El documento describe el sistema de justicia inquisitivo anteriormente vigente en Venezuela, en el que el juez tenía el poder de iniciar juicios, investigar casos en secreto, conducir debates y sentenciar, concentrándose así demasiado poder. Actualmente, Venezuela adoptó un sistema acusatorio en el que las funciones de acusar e investigar recaen exclusivamente en el Ministerio Público, separando así las responsabilidades para una mayor imparcialidad y respeto del debido proceso.