La crisis humanitaria en el nordeste antioqueño se ha agudizado en los últimos meses, con constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, homicidios selectivos, masacres y desplazamientos forzados. A pesar de las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y los esfuerzos de organizaciones como CAHUCOPANA, las autoridades locales y nacionales no han tomado medidas efectivas para proteger a las comunidades y mitigar el riesgo. La situación pone en evidencia

1. Se agudiza crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño.
Documental Amarillo
El nordeste antiqueño atraviesa una crisis humanitaria que día a día adquiere
dimensiones más dramáticas para la población. Debido a esta realidad y al
trabajo de denuncia e incidencia realizado por CAHUCOPANA, el Sistema de
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el 3 de abril de 2012 el
Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de Zaragoza, Remedios y
Segovia, en el cual se alerta sobre la situación de alto riesgo en la cual se
encuentra la población debido a la dinámica de confrontación armada entre
estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio, a saber Los
Urabeños y Los Rastrojos, motivada por intereses económicos sobre la región
que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de la
zona como corredor estratégico, y facilitada por los altos niveles de abandono
estatal y pobreza que predominan en la región que mantienen a sus pobladores
rurales en situación de confinamiento.
Este informe, emitió además una serie de recomendaciones que debían ser
adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar el
escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos
humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios. Sin
embrago hoy, 5 meses después de emitido el Informe no ha habido ninguna
respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables de tomar medidas
frente a la crítica crisis humanitaria manifiesta. Desde CAHUCOPANA se han
impulsado una serie de escenarios de concertación con la Gobernación de
Antioquia, en cabeza del Director de Derechos Humanos Gabriel Jaime
Bustamante, y demás entidades del orden departamental, y así mismo se ha
establecido contacto con el Ministerio del Interior en la urgencia de construir de
forma concertada con las comunidades afectadas alternativas de solución y

2. mitigación del riesgo en el que se encuentran, sin embargo, a la fecha no ha
sido posible concretar ninguno de los acuerdos realizados.
Mientras las autoridades del orden local, departamental y nacional no hacen
nada, la crisis humanitaria en el nordeste se agudiza. Desde la emisión del
Informe se han presentado en la región constantes acciones armadas de
grupos armados ilegales, particularmente enfrentamientos entre las
denominadas bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños que ponen en
riesgo a la población, así mismo se instalan de forma cotidiana retenes ilegales
por parte de estos grupos que restringen el tránsito y generan un ambiente de
zozobra entre transeúntes y transportadores. Se han registrado alrededor 20
homicidios selectivos en zona rural y urbana de los municipios de Remedios,
Zaragoza y Segovia, así como dos masacres, la primera tuvo lugar a pocos
días de emisión del Informe en el punto conocido como Machuca en donde 5
personas fueron asesinadas y la segunda el día de ayer, 5 de septiembre,
cuando un grupo armado incursionó a la finca La Reserva, en la vereda Campo
Alegre del municipio de Segovia, asesinando a 4 personas. A su vez, el
reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos se encuentra en
aumento y son cotidianas las amenazas selectivas y la extorsión de familias y
mineros artesanales, situación que en algunos casos ha desencadenado en
desplazamientos forzados.

3. Esta realidad que vive la región del nordeste antioqueño da cuenta de la
incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia de voluntad política
por parte de autoridades del gobierno en sus niveles nacional, departamental y
local para enfrentar la situación, y pone en entredicho la imparcialidad de los
fuerzas militares y de policía nacional en el enfrentamiento por el control
territorial adelantado entre Los Rastrojos y Los Urabeños. Los afectados como
siempre las comunidades campesinas y urbanas de la región, que a pesar de
haber presentado propuestas para la construcción de respuestas concertadas a
la crisis humanitaria han sido desconocidas en múltiples ocasiones por la
Gobernación, las Alcaldías y demás entidades concernidas a tomar medidas en
el asunto.
Ante este escenario, las comunidades campesinas organizadas en
CAHUCOPANA hacemos una llamado público a las organizaciones sociales a
solidarizarse con la crisis humanitaria que enfrentamos y exigimos de las
autoridades gubernamentales en sus distintos niveles respuestas efectivas,
superando la visión simplista de que la militarización del territorio constituye la
alternativa a nuestra realidad.
El homicidio selectivo realizado el día 3 de septiembre en el casco urbano del
municipio de Remedios, cuya víctima fue Gloria Elcy García, mujer que había
recibido amenazas por ser testigo clave en un proceso de restitución de una
mina de oro, adquirida, al parecer, con documentos falsos, debe ser el último
de los constantes campanazos de alerta sobre el alto nivel de desprotección en
que se encuentran las comunidades en la región, y debe conllevar a que se
adopten medidas idóneas por parte de las autoridades en concertación con las
comunidades organizadas que hacen presencia en el territorio. Como
organización de base exigimos se nos incluya en la construcción de soluciones
y se nos garanticen los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.
video socialización Informe de riesgo del SAT de la Defensoria del Pueblo
http://www.youtube.com/watch?v=UsEFHBC1o_c&list=UUOyCtCOjcug9P3z-
x17FYfA&index=7&feature=plcp
CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.
CAHUCOPANA.
6 de septiembre de 2012, Medellín