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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN...………………………………………………………...………… 5
CAPÍTULO I. Transición a la democracia……………………..……………….…….. 9
CAPÍTULO II. Análisis comparativo del sistema electoral del Triángulo Norte de
Centroamérica……………………………………………………………….………… 15
A. Marco Jurídico………………………………………………..……..………… 16
B. Legislación electoral…………………………………………...…………...….. 23
1. Derecho al sufragio…………………..………...…………………………….. 23
2. Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo……………….…………….. 24
3. Autoridad en materia electoral…………………………...………………….. 26
4. Partidos Políticos........………………………………..……………………… 27
CAPÍTULO III. Consolidación de la democracia…………………………..……….. 33
CAPÍTULO IV. Calidad de la democracia………..…………………….…………… 41
CAPÍTULO V. Conclusión……………………………………………...…………… 56
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….. 60
5
INTRODUCCIÓN
Definir la democracia es importante y al mismo tiempo una labor difícil debido a que es un
concepto que ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo del tiempo.
Por lo cual, se procedió a examinar diferentes y cuantiosas investigaciones con el propósito de
determinar diferentes conceptualizaciones sobre la democracia, entre estas la de Norberto Bobbio
(1997, pág. 152); quien afirma que la democracia consiste en “El conjunto de reglas procesales para
la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación
posible de los interesados.” Para Bobbio (1994, pág. 19), la democracia es “El conjunto de reglas
procesales de las que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría.”
En ese sentido, Giovanni Sartori (Batista, 2005) comentaba durante una entrevista otorgada
por motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias por sus contribuciones a la Ciencia Política
que la democracia es “Un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo.
El pueblo se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto.”
La democracia, como expone Giovanni Sartori (1987, pág. 28) es “El poder del pueblo que
existirá mientras sus ideales vivan.”
Por otro lado, existen definiciones que no sólo conceptualizan la democracia como una forma
para elegir gobernantes. Robert Dahl (1971, pág. 12) plantea que:
Es necesario que se den al mismo tiempo la posibilidad y existencia del debate público y la
participación electoral: el primero se refiere al derecho de cuestionar públicamente al régimen, así
como a cualquier otra ideología o proyecto político, exponer ideas y posiciones políticas diferentes
buscando convencer y ganar adeptos; la segunda se refiere a la garantía de cualquier ciudadano de
poder participar electoralmente, elegir y ser elegido, sin distinción de raza, género, credo, o filiación
política. Todo lo anterior, dentro de un marco legal que reconozca las libertades ciudadanas de
expresión, asociación, reunión, prensa e información alternativa.
6
Giovanni Sartori (1988, pág. 340) adiciona que “Democracia significa también control, y
sobre todo, limitación a la concentración del poder”. Para Juan Linz (1996, pág. 55), democracia es
“Gobierno transitorio”.
Se determina entonces, que la democracia remite a la soberanía popular, a la capacidad de
miembros de la sociedad de elegir sus gobernantes, y decidir normas de convivencia; implica
capacidad de reunión, de asociación, elección y participación. De tal manera, para ejercitar la
democracia es preciso que exista el respeto al disenso, a las minorías y a la libertad de expresión.
De acuerdo al profesor Antonio Delhumeau (1970, págs. 33-34), la democracia es “La técnica
de organización social que parte de la libertad, respeto y unidad de los individuos para poder
organizarse de forma en que todos participen y aporten sus opiniones para un bien común en un
ambiente donde haya cultura política y conciencia.”
El “Índice de Democracia” elaborado por La Unidad de Inteligencia de The Economist (2012,
pág. 28), proporciona un panorama de la situación de la democracia en el mundo para lo cual
establece que los países completamente democráticos son:
Países en los que no solo las libertades civiles y políticas básicas son respetadas sino que también
tiende a respaldarse por una cultura política que propicie el desarrollo de la democracia. El
funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los medios son independientes y diversos. Existe un
efectivo sistema de pesos y contrapesos. El sistema judicial es independiente y las decisiones judiciales
son ejecutadas. Solamente hay un número limitado de problemas en el funcionamiento de la
democracia.
Asimismo, el referido “Índice” (2012, pág. 24) expone que:
Las características fundamentales de una democracia incluyen un gobierno de la mayoría y el
consentimiento de los gobernados, la existencia de elecciones libres y justas, la protección de las
minorías y el respeto de los derechos humanos. La democracia presupone la igualdad ante la ley, el
debido proceso y el pluralismo político.
7
Como puede observarse, para el desarrollo de la democracia es necesario velar por la
protección a los derechos y libertades individuales, la participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones; mejorar las diferentes instituciones del Estado promoviendo la transparencia y la
eficiencia del gasto público, además de enfocar la gestión pública en minimizar la corrupción.
Asimismo, la administración de justicia debe brindarse de forma independiente e imparcial y
asegurar el efectivo acceso a la justicia a todos los ciudadanos.
El presente trabajo de investigación, elabora un análisis teórico sobre los diversos procesos de
transición a la democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica, esto con el propósito de permitir
aclarar los presupuestos que orientan el análisis del sistema electoral de El Salvador, Guatemala y
Honduras.
El estudio de la transición y consolidación de los regímenes políticos constituye uno de los
temas ampliamente estudiados por la política comparada. Esta rama de la ciencia política permite un
análisis de las condiciones y factores que benefician o prorrogan la transformación política, las fases
y modalidades de la transición, el rol de los diversos actores involucrados y la consolidación de los
regímenes políticos. Razón por la que se justifica la adopción de la política comparada como
referente metodológico en el desarrollo del presente trabajo.
Este trabajo, se enfoca en el Triángulo Norte de Centroamérica conformado por los siguientes
países: El Salvador, Guatemala y Honduras. La selección de estos países, se debe a que presentan
características similares en aspectos económicos, sociales y políticos; como mayor concentración
demográfica de población, grado de desarrollo económico similar, misma tendencia de ingreso per
cápita; problemas de debilidad institucional y creciente inseguridad motivada sobre todo, por el
crimen organizado.
Con el fin de contribuir a la discusión teórica sobre el tema de la democracia y analizar el tema
de los sistemas electorales y sus implicaciones en el Triángulo Norte de Centroamérica, además de
los antecedentes, transición, consolidación y calidad de la democracia en los países que conforman
el Triángulo Norte de la región centroamericana; se desarrolla el presente trabajo en cinco capítulos.
8
El primero, dedicado a exponer los antecedentes de la democracia y aclarar la idea de
transición hacia la democracia y ciertas particularidades en las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras; en el segundo capítulo, se define el concepto de sistema electoral y se
expone una revisión de la legislación electoral con el objeto de resaltar analogías y diferencias de los
países del Triángulo Norte de Centroamérica; el tercero, a profundizar en la noción de consolidación
democrática, su definición, alcances y relevancia para las democracias de Centroamérica; en el
capítulo cuarto, se realiza una reflexión sobre la calidad de los regímenes democráticos de los países
del Triángulo Norte de Centroamérica, debido a que la democracia se encuentra instaurada en los
países mencionados, el examen y funcionamiento de la democracia despierta mucho interés
académico; y en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación a
manera de recapitulación.
9
CAPÍTULO I
Transición a la democracia
Para iniciar el análisis del sistema electoral de los países que conforman el Triángulo Norte de
Centroamérica, es necesario precisar en qué consiste la transición política y cuándo se inició el
desarrollo del régimen democrático en los países del Triángulo Norte de la región centroamericana.
De acuerdo a Jorge Rovira Mas (1993, pág. 34) la transición:
Es un proceso de cambio en el régimen político, a un periodo etapa intermedia entre dos regímenes,
tradicional o autoritario el primero, y la democracia política, en concreto la democracia representativa,
el segundo; y a la dinámica sociopolítica (de confrontación, negociación y compromiso entre actores) e
institucional –el establecimiento de instituciones- que comprende dicho proceso y periodo de cambio.
Ángel Sermeño (1996, pág. 374), define la transición política como “Aquel proceso a través
del cual actores, instituciones, posiciones de poder y reglas del juego dejan de corresponder a la
lógica del régimen anterior sin definirse del todo una lógica distinta.”
Para los autores G. O’Donell y P. Schmitter citado por Ángel Sermeño (1996, pág. 376) la
transición política es:
El intervalo entre un régimen político y otro, entendiendo por régimen el conjunto de patrones,
explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones
gubernamentales, las características de los actores que son admitidos, y excluidos de ese acceso y los
recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso.
Puede decirse entonces, que la transición política es el paso de un régimen a otro que supone
el cambio de instituciones, autoridades y prácticas políticas por otras, es decir; que engloba
elementos políticos, ideológicos, partidarios y de asociación.
10
La transición política, comprende una fase de transformación política, de un régimen
autoritario hacia uno democrático, o al revés. En sentido general, de acuerdo a Julián Santamaría
(1982, pág. 372):
El término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen
preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los
valores, normas, reglas de juego e instituciones asociados a éste por otros diferentes.
Como puede observarse, las transiciones políticas implican además de una transformación
política, una transformación cultural, económica, ideológica y social.
Por otro lado, en la diferente literatura existente sobre transformaciones políticas en la región
centroamericana, es frecuente encontrar el origen del desarrollo del régimen democrático a partir de
la convocatoria a elecciones en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Edelberto Torres Rivas (1981, pág. 239), en sus numerosos estudios e investigaciones deja en
claro que en 1979 a 1980 “Se inicia una nueva etapa política en Centroamérica, en rigor un nuevo
ciclo histórico.” Esta etapa es de acuerdo a Jorge Rovira Mas (2002, pág. 31):
Una etapa jalonada por dos eventos que poseían características comunes y a la vez otras contradictorias
entre sí, en todo caso signada por el intento de dejar atrás a los regímenes tradicionales y
semiautoritarios prevalecientes en esta región en la Posguerra tras el aborto de la Revolución de
Octubre (1944-1954) de Guatemala y en el caso de Nicaragua incluso desde antes. Nos referimos al
triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979 y a la convocatoria hecha a los partidos políticos y
a los civiles para realizar elecciones y conformar Asamblea Constituyente que efectuaron los militares
en Honduras en 1980, con el fin de iniciar el retorno a un régimen democrático de naturaleza
competitiva pero supervisado desde los cuarteles.
Durante el régimen de autoritarismo militar en las Repúblicas de El Salvador y Guatemala,
ocurre la represión política, la negación de derechos cívicos, políticos y sociales; además del fraude
electoral. Edelberto Torres-Rivas (1996, pág. 11) expone que:
A partir de 1962 en El Salvador y de 1966 en Guatemala, las Fuerzas Armadas tomaron
institucionalmente el control del Estado, en un intento por resolver los dos desafíos que para mantener
11
la normalidad todo poder político debe enfrentar en la sociedad contemporánea, es decir, los problemas
de la legitimidad y de la sucesión, que las dictaduras militares del pasado nunca lograron resolver.
Las Fuerzas Amadas trataron de controlar el sistema político, con elecciones presidenciales y
parlamentarias periódicas, partidos políticos y organismos legislativos de pluralismo limitado y poco
espacio para la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación. De conformidad con
Torres-Rivas (1996, pág. 11) “Las elecciones de 1972 y 1977 en El Salvador y 1974 y 1982 en
Guatemala fueron abiertamente fraudulentas.”
En estos dos países, las elecciones presidenciales las ganaba un candidato militar y el
resultado de las urnas era percibido por adelantado. La elección presidencial como indica Torres-
Rivas (1996, pág. 11) “No era sino la ratificación simbólica de una decisión política y
administrativa, la del alto mando castrense.” En el caso del parlamento, se permitían Diputados de
partidos opositores aunque siempre eran una minoría. No existía independencia judicial y la libertad
de asociación no se admitía.
Al hacer un análisis del proceso de transición a la democracia de El Salvador, es necesario
hacer referencia que entre 1932 y 1979, El Salvador fue dirigido por militares que llegaban al poder
por Golpes de Estado o fraudes electorales (1972 y 1977); y únicamente se establecieron gobiernos
transitorios dirigidos por civiles en algunos momentos de crisis política (Quintanilla Gómez, 2008,
pág. 3). Entre 1980 y 1992 se desarrolló el conflicto bélico entre la Fuerza Armada de El Salvador –
FAES- y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN-.
En estos dos periodos citados se realizaron procesos electorales que de acuerdo a Nelson de
Jesús Quintanilla Gómez (2008, pág. 3):
Eran manipulados por la derecha política y económica y contaron con la participación de partidos
políticos de derecha en su mayor parte, excepto en 1972 y 1977 que participó la Unión Nacional
Opositora –UNO- que representaba a la izquierda salvadoreña de ese periodo; sin embargo la derecha
realizó descarados fraudes, al extremo que los sectores populares consideraban que eran una burla para
el pueblo; por esta razón, la izquierda dejó de participar en elecciones desde 1977 hasta 1988.
12
El sociólogo salvadoreño Nelson de Jesús Quintanilla Gómez (2008, pág. 4) afirma que:
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 en México, entre el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN- y el Gobierno salvadoreño –GOES-, se abre un
periodo de transición que inicia con el desmontaje de la dictadura militar, hasta el establecimiento de
un proceso de democratización, por lo que, en ese contexto, se crean las condiciones mínimas para
establecer una institucionalidad democrática y las condiciones legales correspondientes, para garantizar
la participación de los sectores de la izquierda y de la Fuerza Amada de El Salvador tanto en la vida
civil, como en la económica y política del país.
El fracaso del modelo conocido como “democracias de fachada” se debió a crisis producidas
en el interior de las Fuerzas Armadas, de esa cuenta el 15 de octubre de 1979 en El Salvador y en
1982-1983 en Guatemala se produjeron los Golpes de Estado (Torres-Rivas, 1996, pág. 12).
Para Ricardo Córdova Macías (1994, pág. 1), la transición a la democracia en El Salvador se
produce “En el momento en que se constituye una Junta Civil-Militar, por lo que las Fuerzas
Armadas pierden el control del poder del Estado que arrogaron por cincuenta años.”
Otros analistas concuerdan que la transición inicia con las alianzas para conformar la
Asamblea Constituyente en marzo del año 1982, o con la elección como Presidente de José
Napoleón Duarte, en marzo de 1984. Por último, hay quienes consideran que inicia el desarrollo
democrático en 1994, con la mayor elección multipartidaria en la historia del país que se da con la
participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN- por primera
vez (Torres-Rivas, 1996, pág. 12).
En el caso de Guatemala, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta daría inicio
la transición a la democracia. Para algunos autores, es con la elección de la Asamblea Nacional
Constituyente en el mes de junio de 1984 y posterior aprobación de la Constitución Política de la
República de Guatemala el 31 de mayo de 1985 que se establece el proceso de transición. Otros
historiadores consideran que es con la elección de Marco Vinicio Cerezo en el año 1985, como
Presidente, que se instauran los gobiernos civiles y llega a su fin el ciclo de regímenes militares.
13
Jorge Arturo Mazariegos Aguirre (1990, pág. 12) expone que “En Guatemala la transición
obedeció a un cambio de estrategia del Ejército, que abandonó la concepción de seguridad nacional
y adoptó la línea de la estabilidad nacional.” Rodolfo Cerdas Cruz (1996, pág. 17), indica “Esto
permitió la convocatoria a una Constituyente primero; y a la realización de elecciones después, para
alcanzar la institucionalización de gobiernos civiles colocados, en más de un sentido, bajo la
evidente tutela de las Fuerzas Armadas de ese país.”
La experiencia hondureña es diferente a la de los dos países mencionados anteriormente, no
sólo en materia político-militar sino partidaria. Desde el año 1965, los dirigentes de las Fuerzas
Armadas hondureñas se apropiaban del poder por medio de Golpes de Estado, además; Honduras
contaba una tradición bipartidista conformada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que
mantenían una pelea constante por el poder que nunca se resolvió en las urnas.
En 1979, a raíz del pacto suscrito entre la cúpula militar hondureña y el Departamento de
Estado de Estados Unidos da como resultado el regreso de los partidos civiles al ejercicio de
gobierno (Torres-Rivas, 1996, pág. 13). Edelberto Torres-Rivas (1996, pág. 13) expone que:
En virtud de este negocio, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a modernizar y financiar a
las Fuerzas Armadas como pieza de su estrategia antisandinista, y éstas, a dejar el gobierno para
ocuparse de sus nuevas funciones internacionales. La decisión fue rápida al convocar a elecciones y
devolver el control del gobierno a los civiles.
El proceso de transición inicia con elecciones a la Asamblea Constituyente en el año 1980 y
con la elección presidencial de 1981 del candidato liberal Roberto Suazo Córdova. Desde entonces,
se han realizado procesos electorales que han consolidado el bipartidismo entre los dos grandes
partidos tradicionales (Torres-Rivas, 1996, pág. 13).
Para Leticia Salomón (1999, pág. 27), la transición a la democracia en Centroamérica ha
presentado dos fases:
14
La primera, en la década de los ochenta, de transición política, mucha actividad electoral, debilidad
institucional y fuerte presencia militar; la segunda, en la década de los noventa, de transición cultural e
institucional, restablecimiento de la supremacía civil sobre los militares, fortalecimiento de la
democracia electoral, construcción de una cultura política democrática y creciente protagonismo de la
sociedad civil.
En la década de los ochenta y noventa, Centroamérica clausura un proceso de inestabilidad y
de diversos conflictos. Comienzan a sobresalir entonces, diversas tendencias como: la creciente
democratización (con la creación de entidades y organismos electorales autónomos y la construcción
de una cultura política democrática), el retroceso del militarismo (debido a la desmovilización,
reducción y redefinición de las funciones y tareas de las fuerzas armadas y de seguridad), además de
la creación de mecanismos de integración para tratar ya no únicamente temas de seguridad y
política; sino enfocados en garantizar la estabilidad y crecimiento económico regional.
La transición política afecta en algún momento a todos los Estados y repercute en el destino
del sistema político de un país. De acuerdo a lo investigado, la transición política sugiere el paso de
un régimen político a otro. En el caso de los países que conforman el Triángulo Norte de
Centroamérica, esta transición se ha producido desde regímenes autoritarios a regímenes
democráticos, tratándose de transiciones políticas que tienden a ser incompletas; debido a que han
dejado herencias institucionales, culturales y actorales del régimen autoritario implantadas en el
régimen democrático.
15
CAPÍTULO II
Análisis comparativo del sistema electoral del Triángulo Norte de Centroamérica
El presente capítulo pretende comparar la legislación electoral de los países que conforman el
Triángulo Norte de Centroamérica, con el propósito de destacar las semejanzas, diferencias y
peculiaridades más notables en el sistema electoral de los tres países.
Al realizar un análisis de la literatura sobre el tema, los sistemas electorales pueden definirse
en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio, se entiende por sistema electoral, de
acuerdo a Josep Vallés y Agustí Bosch (1997, pág. 33) “El conjunto de elementos normativos y
sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares de poder, cuando este proceso se
basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política.” Esta
definición abarca desde el derecho a sufragio, la entidad que regula las elecciones, la forma de
votación, la administración electoral en sí; que incluye la regulación de las campañas electorales y el
financiamiento político.
En sentido restringido para Dieter Nohlen (2004, pág. 10), los sistemas electorales:
Determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas a
través de las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones
parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde,
etc.)
De acuerdo a esta definición, el efecto directo del sistema electoral consiste en la definición de
las preferencias políticas en las urnas y la transformación de dicho resultado electoral en el
otorgamiento de puestos en el organismo ejecutivo y legislativo.
Además, es necesario resaltar el papel fundamental de los sistemas electorales, de acuerdo con
Arend Lijphart (1994, pág. 1) “El sistema electoral es el elemento fundamental de la democracia
representativa.” Por su parte, Giovanni Sartori (1994, pág. IX) expone que el sistema electoral es
“La parte más esencial del funcionamiento del sistema político. El sistema electoral no sólo es el
16
instrumento más manipulable de la política; además de configurar el sistema partidario, afecta el
espectro de la representación.”
Se establece entonces, que con la transición a la democracia, crece el grado de importancia de
los sistemas electorales para el desarrollo de este régimen político, ya que se busca una mayor
representatividad de la voluntad de los ciudadanos; debido a que la democracia contribuye a mejorar
las condiciones económicas, políticas y sociales de los países, como por ejemplo: promueve los
derechos y libertades individuales, promueve la estabilidad política, el respeto al Estado de Derecho
y garantiza el derecho de propiedad privada, los cuales ayudan a conseguir un incremento de la
economía y una mejora de los índices de calidad de vida y seguridad de los ciudadanos.
Es evidente que los sistemas políticos democráticos proporcionan mayores beneficios que
cualquier otro sistema, sin embargo, se debe mejorar la calidad de la democracia y sus diversos
problemas para que ésta tenga resultados favorables sobre los países.
A. Marco Jurídico.
El sistema electoral de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentra regulado en la
Constitución y en la legislación electoral y sus respectivos reglamentos. El propósito de este
apartado, consiste en presentar un análisis de cómo se encuentran regulados los diferentes aspectos
del sistema electoral utilizando la Constitución de cada país y la ley electoral respectiva.
Los países analizados se encuentran en un momento constitucional diverso (Ver Cuadro I). En
el caso de Honduras, su Constitución fue establecida en el año 1981, El Salvador dicta su nueva
Constitución en 1983; y Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución que
entraría en vigor el 14 de enero de 1986. En general, se trata de constituciones recientes.
En cuanto a la regulación que existe de la materia en las constituciones es heterogénea. Si
bien, en los tres países se hace referencia a la soberanía popular, al régimen democrático y
representativo, a los deberes y derechos políticos; a la ciudadanía, al sufragio y sus respectivas
garantías, los derechos de libre asociación y reunión, y la libertad de formación y funcionamiento de
17
las organizaciones políticas; entre otros, el desarrollo del sistema electoral varía considerablemente
(Ver Cuadro III y Cuadro IV).
CUADRO I. Constitución y ley electoral vigente
País Constitución Ley Electoral
El
Salvador
Constitución de la República de El Salvador
de 1983, Decreto Número 38 (última reforma
en 2011)
Código Electoral de El Salvador de
1992 Decreto Número 417 (últimas
reformas en 2013)
Guatemala Constitución Política de la República de
Guatemala de 1985, (última reforma en 1993)
Ley Electoral y de Partidos Políticos
de 1985, Decreto Número 1-85
(últimas reformas en 2006)
Honduras Constitución Política de la República de
Honduras de 1982, Decreto Número 131
(última reforma en 2013)
Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas (últimas reformas en 2004)
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador,
Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras.
El análisis realizado sobre el sistema electoral, permite diferenciar dos formas de regulación
en materia electoral entre la Constitución y ley electoral: por un lado, puede ser que se define en
aspectos generales en la Constitución y más específico en la ley electoral, y por otro lado, regulado
únicamente en la ley electoral.
El Salvador establece en su Constitución en el Capítulo III la ciudadanía, los deberes y
derechos políticos, y el cuerpo electoral y, en el Capítulo VII el Consejo Central de Elecciones
(Constitución de la República de El Salvador, 1983).
Por su parte, Guatemala establece en el Título V, Capítulo I, artículo 223 de la Constitución
Política de la República (1985) que: “Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos
18
políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será
regulado por la ley constitucional en la materia.”
Honduras, contempla en el Capítulo IV y V de la Constitución el sufragio, los partidos
políticos y la función electoral. (Constitución Política de la República de Honduras, 1982)
En el caso de El Salvador y Honduras, cuentan con un marco constitucional más amplio y
desarrollado respecto al sistema electoral, al mismo tiempo que remiten a una ley específica en la
materia.
Los tres países regulan en sus respectivas constituciones normas relativas a los deberes y
derechos políticos, que incluye el derecho a elegir y ser electo, optar a cargos públicos; el derecho
de asociación con fines políticos, la definición y función de los partidos políticos, y las formas de
participación directa. El Salvador, Guatemala y Honduras contemplan los deberes y derechos
políticos en sus respectivas constituciones y ley electoral.
Tardó muchos años que el derecho al voto fuera reconocido en los países del Triángulo Norte
de Centroamérica. Sin embargo, al inicio se restringió a las mujeres con cierto grado de escolaridad,
edad, determinada circunscripción territorial o estado civil, por lo que consistía en un voto limitado
o parcial (Ver Cuadro II).
En El Salvador, a partir de la Constitución de 1939, se universaliza el voto masculino pero no
ocurre de la misma forma para las mujeres que lo limitó a las disposiciones que reglamentaba la Ley
Electoral en su momento. Asimismo, el ejercicio del sufragio era obligatorio para los hombres y
para las mujeres era voluntario. Con el surgimiento de la Constitución de 1950, se consigue el
otorgamiento de la ciudadanía a cualquier persona sin distinción de sexo, mayores de 18 años,
estableciendo así, el sufragio universal femenino (Aguilar Avilés, 2010).
En Guatemala, se otorga por primera vez el sufragio a las mujeres que sabían leer y escribir en
el año 1945, por lo que la gran mayoría de mujeres quedó privada de ese derecho, con esta medida el
derecho a votar no se dio en igualdad de condiciones; además de que el voto era optativo y no
19
obligatorio. Para el año 1965 (veinte años más tarde), el sufragio se extiende a todas las mujeres
logrando con esto que para los años setenta y ochenta las mujeres se integraran a organizaciones
partidistas (Alarcón, 2011).
En el caso de Honduras, se estableció el derecho al voto femenino en el año 1955 con
limitantes, ya que solo las mujeres que sabían leer y escribir podían ejercer ese derecho y para el año
1957 las mujeres ejercen plenamente el sufragio por primera vez (Ferrerira Rubio, 2013).
Por otro lado, en las tres constituciones los deberes y derechos políticos se encuentran
establecidos en un capítulo separado y se considera ciudadano a los mayores de dieciocho años de
edad.
CUADRO II. Obtención del sufragio femenino
Fecha de obtención del sufragio femenino
País Año Modalidad
El Salvador 1939 Restrictiva: Si las mujeres eran casadas debían ser mayores de 25 años y si
eran solteras, mayores de 30 y en ambos casos haber aprobado la primaria En
1950 se otorga de forma irrestricta el derecho al voto.
Guatemala 1945 Restrictiva: Mujeres que sabían leer y escribir. En 1965, el voto se extiende a
todas las mujeres.
Honduras 1955 Restrictiva: Solo las mujeres que sabían leer podían votar. Para el año 1957,
ejercen el derecho al sufragio por primera vez.
Fuente: Elaboración propia con información de “Doña Prudencia Ayala y el voto femenino” (Aguilar Avilés, 2010),
“La evolución política de la mujer en nuestro país” (Alarcón, 2011), “Participación política de la mujer en Guatemala”
(Abadía Cárdenas, 2013) y “La participación política de las mujeres en Honduras: El camino del reconocimiento de
derechos a la presencia efectiva” (Ferrerira Rubio, 2013).
20
CUADRO III. Aspectos generales del Sistema Electoral
País
Deberes
y
derechos
políticos
Democracia
Directa
Autoridad
en materia
electoral
Partidos
Políticos
Requisitos
para
candidatura
Duración de
mandato y
prohibición de
reelección
Sistema
Electoral
Definición
explícita del
Sistema de
Representación
El
Salvador
Const.
L.E.
C. C.
L.E.
C.
L.E.
C.
L.E.
C. C.
L.E.
C.
Guatemala C.
L.E.
C.
L.E.
C.
L.E.
C.
L.E.
C.
L.E.
C. C.
L.E.
----
Honduras C.
L.E.
L.E. C.
L.E.
C.
L.E.
C.
L.E.
C. C.
L.E.
C.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala,
Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de
Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras.
C.= Constitución.
L.E.= Ley Electoral.
21
Asimismo, todas las constituciones determinan los representantes electos por elecciones
populares (presidente, parlamento y alcalde).
Las elecciones presidenciales y parlamentarias son reguladas en aspectos más específicos en
las constituciones (Ver Cuadro IV y V). En cuanto a las elecciones presidenciales, se hace referencia
a la duración del mandato, al sistema electoral mayoritario y la prohibición de reelección.
En lo que respecta a las elecciones parlamentarias, El Salvador (Constitución de la República
de El Salvador, 1983) y Honduras (Constitución Política de la República de Honduras, 1982)
contemplan de forma explícita el sistema de representación proporcional, mientras que Guatemala
no hace referencia al tipo de representación; pero se infiere de manera implícita en las normas
constitucionales que regulan el sistema electoral y que permiten la conformación de un órgano
legislativo pluralista. Todas las constituciones definen de una manera u otra, el sistema electoral
parlamentario y es más específico en la respectiva ley electoral.
El número de representantes que deben ser elegidos para el organismo legislativo no es
determinado en todas las constituciones. Las constituciones de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica, se limitan a establecer la relación entre población, circunscripción territorial y
representantes a elegir, sin fijar un número de escaños exacto a excepción de Honduras
(Constitución Política de la República de Honduras, 1982), que se encuentra regulado en el artículo
202 de la Constitución.
Otro aspecto regulado a nivel constitucional, es la autoridad encargada de los procesos
electorales, en El Salvador (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y Honduras
(Constitución Política de la República de Honduras, 1982) la ley suprema contempla un capítulo
especial para el órgano superior en materia electoral; en el caso de Guatemala, la Carta Magna
(Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, 1985) contempla únicamente
artículos dispersos y regula de forma extensa ese aspecto en su ley electoral.
22
CUADRO IV. Normas básicas en materia electoral contenidas en las Constituciones*
País Deberes y derechos
políticos
Determinación del
elector
Autoridad en
materia electoral
Partidos
Políticos
El Salvador art.71 -82 art. 71 art. 208 -210 art. 85 y 210
Guatemala art. 135- 137 art. 136 No regulado** art. 223
Honduras art. 36 – 58 art. 36 art. 51 – 58 art. 37 y 47-50
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras.
* Se indica artículo (s) de la Constitución.
** El Tribunal Supremo Electoral se encuentra regulado en los artículos 121 – 135 de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85).
CUADRO V. Disposiciones constitucionales respecto a elecciones presidenciales*
País Período del mandato Sistema Electoral Prohibición de
reelección
El Salvador art. 154 art. 80 art. 152
Guatemala art. 184 art. 184 art. 186
Honduras art. 237 art. 236 art. 239
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras.
* Se indica artículo (s) de la Constitución.
23
Cuadro VI. Disposiciones constitucionales respecto a elecciones parlamentarias*
País
Definición explícita del
Sistema de
Representación
Número de Diputados Período de mandatos
El Salvador art. 79 No regulado art. 124
Guatemala No regulado No regulado art. 157
Honduras No regulado art. 202 art. 196
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras.
* Se indica artículo (s) de la Constitución.
B. Legislación electoral.
Para analizar el funcionamiento del sistema electoral del Triángulo Norte de Centroamérica, se
realiza un enfoque comparativo de algunos elementos vinculados al ejercicio de la democracia y del
sistema electoral de la respectiva subregión.
1. Derecho al sufragio.
La regulación del sufragio se considera como punto de partida para el análisis de la legislación
electoral. La definición de sufragio varía en cada ley electoral. En El Salvador, se establece como un
derecho y un deber de los ciudadanos (Código Electoral, 1992), en Guatemala, es el voto que se
emite en una elección política o en una consulta popular (Ley Electoral y de Partidos Políticos,
1985); y en Honduras, la ley electoral no contempla la definición de sufragio, esta se encuentra
regulada en la Constitución y se define como un derecho y una función pública (Constitución
Política de la República de Honduras, 1982).
24
En cuanto a la ciudadanía y por consiguiente la capacidad para ejercer el voto, se adquiere a
los dieciocho años en los tres países.
2. Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo.
La elección de Presidente y Vicepresidente de la República, se lleva a cabo mediante el
sistema de mayoría absoluta (la planilla triunfadora debe obtener la mitad más uno de los votos
válidos) en El Salvador (Código Electoral, 1992) y Guatemala (Ley Electoral y de Partidos
Políticos, 1985) en los cuales se prevé la posibilidad de una segunda vuelta con los dos partidos que
han obtenido la mayor cantidad de votos (Ver Cuadro VI). Por otro lado, Honduras (Ley Electoral y
de las Organizaciones Políticas, 2004) regula la elección de Presidente y Vicepresidente por simple
mayoría de votos a una sola vuelta.
En El Salvador, integran el Órgano Ejecutivo el Presidente y Vicepresidente de la República,
los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes (Constitución de la
República de El Salvador, 1983). Se declara electo al partido político o coalición que haya obtenido
la mayoría absoluta de votos. Si ninguno de los partidos o coaliciones hubiere obtenido la mayoría
absoluta de votos, se convoca a una segunda elección, con los dos partidos o coaliciones que hayan
obtenido el mayor número de votos válidos (Código Electoral, 1992).
En el caso de Guatemala, el Organismo Ejecutivo está integrado por el Presidente y
Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y los Secretarios de la
Presidencia (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). Los dos primeros, son
electos por mayoría absoluta de votos y si en la primera elección, ninguna de las planillas obtiene
dicha mayoría; se realiza una segunda vuelta con las dos planillas que alcanzaran la mayor cantidad
de sufragios (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). En el caso de los Ministros éstos son
nombrados por el Presidente de la República (Constitución Política de la República de Guatemala,
1985).
25
Por último, en Honduras el Poder Ejecutivo lo conforman el Presidente y Vicepresidente de la
República y se eligen por simple mayoría de votos (Constitución Política de la República de
Honduras, 1982).
CUADRO VII. Sistemas electorales presidenciales en el Triángulo Norte de Centroamérica
País Fórmula Mayoría
El Salvador Doble Vuelta Mayoría Absoluta
Guatemala Doble Vuelta Mayoría Absoluta
Honduras Una Vuelta Mayoría Simple
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la
República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas de la República de Honduras.
En lo que respecta al Organismo Legislativo (Ver Cuadro VII), en los tres países se desarrolla
el sistema de representación proporcional. En El Salvador, la elección de los Diputados de la
Asamblea Legislativa se realiza mediante el voto libre, directo, igualitario y secreto y se adopta el
sistema de representación proporcional (Constitución de la República de El Salvador, 1983). La
Asamblea Legislativa está compuesta por ochenta y cuatro Diputados y sus respectivos suplentes
(Código Electoral, 1992).
Por su parte, Guatemala tiene un sistema unicameral y el Congreso de la República está
compuesto por Diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el
sistema de distritos electorales y lista nacional (Constitución Política de la República de Guatemala,
1985). Los primeros, se eligen en cada distrito en forma proporcional a la población y los segundos,
son electos directamente de un número equivalente al veinticinco por ciento de Diputados distritales
(Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). El número total de Diputados que
integren el Congreso de la República deberán estar de acuerdo con los datos estadísticos del censo
26
de la población (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). La elección se realiza por
representación proporcional con el sistema de D´Hondt.
Honduras, cuenta con un Poder Legislativo unicameral, los Diputados al Congreso Nacional
son elegidos por sufragio directo (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). Se
utiliza el sistema de representación proporcional por cociente departamental. El cociente
departamental resulta de dividir el total de votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos,
Alianzas o Candidaturas Independientes entre el número de cargos a elegir (Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, 2004). Honduras contempla que el Congreso Nacional estará integrado por
un número fijo de ciento veinte y ocho Diputados propietarios y sus respectivos suplentes
(Constitución Política de la República de Honduras, 1982).
CUADRO VIII. Sistema electoral parlamentario en el Triángulo Norte de Centroamérica
País Fórmula Sistema de Representación
El Salvador Cociente electoral Proporcional
Guatemala D’Hondt Proporcional
Honduras Cociente electoral Proporcional
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la
República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas de la República de Honduras.
3. Autoridad en materia electoral.
En El Salvador, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, el
cual cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera. Éste se encuentra
integrado por cinco Magistrados, de los cuales tres, son propuestos por los tres partidos políticos o
coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.
27
Los otros dos Magistrados son designados por la Asamblea Legislativa, con el voto favorable de por
lo menos los dos tercios de los Diputados de las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de
Justicia. Además, cuenta con cinco Magistrados Suplentes elegidos de igual forma. Todos los
Magistrados duran en el cargo cinco años (Código Electoral, 1992).
En el caso de Guatemala, es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en materia
electoral. Se integra por cinco Magistrados Titulares e igual número de Magistrados Suplentes,
electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes del total de
sus miembros, de una nómina propuesta por la Comisión de Postulación de cuarenta candidatos.
Duran en sus funciones seis años y podrán ser reelectos (Ley Electoral y de Partidos Políticos,
1985).
En Honduras, se establece que al Tribunal Supremo Electoral le corresponde todo lo
relacionado con los actos y procedimientos electorales. Estará integrado por tres Magistrados
Propietarios y un Suplente, electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años
pudiendo ser reelectos (Constitución Política de la República de Honduras, 1982).
Se determina que entre las principales funciones de cada Tribunal Supremo Electoral de los
países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, se refieren a velar por el cumplimento
de la Constitución y las leyes en materia electoral que garanticen el derecho de asociación y
participación política, convocar y organizar los procesos electorales; divulgar los resultados
preliminares de las elecciones, elaborar la memoria del proceso electoral, entre otras.
4. Partidos Políticos.
Este apartado pretende establecer la manera en que las constituciones y la legislación electoral
de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, definen jurídicamente los
partidos políticos, es decir, se analizan los conceptos que emanan de la normativa antes mencionada.
Asimismo, se hace un breve estudio de los requisitos para la conformación de los partidos políticos,
las funciones que la ley electoral confiere a los partidos políticos y su forma de extinción.
28
Las constituciones de El Salvador y Honduras reconocen el valor que tienen los partidos
políticos para el régimen democrático. Por otro lado, las definiciones más específicas de éstas
instituciones se encuentran reguladas en la respectiva ley electoral, como sucede en el caso de
Guatemala.
En El Salvador, la Constitución establece que el sistema político es pluralista y éste se expresa
por medio de los partidos políticos, que son el instrumento con el que el pueblo puede ejercer la
representación dentro del Gobierno (Constitución de la República de El Salvador, 1983), además, el
Código Electoral regula que contarán con personería jurídica (Código Electoral, 1992). En el caso
de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos los define como instituciones de derecho
público, con personalidad jurídica y que configuran el carácter democrático del régimen político del
Estado (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). Por último, la Constitución de Honduras
establece que los partidos políticos son instituciones de derecho público (Constitución Política de la
República de Honduras, 1982) y de conformidad con la ley específica en la materia que gozan de
personalidad jurídica (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004) (Ver Cuadro VIII).
Como puede observarse, en dos países centroamericanos se consideran los partidos políticos
como personas jurídicas de derecho público y en lo que respecta a El Salvador, simplemente se
establece que los partidos políticos cuentan con personería jurídica.
Es importante resaltar, el énfasis que hace la normativa constitucional y en materia electoral
sobre la libertad de formación y de funcionamiento de los partidos u organizaciones políticas, es
decir, se resalta la voluntariedad para asociarse o reunirse con fines políticos.
CUADRO IX. Partidos Políticos
País Definición Cuerpo Legal*
El Salvador Instrumento para que el pueblo pueda ejercer la representación
dentro del Gobierno con personería jurídica.
C. (art. 85)
L.E. (art. 164)
29
Guatemala Instituciones de derecho público con personalidad jurídica. L.E. (art. 18)
Honduras Instituciones de derecho público con personalidad jurídica. C. (art.47)
L.E. (art.79)
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la
República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas de la República de Honduras.
* C. = Constitución L.E.= Ley Electoral.
En lo que concierne a los requisitos para la conformación y reconocimiento de los partidos
políticos, las constituciones de El Salvador (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y
Guatemala (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985) únicamente regulan el
derecho de las personas a asociarse u organizarse y no establecen requisitos específicos para la
conformación, reconocimiento o prohibiciones de los partidos políticos.
Por el contrario, la Constitución de la República de Honduras menciona cuestiones específicas
para la conformación de los partidos políticos, además de la definición y regulación del derecho de
los ciudadanos a conformar partidos políticos (Constitución Política de la República de Honduras,
1982).
En lo que respecta a la legislación electoral, los países contemplan además de los requisitos
para la conformación de los partidos políticos, el procedimiento de inscripción, el régimen interno
de los partidos, el régimen de financiamiento y el sistema de transparencia financiera.
El Código Electoral de El Salvador, contempla los requisitos para la constitución de los
partidos políticos, la afiliación, inscripción; régimen interno de los partidos políticos, las coaliciones
y fusiones, la cancelación y el financiamiento estatal (Código Electoral, 1992).
En el caso de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece los requisitos para
la existencia y funcionamiento de los partidos, los derechos y obligaciones, la estructura
organizativa y sus respectivas funciones; la inscripción de los partidos políticos, las coaliciones,
30
fusiones y sanciones; así como, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos
(Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985).
Honduras contempla en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la constitución e
inscripción de los partidos políticos, derechos, obligaciones y prohibiciones, el procedimiento de
inscripción; el régimen financiero de los partidos, así como, la alianza y fusión de los mismos (Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004).
En cuanto a los requisitos para la conformación de partidos políticos, en El Salvador se
requiere de la voluntad de por lo menos cien ciudadanos capaces de ejercer el sufragio, domiciliados
y con residencia en el país (Código Electoral, 1992), en Guatemala para que un partido político
pueda existir, se requiere que cuente con un mínimo de afiliados equivalente al 0.30% del total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones, que estén en el pleno
goce de los derechos políticos y que por lo menos la mitad debe saber leer y escribir (Ley Electoral
y de Partidos Políticos, 1985); respecto a Honduras, contempla que es necesario un número de
ciudadanos hondureños no menor a cincuenta y que se encuentren en el pleno ejercicio de sus
derechos políticos (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004).
Las principales funciones de los partidos políticos en el Triángulo Norte de Centroamérica se
relacionan con la promoción de la democracia, la participación política de los ciudadanos, la
representación política y la de competir por cargos públicos. Otra función, es la de formación y
capacitación de los afiliados a los partidos políticos y de la ciudadanía en general, así como la
función de fiscalizar los procesos electorales. (Ver Cuadro IX).
CUADRO X. Funciones de los Partidos Políticos
País Función
El Salvador
Guatemala
Honduras
Participación política, representación del pueblo y postular candidatos a
cargos de elección popular.
31
Guatemala
Honduras
Formación ideológica y política a los afiliados al partido político.
Guatemala
Honduras
Proponer políticas y análisis de los problemas nacionales.
El Salvador
Guatemala
Honduras
Preparación, desarrollo y fiscalización de las actividades del proceso
electoral.
El Salvador Pluralismo político.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución
Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la
República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas de la República de Honduras.
En cuanto a la disolución de los partidos políticos, la legislación en materia electoral se ocupa
de regular las causales por las que un partido político pierde su reconocimiento legal.
En El Salvador, el Código Electoral establece que procederá a cancelar la inscripción de un
partido político entre otras causas por la disolución voluntaria del partido político, por la fusión de
partidos; al no obtener por lo menos el tres por ciento del total de votos válidos, cuando no participe
en dos elecciones consecutivas, cuando propicie el fraude en una elección o lo aceptare para su
beneficio (Código Electoral, 1992).
En Guatemala, la ley de la materia norma que procede cancelar un partido político por fraude
que vulnere la voluntad popular, si no obtuviera por lo menos un cinco por ciento de los votos
válidos en las elecciones generales (salvo que alcanzara representación ante el Congreso de la
República) y si transcurrido el plazo de seis meses de la suspensión temporal, el partido sancionado
no presentara al Registro de Ciudadanos la prueba de que las causales de suspensión han sido
corregidas (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985).
En el caso de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral procederá a la cancelación de un
partido político por la fusión con otro partido político, a solicitud del propio partido; en caso de no
32
obtener en las elecciones generales, por lo menos el dos por ciento del total de los votos válidos, por
no participar de forma directa en un proceso de elecciones generales (exceptuando el caso de
Alianza) y cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción mediante fraude (Ley Electoral y de
las Organizaciones Políticas, 2004).
33
CAPÍTULO III
Consolidación de la democracia
En la actualidad, en el marco del desarrollo de la democracia, el interés por la consolidación
de las democracias emergentes; constituye un tema de gran interés para las ciencias políticas y
sociales, por lo que resulta importante abordar el concepto.
Para Leonardo Morlino (1988, pág. 42), la consolidación es “Un proceso de reforzamiento,
afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su
capacidad de persistencia y contrarrestar y revenir posible crisis.”
Morlino (1988, pág. 44) indica que la consolidación de la democracia es:
La ampliación progresiva de la aceptación de aquellas estructuras y normas para la resolución
pacífica de los conflictos, un conocimiento cada vez mayor en la aceptación y el apoyo al
compromiso institucional, el reconocimiento de la bondad en la fórmula de la ‘incertidumbre
limitada’, o bien, en una palabra, progresiva ampliación de la legitimidad del régimen.
Debe resaltarse que en el concepto propuesto por Morlino, la consolidación de la democracia
es un proceso que para desarrollarse necesita que la democracia se haya establecido y que sus
instituciones se encuentren funcionando aunque sea de forma primitiva.
Para Juan Linz (1990, pág. 29), un régimen democrático consolidado es aquel:
En el cual ninguno de los principales actores políticos, partidos o intereses organizados, fuerzas o
instituciones, consideran que hay alguna alternativa a los procesos democráticos para obtener el poder,
y que ninguna institución o grupo político tiene derecho a vetar la acción de los que gobiernan
democráticamente elegidos. Esto no significa que no haya minorías prestas a desafiar y cuestionar la
legitimidad de los procesos democráticos por medios no democráticos. Significa que los actores
principales no recurren a ellos y que esos permanecen políticamente aislados. Para decirlo de una
manera simple, la democracia debe ser considerada como el ‘único casino en el pueblo’, para utilizar
una expresión del viejo Oeste.
Juan Linz y Alfred Stepan (1996, pág. 31), destacan que en cuanto actitudes:
34
Un régimen democrático está consolidado cuando una gran mayoría de la opinión pública, incluso en
medio de grandes problemas económicos y de una profunda insatisfacción con los funcionarios,
mantiene la creencia de que los procedimientos e instituciones democráticas constituye el modo más
apropiado de gobernar la vida colectiva y cuando el apoyo a las alternativas antisistema es pequeño o
está más o menos aislado de las fuerzas democráticas.
Por otro lado, para Nohlen y Thibaut (1994, pág. 109):
La consolidación de la democracia avanza, cuando grupos sociales fracasan en un intento de quebrar el
orden democrático. En los hechos, puede observarse que actualmente en América Latina la confianza
en las instituciones democráticas no crece, pero que la democracia se mantiene y que los grupos
antidemocráticos ya no logran sin más instaura una dictadura… el mantenimiento en el tiempo de la
democracia no puede ser explicado en el presente haciendo uso de la primera definición de
consolidación (entendida como el consenso de todos los grupos sociales significativos con respecto a la
preferencia de la democracia), sino más bien por la posibilidad cada vez menor de que determinados
grupos sociales tengan éxito en quebrar la democracia.
Con el análisis de las diferentes definiciones sobre consolidación de la democracia, puede
determinarse que mientras algunos autores lo consideran como un proceso encaminado a buscar
estabilidad (sin descartar que dentro de la misma democracia pueden producirse periodos de crisis),
para otros autores como Juan Linz; es necesario resaltar las condiciones que aparecerán como
producto de dicho proceso, es decir, que se entenderá como un régimen democrático consolidado
cuando los actores políticos y los ciudadanos reconozcan al régimen democrático y con ello a sus
instituciones; como la mejor forma o por lo menos la más preferible, para competir por el poder del
Estado.
En cuanto a los factores que pueden considerarse influyentes en los procesos de consolidación
democrática, para Leonardo Morlino (1988, págs. 58-62), los rasgos comunes son:
1) El comportamiento de las élites en general con el mantenimiento del régimen político de la
democracia representativa en tanto se le concibe como el encuadre fundamental para resolver sus
conflictos sin excluir competencia. 2) La existencia de un estado de Derecho y de una legalidad
operante susceptible de convocar la adhesión a esta modalidad de institucionalidad política. 3) La
subordinación de los militares al poder civil. 4) La garantía que logren adquirir y que lleguen a sentir
los grupos de empresarios privados de que sus intereses fundamentales como grupo van a ser
respetados y en todo caso no van a ser violentados de manera arbitraria. 5) El papel que cumplen los
35
partidos políticos y el sistema de partidos al constituirse como los actores por excelencia en el proceso
de consolidación, independientemente de si su trayectoria durante la transición mostró un perfil incluso
muy discreto.
De acuerdo a Juan Linz y Alfred Stepan (1996, pág. 32), los factores que deben de promoverse
para hacer avanzar el proceso de consolidación de la democracia son:
1) Las condiciones que permitirían la existencia de una sociedad civil sin ataduras y tan dinámica
como quiera serlo. 2) Una sociedad política competitiva y comprometida con la institucionalidad
democrática y con su paulatino desarrollo y fortalecimiento. 3) La prevalencia del estado de Derecho.
4) Un cuerpo de funcionarios que pueda mantener el funcionamiento del aparato estatal y logre
orientarlo en la dirección que la nueva institucionalidad democrática y los gobiernos que surjan de ella
así lo determinen. 5) Y una esfera socioeconómica establecida con independencia del poder estatal de
vocación centralizadora y dirigista, pero que tampoco tienda a ser una “economía de mercado pura”.
Linz y Stepan (1996, pág. 39) puntualizan que se presentan con frecuencia dos problemas
durante la transición y consolidación de la democracia “Las tensiones étnicas en numerosos países y
el deterioro de la situación económica o la lenta mejoría observada en las condiciones de vida de los
ciudadanos que habitan en esas sociedades cuyo régimen político cambió.”
Como puede inferirse, existe un campo muy amplio y complejo en cuanto al debate de la
formulación de los factores de consolidación de la democracia y que la literatura acerca del tema no
es concluyente. Asimismo, parece importante resaltar los factores de consolidación democrática que,
desde la perspectiva de Jorge Rovira Mas (2002, págs. 45-46) influyen en el análisis de los casos
centroamericanos:
El desarrollo y el funcionamiento de las instituciones electorales de la democracia y el compromiso
democrático de las élites, la subordinación de la institución militar al poder civil, los clivajes étnicos
allí donde los hay y su integración al sistema político; la dinámica de estructuración de los sistemas de
partidos políticos, las características de la cultura política y la dinámica que sigue la economía, en
particular el crecimiento económico, la pobreza y la distribución del ingreso.
36
Con estos factores, Rovira Mas (2002, pág. 47) considera que se pueden medir los progresos,
estancamientos y retrocesos en los distintos ámbitos de la consolidación democrática y sugerir las
perspectivas que las democracias centroamericanas tendrían de estabilizarse.
Dicho esto, se presentan los datos sobre apoyo y satisfacción a la democracia obtenidos por
diferentes informes del Latinobarómetro, con el propósito de hacer un análisis de las tendencias en
el desarrollo de este régimen político en los países que conforman el Triángulo Norte de
Centroamérica y su respectiva consolidación.
El informe titulado “Centroamérica y sus democracias. Latinobarómetro 1995-2010” (2010,
pág. 37), afirma que:
El proceso de consolidación de la democracia tiene un lado brillante que es el apoyo a la legitimidad de
las instituciones básicas como el congreso y los partidos, y por otra parte, tiene un lado oscuro que es
la desconfianza y el cinismo político que embarga a la región.
En general, en América Latina la democracia sigue siendo el sistema político preferido. El
apoyo a la democracia en la región centroamericana alcanza en el año 2010 un promedio de 59% en
comparación con el 61% de toda América Latina. Para el año 2011, el porcentaje de apoyo en
América Latina se reduce a un 58% (Corporación Latinobarómetro, 2010, pág. 9).
37
Los resultados presentados en el referido informe, indican que el proceso de consolidación de
la democracia es heterogéneo en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. En
relación al apoyo a la democracia, Guatemala es el país con menos grado de apoyo con un 46% en el
año 2010, Honduras con 53% y El Salvador alcanzó el porcentaje más alto con un 59%.
Para el año 2011, de conformidad con el Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro
(2011, pág. 30), el apoyo a la democracia baja diez puntos porcentuales respecto al año anterior;
Guatemala a 36% y Honduras a 43%, mientras que en El Salvador, se reduce únicamente cuatro
puntos el grado de apoyo a 55%.
38
Respecto a la satisfacción con la democracia, la región centroamericana presenta retrocesos y
aumentos a lo largo del periodo analizado, alcanzando en el 2010 un porcentaje de 43%. El informe
sobre Centroamérica del Latinobarómetro (2010, pág. 11), expone que “La satisfacción con la
democracia es un indicador de desempeño que refleja la capacidad de los gobiernos de ‘entregar’ los
frutos de la gestión.” Puede inferirse entonces, que existe una relación entre satisfacción de las
personas con el régimen democrático por el funcionamiento y desempeño del gobierno.
39
El Salvador, es el país que presenta el porcentaje más alto de los tres países con 43% en el año
2010. Guatemala es el país con más bajo grado de satisfacción con 28% aunque ha aumentado 11
puntos desde el año 1996 y Honduras alcanza un 35% de satisfacción con la democracia.
Para el año 2011, el grado de satisfacción con la democracia en El Salvador era de 35%,
Honduras con 29% y Guatemala 23%.
40
Puede afirmarse que la democracia en América Latina y en Centroamérica presenta avances y
retrocesos. Es necesario resaltar lo extendida que se encuentra la democracia en el continente, y el
grado de apoyo y satisfacción que presenta en Centroamérica, permite establecer que este régimen
político se está consolidando; siendo de acuerdo a los indicadores Guatemala el país con más
dificultades en esta etapa por la falta de legitimidad.
El Latinobarómetro (2010, pág. 37) culmina con un comentario optimista para la región
centroamericana:
Los centroamericanos no se achican antes las dificultades, el pasado no ha sido fácil, y el presente está
trayendo algunos avances positivos, de tal manera que finalmente hay mucha más satisfacción de vida
que la que el nivel de la economía y a democracia pudieran dar a entender.
41
CAPÍTULO IV
Calidad de la democracia
Luego de que el régimen democrático se ha consolidado a lo largo de América Latina, la
atención se ha conducido hacia la calidad democrática. En la actualidad, existen cada vez más
investigaciones dedicadas a analizar las características y el funcionamiento de los regímenes
democráticos y con esto evaluar su calidad. A nivel regional Scott Mainwaring (2003, pág. 4)
expone que “El interés por la calidad de la democracia surgió después de completados los procesos
de transición y consolidación.” En el caso de Centroamérica, el interés por la calidad de la
democracia surge luego de que se estimara que los procesos de transición y consolidación se habían
completado.
De esa cuenta, por las propias particularidades de El Salvador, Guatemala y Honduras países
que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica respecto de otros procesos democráticos
realizados en otros países de América Latina, se plantea la interrogante sobre el nivel de calidad de
la democracia alcanzado.
Al respecto, es necesario que se establezcan algunas definiciones de democracia y de calidad,
para luego analizar varios índices que con su propia metodología abordan temas relacionados al
desempeño de la política en el mundo, centrándose este análisis en los países que conforman el
Triángulo Norte de Centroamérica.
De esa cuenta, Leonardo Morlino (2005, pág. 37) haciendo referencia a la definición mínima
de democracia que sugiere Robert Dahl, afirma que dicho régimen cuenta por lo menos con
“Sufragio universal adulto; elecciones regulares, libres, competitivas y justas; más de un partido
político y más de una fuente de información.” Para Schmitter y Karl (1993, págs. 45-46) a estas
características debe adicionárseles “Las instituciones democráticas, los derechos existentes y el
proceso de toma de decisiones no deben estar restringidos ni por las élites no elegidas ni por poderes
externos.”
42
Por otro lado, para Morlino (2008, pág. 2), la definición mínima de democracia refiere a los
regímenes políticos que tienen al menos:
Sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas;
más de un partido; y múltiples fuentes de información. Si los regímenes políticos han cumplido
mínimamente estos requisitos, se requerirá verificar empíricamente cuánto se ha logrado respecto de
los dos objetivos centrales de una democracia ideal: libertad e igualdad.
Puede observarse que no existe un consenso respecto a la definición de democracia. De esa
cuenta, se encuentran definiciones que consideran elementos básicos para determinar en qué
consiste una democracia, hasta aquellas definiciones que incorporan mayores factores.
Asimismo, para definir la expresión “calidad”, puede hacerse referencia a distintos
parámetros. En este caso, analizaremos la definición del autor Leonardo Morlino (2008, pág. 2)
quien se remite al uso que hacen generalmente en el mundo industrial y del marketing del cual
emergen tres formas que se le asocian:
a) La calidad se define por los aspectos procedimentales fijados cuidadosamente para cada producto,
es decir en el seguimiento preciso de los procesos preestablecidos de acuerdo a determinados tiempos y
métodos. b) La calidad consiste en contar con un producto que tenga ciertas características
estructurales, que esté hecho de ciertos materiales, que tenga forma y funcionamiento. Nos estamos
refiriendo entonces, al contenido. c) La calidad del producto o del servicio se deriva indirectamente de
la satisfacción expresada por el consumidor, lo cual se manifiesta en demandar nuevamente el producto
o el servicio; es decir la calidad se dirige al resultado.
De conformidad con el autor, los tres diferentes tipos de calidad se formulan en relación con
los procedimientos, el contenido y el resultado; lo cual permite explicar las dimensiones de la
calidad democrática.
Para determinar la calidad de los regímenes democráticos, el Doctor Leonardo Morlino
explica que no basta con la legitimidad, especialmente, cuando la legitimidad del régimen
democrático no es lo suficientemente sólida (Instituto Federal Electoral, 2008, pág. 7). Además,
Morlino (2008, pág. 7) expone que “La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ocupan
43
un papel fundamental en la cualificación de toda democracia, pues ésta se puede medir, en parte, por
el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en ella, lo cual le otorga una alta
estabilidad a las instituciones.”
Morlino (2008, pág. 3) define como una buena democracia o una democracia de calidad:
Aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad e igualdad de los ciudadanos
a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales. Podemos derivar la realización de
la calidad de una democracia por el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en
ella (calidad en relación con el resultado), lo cual le otorga una alta estabilidad de sus instituciones por
el apoyo que recibe de la sociedad civil; todo lo cual permite hipotéticamente afirmar de un avance en
la realización de los valores de la democracia.
Así también, el referido autor (Morlino, 2008, pág. 3) expone que una buena democracia “Es
aquella en que sus ciudadanos, y las asociaciones y las comunidades se integran, gozan de una
medida superior a los mínimos de libertad e igualdad (calidad en relación con el contenido)”
Por último, Morlino (2008, pág. 3) manifiesta que:
Los ciudadanos de una buena democracia deben poder controlar y valorar cómo los valores de libertad
e igualdad son realizados a través del pleno respeto de las normas vigentes, el denominado estado de
derecho. Asimismo, los ciudadanos deben poder monitorear la eficiencia de la aplicación de las leyes,
la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad política por las decisiones con
relación a las demandas expresas de la sociedad civil (calidad en relación con el procedimiento).
Para Manuel Alcántara Sáenz (2008, pág. 2), el término de calidad de la democracia tiene un
carácter complejo esto debido a que “Al estar vinculado tanto a significados diferentes para el
término calidad de acuerdo con los sectores industriales y de mercadotecnia, como a visiones
dispares del concepto de democracia.”
De hecho, es lo que se percibe por ejemplo con la definición de calidad, ya que esta puede
estar relacionada como bien lo expuso Leonardo Morlino, a los procedimientos, al contenido o al
resultado.
44
En el caso de las diversas definiciones de democracia, algunas de estas se enfocan en el
derecho de sufragio universal, en la participación activa de la ciudadanía en los diferentes procesos
de toma de decisión, por otro lado, existen definiciones que se concentran en la protección de los
derechos y libertades de sus ciudadanos; en la existencia del debate público y la participación de
múltiples partidos políticos así como, en la libertad de expresión y el respeto a las minorías.
Para el Doctor Morlino, la democracia, puede medirse en términos de su calidad, si se
consideran al menos ocho dimensiones. Las primeras cinco que son de carácter procedimental:
estado de derecho, rendición de cuentas electoral o responsabilidad electoral, rendición de cuentas
institucional, participación y competencia partidaria. La sexta, se relaciona con el resultado y se
refiere a la reciprocidad, es decir, a la capacidad del Gobierno de dar respuesta a las demandas de la
sociedad y que repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general. Las
dos últimas dimensiones son de carácter sustantivo: el respeto pleno de los derechos y a las
libertades y la progresiva igualdad política, social y económica (Calidad democrática entre líderes y
partidos, 2008, pág. 4).
En la actualidad, existen diversos índices que con su propia metodología se encargan de
analizar diversos aspectos relacionados con el desempeño de la política y que tienen por objetivo
medir los niveles de calidad de la democracia de los países. Este apartado se enfocará en el Índice de
Freedom House (Freedom in the world, 2014) y el índice elaborado por La Unidad de Inteligencia
de The Economist (Democracy index 2012. Democracy at a standstill, 2012) para analizar la calidad
de la democracia en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica.
El Índice de Freedom House (Freedom in the world, 2014, pág. 2), evalúa el estado de la
libertad en 195 países y 14 territorios durante el año 2013. A cada país y territorio se le asignan dos
calificaciones numéricas en la escala de 1 a 7 para derechos políticos y libertades civiles, en la cual
el número 1 representa el más libre y el número siete 7 el menos libre. Las dos calificaciones se
encuentran basadas en los puntajes asignados a veinticinco indicadores más detallados. Por último,
el promedio de las calificaciones de derechos políticos y libertades civiles de un país o un territorio,
45
determina si este es Libre (puntuación entre 1 y 2.5), Parcialmente Libre (puntuación de 3 a 5) o No
Libre (puntuación de 5.5 a 7).
La metodología utilizada en el Índice de Freedom House, se deriva de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y es aplicada a todos los países y territorios, indistintamente de su
localización geográfica, composición étnica o religiosa o nivel de desarrollo económico (Freedom in
the world, 2014, pág. 2).
Cuadro XI. Índice de Freedom House 2013
País Estatus de Libertad Derechos Políticos Libertades Civiles
El Salvador Libre 2 3
Guatemala Parcialmente Libre 3 4
Honduras Parcialmente Libre 4 4
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Freedom House 2013.
De conformidad con el Índice de Freedom House, los países que obtienen una calificación de
2 puntos en Derechos Políticos, son países y territorios que tienen derechos políticos un poco más
débiles que aquellos con puntaje de un 1 punto por factores como la corrupción política,
limitaciones a las funciones de los partidos políticos y grupos de oposición e influencia extranjera o
militar en política (Freedom in the World 2014 Methodology, 2014, pág. 4). Dentro de esta categoría
se ubicaría El Salvador.
Por otro lado, Guatemala y Honduras que obtuvieron un puntaje de 3 y 4 respectivamente,
son países que moderadamente protegen casi todos los derechos políticos o fuertemente protegen
algunos derechos políticos mientras descuidan otros. Los mismos factores que quebrantan la libertad
en países con una calificación de 2 puntos, también debilitan los derechos políticos en los países con
una calificación de 3,4 o 5 pero no en mayor medida en cada calificación sucesiva (Freedom in the
World 2014 Methodology, 2014).
46
En el caso de las libertades civiles, El Salvador obtuvo un puntaje de 3, Guatemala y
Honduras 4, lo cual los ubica según el referido Índice en países y territorios que moderadamente
protegen casi todas las libertades civiles o protegen fuertemente algunas libertades civiles mientras
descuidan otras. Estos países poseen libertades civiles más débiles por factores como límites a la
independencia de los medios de comunicación, restricciones a las actividades sindicales y
discriminación contra grupos minoritarios y mujeres (Freedom in the World 2014 Methodology,
2014, págs. 4-5).
El segundo índice considerado es el Índice de Democracia de La Unidad de Inteligencia de
The Economist, se funda en el supuesto que para determinar el estado de una democracia no es
suficiente medir las libertades civiles y políticas. De esa cuenta, el Índice de Democracia se basa en
cinco categorías que permiten medir la calidad de la democracia: proceso electoral y pluralismo,
libertades civiles, el funcionamiento del Gobierno, participación política y cultura política; las
cuales se encuentran interrelacionadas (The Economist Intelligence Unit, 2012, pág. 26)
La metodología utilizada por el Índice de La Unidad de Inteligencia de The Economist, se
encuentra basada en la calificación de sesenta indicadores agrupados en las cinco categorías
mencionadas anteriormente. Cada una de las categorías tiene una calificación en la escala de 0 a 10
y el total del Índice de Democracia es el promedio simple de las cinco categorías (The Economist
Intelligence Unit, 2012, pág. 27).
Según el resultado, La Unidad de Inteligencia de The Economist (Democracy index 2012.
Democracy at a standstill, 2012, págs. 27-28) clasifica a los países en cuatro tipos de regímenes:
Democracias plenas (puntuaciones de 8-10), democracias imperfectas (puntuaciones de 6 a 7.9),
regímenes híbridos (puntuaciones de 4 a 5.9) y regímenes autoritarios (puntuación por debajo de 4).
47
Cuadro XII. Índice de la Democracia 2012
Categorías
País Puesto Resultado
Total
Proceso
Electoral y
Pluralismo
Funcionamiento
del Gobierno
Participación
Política
Cultura
Política
Libertades
Civiles
El Salvador -61 6.47 9.17 6.07 3.89 5.00 8.24
Guatemala -81 5.88 7.92 6.43 3.33 4.38 7.35
Honduras -85 5.84 8.75 5.71 3.89 4.38 6.47
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Democracia 2012 de La Unidad de
Inteligencia de The Economist.
Para el año 2012, El Salvador se ubica en la posición 61 de 167 países evaluados, con una
puntuación de 6.47 sobre 10, que lo cataloga como una Democracia Imperfecta. De conformidad
con el Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit, 2012, pág. 28), los países con
democracias imperfectas:
También tienen elecciones libres y limpias y aunque existan problemas (tales como violaciones a la
libertad de los medios de comunicación), las libertades civiles básicas serán respetadas. Sin embargo,
existen deficiencias significativas en otros aspectos de la democracia, incluyendo problemas de
gobernanza, un subdesarrollo de la cultura política y bajos niveles de participación política.
Asimismo, en la edición más reciente del Índice de Democracia, Guatemala se ubica en la
posición 81 y Honduras en la posición 85 de 167 países evaluados, con una puntuación de 5.88 y
5.84 sobre 10 respectivamente, lo que ubica a los países dentro de las categorías de Regímenes
Híbridos conforme a lo que establece el Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit,
2012, p. 28):
En esta categoría se agrupan países con elecciones que presentan ciertas irregularidades, en donde
existe fuerte presión y control sobre la oposición, existiendo serios problemas de transparencia en el
funcionamiento del gobierno, con un débil Estado de Derecho, con poca o nula independencia del
sistema de justicia y continuo asedio y censura de los medios de comunicación.
48
Cuadro XIII. Índice de Democracia 2006-2012
País 2012 2011 2010 2008 2006
El Salvador 6.47 6.47 6.47 6.40 6.22
Guatemala 5.88 5.88 6.05 6.07 6.07
Honduras 5.84 5.84 5.76 6.18 6.25
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Democracia 2012 de La Unidad de
Inteligencia de The Economist.
Si se analiza el Cuadro XIII, se comprueba la variación existente entre los tres países que
conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Al comparar los tres países a lo largo del tiempo
que se ha realizado el Índice de Democracia se observa que El Salvador, Guatemala y Honduras han
sufrido modificaciones en su calificación. En el caso de Guatemala y Honduras, la calidad de la
democracia ha empeorado y El Salvador por otro lado, ha mejorado sus índices de democracia.
De conformidad con la diversa teoría sobre el tema, las causas del nivel de calidad de la
democracia es un asunto complicado de determinar y que requiere considerar explicaciones de
distinta índole. De esta manera, existen cuatro factores explicativos: estructurales, la experiencia
democrática previa, institucionales y socioculturales (Barreda Díez, 2011, pág. 14).
En cuanto a los factores estructurales, se destacan tres: el nivel de desarrollo de un país, la
desigualdad económica y la fragmentación etnolingüística. El primer factor, destaca que el nivel de
desarrollo de un país favorece la calidad de su democracia. Según Bardham citado por Mikel
Barreda Díez (2011, pág. 14) “Las relaciones entre democracia y desarrollo, son cuestiones
complejas y están sujetas a serios problemas de endogeneidad.” Por lo tanto, de conformidad con
Barreda Díez (2011, pág. 14) “Determinar pues, cuál es la causa y cuál es el efecto de la relación
desarrollo-calidad democrática no es fácil y, de momento, no ha sido resuelto de forma satisfactoria
en la literatura sobre calidad democrática.”
Por otro lado, en cuanto a la desigualdad económica, Barreda Díez (2011, pág. 14) indica que
la idea es que “Una elevada polarización económica es desfavorable para la calidad democrática,
49
entre otras razones porque las élites de sociedades desigualitarias son muy reacias a medidas de
profundización democrática que hagan peligrar su situación privilegiada.”
Por último, las sociedades con baja fragmentación lingüística cuentan con democracias de
mayor calidad según investigaciones de autores como Rafael La Porta y Scott Mainwaring y Aníbal
Pérez-Liñán. Como expone Barreda Díez (2011, pág. 14) citando a La Porta:
Uno de los argumentos que se aduce es que en las sociedades heterogéneas es común que los grupos
que acceden al poder desarrollen políticas para perjudicar a los grupos perdedores, restringir su
libertad de oposición y proveer los bienes públicos de tal forma que no se permita beneficiar a los
grupos excluidos
El segundo factor explicativo que se relaciona con la experiencia democrática de los países,
se fundamenta en la tesis de que la probabilidad de que la democracia surja y perdure es mayor si un
país goza de una destacada tradición democrática (Barreda Díez, 2011, pág. 15). De hecho,
investigaciones de David Altman, Aníbal Pérez-Liñán y Scott Mainwaring han destacado esta idea
al realizar análisis de la calidad de los regímenes democráticos en América Latina y han constatado
el impacto positivo del pasado democrático en el nivel de calidad (Barreda Díez, 2011, pág. 15).
El tercer factor explicativo centra su atención en las instituciones políticas. Este factor se
fundamenta en que la presencia de un sistema de partidos con débil nivel de institucionalización
tiene consecuencias perjudiciales para la calidad de los regímenes democráticos. Los trabajos de
Scott Mainwaring junto a Timothy Scully y Mariano Torcal, citados por Barreda Díez (2011, pág.
15) resaltan dos argumentos:
Por un lado, un sistema de partidos débilmente institucionalizado plantea problemas para la
representación electoral, en la medida en que se hace más fácil el acceso al poder de políticos
outsiders o “antipartidistas” que –como la experiencia ha mostrado en muchos casos- entrañan
riesgos para la calidad democrática (tendencia a rehuir de mecanismos de control, a establecer
medidas populistas y de corto plazo, etc.). Por otro lado, el ejercicio del control político a través de
elecciones se ve resentido, ya que en los sistemas poco institucionalizados los ciudadanos deben
afrontar mayores costes de información sobre la acción de los partidos y los líderes políticos (al no
disponer de suficientes pistas informativas facilitadas por los partidos).
50
Asimismo, el clientelismo es una característica común en los sistemas de partidos débilmente
institucionalizados. Para Ramón Maíz (2003, pág. 31) “Esta institución informal constituye un
significativo obstáculo para la calidad democrática, entre otras razones porque incentiva el
particularismo en la distribución de bienes públicos e inhibe la cooperación y la acción colectiva
entre los “clientes” –sujetos a un “patrón” político-.”
Existen estudios de caso que demuestran de qué forma el clientelismo no permite alcanzar
reformas institucionales que mejorarían la calidad de los regímenes democráticos. Por ejemplo,
como bien expone Barreda Díez (2011, págs. 15-16) “Reformas institucionales hacia una mayor
transparencia y control de la financiación partidista, el desarrollo de un servicio civil meritocrático o
el combate firme de la corrupción, etc.”
El último factor que pretende explicar las causas del nivel de calidad democrática, consiste
en el factor sociocultural. En muchas ocasiones se atribuye la baja calidad democrática a la
supervivencia de rasgos autoritarios, pero no se indica claramente los orígenes de esta regla y las
razones para su persistencia (Levine & Molina, 2007, pág. 21). Asimismo, se sostiene que la
presencia de relaciones y redes sociales sustentadas en la cooperación y en la confianza
interpersonal favorece la calidad democrática (Abente Brun, 2007, pág. 11). Esto último se basa en
que el capital social ayuda a fortalecer la responsabilidad democrática, debido a que permite a los
ciudadanos informarse y debatir sobre asuntos de interés colectivo; además de que ayuda a reducir
divisiones y enfrentamientos entre los colectivos sociales (Barreda Díez, 2011, pág. 16).
Como puede percibirse, existe una amplia cantidad de investigaciones teóricas así como,
diversos índices dedicados a determinar los factores que influyen en el nivel de calidad de la
democracia. Los argumentos se centran en aspectos tan diversos, desde medir la dimensión de los
derechos políticos y libertades, la participación de la ciudadanía, hasta el funcionamiento del sistema
de partidos políticos, nivel de corrupción, Estado de Derecho, entre otras.
Para Leonardo Morlino (2008, pág. 20) “La complejidad de las actuales democracias
requiere un enfoque plural para la calidad democrática.” A lo que se refiere Morlino, es que al lado
de los partidos que representan ámbitos deliberativos y poseen liderazgo de calidad, se necesita una
51
sociedad civil que se fortalezca a través de programas de educación, culturales, la transformación
del ambiente de trabajo orientado a la construcción de verdaderas comunidades, la confianza
recíproca entre ciudadanos y el incremento del compromiso civil de éstos con el funcionamiento de
las instituciones (Morlino, 2008, pág. 20).
Además, debe fortalecerse la esfera pública por medio de una actividad informativa y de
discusión sobre las cuestiones políticas de relevancia para la colectividad, promovida por un servicio
público de radio y televisión de calidad que permita a los ciudadanos interesados servirse de él y al
mismo tiempo, tendría un efecto educativo en la sociedad (Morlino, 2008, pág. 20).
La preocupación por mejorar el nivel de calidad de la democracia de los países del Triángulo
Norte de Centroamérica, está asociada con la necesidad de alcanzar ciertos mínimos de condiciones
de bienestar y de funcionamiento institucional que permitan a estas democracias consolidadas
avanzar.
El Latinobarómetro brinda un panorama más claro de cómo es la cultura política en los
países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. En primer lugar, Guatemala es el único
país de los tres en que ha aumentado el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 con respecto a su
promedio.
Cuadro XIV. Aumento de apoyo a la democracia en 2013 respecto del promedio 1995-2013
País Aumento apoyo a la democracia en puntos porcentuales
Venezuela 16
Ecuador 13
Chile 8
Argentina 5
Bolivia 5
Brasil 5
Paraguay 5
República Dominicana 5
Colombia 4
Guatemala 3
Perú 2
Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013.
52
Por otro lado, son siete países en total donde ha disminuido el apoyo a la democracia en la
región entre 1995 y 2013. Entre éstos se encuentra El Salvador y Honduras.
Cuadro XV. Disminución de apoyo a la democracia en 2013 respecto del promedio 1995-2013
País Disminución apoyo a la democracia
Costa Rica 16
México 12
Uruguay 7
Panamá 6
Honduras 3
Nicaragua 3
El Salvador 1
Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013.
En cuanto a la preferencia por la democracia, de los países que conforman el Triángulo Norte
de Centroamérica, El Salvador presenta un apoyo al régimen democrático de 50%, Honduras 47% y
Guatemala 38%.
Cuadro XVI. Promedio 1995-2013 Apoyo a la democracia
País Apoyo Autoritarismo Indiferencia
El Salvador 50 13 20
Guatemala 38 21 22
Honduras 47 13 21
Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013.
Respecto a los niveles de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, de
conformidad con el informe de Latinobarómetro para el año 2013, Honduras presenta el porcentaje
más bajo no sólo entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de toda América
Latina con un 18%. Por su parte, El Salvador, presenta un porcentaje de satisfacción de 26% y
Guatemala de 29% (Corporación Latinobarómetro, 2013, págs. 34-36).
53
Avanzar en el logro de una mayor calidad de democracia, implica un mayor énfasis en los
procesos de discusión y de toma de decisiones. Esta legitimidad, como bien expone Ismael Crespo y
Antonia Martínez (2005, pág. 11) “No puede seguir fundamentándose en la existencia de
procedimientos democráticos, sino que precisa para su afianzamiento de prácticas deliberativas” ya
que, las instituciones de la democracia deben ser escenarios transparentes y abiertos al debate
público si se desea que sigan siendo legítimas (Habermas, 1998, págs. 381-392).
Las instituciones de la administración pública y su adaptabilidad conforman una de las
variables en las que es preciso incidir cuando se piensa en mejorar la calidad de la democracia.
Como señalan Crespo y Martínez (2005, pág. 12) “Se arguye, desde otra lógica analítica, que se está
produciendo una extensión de la democracia dialogante en el ámbito mundial, de las relaciones
personales, de los movimientos sociales y en los niveles organizativos.”
Aunado a esto, la mayoría de autores concuerdan en que existe una crisis en la democracia
representativa, fundamentándose principalmente en que los partidos políticos se han distanciado de
54
sus electores y se han enfocado en la acumulación de recursos. Los indicadores que utilizan para
justificar la existencia de esta crisis de representación, son de conformidad con Crespo y Martínez
(2005, pág. 12) “La pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, el declive en los
niveles de identificación partidista, la creciente e intensa volatilidad electoral y el cada vez mayor
abstencionismo político.”
Para Mainwaring y Scully (1995, pág. 3), la importancia de los partidos políticos para el
fortalecimiento de la calidad democrática se manifiesta en al menos tres dimensiones:
Por un lado, los partidos dan forma a la vida política de diversas maneras, aun en casos en que el
sistema de partidos no está institucionalizado, revelando mucho del sistema político en tanto son los
principales agentes de la representación y virtualmente los únicos actores con acceso a puestos de
elección popular en las comunidades políticas. Por otro, los partidos ayudan a reducir los costos de
información política de los ciudadanos que en poco tiempo y con poca información pueden participar
en política, dado que asumen posiciones sobre los temas relevantes de la población y ofrecen, al
menos como promesa, soluciones a los mismos. Finalmente, los partidos son canales de expresión de
intereses, ya que organizan grupos en base a cleavages o demandas existentes en la sociedad. Esta
manera de canalizar los conflictos por una vía institucional contribuye a dar estabilidad al régimen y a
la democracia. En ese sentido, no solo reflejan sino que dan forma a la estructura social, económica y
cultural.
En el caso de los países analizados en la presente investigación, se puede percibir a través de
la amplia literatura sobre el tema, un distanciamiento entre partidos políticos y la ciudadanía, basado
principalmente en la falta de legitimidad del sistema y el progresivo crecimiento de la desafección
política, generada por la pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones para resolver
problemas básicos relacionados con el bienestar económico y la corrupción.
La desafección se advierte en el distanciamiento de la ciudadanía respecto de la política, la
baja participación en el proceso electoral, el aumento del voto en blanco o nulo, la escasa
identificación con los partidos políticos, la poca confianza en las instituciones de la administración
pública y el desprestigio de los políticos profesionales (Marotte, 2008).
Las variaciones existentes entre los niveles de calidad democrática y los países estudiados, es
un fenómeno complejo de explicar, debido a que implica un conjunto diverso de variables que
55
influyen como la desigualdad económica, el sistema de partidos, la experiencia democrática, el
respeto a los derechos y libertades civiles y políticas, rendición de cuentas, entre muchas otras.
Agregado a esto, las aportaciones metodológicas para medir la calidad de las democracias son
amplias, por lo que las clasificaciones obtenidas por los países varían de uno a otro instrumento
analítico por lo tanto, no son definitivas.
Como se mencionó anteriormente, en el informe de Latinobarómetro del año 2013, el
indicador de satisfacción de la democracia, es decir, el desempeño del régimen alcanza apenas un
39% en América Latina. Un 57% de la población de la región no se encuentra satisfecha con el
régimen, siendo Honduras el país menos satisfecho de América Latina y de la región
centroamericana con un 18%. El Salvador, presenta un porcentaje de satisfacción de 26% y
Guatemala de 29% (Corporación Latinobarómetro, 2013, págs. 34-36).
Si bien la región analizada en el presente trabajo, presenta altos niveles de violencia y
fragilidad institucional, se percibe una etapa de elecciones competitivas y libres, además de un
respeto básico a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Luego de la consolidación de la democracia de los países que conforman el Triángulo Norte
de Centroamérica, éstos presentan como principales desafíos la desafección de la ciudadanía con el
funcionamiento de las instituciones de representación y el sistema político en general, la incapacidad
del Estado para reducir la pobreza y desigualdad de su población, la poca inclusión social, el
crecimiento económico insuficiente; la baja competitividad, un clima de inversión y desarrollo
incierto, entre otros factores que inciden en la calidad de la democracia.
56
CAPÍTULO V
Conclusión
Los acontecimientos de la década de los ochenta, establecieron una nueva etapa política en los
países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, dentro de la cual surge la transición
hacia un nuevo régimen y la consolidación de la democracia.
Desde 1980 hasta la actualidad, se han realizado procesos electorales en El Salvador,
Guatemala y Honduras, dentro de los cuales las tendencias han sido la transparencia de las
elecciones, opciones partidarias más pluralistas y de ideología variada; resultados electorales
confiables, autoridades electorales que garantizan el desarrollo normal de las elecciones y, la
aceptación del sistema electoral como el instrumento para expresar las preferencias de los
ciudadanos en la designación de titulares de poder.
El sistema electoral permite ser el instrumento que garantice la democracia, porque crea la
certidumbre de que la persona ha sido electa por la voluntad de la ciudadanía expresada mediante el
voto. Por otro lado, el reconocimiento de la democracia como régimen político, es condición
necesaria para que se produzca un adecuado sistema electoral y se respete la voluntad de la mayoría.
Con el desarrollo de la democracia en estos tres países, se impulsaron medidas encaminadas a
impedir el fraude electoral, a través de un marco jurídico, una autoridad independiente en materia
electoral y el control social; que buscaban proteger la credibilidad y legitimidad de las elecciones.
En la actualidad, se considera que existe el conocimiento en la ciudadanía de que el sistema
electoral engloba además del derecho de participar en elecciones; un ordenamiento jurídico que
regula el procedimiento electoral, una institución superior encargada de velar por el correcto
desempeño del proceso que debe ser independiente al poder y a cualquier partido político; así como,
factores que garanticen la igualdad de oportunidades por competir, es decir, garantías destinadas a
que las elecciones sean libres y que los resultados producidos en las votaciones sean fiables.
Sistema electoral en el triangulo norte de Centroamérica.
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  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. ÍNDICE INTRODUCCIÓN...………………………………………………………...………… 5 CAPÍTULO I. Transición a la democracia……………………..……………….…….. 9 CAPÍTULO II. Análisis comparativo del sistema electoral del Triángulo Norte de Centroamérica……………………………………………………………….………… 15 A. Marco Jurídico………………………………………………..……..………… 16 B. Legislación electoral…………………………………………...…………...….. 23 1. Derecho al sufragio…………………..………...…………………………….. 23 2. Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo……………….…………….. 24 3. Autoridad en materia electoral…………………………...………………….. 26 4. Partidos Políticos........………………………………..……………………… 27 CAPÍTULO III. Consolidación de la democracia…………………………..……….. 33 CAPÍTULO IV. Calidad de la democracia………..…………………….…………… 41 CAPÍTULO V. Conclusión……………………………………………...…………… 56 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….. 60
  • 7. 5 INTRODUCCIÓN Definir la democracia es importante y al mismo tiempo una labor difícil debido a que es un concepto que ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo del tiempo. Por lo cual, se procedió a examinar diferentes y cuantiosas investigaciones con el propósito de determinar diferentes conceptualizaciones sobre la democracia, entre estas la de Norberto Bobbio (1997, pág. 152); quien afirma que la democracia consiste en “El conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados.” Para Bobbio (1994, pág. 19), la democracia es “El conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría.” En ese sentido, Giovanni Sartori (Batista, 2005) comentaba durante una entrevista otorgada por motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias por sus contribuciones a la Ciencia Política que la democracia es “Un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo. El pueblo se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto.” La democracia, como expone Giovanni Sartori (1987, pág. 28) es “El poder del pueblo que existirá mientras sus ideales vivan.” Por otro lado, existen definiciones que no sólo conceptualizan la democracia como una forma para elegir gobernantes. Robert Dahl (1971, pág. 12) plantea que: Es necesario que se den al mismo tiempo la posibilidad y existencia del debate público y la participación electoral: el primero se refiere al derecho de cuestionar públicamente al régimen, así como a cualquier otra ideología o proyecto político, exponer ideas y posiciones políticas diferentes buscando convencer y ganar adeptos; la segunda se refiere a la garantía de cualquier ciudadano de poder participar electoralmente, elegir y ser elegido, sin distinción de raza, género, credo, o filiación política. Todo lo anterior, dentro de un marco legal que reconozca las libertades ciudadanas de expresión, asociación, reunión, prensa e información alternativa.
  • 8. 6 Giovanni Sartori (1988, pág. 340) adiciona que “Democracia significa también control, y sobre todo, limitación a la concentración del poder”. Para Juan Linz (1996, pág. 55), democracia es “Gobierno transitorio”. Se determina entonces, que la democracia remite a la soberanía popular, a la capacidad de miembros de la sociedad de elegir sus gobernantes, y decidir normas de convivencia; implica capacidad de reunión, de asociación, elección y participación. De tal manera, para ejercitar la democracia es preciso que exista el respeto al disenso, a las minorías y a la libertad de expresión. De acuerdo al profesor Antonio Delhumeau (1970, págs. 33-34), la democracia es “La técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y unidad de los individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten sus opiniones para un bien común en un ambiente donde haya cultura política y conciencia.” El “Índice de Democracia” elaborado por La Unidad de Inteligencia de The Economist (2012, pág. 28), proporciona un panorama de la situación de la democracia en el mundo para lo cual establece que los países completamente democráticos son: Países en los que no solo las libertades civiles y políticas básicas son respetadas sino que también tiende a respaldarse por una cultura política que propicie el desarrollo de la democracia. El funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los medios son independientes y diversos. Existe un efectivo sistema de pesos y contrapesos. El sistema judicial es independiente y las decisiones judiciales son ejecutadas. Solamente hay un número limitado de problemas en el funcionamiento de la democracia. Asimismo, el referido “Índice” (2012, pág. 24) expone que: Las características fundamentales de una democracia incluyen un gobierno de la mayoría y el consentimiento de los gobernados, la existencia de elecciones libres y justas, la protección de las minorías y el respeto de los derechos humanos. La democracia presupone la igualdad ante la ley, el debido proceso y el pluralismo político.
  • 9. 7 Como puede observarse, para el desarrollo de la democracia es necesario velar por la protección a los derechos y libertades individuales, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; mejorar las diferentes instituciones del Estado promoviendo la transparencia y la eficiencia del gasto público, además de enfocar la gestión pública en minimizar la corrupción. Asimismo, la administración de justicia debe brindarse de forma independiente e imparcial y asegurar el efectivo acceso a la justicia a todos los ciudadanos. El presente trabajo de investigación, elabora un análisis teórico sobre los diversos procesos de transición a la democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica, esto con el propósito de permitir aclarar los presupuestos que orientan el análisis del sistema electoral de El Salvador, Guatemala y Honduras. El estudio de la transición y consolidación de los regímenes políticos constituye uno de los temas ampliamente estudiados por la política comparada. Esta rama de la ciencia política permite un análisis de las condiciones y factores que benefician o prorrogan la transformación política, las fases y modalidades de la transición, el rol de los diversos actores involucrados y la consolidación de los regímenes políticos. Razón por la que se justifica la adopción de la política comparada como referente metodológico en el desarrollo del presente trabajo. Este trabajo, se enfoca en el Triángulo Norte de Centroamérica conformado por los siguientes países: El Salvador, Guatemala y Honduras. La selección de estos países, se debe a que presentan características similares en aspectos económicos, sociales y políticos; como mayor concentración demográfica de población, grado de desarrollo económico similar, misma tendencia de ingreso per cápita; problemas de debilidad institucional y creciente inseguridad motivada sobre todo, por el crimen organizado. Con el fin de contribuir a la discusión teórica sobre el tema de la democracia y analizar el tema de los sistemas electorales y sus implicaciones en el Triángulo Norte de Centroamérica, además de los antecedentes, transición, consolidación y calidad de la democracia en los países que conforman el Triángulo Norte de la región centroamericana; se desarrolla el presente trabajo en cinco capítulos.
  • 10. 8 El primero, dedicado a exponer los antecedentes de la democracia y aclarar la idea de transición hacia la democracia y ciertas particularidades en las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras; en el segundo capítulo, se define el concepto de sistema electoral y se expone una revisión de la legislación electoral con el objeto de resaltar analogías y diferencias de los países del Triángulo Norte de Centroamérica; el tercero, a profundizar en la noción de consolidación democrática, su definición, alcances y relevancia para las democracias de Centroamérica; en el capítulo cuarto, se realiza una reflexión sobre la calidad de los regímenes democráticos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, debido a que la democracia se encuentra instaurada en los países mencionados, el examen y funcionamiento de la democracia despierta mucho interés académico; y en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación a manera de recapitulación.
  • 11. 9 CAPÍTULO I Transición a la democracia Para iniciar el análisis del sistema electoral de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, es necesario precisar en qué consiste la transición política y cuándo se inició el desarrollo del régimen democrático en los países del Triángulo Norte de la región centroamericana. De acuerdo a Jorge Rovira Mas (1993, pág. 34) la transición: Es un proceso de cambio en el régimen político, a un periodo etapa intermedia entre dos regímenes, tradicional o autoritario el primero, y la democracia política, en concreto la democracia representativa, el segundo; y a la dinámica sociopolítica (de confrontación, negociación y compromiso entre actores) e institucional –el establecimiento de instituciones- que comprende dicho proceso y periodo de cambio. Ángel Sermeño (1996, pág. 374), define la transición política como “Aquel proceso a través del cual actores, instituciones, posiciones de poder y reglas del juego dejan de corresponder a la lógica del régimen anterior sin definirse del todo una lógica distinta.” Para los autores G. O’Donell y P. Schmitter citado por Ángel Sermeño (1996, pág. 376) la transición política es: El intervalo entre un régimen político y otro, entendiendo por régimen el conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las características de los actores que son admitidos, y excluidos de ese acceso y los recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso. Puede decirse entonces, que la transición política es el paso de un régimen a otro que supone el cambio de instituciones, autoridades y prácticas políticas por otras, es decir; que engloba elementos políticos, ideológicos, partidarios y de asociación.
  • 12. 10 La transición política, comprende una fase de transformación política, de un régimen autoritario hacia uno democrático, o al revés. En sentido general, de acuerdo a Julián Santamaría (1982, pág. 372): El término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociados a éste por otros diferentes. Como puede observarse, las transiciones políticas implican además de una transformación política, una transformación cultural, económica, ideológica y social. Por otro lado, en la diferente literatura existente sobre transformaciones políticas en la región centroamericana, es frecuente encontrar el origen del desarrollo del régimen democrático a partir de la convocatoria a elecciones en Honduras, Guatemala y El Salvador. Edelberto Torres Rivas (1981, pág. 239), en sus numerosos estudios e investigaciones deja en claro que en 1979 a 1980 “Se inicia una nueva etapa política en Centroamérica, en rigor un nuevo ciclo histórico.” Esta etapa es de acuerdo a Jorge Rovira Mas (2002, pág. 31): Una etapa jalonada por dos eventos que poseían características comunes y a la vez otras contradictorias entre sí, en todo caso signada por el intento de dejar atrás a los regímenes tradicionales y semiautoritarios prevalecientes en esta región en la Posguerra tras el aborto de la Revolución de Octubre (1944-1954) de Guatemala y en el caso de Nicaragua incluso desde antes. Nos referimos al triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979 y a la convocatoria hecha a los partidos políticos y a los civiles para realizar elecciones y conformar Asamblea Constituyente que efectuaron los militares en Honduras en 1980, con el fin de iniciar el retorno a un régimen democrático de naturaleza competitiva pero supervisado desde los cuarteles. Durante el régimen de autoritarismo militar en las Repúblicas de El Salvador y Guatemala, ocurre la represión política, la negación de derechos cívicos, políticos y sociales; además del fraude electoral. Edelberto Torres-Rivas (1996, pág. 11) expone que: A partir de 1962 en El Salvador y de 1966 en Guatemala, las Fuerzas Armadas tomaron institucionalmente el control del Estado, en un intento por resolver los dos desafíos que para mantener
  • 13. 11 la normalidad todo poder político debe enfrentar en la sociedad contemporánea, es decir, los problemas de la legitimidad y de la sucesión, que las dictaduras militares del pasado nunca lograron resolver. Las Fuerzas Amadas trataron de controlar el sistema político, con elecciones presidenciales y parlamentarias periódicas, partidos políticos y organismos legislativos de pluralismo limitado y poco espacio para la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación. De conformidad con Torres-Rivas (1996, pág. 11) “Las elecciones de 1972 y 1977 en El Salvador y 1974 y 1982 en Guatemala fueron abiertamente fraudulentas.” En estos dos países, las elecciones presidenciales las ganaba un candidato militar y el resultado de las urnas era percibido por adelantado. La elección presidencial como indica Torres- Rivas (1996, pág. 11) “No era sino la ratificación simbólica de una decisión política y administrativa, la del alto mando castrense.” En el caso del parlamento, se permitían Diputados de partidos opositores aunque siempre eran una minoría. No existía independencia judicial y la libertad de asociación no se admitía. Al hacer un análisis del proceso de transición a la democracia de El Salvador, es necesario hacer referencia que entre 1932 y 1979, El Salvador fue dirigido por militares que llegaban al poder por Golpes de Estado o fraudes electorales (1972 y 1977); y únicamente se establecieron gobiernos transitorios dirigidos por civiles en algunos momentos de crisis política (Quintanilla Gómez, 2008, pág. 3). Entre 1980 y 1992 se desarrolló el conflicto bélico entre la Fuerza Armada de El Salvador – FAES- y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN-. En estos dos periodos citados se realizaron procesos electorales que de acuerdo a Nelson de Jesús Quintanilla Gómez (2008, pág. 3): Eran manipulados por la derecha política y económica y contaron con la participación de partidos políticos de derecha en su mayor parte, excepto en 1972 y 1977 que participó la Unión Nacional Opositora –UNO- que representaba a la izquierda salvadoreña de ese periodo; sin embargo la derecha realizó descarados fraudes, al extremo que los sectores populares consideraban que eran una burla para el pueblo; por esta razón, la izquierda dejó de participar en elecciones desde 1977 hasta 1988.
  • 14. 12 El sociólogo salvadoreño Nelson de Jesús Quintanilla Gómez (2008, pág. 4) afirma que: Luego de la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 en México, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN- y el Gobierno salvadoreño –GOES-, se abre un periodo de transición que inicia con el desmontaje de la dictadura militar, hasta el establecimiento de un proceso de democratización, por lo que, en ese contexto, se crean las condiciones mínimas para establecer una institucionalidad democrática y las condiciones legales correspondientes, para garantizar la participación de los sectores de la izquierda y de la Fuerza Amada de El Salvador tanto en la vida civil, como en la económica y política del país. El fracaso del modelo conocido como “democracias de fachada” se debió a crisis producidas en el interior de las Fuerzas Armadas, de esa cuenta el 15 de octubre de 1979 en El Salvador y en 1982-1983 en Guatemala se produjeron los Golpes de Estado (Torres-Rivas, 1996, pág. 12). Para Ricardo Córdova Macías (1994, pág. 1), la transición a la democracia en El Salvador se produce “En el momento en que se constituye una Junta Civil-Militar, por lo que las Fuerzas Armadas pierden el control del poder del Estado que arrogaron por cincuenta años.” Otros analistas concuerdan que la transición inicia con las alianzas para conformar la Asamblea Constituyente en marzo del año 1982, o con la elección como Presidente de José Napoleón Duarte, en marzo de 1984. Por último, hay quienes consideran que inicia el desarrollo democrático en 1994, con la mayor elección multipartidaria en la historia del país que se da con la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN- por primera vez (Torres-Rivas, 1996, pág. 12). En el caso de Guatemala, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta daría inicio la transición a la democracia. Para algunos autores, es con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de junio de 1984 y posterior aprobación de la Constitución Política de la República de Guatemala el 31 de mayo de 1985 que se establece el proceso de transición. Otros historiadores consideran que es con la elección de Marco Vinicio Cerezo en el año 1985, como Presidente, que se instauran los gobiernos civiles y llega a su fin el ciclo de regímenes militares.
  • 15. 13 Jorge Arturo Mazariegos Aguirre (1990, pág. 12) expone que “En Guatemala la transición obedeció a un cambio de estrategia del Ejército, que abandonó la concepción de seguridad nacional y adoptó la línea de la estabilidad nacional.” Rodolfo Cerdas Cruz (1996, pág. 17), indica “Esto permitió la convocatoria a una Constituyente primero; y a la realización de elecciones después, para alcanzar la institucionalización de gobiernos civiles colocados, en más de un sentido, bajo la evidente tutela de las Fuerzas Armadas de ese país.” La experiencia hondureña es diferente a la de los dos países mencionados anteriormente, no sólo en materia político-militar sino partidaria. Desde el año 1965, los dirigentes de las Fuerzas Armadas hondureñas se apropiaban del poder por medio de Golpes de Estado, además; Honduras contaba una tradición bipartidista conformada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que mantenían una pelea constante por el poder que nunca se resolvió en las urnas. En 1979, a raíz del pacto suscrito entre la cúpula militar hondureña y el Departamento de Estado de Estados Unidos da como resultado el regreso de los partidos civiles al ejercicio de gobierno (Torres-Rivas, 1996, pág. 13). Edelberto Torres-Rivas (1996, pág. 13) expone que: En virtud de este negocio, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a modernizar y financiar a las Fuerzas Armadas como pieza de su estrategia antisandinista, y éstas, a dejar el gobierno para ocuparse de sus nuevas funciones internacionales. La decisión fue rápida al convocar a elecciones y devolver el control del gobierno a los civiles. El proceso de transición inicia con elecciones a la Asamblea Constituyente en el año 1980 y con la elección presidencial de 1981 del candidato liberal Roberto Suazo Córdova. Desde entonces, se han realizado procesos electorales que han consolidado el bipartidismo entre los dos grandes partidos tradicionales (Torres-Rivas, 1996, pág. 13). Para Leticia Salomón (1999, pág. 27), la transición a la democracia en Centroamérica ha presentado dos fases:
  • 16. 14 La primera, en la década de los ochenta, de transición política, mucha actividad electoral, debilidad institucional y fuerte presencia militar; la segunda, en la década de los noventa, de transición cultural e institucional, restablecimiento de la supremacía civil sobre los militares, fortalecimiento de la democracia electoral, construcción de una cultura política democrática y creciente protagonismo de la sociedad civil. En la década de los ochenta y noventa, Centroamérica clausura un proceso de inestabilidad y de diversos conflictos. Comienzan a sobresalir entonces, diversas tendencias como: la creciente democratización (con la creación de entidades y organismos electorales autónomos y la construcción de una cultura política democrática), el retroceso del militarismo (debido a la desmovilización, reducción y redefinición de las funciones y tareas de las fuerzas armadas y de seguridad), además de la creación de mecanismos de integración para tratar ya no únicamente temas de seguridad y política; sino enfocados en garantizar la estabilidad y crecimiento económico regional. La transición política afecta en algún momento a todos los Estados y repercute en el destino del sistema político de un país. De acuerdo a lo investigado, la transición política sugiere el paso de un régimen político a otro. En el caso de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, esta transición se ha producido desde regímenes autoritarios a regímenes democráticos, tratándose de transiciones políticas que tienden a ser incompletas; debido a que han dejado herencias institucionales, culturales y actorales del régimen autoritario implantadas en el régimen democrático.
  • 17. 15 CAPÍTULO II Análisis comparativo del sistema electoral del Triángulo Norte de Centroamérica El presente capítulo pretende comparar la legislación electoral de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, con el propósito de destacar las semejanzas, diferencias y peculiaridades más notables en el sistema electoral de los tres países. Al realizar un análisis de la literatura sobre el tema, los sistemas electorales pueden definirse en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio, se entiende por sistema electoral, de acuerdo a Josep Vallés y Agustí Bosch (1997, pág. 33) “El conjunto de elementos normativos y sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares de poder, cuando este proceso se basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política.” Esta definición abarca desde el derecho a sufragio, la entidad que regula las elecciones, la forma de votación, la administración electoral en sí; que incluye la regulación de las campañas electorales y el financiamiento político. En sentido restringido para Dieter Nohlen (2004, pág. 10), los sistemas electorales: Determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas a través de las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.) De acuerdo a esta definición, el efecto directo del sistema electoral consiste en la definición de las preferencias políticas en las urnas y la transformación de dicho resultado electoral en el otorgamiento de puestos en el organismo ejecutivo y legislativo. Además, es necesario resaltar el papel fundamental de los sistemas electorales, de acuerdo con Arend Lijphart (1994, pág. 1) “El sistema electoral es el elemento fundamental de la democracia representativa.” Por su parte, Giovanni Sartori (1994, pág. IX) expone que el sistema electoral es “La parte más esencial del funcionamiento del sistema político. El sistema electoral no sólo es el
  • 18. 16 instrumento más manipulable de la política; además de configurar el sistema partidario, afecta el espectro de la representación.” Se establece entonces, que con la transición a la democracia, crece el grado de importancia de los sistemas electorales para el desarrollo de este régimen político, ya que se busca una mayor representatividad de la voluntad de los ciudadanos; debido a que la democracia contribuye a mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de los países, como por ejemplo: promueve los derechos y libertades individuales, promueve la estabilidad política, el respeto al Estado de Derecho y garantiza el derecho de propiedad privada, los cuales ayudan a conseguir un incremento de la economía y una mejora de los índices de calidad de vida y seguridad de los ciudadanos. Es evidente que los sistemas políticos democráticos proporcionan mayores beneficios que cualquier otro sistema, sin embargo, se debe mejorar la calidad de la democracia y sus diversos problemas para que ésta tenga resultados favorables sobre los países. A. Marco Jurídico. El sistema electoral de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentra regulado en la Constitución y en la legislación electoral y sus respectivos reglamentos. El propósito de este apartado, consiste en presentar un análisis de cómo se encuentran regulados los diferentes aspectos del sistema electoral utilizando la Constitución de cada país y la ley electoral respectiva. Los países analizados se encuentran en un momento constitucional diverso (Ver Cuadro I). En el caso de Honduras, su Constitución fue establecida en el año 1981, El Salvador dicta su nueva Constitución en 1983; y Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución que entraría en vigor el 14 de enero de 1986. En general, se trata de constituciones recientes. En cuanto a la regulación que existe de la materia en las constituciones es heterogénea. Si bien, en los tres países se hace referencia a la soberanía popular, al régimen democrático y representativo, a los deberes y derechos políticos; a la ciudadanía, al sufragio y sus respectivas garantías, los derechos de libre asociación y reunión, y la libertad de formación y funcionamiento de
  • 19. 17 las organizaciones políticas; entre otros, el desarrollo del sistema electoral varía considerablemente (Ver Cuadro III y Cuadro IV). CUADRO I. Constitución y ley electoral vigente País Constitución Ley Electoral El Salvador Constitución de la República de El Salvador de 1983, Decreto Número 38 (última reforma en 2011) Código Electoral de El Salvador de 1992 Decreto Número 417 (últimas reformas en 2013) Guatemala Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, (última reforma en 1993) Ley Electoral y de Partidos Políticos de 1985, Decreto Número 1-85 (últimas reformas en 2006) Honduras Constitución Política de la República de Honduras de 1982, Decreto Número 131 (última reforma en 2013) Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (últimas reformas en 2004) Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras. El análisis realizado sobre el sistema electoral, permite diferenciar dos formas de regulación en materia electoral entre la Constitución y ley electoral: por un lado, puede ser que se define en aspectos generales en la Constitución y más específico en la ley electoral, y por otro lado, regulado únicamente en la ley electoral. El Salvador establece en su Constitución en el Capítulo III la ciudadanía, los deberes y derechos políticos, y el cuerpo electoral y, en el Capítulo VII el Consejo Central de Elecciones (Constitución de la República de El Salvador, 1983). Por su parte, Guatemala establece en el Título V, Capítulo I, artículo 223 de la Constitución Política de la República (1985) que: “Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos
  • 20. 18 políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional en la materia.” Honduras, contempla en el Capítulo IV y V de la Constitución el sufragio, los partidos políticos y la función electoral. (Constitución Política de la República de Honduras, 1982) En el caso de El Salvador y Honduras, cuentan con un marco constitucional más amplio y desarrollado respecto al sistema electoral, al mismo tiempo que remiten a una ley específica en la materia. Los tres países regulan en sus respectivas constituciones normas relativas a los deberes y derechos políticos, que incluye el derecho a elegir y ser electo, optar a cargos públicos; el derecho de asociación con fines políticos, la definición y función de los partidos políticos, y las formas de participación directa. El Salvador, Guatemala y Honduras contemplan los deberes y derechos políticos en sus respectivas constituciones y ley electoral. Tardó muchos años que el derecho al voto fuera reconocido en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, al inicio se restringió a las mujeres con cierto grado de escolaridad, edad, determinada circunscripción territorial o estado civil, por lo que consistía en un voto limitado o parcial (Ver Cuadro II). En El Salvador, a partir de la Constitución de 1939, se universaliza el voto masculino pero no ocurre de la misma forma para las mujeres que lo limitó a las disposiciones que reglamentaba la Ley Electoral en su momento. Asimismo, el ejercicio del sufragio era obligatorio para los hombres y para las mujeres era voluntario. Con el surgimiento de la Constitución de 1950, se consigue el otorgamiento de la ciudadanía a cualquier persona sin distinción de sexo, mayores de 18 años, estableciendo así, el sufragio universal femenino (Aguilar Avilés, 2010). En Guatemala, se otorga por primera vez el sufragio a las mujeres que sabían leer y escribir en el año 1945, por lo que la gran mayoría de mujeres quedó privada de ese derecho, con esta medida el derecho a votar no se dio en igualdad de condiciones; además de que el voto era optativo y no
  • 21. 19 obligatorio. Para el año 1965 (veinte años más tarde), el sufragio se extiende a todas las mujeres logrando con esto que para los años setenta y ochenta las mujeres se integraran a organizaciones partidistas (Alarcón, 2011). En el caso de Honduras, se estableció el derecho al voto femenino en el año 1955 con limitantes, ya que solo las mujeres que sabían leer y escribir podían ejercer ese derecho y para el año 1957 las mujeres ejercen plenamente el sufragio por primera vez (Ferrerira Rubio, 2013). Por otro lado, en las tres constituciones los deberes y derechos políticos se encuentran establecidos en un capítulo separado y se considera ciudadano a los mayores de dieciocho años de edad. CUADRO II. Obtención del sufragio femenino Fecha de obtención del sufragio femenino País Año Modalidad El Salvador 1939 Restrictiva: Si las mujeres eran casadas debían ser mayores de 25 años y si eran solteras, mayores de 30 y en ambos casos haber aprobado la primaria En 1950 se otorga de forma irrestricta el derecho al voto. Guatemala 1945 Restrictiva: Mujeres que sabían leer y escribir. En 1965, el voto se extiende a todas las mujeres. Honduras 1955 Restrictiva: Solo las mujeres que sabían leer podían votar. Para el año 1957, ejercen el derecho al sufragio por primera vez. Fuente: Elaboración propia con información de “Doña Prudencia Ayala y el voto femenino” (Aguilar Avilés, 2010), “La evolución política de la mujer en nuestro país” (Alarcón, 2011), “Participación política de la mujer en Guatemala” (Abadía Cárdenas, 2013) y “La participación política de las mujeres en Honduras: El camino del reconocimiento de derechos a la presencia efectiva” (Ferrerira Rubio, 2013).
  • 22. 20 CUADRO III. Aspectos generales del Sistema Electoral País Deberes y derechos políticos Democracia Directa Autoridad en materia electoral Partidos Políticos Requisitos para candidatura Duración de mandato y prohibición de reelección Sistema Electoral Definición explícita del Sistema de Representación El Salvador Const. L.E. C. C. L.E. C. L.E. C. L.E. C. C. L.E. C. Guatemala C. L.E. C. L.E. C. L.E. C. L.E. C. L.E. C. C. L.E. ---- Honduras C. L.E. L.E. C. L.E. C. L.E. C. L.E. C. C. L.E. C. Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras. C.= Constitución. L.E.= Ley Electoral.
  • 23. 21 Asimismo, todas las constituciones determinan los representantes electos por elecciones populares (presidente, parlamento y alcalde). Las elecciones presidenciales y parlamentarias son reguladas en aspectos más específicos en las constituciones (Ver Cuadro IV y V). En cuanto a las elecciones presidenciales, se hace referencia a la duración del mandato, al sistema electoral mayoritario y la prohibición de reelección. En lo que respecta a las elecciones parlamentarias, El Salvador (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y Honduras (Constitución Política de la República de Honduras, 1982) contemplan de forma explícita el sistema de representación proporcional, mientras que Guatemala no hace referencia al tipo de representación; pero se infiere de manera implícita en las normas constitucionales que regulan el sistema electoral y que permiten la conformación de un órgano legislativo pluralista. Todas las constituciones definen de una manera u otra, el sistema electoral parlamentario y es más específico en la respectiva ley electoral. El número de representantes que deben ser elegidos para el organismo legislativo no es determinado en todas las constituciones. Las constituciones de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se limitan a establecer la relación entre población, circunscripción territorial y representantes a elegir, sin fijar un número de escaños exacto a excepción de Honduras (Constitución Política de la República de Honduras, 1982), que se encuentra regulado en el artículo 202 de la Constitución. Otro aspecto regulado a nivel constitucional, es la autoridad encargada de los procesos electorales, en El Salvador (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y Honduras (Constitución Política de la República de Honduras, 1982) la ley suprema contempla un capítulo especial para el órgano superior en materia electoral; en el caso de Guatemala, la Carta Magna (Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, 1985) contempla únicamente artículos dispersos y regula de forma extensa ese aspecto en su ley electoral.
  • 24. 22 CUADRO IV. Normas básicas en materia electoral contenidas en las Constituciones* País Deberes y derechos políticos Determinación del elector Autoridad en materia electoral Partidos Políticos El Salvador art.71 -82 art. 71 art. 208 -210 art. 85 y 210 Guatemala art. 135- 137 art. 136 No regulado** art. 223 Honduras art. 36 – 58 art. 36 art. 51 – 58 art. 37 y 47-50 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras. * Se indica artículo (s) de la Constitución. ** El Tribunal Supremo Electoral se encuentra regulado en los artículos 121 – 135 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85). CUADRO V. Disposiciones constitucionales respecto a elecciones presidenciales* País Período del mandato Sistema Electoral Prohibición de reelección El Salvador art. 154 art. 80 art. 152 Guatemala art. 184 art. 184 art. 186 Honduras art. 237 art. 236 art. 239 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras. * Se indica artículo (s) de la Constitución.
  • 25. 23 Cuadro VI. Disposiciones constitucionales respecto a elecciones parlamentarias* País Definición explícita del Sistema de Representación Número de Diputados Período de mandatos El Salvador art. 79 No regulado art. 124 Guatemala No regulado No regulado art. 157 Honduras No regulado art. 202 art. 196 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala y Constitución Política de la República de Honduras. * Se indica artículo (s) de la Constitución. B. Legislación electoral. Para analizar el funcionamiento del sistema electoral del Triángulo Norte de Centroamérica, se realiza un enfoque comparativo de algunos elementos vinculados al ejercicio de la democracia y del sistema electoral de la respectiva subregión. 1. Derecho al sufragio. La regulación del sufragio se considera como punto de partida para el análisis de la legislación electoral. La definición de sufragio varía en cada ley electoral. En El Salvador, se establece como un derecho y un deber de los ciudadanos (Código Electoral, 1992), en Guatemala, es el voto que se emite en una elección política o en una consulta popular (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985); y en Honduras, la ley electoral no contempla la definición de sufragio, esta se encuentra regulada en la Constitución y se define como un derecho y una función pública (Constitución Política de la República de Honduras, 1982).
  • 26. 24 En cuanto a la ciudadanía y por consiguiente la capacidad para ejercer el voto, se adquiere a los dieciocho años en los tres países. 2. Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo. La elección de Presidente y Vicepresidente de la República, se lleva a cabo mediante el sistema de mayoría absoluta (la planilla triunfadora debe obtener la mitad más uno de los votos válidos) en El Salvador (Código Electoral, 1992) y Guatemala (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985) en los cuales se prevé la posibilidad de una segunda vuelta con los dos partidos que han obtenido la mayor cantidad de votos (Ver Cuadro VI). Por otro lado, Honduras (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004) regula la elección de Presidente y Vicepresidente por simple mayoría de votos a una sola vuelta. En El Salvador, integran el Órgano Ejecutivo el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes (Constitución de la República de El Salvador, 1983). Se declara electo al partido político o coalición que haya obtenido la mayoría absoluta de votos. Si ninguno de los partidos o coaliciones hubiere obtenido la mayoría absoluta de votos, se convoca a una segunda elección, con los dos partidos o coaliciones que hayan obtenido el mayor número de votos válidos (Código Electoral, 1992). En el caso de Guatemala, el Organismo Ejecutivo está integrado por el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y los Secretarios de la Presidencia (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). Los dos primeros, son electos por mayoría absoluta de votos y si en la primera elección, ninguna de las planillas obtiene dicha mayoría; se realiza una segunda vuelta con las dos planillas que alcanzaran la mayor cantidad de sufragios (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). En el caso de los Ministros éstos son nombrados por el Presidente de la República (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985).
  • 27. 25 Por último, en Honduras el Poder Ejecutivo lo conforman el Presidente y Vicepresidente de la República y se eligen por simple mayoría de votos (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). CUADRO VII. Sistemas electorales presidenciales en el Triángulo Norte de Centroamérica País Fórmula Mayoría El Salvador Doble Vuelta Mayoría Absoluta Guatemala Doble Vuelta Mayoría Absoluta Honduras Una Vuelta Mayoría Simple Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras. En lo que respecta al Organismo Legislativo (Ver Cuadro VII), en los tres países se desarrolla el sistema de representación proporcional. En El Salvador, la elección de los Diputados de la Asamblea Legislativa se realiza mediante el voto libre, directo, igualitario y secreto y se adopta el sistema de representación proporcional (Constitución de la República de El Salvador, 1983). La Asamblea Legislativa está compuesta por ochenta y cuatro Diputados y sus respectivos suplentes (Código Electoral, 1992). Por su parte, Guatemala tiene un sistema unicameral y el Congreso de la República está compuesto por Diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). Los primeros, se eligen en cada distrito en forma proporcional a la población y los segundos, son electos directamente de un número equivalente al veinticinco por ciento de Diputados distritales (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). El número total de Diputados que integren el Congreso de la República deberán estar de acuerdo con los datos estadísticos del censo
  • 28. 26 de la población (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). La elección se realiza por representación proporcional con el sistema de D´Hondt. Honduras, cuenta con un Poder Legislativo unicameral, los Diputados al Congreso Nacional son elegidos por sufragio directo (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). Se utiliza el sistema de representación proporcional por cociente departamental. El cociente departamental resulta de dividir el total de votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos, Alianzas o Candidaturas Independientes entre el número de cargos a elegir (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Honduras contempla que el Congreso Nacional estará integrado por un número fijo de ciento veinte y ocho Diputados propietarios y sus respectivos suplentes (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). CUADRO VIII. Sistema electoral parlamentario en el Triángulo Norte de Centroamérica País Fórmula Sistema de Representación El Salvador Cociente electoral Proporcional Guatemala D’Hondt Proporcional Honduras Cociente electoral Proporcional Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras. 3. Autoridad en materia electoral. En El Salvador, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, el cual cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera. Éste se encuentra integrado por cinco Magistrados, de los cuales tres, son propuestos por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.
  • 29. 27 Los otros dos Magistrados son designados por la Asamblea Legislativa, con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados de las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Además, cuenta con cinco Magistrados Suplentes elegidos de igual forma. Todos los Magistrados duran en el cargo cinco años (Código Electoral, 1992). En el caso de Guatemala, es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en materia electoral. Se integra por cinco Magistrados Titulares e igual número de Magistrados Suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una nómina propuesta por la Comisión de Postulación de cuarenta candidatos. Duran en sus funciones seis años y podrán ser reelectos (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). En Honduras, se establece que al Tribunal Supremo Electoral le corresponde todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. Estará integrado por tres Magistrados Propietarios y un Suplente, electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años pudiendo ser reelectos (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). Se determina que entre las principales funciones de cada Tribunal Supremo Electoral de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, se refieren a velar por el cumplimento de la Constitución y las leyes en materia electoral que garanticen el derecho de asociación y participación política, convocar y organizar los procesos electorales; divulgar los resultados preliminares de las elecciones, elaborar la memoria del proceso electoral, entre otras. 4. Partidos Políticos. Este apartado pretende establecer la manera en que las constituciones y la legislación electoral de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, definen jurídicamente los partidos políticos, es decir, se analizan los conceptos que emanan de la normativa antes mencionada. Asimismo, se hace un breve estudio de los requisitos para la conformación de los partidos políticos, las funciones que la ley electoral confiere a los partidos políticos y su forma de extinción.
  • 30. 28 Las constituciones de El Salvador y Honduras reconocen el valor que tienen los partidos políticos para el régimen democrático. Por otro lado, las definiciones más específicas de éstas instituciones se encuentran reguladas en la respectiva ley electoral, como sucede en el caso de Guatemala. En El Salvador, la Constitución establece que el sistema político es pluralista y éste se expresa por medio de los partidos políticos, que son el instrumento con el que el pueblo puede ejercer la representación dentro del Gobierno (Constitución de la República de El Salvador, 1983), además, el Código Electoral regula que contarán con personería jurídica (Código Electoral, 1992). En el caso de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos los define como instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y que configuran el carácter democrático del régimen político del Estado (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). Por último, la Constitución de Honduras establece que los partidos políticos son instituciones de derecho público (Constitución Política de la República de Honduras, 1982) y de conformidad con la ley específica en la materia que gozan de personalidad jurídica (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004) (Ver Cuadro VIII). Como puede observarse, en dos países centroamericanos se consideran los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público y en lo que respecta a El Salvador, simplemente se establece que los partidos políticos cuentan con personería jurídica. Es importante resaltar, el énfasis que hace la normativa constitucional y en materia electoral sobre la libertad de formación y de funcionamiento de los partidos u organizaciones políticas, es decir, se resalta la voluntariedad para asociarse o reunirse con fines políticos. CUADRO IX. Partidos Políticos País Definición Cuerpo Legal* El Salvador Instrumento para que el pueblo pueda ejercer la representación dentro del Gobierno con personería jurídica. C. (art. 85) L.E. (art. 164)
  • 31. 29 Guatemala Instituciones de derecho público con personalidad jurídica. L.E. (art. 18) Honduras Instituciones de derecho público con personalidad jurídica. C. (art.47) L.E. (art.79) Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras. * C. = Constitución L.E.= Ley Electoral. En lo que concierne a los requisitos para la conformación y reconocimiento de los partidos políticos, las constituciones de El Salvador (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y Guatemala (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985) únicamente regulan el derecho de las personas a asociarse u organizarse y no establecen requisitos específicos para la conformación, reconocimiento o prohibiciones de los partidos políticos. Por el contrario, la Constitución de la República de Honduras menciona cuestiones específicas para la conformación de los partidos políticos, además de la definición y regulación del derecho de los ciudadanos a conformar partidos políticos (Constitución Política de la República de Honduras, 1982). En lo que respecta a la legislación electoral, los países contemplan además de los requisitos para la conformación de los partidos políticos, el procedimiento de inscripción, el régimen interno de los partidos, el régimen de financiamiento y el sistema de transparencia financiera. El Código Electoral de El Salvador, contempla los requisitos para la constitución de los partidos políticos, la afiliación, inscripción; régimen interno de los partidos políticos, las coaliciones y fusiones, la cancelación y el financiamiento estatal (Código Electoral, 1992). En el caso de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos, los derechos y obligaciones, la estructura organizativa y sus respectivas funciones; la inscripción de los partidos políticos, las coaliciones,
  • 32. 30 fusiones y sanciones; así como, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). Honduras contempla en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la constitución e inscripción de los partidos políticos, derechos, obligaciones y prohibiciones, el procedimiento de inscripción; el régimen financiero de los partidos, así como, la alianza y fusión de los mismos (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). En cuanto a los requisitos para la conformación de partidos políticos, en El Salvador se requiere de la voluntad de por lo menos cien ciudadanos capaces de ejercer el sufragio, domiciliados y con residencia en el país (Código Electoral, 1992), en Guatemala para que un partido político pueda existir, se requiere que cuente con un mínimo de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones, que estén en el pleno goce de los derechos políticos y que por lo menos la mitad debe saber leer y escribir (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985); respecto a Honduras, contempla que es necesario un número de ciudadanos hondureños no menor a cincuenta y que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos políticos (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Las principales funciones de los partidos políticos en el Triángulo Norte de Centroamérica se relacionan con la promoción de la democracia, la participación política de los ciudadanos, la representación política y la de competir por cargos públicos. Otra función, es la de formación y capacitación de los afiliados a los partidos políticos y de la ciudadanía en general, así como la función de fiscalizar los procesos electorales. (Ver Cuadro IX). CUADRO X. Funciones de los Partidos Políticos País Función El Salvador Guatemala Honduras Participación política, representación del pueblo y postular candidatos a cargos de elección popular.
  • 33. 31 Guatemala Honduras Formación ideológica y política a los afiliados al partido político. Guatemala Honduras Proponer políticas y análisis de los problemas nacionales. El Salvador Guatemala Honduras Preparación, desarrollo y fiscalización de las actividades del proceso electoral. El Salvador Pluralismo político. Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Constitución de la República de El Salvador, Constitución Política de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Honduras; Código Electoral de la República de El Salvador, Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de la República de Honduras. En cuanto a la disolución de los partidos políticos, la legislación en materia electoral se ocupa de regular las causales por las que un partido político pierde su reconocimiento legal. En El Salvador, el Código Electoral establece que procederá a cancelar la inscripción de un partido político entre otras causas por la disolución voluntaria del partido político, por la fusión de partidos; al no obtener por lo menos el tres por ciento del total de votos válidos, cuando no participe en dos elecciones consecutivas, cuando propicie el fraude en una elección o lo aceptare para su beneficio (Código Electoral, 1992). En Guatemala, la ley de la materia norma que procede cancelar un partido político por fraude que vulnere la voluntad popular, si no obtuviera por lo menos un cinco por ciento de los votos válidos en las elecciones generales (salvo que alcanzara representación ante el Congreso de la República) y si transcurrido el plazo de seis meses de la suspensión temporal, el partido sancionado no presentara al Registro de Ciudadanos la prueba de que las causales de suspensión han sido corregidas (Ley Electoral y de Partidos Políticos, 1985). En el caso de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral procederá a la cancelación de un partido político por la fusión con otro partido político, a solicitud del propio partido; en caso de no
  • 34. 32 obtener en las elecciones generales, por lo menos el dos por ciento del total de los votos válidos, por no participar de forma directa en un proceso de elecciones generales (exceptuando el caso de Alianza) y cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción mediante fraude (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004).
  • 35. 33 CAPÍTULO III Consolidación de la democracia En la actualidad, en el marco del desarrollo de la democracia, el interés por la consolidación de las democracias emergentes; constituye un tema de gran interés para las ciencias políticas y sociales, por lo que resulta importante abordar el concepto. Para Leonardo Morlino (1988, pág. 42), la consolidación es “Un proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y contrarrestar y revenir posible crisis.” Morlino (1988, pág. 44) indica que la consolidación de la democracia es: La ampliación progresiva de la aceptación de aquellas estructuras y normas para la resolución pacífica de los conflictos, un conocimiento cada vez mayor en la aceptación y el apoyo al compromiso institucional, el reconocimiento de la bondad en la fórmula de la ‘incertidumbre limitada’, o bien, en una palabra, progresiva ampliación de la legitimidad del régimen. Debe resaltarse que en el concepto propuesto por Morlino, la consolidación de la democracia es un proceso que para desarrollarse necesita que la democracia se haya establecido y que sus instituciones se encuentren funcionando aunque sea de forma primitiva. Para Juan Linz (1990, pág. 29), un régimen democrático consolidado es aquel: En el cual ninguno de los principales actores políticos, partidos o intereses organizados, fuerzas o instituciones, consideran que hay alguna alternativa a los procesos democráticos para obtener el poder, y que ninguna institución o grupo político tiene derecho a vetar la acción de los que gobiernan democráticamente elegidos. Esto no significa que no haya minorías prestas a desafiar y cuestionar la legitimidad de los procesos democráticos por medios no democráticos. Significa que los actores principales no recurren a ellos y que esos permanecen políticamente aislados. Para decirlo de una manera simple, la democracia debe ser considerada como el ‘único casino en el pueblo’, para utilizar una expresión del viejo Oeste. Juan Linz y Alfred Stepan (1996, pág. 31), destacan que en cuanto actitudes:
  • 36. 34 Un régimen democrático está consolidado cuando una gran mayoría de la opinión pública, incluso en medio de grandes problemas económicos y de una profunda insatisfacción con los funcionarios, mantiene la creencia de que los procedimientos e instituciones democráticas constituye el modo más apropiado de gobernar la vida colectiva y cuando el apoyo a las alternativas antisistema es pequeño o está más o menos aislado de las fuerzas democráticas. Por otro lado, para Nohlen y Thibaut (1994, pág. 109): La consolidación de la democracia avanza, cuando grupos sociales fracasan en un intento de quebrar el orden democrático. En los hechos, puede observarse que actualmente en América Latina la confianza en las instituciones democráticas no crece, pero que la democracia se mantiene y que los grupos antidemocráticos ya no logran sin más instaura una dictadura… el mantenimiento en el tiempo de la democracia no puede ser explicado en el presente haciendo uso de la primera definición de consolidación (entendida como el consenso de todos los grupos sociales significativos con respecto a la preferencia de la democracia), sino más bien por la posibilidad cada vez menor de que determinados grupos sociales tengan éxito en quebrar la democracia. Con el análisis de las diferentes definiciones sobre consolidación de la democracia, puede determinarse que mientras algunos autores lo consideran como un proceso encaminado a buscar estabilidad (sin descartar que dentro de la misma democracia pueden producirse periodos de crisis), para otros autores como Juan Linz; es necesario resaltar las condiciones que aparecerán como producto de dicho proceso, es decir, que se entenderá como un régimen democrático consolidado cuando los actores políticos y los ciudadanos reconozcan al régimen democrático y con ello a sus instituciones; como la mejor forma o por lo menos la más preferible, para competir por el poder del Estado. En cuanto a los factores que pueden considerarse influyentes en los procesos de consolidación democrática, para Leonardo Morlino (1988, págs. 58-62), los rasgos comunes son: 1) El comportamiento de las élites en general con el mantenimiento del régimen político de la democracia representativa en tanto se le concibe como el encuadre fundamental para resolver sus conflictos sin excluir competencia. 2) La existencia de un estado de Derecho y de una legalidad operante susceptible de convocar la adhesión a esta modalidad de institucionalidad política. 3) La subordinación de los militares al poder civil. 4) La garantía que logren adquirir y que lleguen a sentir los grupos de empresarios privados de que sus intereses fundamentales como grupo van a ser respetados y en todo caso no van a ser violentados de manera arbitraria. 5) El papel que cumplen los
  • 37. 35 partidos políticos y el sistema de partidos al constituirse como los actores por excelencia en el proceso de consolidación, independientemente de si su trayectoria durante la transición mostró un perfil incluso muy discreto. De acuerdo a Juan Linz y Alfred Stepan (1996, pág. 32), los factores que deben de promoverse para hacer avanzar el proceso de consolidación de la democracia son: 1) Las condiciones que permitirían la existencia de una sociedad civil sin ataduras y tan dinámica como quiera serlo. 2) Una sociedad política competitiva y comprometida con la institucionalidad democrática y con su paulatino desarrollo y fortalecimiento. 3) La prevalencia del estado de Derecho. 4) Un cuerpo de funcionarios que pueda mantener el funcionamiento del aparato estatal y logre orientarlo en la dirección que la nueva institucionalidad democrática y los gobiernos que surjan de ella así lo determinen. 5) Y una esfera socioeconómica establecida con independencia del poder estatal de vocación centralizadora y dirigista, pero que tampoco tienda a ser una “economía de mercado pura”. Linz y Stepan (1996, pág. 39) puntualizan que se presentan con frecuencia dos problemas durante la transición y consolidación de la democracia “Las tensiones étnicas en numerosos países y el deterioro de la situación económica o la lenta mejoría observada en las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan en esas sociedades cuyo régimen político cambió.” Como puede inferirse, existe un campo muy amplio y complejo en cuanto al debate de la formulación de los factores de consolidación de la democracia y que la literatura acerca del tema no es concluyente. Asimismo, parece importante resaltar los factores de consolidación democrática que, desde la perspectiva de Jorge Rovira Mas (2002, págs. 45-46) influyen en el análisis de los casos centroamericanos: El desarrollo y el funcionamiento de las instituciones electorales de la democracia y el compromiso democrático de las élites, la subordinación de la institución militar al poder civil, los clivajes étnicos allí donde los hay y su integración al sistema político; la dinámica de estructuración de los sistemas de partidos políticos, las características de la cultura política y la dinámica que sigue la economía, en particular el crecimiento económico, la pobreza y la distribución del ingreso.
  • 38. 36 Con estos factores, Rovira Mas (2002, pág. 47) considera que se pueden medir los progresos, estancamientos y retrocesos en los distintos ámbitos de la consolidación democrática y sugerir las perspectivas que las democracias centroamericanas tendrían de estabilizarse. Dicho esto, se presentan los datos sobre apoyo y satisfacción a la democracia obtenidos por diferentes informes del Latinobarómetro, con el propósito de hacer un análisis de las tendencias en el desarrollo de este régimen político en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y su respectiva consolidación. El informe titulado “Centroamérica y sus democracias. Latinobarómetro 1995-2010” (2010, pág. 37), afirma que: El proceso de consolidación de la democracia tiene un lado brillante que es el apoyo a la legitimidad de las instituciones básicas como el congreso y los partidos, y por otra parte, tiene un lado oscuro que es la desconfianza y el cinismo político que embarga a la región. En general, en América Latina la democracia sigue siendo el sistema político preferido. El apoyo a la democracia en la región centroamericana alcanza en el año 2010 un promedio de 59% en comparación con el 61% de toda América Latina. Para el año 2011, el porcentaje de apoyo en América Latina se reduce a un 58% (Corporación Latinobarómetro, 2010, pág. 9).
  • 39. 37 Los resultados presentados en el referido informe, indican que el proceso de consolidación de la democracia es heterogéneo en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. En relación al apoyo a la democracia, Guatemala es el país con menos grado de apoyo con un 46% en el año 2010, Honduras con 53% y El Salvador alcanzó el porcentaje más alto con un 59%. Para el año 2011, de conformidad con el Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro (2011, pág. 30), el apoyo a la democracia baja diez puntos porcentuales respecto al año anterior; Guatemala a 36% y Honduras a 43%, mientras que en El Salvador, se reduce únicamente cuatro puntos el grado de apoyo a 55%.
  • 40. 38 Respecto a la satisfacción con la democracia, la región centroamericana presenta retrocesos y aumentos a lo largo del periodo analizado, alcanzando en el 2010 un porcentaje de 43%. El informe sobre Centroamérica del Latinobarómetro (2010, pág. 11), expone que “La satisfacción con la democracia es un indicador de desempeño que refleja la capacidad de los gobiernos de ‘entregar’ los frutos de la gestión.” Puede inferirse entonces, que existe una relación entre satisfacción de las personas con el régimen democrático por el funcionamiento y desempeño del gobierno.
  • 41. 39 El Salvador, es el país que presenta el porcentaje más alto de los tres países con 43% en el año 2010. Guatemala es el país con más bajo grado de satisfacción con 28% aunque ha aumentado 11 puntos desde el año 1996 y Honduras alcanza un 35% de satisfacción con la democracia. Para el año 2011, el grado de satisfacción con la democracia en El Salvador era de 35%, Honduras con 29% y Guatemala 23%.
  • 42. 40 Puede afirmarse que la democracia en América Latina y en Centroamérica presenta avances y retrocesos. Es necesario resaltar lo extendida que se encuentra la democracia en el continente, y el grado de apoyo y satisfacción que presenta en Centroamérica, permite establecer que este régimen político se está consolidando; siendo de acuerdo a los indicadores Guatemala el país con más dificultades en esta etapa por la falta de legitimidad. El Latinobarómetro (2010, pág. 37) culmina con un comentario optimista para la región centroamericana: Los centroamericanos no se achican antes las dificultades, el pasado no ha sido fácil, y el presente está trayendo algunos avances positivos, de tal manera que finalmente hay mucha más satisfacción de vida que la que el nivel de la economía y a democracia pudieran dar a entender.
  • 43. 41 CAPÍTULO IV Calidad de la democracia Luego de que el régimen democrático se ha consolidado a lo largo de América Latina, la atención se ha conducido hacia la calidad democrática. En la actualidad, existen cada vez más investigaciones dedicadas a analizar las características y el funcionamiento de los regímenes democráticos y con esto evaluar su calidad. A nivel regional Scott Mainwaring (2003, pág. 4) expone que “El interés por la calidad de la democracia surgió después de completados los procesos de transición y consolidación.” En el caso de Centroamérica, el interés por la calidad de la democracia surge luego de que se estimara que los procesos de transición y consolidación se habían completado. De esa cuenta, por las propias particularidades de El Salvador, Guatemala y Honduras países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica respecto de otros procesos democráticos realizados en otros países de América Latina, se plantea la interrogante sobre el nivel de calidad de la democracia alcanzado. Al respecto, es necesario que se establezcan algunas definiciones de democracia y de calidad, para luego analizar varios índices que con su propia metodología abordan temas relacionados al desempeño de la política en el mundo, centrándose este análisis en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. De esa cuenta, Leonardo Morlino (2005, pág. 37) haciendo referencia a la definición mínima de democracia que sugiere Robert Dahl, afirma que dicho régimen cuenta por lo menos con “Sufragio universal adulto; elecciones regulares, libres, competitivas y justas; más de un partido político y más de una fuente de información.” Para Schmitter y Karl (1993, págs. 45-46) a estas características debe adicionárseles “Las instituciones democráticas, los derechos existentes y el proceso de toma de decisiones no deben estar restringidos ni por las élites no elegidas ni por poderes externos.”
  • 44. 42 Por otro lado, para Morlino (2008, pág. 2), la definición mínima de democracia refiere a los regímenes políticos que tienen al menos: Sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas; más de un partido; y múltiples fuentes de información. Si los regímenes políticos han cumplido mínimamente estos requisitos, se requerirá verificar empíricamente cuánto se ha logrado respecto de los dos objetivos centrales de una democracia ideal: libertad e igualdad. Puede observarse que no existe un consenso respecto a la definición de democracia. De esa cuenta, se encuentran definiciones que consideran elementos básicos para determinar en qué consiste una democracia, hasta aquellas definiciones que incorporan mayores factores. Asimismo, para definir la expresión “calidad”, puede hacerse referencia a distintos parámetros. En este caso, analizaremos la definición del autor Leonardo Morlino (2008, pág. 2) quien se remite al uso que hacen generalmente en el mundo industrial y del marketing del cual emergen tres formas que se le asocian: a) La calidad se define por los aspectos procedimentales fijados cuidadosamente para cada producto, es decir en el seguimiento preciso de los procesos preestablecidos de acuerdo a determinados tiempos y métodos. b) La calidad consiste en contar con un producto que tenga ciertas características estructurales, que esté hecho de ciertos materiales, que tenga forma y funcionamiento. Nos estamos refiriendo entonces, al contenido. c) La calidad del producto o del servicio se deriva indirectamente de la satisfacción expresada por el consumidor, lo cual se manifiesta en demandar nuevamente el producto o el servicio; es decir la calidad se dirige al resultado. De conformidad con el autor, los tres diferentes tipos de calidad se formulan en relación con los procedimientos, el contenido y el resultado; lo cual permite explicar las dimensiones de la calidad democrática. Para determinar la calidad de los regímenes democráticos, el Doctor Leonardo Morlino explica que no basta con la legitimidad, especialmente, cuando la legitimidad del régimen democrático no es lo suficientemente sólida (Instituto Federal Electoral, 2008, pág. 7). Además, Morlino (2008, pág. 7) expone que “La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ocupan
  • 45. 43 un papel fundamental en la cualificación de toda democracia, pues ésta se puede medir, en parte, por el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en ella, lo cual le otorga una alta estabilidad a las instituciones.” Morlino (2008, pág. 3) define como una buena democracia o una democracia de calidad: Aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad e igualdad de los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales. Podemos derivar la realización de la calidad de una democracia por el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en ella (calidad en relación con el resultado), lo cual le otorga una alta estabilidad de sus instituciones por el apoyo que recibe de la sociedad civil; todo lo cual permite hipotéticamente afirmar de un avance en la realización de los valores de la democracia. Así también, el referido autor (Morlino, 2008, pág. 3) expone que una buena democracia “Es aquella en que sus ciudadanos, y las asociaciones y las comunidades se integran, gozan de una medida superior a los mínimos de libertad e igualdad (calidad en relación con el contenido)” Por último, Morlino (2008, pág. 3) manifiesta que: Los ciudadanos de una buena democracia deben poder controlar y valorar cómo los valores de libertad e igualdad son realizados a través del pleno respeto de las normas vigentes, el denominado estado de derecho. Asimismo, los ciudadanos deben poder monitorear la eficiencia de la aplicación de las leyes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad política por las decisiones con relación a las demandas expresas de la sociedad civil (calidad en relación con el procedimiento). Para Manuel Alcántara Sáenz (2008, pág. 2), el término de calidad de la democracia tiene un carácter complejo esto debido a que “Al estar vinculado tanto a significados diferentes para el término calidad de acuerdo con los sectores industriales y de mercadotecnia, como a visiones dispares del concepto de democracia.” De hecho, es lo que se percibe por ejemplo con la definición de calidad, ya que esta puede estar relacionada como bien lo expuso Leonardo Morlino, a los procedimientos, al contenido o al resultado.
  • 46. 44 En el caso de las diversas definiciones de democracia, algunas de estas se enfocan en el derecho de sufragio universal, en la participación activa de la ciudadanía en los diferentes procesos de toma de decisión, por otro lado, existen definiciones que se concentran en la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos; en la existencia del debate público y la participación de múltiples partidos políticos así como, en la libertad de expresión y el respeto a las minorías. Para el Doctor Morlino, la democracia, puede medirse en términos de su calidad, si se consideran al menos ocho dimensiones. Las primeras cinco que son de carácter procedimental: estado de derecho, rendición de cuentas electoral o responsabilidad electoral, rendición de cuentas institucional, participación y competencia partidaria. La sexta, se relaciona con el resultado y se refiere a la reciprocidad, es decir, a la capacidad del Gobierno de dar respuesta a las demandas de la sociedad y que repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general. Las dos últimas dimensiones son de carácter sustantivo: el respeto pleno de los derechos y a las libertades y la progresiva igualdad política, social y económica (Calidad democrática entre líderes y partidos, 2008, pág. 4). En la actualidad, existen diversos índices que con su propia metodología se encargan de analizar diversos aspectos relacionados con el desempeño de la política y que tienen por objetivo medir los niveles de calidad de la democracia de los países. Este apartado se enfocará en el Índice de Freedom House (Freedom in the world, 2014) y el índice elaborado por La Unidad de Inteligencia de The Economist (Democracy index 2012. Democracy at a standstill, 2012) para analizar la calidad de la democracia en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. El Índice de Freedom House (Freedom in the world, 2014, pág. 2), evalúa el estado de la libertad en 195 países y 14 territorios durante el año 2013. A cada país y territorio se le asignan dos calificaciones numéricas en la escala de 1 a 7 para derechos políticos y libertades civiles, en la cual el número 1 representa el más libre y el número siete 7 el menos libre. Las dos calificaciones se encuentran basadas en los puntajes asignados a veinticinco indicadores más detallados. Por último, el promedio de las calificaciones de derechos políticos y libertades civiles de un país o un territorio,
  • 47. 45 determina si este es Libre (puntuación entre 1 y 2.5), Parcialmente Libre (puntuación de 3 a 5) o No Libre (puntuación de 5.5 a 7). La metodología utilizada en el Índice de Freedom House, se deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es aplicada a todos los países y territorios, indistintamente de su localización geográfica, composición étnica o religiosa o nivel de desarrollo económico (Freedom in the world, 2014, pág. 2). Cuadro XI. Índice de Freedom House 2013 País Estatus de Libertad Derechos Políticos Libertades Civiles El Salvador Libre 2 3 Guatemala Parcialmente Libre 3 4 Honduras Parcialmente Libre 4 4 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Freedom House 2013. De conformidad con el Índice de Freedom House, los países que obtienen una calificación de 2 puntos en Derechos Políticos, son países y territorios que tienen derechos políticos un poco más débiles que aquellos con puntaje de un 1 punto por factores como la corrupción política, limitaciones a las funciones de los partidos políticos y grupos de oposición e influencia extranjera o militar en política (Freedom in the World 2014 Methodology, 2014, pág. 4). Dentro de esta categoría se ubicaría El Salvador. Por otro lado, Guatemala y Honduras que obtuvieron un puntaje de 3 y 4 respectivamente, son países que moderadamente protegen casi todos los derechos políticos o fuertemente protegen algunos derechos políticos mientras descuidan otros. Los mismos factores que quebrantan la libertad en países con una calificación de 2 puntos, también debilitan los derechos políticos en los países con una calificación de 3,4 o 5 pero no en mayor medida en cada calificación sucesiva (Freedom in the World 2014 Methodology, 2014).
  • 48. 46 En el caso de las libertades civiles, El Salvador obtuvo un puntaje de 3, Guatemala y Honduras 4, lo cual los ubica según el referido Índice en países y territorios que moderadamente protegen casi todas las libertades civiles o protegen fuertemente algunas libertades civiles mientras descuidan otras. Estos países poseen libertades civiles más débiles por factores como límites a la independencia de los medios de comunicación, restricciones a las actividades sindicales y discriminación contra grupos minoritarios y mujeres (Freedom in the World 2014 Methodology, 2014, págs. 4-5). El segundo índice considerado es el Índice de Democracia de La Unidad de Inteligencia de The Economist, se funda en el supuesto que para determinar el estado de una democracia no es suficiente medir las libertades civiles y políticas. De esa cuenta, el Índice de Democracia se basa en cinco categorías que permiten medir la calidad de la democracia: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, el funcionamiento del Gobierno, participación política y cultura política; las cuales se encuentran interrelacionadas (The Economist Intelligence Unit, 2012, pág. 26) La metodología utilizada por el Índice de La Unidad de Inteligencia de The Economist, se encuentra basada en la calificación de sesenta indicadores agrupados en las cinco categorías mencionadas anteriormente. Cada una de las categorías tiene una calificación en la escala de 0 a 10 y el total del Índice de Democracia es el promedio simple de las cinco categorías (The Economist Intelligence Unit, 2012, pág. 27). Según el resultado, La Unidad de Inteligencia de The Economist (Democracy index 2012. Democracy at a standstill, 2012, págs. 27-28) clasifica a los países en cuatro tipos de regímenes: Democracias plenas (puntuaciones de 8-10), democracias imperfectas (puntuaciones de 6 a 7.9), regímenes híbridos (puntuaciones de 4 a 5.9) y regímenes autoritarios (puntuación por debajo de 4).
  • 49. 47 Cuadro XII. Índice de la Democracia 2012 Categorías País Puesto Resultado Total Proceso Electoral y Pluralismo Funcionamiento del Gobierno Participación Política Cultura Política Libertades Civiles El Salvador -61 6.47 9.17 6.07 3.89 5.00 8.24 Guatemala -81 5.88 7.92 6.43 3.33 4.38 7.35 Honduras -85 5.84 8.75 5.71 3.89 4.38 6.47 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Democracia 2012 de La Unidad de Inteligencia de The Economist. Para el año 2012, El Salvador se ubica en la posición 61 de 167 países evaluados, con una puntuación de 6.47 sobre 10, que lo cataloga como una Democracia Imperfecta. De conformidad con el Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit, 2012, pág. 28), los países con democracias imperfectas: También tienen elecciones libres y limpias y aunque existan problemas (tales como violaciones a la libertad de los medios de comunicación), las libertades civiles básicas serán respetadas. Sin embargo, existen deficiencias significativas en otros aspectos de la democracia, incluyendo problemas de gobernanza, un subdesarrollo de la cultura política y bajos niveles de participación política. Asimismo, en la edición más reciente del Índice de Democracia, Guatemala se ubica en la posición 81 y Honduras en la posición 85 de 167 países evaluados, con una puntuación de 5.88 y 5.84 sobre 10 respectivamente, lo que ubica a los países dentro de las categorías de Regímenes Híbridos conforme a lo que establece el Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit, 2012, p. 28): En esta categoría se agrupan países con elecciones que presentan ciertas irregularidades, en donde existe fuerte presión y control sobre la oposición, existiendo serios problemas de transparencia en el funcionamiento del gobierno, con un débil Estado de Derecho, con poca o nula independencia del sistema de justicia y continuo asedio y censura de los medios de comunicación.
  • 50. 48 Cuadro XIII. Índice de Democracia 2006-2012 País 2012 2011 2010 2008 2006 El Salvador 6.47 6.47 6.47 6.40 6.22 Guatemala 5.88 5.88 6.05 6.07 6.07 Honduras 5.84 5.84 5.76 6.18 6.25 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Índice de Democracia 2012 de La Unidad de Inteligencia de The Economist. Si se analiza el Cuadro XIII, se comprueba la variación existente entre los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Al comparar los tres países a lo largo del tiempo que se ha realizado el Índice de Democracia se observa que El Salvador, Guatemala y Honduras han sufrido modificaciones en su calificación. En el caso de Guatemala y Honduras, la calidad de la democracia ha empeorado y El Salvador por otro lado, ha mejorado sus índices de democracia. De conformidad con la diversa teoría sobre el tema, las causas del nivel de calidad de la democracia es un asunto complicado de determinar y que requiere considerar explicaciones de distinta índole. De esta manera, existen cuatro factores explicativos: estructurales, la experiencia democrática previa, institucionales y socioculturales (Barreda Díez, 2011, pág. 14). En cuanto a los factores estructurales, se destacan tres: el nivel de desarrollo de un país, la desigualdad económica y la fragmentación etnolingüística. El primer factor, destaca que el nivel de desarrollo de un país favorece la calidad de su democracia. Según Bardham citado por Mikel Barreda Díez (2011, pág. 14) “Las relaciones entre democracia y desarrollo, son cuestiones complejas y están sujetas a serios problemas de endogeneidad.” Por lo tanto, de conformidad con Barreda Díez (2011, pág. 14) “Determinar pues, cuál es la causa y cuál es el efecto de la relación desarrollo-calidad democrática no es fácil y, de momento, no ha sido resuelto de forma satisfactoria en la literatura sobre calidad democrática.” Por otro lado, en cuanto a la desigualdad económica, Barreda Díez (2011, pág. 14) indica que la idea es que “Una elevada polarización económica es desfavorable para la calidad democrática,
  • 51. 49 entre otras razones porque las élites de sociedades desigualitarias son muy reacias a medidas de profundización democrática que hagan peligrar su situación privilegiada.” Por último, las sociedades con baja fragmentación lingüística cuentan con democracias de mayor calidad según investigaciones de autores como Rafael La Porta y Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán. Como expone Barreda Díez (2011, pág. 14) citando a La Porta: Uno de los argumentos que se aduce es que en las sociedades heterogéneas es común que los grupos que acceden al poder desarrollen políticas para perjudicar a los grupos perdedores, restringir su libertad de oposición y proveer los bienes públicos de tal forma que no se permita beneficiar a los grupos excluidos El segundo factor explicativo que se relaciona con la experiencia democrática de los países, se fundamenta en la tesis de que la probabilidad de que la democracia surja y perdure es mayor si un país goza de una destacada tradición democrática (Barreda Díez, 2011, pág. 15). De hecho, investigaciones de David Altman, Aníbal Pérez-Liñán y Scott Mainwaring han destacado esta idea al realizar análisis de la calidad de los regímenes democráticos en América Latina y han constatado el impacto positivo del pasado democrático en el nivel de calidad (Barreda Díez, 2011, pág. 15). El tercer factor explicativo centra su atención en las instituciones políticas. Este factor se fundamenta en que la presencia de un sistema de partidos con débil nivel de institucionalización tiene consecuencias perjudiciales para la calidad de los regímenes democráticos. Los trabajos de Scott Mainwaring junto a Timothy Scully y Mariano Torcal, citados por Barreda Díez (2011, pág. 15) resaltan dos argumentos: Por un lado, un sistema de partidos débilmente institucionalizado plantea problemas para la representación electoral, en la medida en que se hace más fácil el acceso al poder de políticos outsiders o “antipartidistas” que –como la experiencia ha mostrado en muchos casos- entrañan riesgos para la calidad democrática (tendencia a rehuir de mecanismos de control, a establecer medidas populistas y de corto plazo, etc.). Por otro lado, el ejercicio del control político a través de elecciones se ve resentido, ya que en los sistemas poco institucionalizados los ciudadanos deben afrontar mayores costes de información sobre la acción de los partidos y los líderes políticos (al no disponer de suficientes pistas informativas facilitadas por los partidos).
  • 52. 50 Asimismo, el clientelismo es una característica común en los sistemas de partidos débilmente institucionalizados. Para Ramón Maíz (2003, pág. 31) “Esta institución informal constituye un significativo obstáculo para la calidad democrática, entre otras razones porque incentiva el particularismo en la distribución de bienes públicos e inhibe la cooperación y la acción colectiva entre los “clientes” –sujetos a un “patrón” político-.” Existen estudios de caso que demuestran de qué forma el clientelismo no permite alcanzar reformas institucionales que mejorarían la calidad de los regímenes democráticos. Por ejemplo, como bien expone Barreda Díez (2011, págs. 15-16) “Reformas institucionales hacia una mayor transparencia y control de la financiación partidista, el desarrollo de un servicio civil meritocrático o el combate firme de la corrupción, etc.” El último factor que pretende explicar las causas del nivel de calidad democrática, consiste en el factor sociocultural. En muchas ocasiones se atribuye la baja calidad democrática a la supervivencia de rasgos autoritarios, pero no se indica claramente los orígenes de esta regla y las razones para su persistencia (Levine & Molina, 2007, pág. 21). Asimismo, se sostiene que la presencia de relaciones y redes sociales sustentadas en la cooperación y en la confianza interpersonal favorece la calidad democrática (Abente Brun, 2007, pág. 11). Esto último se basa en que el capital social ayuda a fortalecer la responsabilidad democrática, debido a que permite a los ciudadanos informarse y debatir sobre asuntos de interés colectivo; además de que ayuda a reducir divisiones y enfrentamientos entre los colectivos sociales (Barreda Díez, 2011, pág. 16). Como puede percibirse, existe una amplia cantidad de investigaciones teóricas así como, diversos índices dedicados a determinar los factores que influyen en el nivel de calidad de la democracia. Los argumentos se centran en aspectos tan diversos, desde medir la dimensión de los derechos políticos y libertades, la participación de la ciudadanía, hasta el funcionamiento del sistema de partidos políticos, nivel de corrupción, Estado de Derecho, entre otras. Para Leonardo Morlino (2008, pág. 20) “La complejidad de las actuales democracias requiere un enfoque plural para la calidad democrática.” A lo que se refiere Morlino, es que al lado de los partidos que representan ámbitos deliberativos y poseen liderazgo de calidad, se necesita una
  • 53. 51 sociedad civil que se fortalezca a través de programas de educación, culturales, la transformación del ambiente de trabajo orientado a la construcción de verdaderas comunidades, la confianza recíproca entre ciudadanos y el incremento del compromiso civil de éstos con el funcionamiento de las instituciones (Morlino, 2008, pág. 20). Además, debe fortalecerse la esfera pública por medio de una actividad informativa y de discusión sobre las cuestiones políticas de relevancia para la colectividad, promovida por un servicio público de radio y televisión de calidad que permita a los ciudadanos interesados servirse de él y al mismo tiempo, tendría un efecto educativo en la sociedad (Morlino, 2008, pág. 20). La preocupación por mejorar el nivel de calidad de la democracia de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, está asociada con la necesidad de alcanzar ciertos mínimos de condiciones de bienestar y de funcionamiento institucional que permitan a estas democracias consolidadas avanzar. El Latinobarómetro brinda un panorama más claro de cómo es la cultura política en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. En primer lugar, Guatemala es el único país de los tres en que ha aumentado el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 con respecto a su promedio. Cuadro XIV. Aumento de apoyo a la democracia en 2013 respecto del promedio 1995-2013 País Aumento apoyo a la democracia en puntos porcentuales Venezuela 16 Ecuador 13 Chile 8 Argentina 5 Bolivia 5 Brasil 5 Paraguay 5 República Dominicana 5 Colombia 4 Guatemala 3 Perú 2 Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013.
  • 54. 52 Por otro lado, son siete países en total donde ha disminuido el apoyo a la democracia en la región entre 1995 y 2013. Entre éstos se encuentra El Salvador y Honduras. Cuadro XV. Disminución de apoyo a la democracia en 2013 respecto del promedio 1995-2013 País Disminución apoyo a la democracia Costa Rica 16 México 12 Uruguay 7 Panamá 6 Honduras 3 Nicaragua 3 El Salvador 1 Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013. En cuanto a la preferencia por la democracia, de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador presenta un apoyo al régimen democrático de 50%, Honduras 47% y Guatemala 38%. Cuadro XVI. Promedio 1995-2013 Apoyo a la democracia País Apoyo Autoritarismo Indiferencia El Salvador 50 13 20 Guatemala 38 21 22 Honduras 47 13 21 Fuente: Elaboración propia con información de Latinobarómetro 2013. Respecto a los niveles de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, de conformidad con el informe de Latinobarómetro para el año 2013, Honduras presenta el porcentaje más bajo no sólo entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de toda América Latina con un 18%. Por su parte, El Salvador, presenta un porcentaje de satisfacción de 26% y Guatemala de 29% (Corporación Latinobarómetro, 2013, págs. 34-36).
  • 55. 53 Avanzar en el logro de una mayor calidad de democracia, implica un mayor énfasis en los procesos de discusión y de toma de decisiones. Esta legitimidad, como bien expone Ismael Crespo y Antonia Martínez (2005, pág. 11) “No puede seguir fundamentándose en la existencia de procedimientos democráticos, sino que precisa para su afianzamiento de prácticas deliberativas” ya que, las instituciones de la democracia deben ser escenarios transparentes y abiertos al debate público si se desea que sigan siendo legítimas (Habermas, 1998, págs. 381-392). Las instituciones de la administración pública y su adaptabilidad conforman una de las variables en las que es preciso incidir cuando se piensa en mejorar la calidad de la democracia. Como señalan Crespo y Martínez (2005, pág. 12) “Se arguye, desde otra lógica analítica, que se está produciendo una extensión de la democracia dialogante en el ámbito mundial, de las relaciones personales, de los movimientos sociales y en los niveles organizativos.” Aunado a esto, la mayoría de autores concuerdan en que existe una crisis en la democracia representativa, fundamentándose principalmente en que los partidos políticos se han distanciado de
  • 56. 54 sus electores y se han enfocado en la acumulación de recursos. Los indicadores que utilizan para justificar la existencia de esta crisis de representación, son de conformidad con Crespo y Martínez (2005, pág. 12) “La pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, el declive en los niveles de identificación partidista, la creciente e intensa volatilidad electoral y el cada vez mayor abstencionismo político.” Para Mainwaring y Scully (1995, pág. 3), la importancia de los partidos políticos para el fortalecimiento de la calidad democrática se manifiesta en al menos tres dimensiones: Por un lado, los partidos dan forma a la vida política de diversas maneras, aun en casos en que el sistema de partidos no está institucionalizado, revelando mucho del sistema político en tanto son los principales agentes de la representación y virtualmente los únicos actores con acceso a puestos de elección popular en las comunidades políticas. Por otro, los partidos ayudan a reducir los costos de información política de los ciudadanos que en poco tiempo y con poca información pueden participar en política, dado que asumen posiciones sobre los temas relevantes de la población y ofrecen, al menos como promesa, soluciones a los mismos. Finalmente, los partidos son canales de expresión de intereses, ya que organizan grupos en base a cleavages o demandas existentes en la sociedad. Esta manera de canalizar los conflictos por una vía institucional contribuye a dar estabilidad al régimen y a la democracia. En ese sentido, no solo reflejan sino que dan forma a la estructura social, económica y cultural. En el caso de los países analizados en la presente investigación, se puede percibir a través de la amplia literatura sobre el tema, un distanciamiento entre partidos políticos y la ciudadanía, basado principalmente en la falta de legitimidad del sistema y el progresivo crecimiento de la desafección política, generada por la pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones para resolver problemas básicos relacionados con el bienestar económico y la corrupción. La desafección se advierte en el distanciamiento de la ciudadanía respecto de la política, la baja participación en el proceso electoral, el aumento del voto en blanco o nulo, la escasa identificación con los partidos políticos, la poca confianza en las instituciones de la administración pública y el desprestigio de los políticos profesionales (Marotte, 2008). Las variaciones existentes entre los niveles de calidad democrática y los países estudiados, es un fenómeno complejo de explicar, debido a que implica un conjunto diverso de variables que
  • 57. 55 influyen como la desigualdad económica, el sistema de partidos, la experiencia democrática, el respeto a los derechos y libertades civiles y políticas, rendición de cuentas, entre muchas otras. Agregado a esto, las aportaciones metodológicas para medir la calidad de las democracias son amplias, por lo que las clasificaciones obtenidas por los países varían de uno a otro instrumento analítico por lo tanto, no son definitivas. Como se mencionó anteriormente, en el informe de Latinobarómetro del año 2013, el indicador de satisfacción de la democracia, es decir, el desempeño del régimen alcanza apenas un 39% en América Latina. Un 57% de la población de la región no se encuentra satisfecha con el régimen, siendo Honduras el país menos satisfecho de América Latina y de la región centroamericana con un 18%. El Salvador, presenta un porcentaje de satisfacción de 26% y Guatemala de 29% (Corporación Latinobarómetro, 2013, págs. 34-36). Si bien la región analizada en el presente trabajo, presenta altos niveles de violencia y fragilidad institucional, se percibe una etapa de elecciones competitivas y libres, además de un respeto básico a los derechos y libertades de los ciudadanos. Luego de la consolidación de la democracia de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, éstos presentan como principales desafíos la desafección de la ciudadanía con el funcionamiento de las instituciones de representación y el sistema político en general, la incapacidad del Estado para reducir la pobreza y desigualdad de su población, la poca inclusión social, el crecimiento económico insuficiente; la baja competitividad, un clima de inversión y desarrollo incierto, entre otros factores que inciden en la calidad de la democracia.
  • 58. 56 CAPÍTULO V Conclusión Los acontecimientos de la década de los ochenta, establecieron una nueva etapa política en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, dentro de la cual surge la transición hacia un nuevo régimen y la consolidación de la democracia. Desde 1980 hasta la actualidad, se han realizado procesos electorales en El Salvador, Guatemala y Honduras, dentro de los cuales las tendencias han sido la transparencia de las elecciones, opciones partidarias más pluralistas y de ideología variada; resultados electorales confiables, autoridades electorales que garantizan el desarrollo normal de las elecciones y, la aceptación del sistema electoral como el instrumento para expresar las preferencias de los ciudadanos en la designación de titulares de poder. El sistema electoral permite ser el instrumento que garantice la democracia, porque crea la certidumbre de que la persona ha sido electa por la voluntad de la ciudadanía expresada mediante el voto. Por otro lado, el reconocimiento de la democracia como régimen político, es condición necesaria para que se produzca un adecuado sistema electoral y se respete la voluntad de la mayoría. Con el desarrollo de la democracia en estos tres países, se impulsaron medidas encaminadas a impedir el fraude electoral, a través de un marco jurídico, una autoridad independiente en materia electoral y el control social; que buscaban proteger la credibilidad y legitimidad de las elecciones. En la actualidad, se considera que existe el conocimiento en la ciudadanía de que el sistema electoral engloba además del derecho de participar en elecciones; un ordenamiento jurídico que regula el procedimiento electoral, una institución superior encargada de velar por el correcto desempeño del proceso que debe ser independiente al poder y a cualquier partido político; así como, factores que garanticen la igualdad de oportunidades por competir, es decir, garantías destinadas a que las elecciones sean libres y que los resultados producidos en las votaciones sean fiables.