1. BOLETÍN DE LA RED ESTATAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA
Volumen 1, Nº1 Enero 2001 - Madrid
http://www.redu.um.es/publicaciones/vol1_n1.htm
¿Soplan vientos de cambios universitarios?
Francisco Michavila
Catedrático y Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Abstract
This paper describes the Spanish University current state: it analyzes the need to change
the university policy and even its structures; some steps are proposed to give answer to the
new knowledge society’s requirements, so that the university may be transformed into a
new one, not only to respond to new social demands but also to anticipate them and to
guide them into a better citizen’s personal and social development.
Keywords: accounting, eficiency judgement and signs, outcomes assessment, new
training developments, longlife training, virtual systems, institutionary self-goverment.
Resumen
El presente artículo describe el estado actual del Sistema Universitario Español: se
analiza la necesidad de cambio en su política universitaria y en sus estructuras; se
proponen algunas medidas para dar respuesta a las exigencias de la nueva sociedad del
conocimiento de manera que la universidad se transforme, no sólo para dar respuesta a
las nuevas demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas para un mejor
desarrollo personal y social de los ciudadanos.
Palabras clave: rendición de cuentas, criterios e indicadores de eficiencia, evaluación de
resultados, nuevos desarrollos formativos, formación continua, sistemas virtuales,
autonomía institucional.
La aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, significó el punto de
partida para una transformación sustancial en muchos aspectos de la universidad
española. Respondía a una necesidades muy propias de aquel momento histórico en
nuestro país, que varios intentos legislativos de los últimos años de la década anterior y
los primeros ochenta habían pretendido también abordar, pero sin éxito. Pero la falta de
libertades y las circunstancias políticas de España hasta el final de la dictadura hicieron
nacer tarde la LRU. Cuando las ansias de democracia y de participación que recorrieron
los campus de todos los países occidentales durante la segunda mitad de los años
sesenta, en nuestro país no había un cauce normal de acogida de deseos similares ni en
las estructuras ni en legislación universitaria. La adopción de iniciativas para adecuar
2. las instituciones y su gestión a aquellas demandas, como ocurrió en Francia o en
Holanda, aquí no fueron posibles y los tímidos intentos que, pese a todo, surgieron en la
época fracasaron, o fueron reprimidos.
Este retraso ha quedado subyacente, y ha hecho que en los primeros años de la presente
década, el sistema universitario español -y cada una de sus universidades- ha continuado
desarrollando aspectos particulares de la reforma de 1983, mientras que en otros países
se han propuesto modificaciones sustanciales, en especial en el gobierno y la gestión de
sus universidades.. Así ha ocurrido en Holanda con la aprobación en 1997 del MUB
(ley para la modernización del gobierno universitario), en Dinamarca que en 1993
promulgó una nueva ley sobre la gobernación universitaria, en Suecia cuya Higher
Education Act de 1997 regula las relaciones entre la Administración y las instituciones
con criterios mucho más flexibles, en Alemania, donde un Eckwetepaper propició un
nuevo sistema de financiación y una gestión más profesionalizada, y que a partir de
1997 ha desarrollado un nuevo marco legislativo más preocupado de criterios de
eficiencia y evaluación de resultados, en Austria con su reforma de la gestión de 1993,
etc.
Este interés de muchos países por el gobierno y la gestión de las universidades reside en
tres razones principales:
La introducción de elementos relacionados con el mercado en los nuevos
desarrollos formativos y el interés social o estratégico de las actividades de
investigación y desarrollo.
El mayor énfasis puesto en el valor de la autonomía institucional.
Las demandas crecientes de rendición de cuentas, vinculadas con el interés
mayor por los indicadores de eficiencia en la agenda política de los distintos
gobiernos europeos.
En España, en nuestros días, se dan varias circunstancias que aconsejan un profundo
debate, a raíz del cual se generen acciones concretas de política universitaria. Son las
siguientes:
La transformación interna que ha sufrido la universidad española desde la
Reforma de 1983. Ésta ha marcado la vida académica superior en nuestro país en
los últimos quince años: se han creado universidades, se han multiplicado las
titulaciones, se ha introducido la optatividad y la libre elección en los estudios,
se ha democratizado la universidad, se ha intensificado la investigación... Pero,
junto a estos logros, existen déficits evidentes en la falta de calidad del
profesorado, en la inadecuación de los estudios a las demandas profesionales,
etc. La reforma fue buena y necesaria pero hoy está agotada y no responde a las
exigencias de la sociedad actual.
En muchos países de la Unión Europea se está produciendo una revolución
universitaria y se habla de crisis de la universidad, para significar el hecho de
que las enseñanzas no son adecuadas a las demandas sociales. Hay problemas
diversos -ligados a la extensión de la formación superior a grupos cada vez más
amplios de ciudadanos- que obligan a una revisión de aspectos esenciales en la
vida de las instituciones como son la autonomía, la calidad institucional, los
mecanismos de financiación, etc.
3. La armonización de los diversos sistemas universitarios europeos, como
respuesta a una demanda política de los Estados miembros de la Unión y a la
globalización de la sociedad productiva y cultural. Es preciso integrar lo que
debe ser igual con lo que debe ser específico, pues convergencia no quiere decir
uniformismo. Este proceso se complica con las diversas vinculaciones
jerárquicas y organizativas de las universidades, y con la independencia
legislativa de los países de la Unión. La libre circulación de los ciudadanos
exige que la formación universitaria de todos los países de Europa adopte esta
convergencia: partimos de situaciones diferentes pero tenemos problemas en
gran medida comunes, y tenemos que buscar juntos las soluciones.
La sociedad de las primeras décadas del siglo XXI será muy distinta de la actual,
y aún más de aquella de la que nos formamos hace 20 ó 30 años. No valen pues
para formar a los nuevos ciudadanos y a los nuevos profesionales soluciones
antiguas. La incidencia de las nuevas tecnologías, la formación permanente a lo
largo de la vida, la movilidad de estudiantes y profesores... son elementos que
transformarán la vida universitaria europea.
El debate que conduzca a las actuaciones, reclamadas en muchos ámbitos, de política
universitaria debe enfocarse a la luz de la convergencia de la educación superior
española con la europea. Además, la universidad no sólo debe amoldarse a las
demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas para el mejor desarrollo
personal y social de los ciudadanos.
Pertenecemos al selecto club de países que poseen una educación superior más
adelantada. España puede sentirse partícipe sin complejos –lo cual es un gigantesco
avance respecto de nuestra situación hace 20 años- de ese grupo de países. Sin embargo,
en muchos temas (evaluación de la calidad, sistemas de gobierno, desarrollo de la
autonomía, altura de la investigación...) seguimos siendo inferiores a algunos países de
Europa. Es imprescindible que se aborden cambios sustanciales en nuestro sistema para
satisfacer mejor las demandas emergentes de la social actual, para aproximarnos a
aquellos países vecinos que aún nos preceden y para adelantarnos a los grandes cambios
que se avecinan.
Para afrontar estos cambios el sistema universitario español tiene, junto con reconocidas
fortalezas, algunos puntos débiles ante los que se debe actuar:
Su estructura organizativa, con complejos órganos de gobierno e indefinición en
la asunción de responsabilidades en cada nivel.
Su rigidez en la gestión de los recursos humanos: incorporación, formación,
adaptación a las nuevas demandas, movilidad, etc.
Su escasa adaptación de los contenidos de la enseñanza al mercado laboral, sin
una respuesta ágil ante las necesidades del mundo del trabajo y una insuficiente
formación en capacidades vinculadas a la innovación
Los responsables académicos y políticos de la universidad han de dar respuesta a unas
exigencias específicas de la nueva sociedad del conocimiento, mediante principios de
actuación innovadores que consideren los condicionantes siguientes:
La universidad debe formar titulados que se incorporen en condiciones
adecuadas al mundo del trabajo; es decir, la formación ha de ser realista
4. vinculada con el entorno social y laboral, en conexión con la empresa: práctica.
Pero, por otra parte, no puede formar titulados con criterios de simple
adecuación a la vida laboral; ha de cuidar la formación básica e instrumental.
La universidad ha de estar regida por parámetros de competitividad social como
son los principios de calidad, de organización, de planificación, de decisión, de
capacidad de análisis y síntesis. Estas ideas han de primar en su actuación, y
estar presentes en todos sus programas y planes.
La universidad ha de mejorar la eficiencia y el rendimiento de su gestión, pues la
financiación de la educación superior como servicio público necesita una
profunda revisión en temas como la diversificación de las fuentes económicas o
los sistema internos de asignación de recursos.
La universidad ha de aprovechar todo el potencial de trabajo que representan las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y aplicarlas a las
metodologías educativas y la elaboración de materiales didácticos, constituir
muchas más redes de colaboración, formar recursos humanos mediante sistemas
"virtuales", etc.
La universidad ha de desempeñar un papel creciente en el entorno social, actuar
de motor de empresas e industrias circundantes, contribuir al desarrollo laboral y
económico de su región, generar nuevos empleos y nuevas actividades
productivas, etc.
La universidad ha de avanzar en los procesos de integración nacional e
internacional, como propugnan la Carta Magna de Bolonia y la Declaración de
la Sorbona. Tiene que fomentarse la interdisciplinariedad de las enseñanzas y de
los programas de investigación, la movilidad de los estudiantes y profesores, el
aprendizaje de lenguas etc.
Es preciso dar un paso más y comprometerse en la propuesta de estrategias conducente
al cumplimiento de estos objetivos. Las que pueden considerarse más importantes son
las siguientes:
La convergencia de la universidad española con la europea es deseable, además
de inevitable. Como se indica en la Declaración de la Sorbona –en la que estuvo
ausente el gobierno español- tal convergencia afectará a cuestiones como la
calidad, la gobernabilidad, los presupuestos, el equipamiento, etc. Las diversas
fuerzas sociales han de asumir el papel que les corresponde en esas
transformaciones ligadas a la armonización europea.
Los aspectos fundamentales de la política universitaria, como son por ejemplo la
calidad institucional o la gobernabilidad, deben considerarse un asunto de
Estado y planificarse a largo plazo. Es posible encontrar grandes líneas de
actuación en las que puedan coincidir opciones políticas progresistas y
conservadoras. Unos pondrán el acento en criterios vinculados a la
competitividad social, mientras que otros lo harán en la mayor sensibilidad con
la igualdad en el acceso al conocimiento y la solidaridad. Pero, sin duda, deben
existir bastantes coincidencias en los objetivos. Es oportuno un pacto
universitario que incluya, al menos, el aumento de la financiación –con
sustanciales mejoras en las ayudas a los estudiantes-, la reforma del sistema de
gobierno y la flexibilización de sus estructuras organizativas y la implantación
de un sistema nítido de rendición de cuentas e incentivos.
La evolución del sistema universitario debe pretender el equilibrio entre
competitividad y cooperación. La competitividad es un motor de desarrollo, pero
5. la simple tendencia a clasificar instituciones o personas es negativa si no hay
nada más, aunque pueda ser eficaz. La cooperación con las administraciones, la
industria, los sectores marginados, las instituciones internacionales, etc.,
constituye un contrapunto necesario a la competitividad. También dentro de la
propia institución, las relaciones entre sus componentes se ha de estimular que
no se limite a aspectos competitivos, sino que se deben favorecer las iniciativas
del trabajo multidisciplinario y solidario.
Tras varios años de inacción, de verdad ¿soplan vientos de cambios universitarios?