1. 2-ARIKETA
Gizarte Segurantzako zein erregimenetan daude Merkataritza
Ordezkariak?
Zer da Merkataritza Ordezkari bat?
Lan eremuan ezagutzen dira bai ordezkari, artekari edo beste edozein izenekin.
Enpresaburuekin akordio batera iritsiz, beraien kontura lan eginez eta lan arriskuak
enpresaburuen gain hartu gabe, ordainsari baten truke merkataritza lanak sustatzen edo
hitzartzen dituzten pertsonak dira. (gizarte segurantza)
Zein Erregimenetan kokatzen da?
Lehenik eta behin banaketa bat egin behar da Merkataritza Ordezkari eta
Merkataritza Agentearen artean. Hasiera baten berdinak direla diruditen arren, bereizketa
egin behar da bien artean, Gizarte Segurantzak bereizketa egiten baitu bere ondorio
guztietarako.
Beraz, Merkataritza Ordezkariak enpresa bat edo gehiagorentzat egiten du lan,
lanaren arriskuak gain hartu gabe, baina soldata finko baten truke. Gainera, bera izango
da kotizazioaren kuota ordaintzearen arduraduna eta ez enpresaria.
Merkataritza Agentea berriz, autonomoa da, ez du enpresari baten kontura lan
egiten, bere kontura baizik eta beraz bere soldata ez da finko izango.
Laburbilduz, Merkataritza Ordezkaria Gizarte Segurantzako Erregimen
Orokorrean eman beharko da alta eta Merkataritza Agentea, ostera, Gizarte Segurantzako
Autonomoen erregimenean.
*Ondorengo Errege-Dekretu Merkataritza ordezkariei dagokie.
Errege-Dekretu honen arabera,Merkataritza Ordezkariak Gizarte Segurantzako erregimen
berezian egotetik, orokorrean egotera pasatu ziren 1987ko urtarrilaren batetik aurrera.
Araua, 1986ko abenduaren 24koa izan arren hurrengo urteko urtarrilean sartu zen
indarrean.
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los regímenes
especiales de la Seguridad Social de trabajadores ferroviarios, jugadores de fútbol,
representantes de comercio, toreros y artistas en el régimen general, así como se
procede a la integración de régimen de escritores de libros en el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Jarraian, kasu guzti honi buruzko epai bat

2. SEGURIDAD SOCIAL: Regímenes Especiales: representantes de comercio: evolución
legislativa: efectos; existencia: intervención en operaciones mercantiles: con asunci n del
ó
riesgo y ventura de aquéllas: con infraestructura propia para su desarrollo: titular de la
propia organización: sin que la asunción del riesgo implique necesariamente la totalidad
de la operación: en relación a los fallidos: doctrina jurisprudencial.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Apelación núm. 11883/1990
Ponente: Excmo Sr. Antonio Martí García
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra Resolución de la Dirección General
de Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 29-12-1983 que desestimó recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Dirección Provincial enMadrid de 3-12-1982,
sobre acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, fue estimado por Sentencia de
la Sección Novena de la Sala correspondiente del TSJ de Madrid de 3-5-1990, que anuló
los actos administrativos impugnados.
Interpuesto recurso de apelación, el TSlo desestimay aceptando los fundamentos de
derecho de la sentencia apelada, que se transcriben a continuación, la confirma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(Sentencia apelada)
«TERCERO.-
En el caso que analizamos la Resolución inicial impugnada de fecha 3 diciembre 1982 se
fundamenta en el informe de la Inspección de fecha 14 de septiembre de 1982, que
ratifica el acta levantada estimando que la relación entre la empresa y el trabajador no es
propia del Representante de Comercio, sino la laboral de carácter común, toda vez que quot;el
inspector que suscribe comprobó que el trabajo realizado por François Jean Joseph L. era
el de vendedor con retribución determinada y bajo la dependencia y subordinación a la
empresaquot;. Frente a tal afirmación y del examen detenido del expediente y documentación
aportada se aprecian las siguientes circunstancias:
a) La empresa y el trabajador suscribieron un primer contrato en fecha 30 de marzo de
1978 en cuya cláusula 2.ª se establece que don François Jean Joseph L. realizará las
funciones profesionales de Representante de Comercio, sin establecerse jornada de
trabajo determinada (cláusula 4.ª) y percibiendo una remuneración fija de 21.000
pesetas/mes (cláusula 5.ª) y unas comisiones de 8% sin descuento y 4% con descuento
sobre la venta que se efectúe mensualmente (cláusulas adicionales).
b) Con posterioridad en fecha 18 de mayo de 1982, ambas partes suscribieron nuevo
contrato de relación laboral de carácterespecial al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 2033/1981, de 4 septiembre ( RCL 19812152 ), en sustitución del anterior, sin
sujeción a jornada laboral (cláusula 11), percibiendo una remuneración fija de 34.000
pesetas por cada mes natural y comisiones entre el 4% y el 10%, según modelos de
máquinas.
c) En dicho contrato se establecen otras condici nes sobre clientela (cláusula 5.ª),
o
vacaciones (cláusula 11), muestrario entregado por la empresa (cláusula 6.ª), fijación de
zona de venta (cláusula 2.ª) y sobre realización y confirmación de las operaciones de
venta (cláusula 8.ª).

3. d) La recurrente viene cotizando desde la iniciación de la relación laboral en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para Representantes de Comercio, concretamente en la
Mutualidad de Regímenes Especiales Diversos.
CUARTO.-
Del conjunto de las circunstancias expuestas la Sala entiende que debe concluirse en la
existencia de una relación laboral especial de conformidadcon lo dispuesto en el art. 2, f)
del Estatuto de los Trabajadores, encuadrada en el Régimen Especial de la Seguridad
Social previsto en el art. 10.2, k) de la Ley General de la Seguridad Social de 30 mayo
1974 ( RCL 19741482 y NDL 27361), regulada por el Real Decreto 2033/1981, de 4
septiembre, y Real Decreto 1195/1982, de 14 mayo ( RCL 19821502 ), por los que se
regula la relación laboral de carácter especial de las personas queintervengan en
operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y
ventura de aquéllas, pues si bien la remuneraciónacreditada constituida por una cantidad
fija y por comisiones, no es por sí misma reveladora de una relación laboral especial,toda
vez que la comisión, como establece reiterada jurisprudencia, es una de las formas de
retribución que cabe en el amplio concepto de salario, sí constituye uno de los datos
reveladores de aquélla el no implicar sujeción a jornada laboral alguna, como resulta
acreditado en el caso presente, sin que pueda excluirse una sumisión a la dependencia y
organización de la empresa a la vista de los términos de los Reales Decretos 2033/1981 y
1195/1982 y, especialmente, de la Disposición Adicional Segunda del primero de ellos en
que se prevé que quot;en lo no regulado por el presente Real Decreto será de aplicación lo
previsto en los pactos colectivos y en los contratos individualesquot;; a esta conclusión
conduce asimismo el establecimiento en el contrato de fecha 18 de mayo de 1982, de una
serie de condiciones, como antes se ha expuesto, concordantes con lo previsto en el Real
Decreto 2033/1981, de 4 septiembre, ya citado, contrato por otra parte suscrito como
continuación y adaptación del anteriormente vigente y muy especialmente las propias
manifestaciones del trabajador en las demandas formuladas ante la Magistratura de
Trabajo de fechas 8 de octubre de 1981 y 30 de abril de 1982 (folios 26 y 29 del
expediente), en que reconoce trabajar en la empresa recurrente realizando las funciones
profesionales de representante de comercio, circunstancia que reitera en la documentación
de extranjeros obrante a los folios 34 y 95 del expediente, todo lo cual obliga a la
estimación del recurso interpuesto.
QUINTO.-
No se aprecian circunstancias para efectuar una expresa condena en costas de
conformidad con lo dispuesto en el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción ( RCL 19561890
y NDL 18435).»
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(Tribunal Supremo)
Se aceptan sustancialmente, los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida y además:
PRIMERO.-
La sentencia apelada estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
entidad mercantil «CIMAC, SA», contra Resoluciones de la Dirección General de
Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 29 diciembre 1983 y de la Dirección

4. Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, de 3 diciembre 1982,
confirmatorias ambas del Acta de liquidación núm. 3277/1982, al considerar la Sala,
frente al criterio de la Administración demandada que en la relación laboral enjuiciada, se
trataba de una relación laboral especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2,
f) del Estatuto de los Trabajadores, encuadrada en el Régimen Especial de la Seguridad
Social prevista en el art. 10.2, k) de la Ley General de la Seguridad Social de 30 mayo
1974, regulada por el Real Decreto 2033/1981, de 4 septiembre, y Real Decreto
1195/1982, de 14 mayo, por las que se regula la relación laboral de carácterespecial de
las personas que intervengan en operaciones mercantiles porcuenta de uno o más
empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
SEGUNDO.-
El Abogado del Estado, ahora apelante, reitera en esta instancia que la relación jurídica
controvertida debe estimarse incluida en el Régimen General de la Seguridad Social por
cuanto que se trataba de un mandatario singular de la empresa que percibió una
retribución fija mensual encuadrado en la plantilla de trabajadores fijos de la empresa,
debiendo computarse como remuneración además lo obtenido por comisiones.
TERCERO.-
Centrada así la cuestión objeto de debate debe partirse de considerar, que el art. 2.1, f) del
Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980607 y ApNDL 3006), considera como relación
laboral especial, la de las personas que intervengan en operaciones mercantiles porcuenta
de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo, y ventura de aquéllas, y esta precisión ha
tenido un ulterior desarrollo normativo, que se contenía originariamente en el RD
2033/1981, de 4 septiembre, que fue modificado por el RD 1195/1982, de 14 mayo, y
posteriormente por el RD 1438/1985, de 1 agosto ( RCL 19852035 y ApNDL 12190),
aplicado según las relaciones en virtud de las cuales, una persona natural actuando bajo la
denominación de representante, mediador o cualquier otra con la que se le identifique en
el ámbito laboral, se obliga, con uno o más empresarios a promover o concertar
personalmente operaciones mercantiles porcuenta de los mismos, sin asumir el riesgo y
ventura de las operaciones, pudiendo venir acompañada dicha actividad de la obligación
de distribuir y repartir los bienes objeto de la operación.
De la indicada definición resaltan los siguientes elementos:
a) La exigencia de que el operador mercantil sea persona natural o física y, en
consecuencia, se excluye a las personas jurídicas.
b) El operador no sólo se obliga a promover, sino también puede estar facultado para
concertar y concluir operaciones en que intervenga.
c) La actividad del trabajador comprende toda clase de operaciones mercantiles que
supongan venta, adquisición o intercambio de bienes y servicios.
d) Se exige que los servicios se presten de forma personal y directa, excluyéndose en el
Real Decreto a quienes promuevan o concierten operaciones comotitulares de una
organización empresarial autónoma, porque entonces la relación no sería de prestación de
servicios, sino un contrato de empresa o entre empresas.

5. e) Que el artículo 1.1 del RD 1438/1985, prevé la posibilidad de que además de promover
y concretar operaciones mercantiles, el representante de comercio se obligue como
actividad complementaria a la distribución y reparto de los bienes objeto de las
operaciones, lo que exigirá una infraestructura para su desarrollo que puede seraportada
por el representante de comercio y a su costa o expensas, que se constituye de esta forma
en titular de una organización autónoma con la consecuencia de su exclusión de la
relación laboral, pudiéndose significar que si en la retribución convenida se indemniza o
compensa al representante de comercio por los gastos de infraestructura, tal circunstancia
determinará que no pueda reputársele como empresario o titular de una organización
autónoma porque la misma sería costeada por el principal.
Y f) Que la última característica que sirve para determinar la figura del representante de
comercio dependiente o laboral, es la exclusión de la asunción del riesgo y ventura de las
operaciones que promueve, siendo de tener en cuenta que la responsabilidad del buen fin
de la operación constituye la circunstancia que diferencia la relación laboral de la
mercantil, y supone que el operador mercantil asume el riesgo de hacer efectivo el pago
del precio de las mercancías y productos enajenados en aquellas operaciones en las que
haya intervenido cuando los compradoresde esos productos no cumplan con la obligación
de satisfacer el precio, es decir, responde del buen fin quedando sometido al Derecho
Mercantil el representante u operador que imputa a su patrimonio los fallidos de las
operaciones que ha promovido o ha concluido por cuenta de su principal, lo que excluye
la ajenidad que constituye elemento esencial de toda relación laboral aunque sea especial.
CUARTO.-
De acuerdo con estos criterios extraídos de las Sentencias del Tribunal Supremo de 19
mayo 1986 ( RJ 19862571 ), 13 junio 1985 ( RJ 19853400 ), 9 junio 1987 ( RJ
19874311 ) y 24 enero 1990 ( RJ 1990204 ), conviene hacer las siguientes precisiones:
a) En primer lugar, no desaparece la asunción del riesgo porque el mismo no abarque la
totalidad de la operación (SSTS 23 marzo 1979 [ RJ 19791483 ] y 16 enero 1982 [ RJ
198287 ]), excluyéndose del ámbito de la relación laboral el supuesto en que el
representante responda de operaciones fallidas hasta una tercera parte del importe de las
mismas.
b) En segundo lugar, para determinar si existe o no responsabilidad en el buen fin de la
operación, no basta que así se estipule expresamente, sino que es necesario que exista tal
responsabilidad, imputando a las comisiones devengadas el importe de las operaciones
fallidas.
c) En tercer lugar, es necesario diferenciar la responsabilidad en el buen fin con el no
devengo de comisiones por las operaciones que no llegan abuen fin, porque una cosa es
responder del buen fin de la operación, que significa que el comisionista asume el éxito
de la misma y responde en todo caso, y ponga por ello el precio de la mercancía y
cuestión diferente es que el representante cobre su comisión cuando el comprador abone
el precio de la operación concertada, de tal suerte que si éste incumple su obligación, el
representante no devenga su comisión pero tampocotiene que pagar el precio de la
operación fallida, siendo de tener en cuenta, finalmente, que el hecho de que en el trabajo
se obligue además a gestionar el cobro, constituye un dato irrelevante e independiente de
la responsabilidad del buen fin.

6. d) Por último, para determinar la debida delimitación de esta figura, es de tener en cuenta
que la dependencia o integración en el ámbito de la organización y dirección dela
empresa constituye elemento que permite diferenciar esta figura de otras afines, como
puede ser la del Agente comercial y cuya concurrencia no puede entenderse en un sentido
tan riguroso como en las relaciones laborales comunes, porque si bien el representantede
comercio siempre está sometido a instrucciones sobre zonas o criterios de distribución, a
los precios de los productos ofrecidos y a la forma de realizar los pedidos y contratos
puede, sin embargo, tener autonomía en el régimen de horarios, itinerarios y clientes a
visitar, relativa autonomía que no desvirtúa la dependencia esencial de su vinculación
jurídica ni excluye la existencia de relación laboral.
e) Para concluir este punto, es necesario tener en cuenta que quedan excluidos y según el
artículo 12 del RD 1438/1985 de las características anteriormente examinadas, en primer
lugar, y sometidos en consecuencia a la legislación laboral común, los trabajadores de la
empresa que dedicándose a concertar operaciones mercantiles para la misma, lo hacen en
sus locales y están sujetos a la jornada laboral de la empresa. En segundo lugar, quienes
se dediquen a promocionar o concertar operaciones en forma continuada por cuenta de
uno o más empresarios como titulares de la organización empresarial autónoma, y en
tercer lugar, las personas naturales someti as a la normativa específica sobre producción
d
de seguros y corresponsale no banqueros, siempre que se configuren como sujetos de
s
una relación mercantil (Ley 9/1992, de 30 abril [ RCL 19921020 ], que deroga el hasta
entonces Real Decreto Legislativo 1347/1985, de 1 agosto [ RCL 19852411 y ApNDL
12944], que aprobó el Texto Refundido de la Ley reguladora de la producción de seguros
privados).
QUINTO.-
En el caso que nos ocupa, la relación existente entre el señor L. y la empresa debe
entenderse como laboral de carácter especial -art. 2.1, f) del Estatuto de los Trabajadores-
para quienes intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más
empresarios sin asumir el riesgo o ventura de aquéllas, regulada por Real Decreto
1438/1985, de 1 agosto. La propia naturaleza del contrato suscrito entre las partes, con
fecha 18 de mayo de 1982, como acertadamente manifiesta la Sala de instancia, establece
en cuanto a la forma de retribución, a comisión y la movilidad de horario, los elementos
necesarios como para considerar la existencia de una relación laboral de carácter especial,
máxime cuando como se recoge en el expediente administrativo incorporado a los Autos,
el propio trabajador manifestó en las demandas formuladas ante la Magistratura de
Trabajo de fechas 8 de octubre de 1981 y 30 de abril de 1982 (folios 26 y 29 del
expediente) que realizaba las funciones profesionales de representante de comercio, y
frente a esa realidad, no tiene trascendencia la apreciaciónque aparece en el Acta, sobre
la existencia de retribución, bajo la dependencia y subordinación de la empresa, pues es
eso una apreciación sin dato o elementoque la justifique y que aparece en contra de los
datos acreditados en autos.
SEXTO.-
Sentado, pues, el carácter laboral de la relación enjuiciada, la normativa específica en
materia de cotización de los representantes de comercio en la fecha de la infracción estaba
constituida por el Decreto 2409/1975, de 23 agosto ( RCL 19752024 , 2269 y ApNDL
12174), desarrollado por la Orden Ministerial 24 enero 1976 ( RCL 1976246 y ApNDL
12175), que establecen la obligación subsidiaria de afiliarse y cotizar de los empresarios
por los trabajadores en las condiciones que reglamentariamente se determinen, sin que

7. ello suponga vulneración alguna del principio de legalidad, pues éste queda satisfecho con
la obligación general de cotizar de empresarios o trabajadores establecida por la Ley
General de la Seguridad, con remisión a su desarrollo reglamentario establecido para cada
caso concreto, sin olvidar que el cuadro normativo en atención al carácter mercantil o
laboral de los agentes comerciales es el siguiente:
a) La Orden 18 julio 1980 ( RCL 19801704 y ApNDL 269) incluye a los agentes
comerciales, excepto los libres y los que ejercen en virtud de contrato mercantil, en el
Régimen Especial de Representantes de Comercio, previsto en el art. 10.2, k) de la Ley
General de la Seguridad Social y regulado por el Decreto 2409/1975, de 23 agosto,
desarrollado por Orden Ministerial 24 enero 1976.
b) En el mismo sentido el art. 1.1, f) del Estatuto de los Trabajadores excluye desu
ámbito de aplicación «a quienes intervengan en operaciones mercantiles porcuenta de
uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del
buen fin de la operación, asumiendo el riesgo y venturade la misma»; en conexión con él,
el art. 2, f) de la citada Ley considera relación laboral especial «la dequienes intervengan
en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y
ventura de aquéllas».
c) En conexión con los dos anteriores, se promulgó el Real Decreto 1438/1985, de 1
agosto, estableciendo en su art. 1.º su ámbito para quienes «actuando bajo
denominación de representante, mediador o cualquiera otra con la que se le
identifique en el ámbito laboral, se obliga con uno o más empresarios, a cambio de
una retribución, a promover o concertar personalmente operaciones mercantiles por
cuenta de los mismos, sin asumir riesgo y ventura de tales operaciones, excluyendo
su art. 2, b) de la citada norma quot;a los titulares de una organización empresarial
autónomaquot;».
Las disposiciones mencionadas son anteriores ala entrada en vigor del Real Decreto
2621/1986, de 24 diciembre ( RCL 19863886 ), que integró en el Régimen General de la
Seguridad Social a los representantes de comercio.
SEPTIMO.-
Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de apelación, sin
que proceda hacer expresa imposición de costas, a tenor del art. 131 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Leyre Barreña
Esther Bilbatua
Ainhize Valdivielso
31 taldea
TTIPI