
200.000 millones este año, abonadas en parte con impuestos en lugar de cotizaciones-;
nuestro paro estructural de dos dígitos; y nuestra deuda, que ya tiene un coste medio
del 3,4 % anual para las nuevas emisiones, cuando el BCE ha anunciado que no
recomprará a partir de 2025 ni un bono más de ningún país miembro y dejará vencer

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gradualmente hasta 2030 toda la deuda acumulada, que en el caso español supera los
300.000 millones. En 2024 el Tesoro deberá colocar deuda en el mercado por encima de
200.000 millones para financiarse.
No cabe ocultar que el desgaste producido por los equilibrios heroicos del gobierno de
Sánchez para concertar mayorías, distraerán recursos imprescindibles para asegurar una
aceptable bonanza económica en 2024.