El documento describe los criterios tarifarios para los servicios públicos domiciliarios según la Ley 142 de 1994. Los criterios incluyen la eficiencia económica, la neutralidad e integralidad, la solidaridad y la suficiencia financiera. Además, define los seis servicios públicos domiciliarios principales: acueducto, alcantarillado, aseo, distribución de gas combustible, energía eléctrica y telefonía pública.