1. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo
Social).Sentencia núm. 1098/2000 de 11 abrilAS20005158
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala
de lo Social).
Sentencia núm. 1098/2000 de 11 abril
AS20005158
TRABAJADORES AUTONOMOS: accidente no laboral: infarto de miocardio: inexigibilidad período de
carencia; incapacidad permanente.
Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 1936/1999
Ponente: Ilmo. Sr. D. joaquín luis sánchez carrión
El TSJdesestimael recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 4 de Granada, de fecha 10-5-1999, en autos promovidos sobre
reclamación de incapacidad permanente absoluta.
En la ciudad de Granada, a once de abril de dos mil.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta
por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 1936/1999, interpuesto por Instituto Nacional de la Seguridad
Social contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de los de Granada en fecha 10
de mayo de 1999 en Autos núm. 463/1996, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Joaquín Luis
Sánchez Carrión.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero
PRIMERO
En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por don Alberto M. G. en reclamación
sobre invalidez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha 10 de mayo de 1999, por la que
estimando la demanda formulada por el actor, declaraba al mismo en situación de IPA para toda
profesión, derivada de accidente, con derecho a una pensión mensual vitalicia del 100% de su base de
32.245 pesetas, condenando a los Organismos demandados a estar y pasar por ello, así como al abono
de tal pensión.
Segundo
SEGUNDO
En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:
«I.–Don Alberto M. G., titular del DNI..., con domicilio a fines de notificaciones en calle Severo Ochoa,
..., y profesión Asesor Fiscal, se encuentra afiliado a la Seguridad Social, Régimen de Autónomos, con el
núm. ..., siendo su categoría y su base reguladora 32.245 pesetas.
II.–Que el actor ha acreditado un período efectivo de cotización de 1.202 días.
III.–Por la UVMI de Granada, con fecha 24-11-1995, previo reconocimiento médico y estudio clínico del
demandante, emite dictamen obrante a los folios 20 y 21 y que se da por reproducido con juicio clínico
laboral de: “no puede realizar actividades laborales”. El actor se encuentra en IT desde el 2-8-1993.
Según se infiere del “informe de alta” de fecha 5-8-1993 (folio 91): “hoy (se está refiriendo al día
2-8-1993) mientras se dirigía (el actor) a su trabajo sufre cuadro de dolor precordial acompañado de
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cortejo VEG florido de 2 minutos de duración...”, siendo diagnosticado de IAM anterior. Se da por
reproducido a fines probatorios citado informe.
IV.–La CEI de la Dirección Provincial del INSS, determina en el actor, el siguiente cuadro residual:
Linfoma angiocéntrico periférico, infarto agudo de miocardio; y propone la declaración de IPA.
V.–Por resolución de la Dirección Provincial del INSS, de fecha 18-1-1996, se deniega la solicitud de
prestación de invalidez por no acreditar el período mínimo de cotización exigido para causar pensión de
invalidez permanente.
VI.–Por escrito del demandante, presentado en el INSS en fecha 26-2-1996, se formula reclamación
previa, basándose en el infarto sufrido se produjo en el lugar de trabajo. Por acuerdo del INSS de fecha
11-3-1996, salida 020862, se desestima la reclamación previa».
Tercero
TERCERO
Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por Instituto
Nacional de la Seguridad Social, recurso que posteriormente formalizó, siendo en su momento
impugnado por el contrario. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al
Ponente, para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Unico
UNICO
Con amparo procesal único en el apartado c) del art. 191 de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) ,
denuncia el INSS recurrente infracción de la Disposición Adicional 12 –que debe referirse a la
Decimotercera, punto 2– del RD 9/1991, de 11 de enero ( RCL 1991, 111) , del 138.2 de la LGSS ( RCL
1994, 1825) y de la jurisprudencia del TS que cita en su escrito, entendiendo que la contingencia de la
que derivan las secuelas del actor es una enfermedad común y no un accidente de trabajo, por lo que le
es exigible el período mínimo de carencia.
Hay que matizar que en el presente caso no se debate si el IAM acaecido al actor al dirigirse a su
trabajo de Autónomo es o no un accidente laboral, puesto que, al tratarse de un trabajador del RETA y
haber tenido lugar el hecho causante en el trayecto, tanto la parte actora como la sentencia de instancia
admiten que dicha contingencia no tiene la naturaleza de accidente de trabajo. Lo que aquí realmente se
discute es de si nos encontramos ante un accidente no laboral, acaecido en trayecto, fuera del tiempo y
lugar de trabajo, lo que lo haría asimilable al accidente laboral en cuanto a que el RD de 11-1-1991 sobre
Normas de Cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, protege las contingencias por cualquier tipo de accidente sufrido por los trabajadores del
RETA, eximiéndolas de la carencia mínima exigida para lucrar las prestaciones de invalidez.
Es cierto que el accidente laboral no aparece protegido en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, según la relación de contingencias protegidas establecida en los artículos 27 y 36.2 del
Decreto 2530/1970 ( RCL 1970, 1501, 1608 y NDL 27459) y 74 de la Orden de 24 de septiembre de 1970
( RCL, 1970, 1609 y NDL 27460) , que consideran los grados invalidantes, incluida la gran invalidez,
como derivados de contingencias comunes, en todo caso, siendo característica de dicho Régimen la no
diferenciación entre el carácter común o profesional de los riesgos.
Sin embargo, después de haberse introducido en dicho Régimen Especial las mejoras de asistencia
sanitaria, incapacidad laboral transitoria y otras (en virtud del Real Decreto 1074/1977, de 23 de abril [
RCL 1977, 1048; ApNDL 12865 y NDL nota a 27459] , modificado nuevamente por el RD 1774/1978, de
23 de junio [ RCL 1978, 1587 y ApNDL nota a 12865] ), se dictó el RD 43/1984, de 4 de enero ( RCL
1984, 71 y ApNDL 12891) , por el que se amplió la acción protectora de cobertura obligatoria «...con la de
las prestaciones de asistencia sanitaria para los supuestos de enfermedad común, maternidad y
accidente, cualquiera que sea la causa que lo motive (artículo 1º.I)». A su vez, el Real Decreto 9/1991, de
11 de enero, por el que se dictan las Normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, señala en su Preámbulo que las variaciones de los tipos de
cotización en algunos Regímenes Especiales responden al propósito de ir logrando una equiparación, en
términos homogéneos, del esfuerzo contributivo realizado en los Regímenes Especiales en relación con
el que se produce en el Régimen General, afirmándose asimismo en dicho Preámbulo que la
modificación de determinados aspectos de la regulación contenida, en materia de pensiones, en el
Régimen de Autónomos, se concreta, entre otros extremos, en establecer que las pensiones de invalidez
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permanente, derivadas de accidente, se determinen y homogeinicen de acuerdo con las condiciones y
requisitos establecidos en el Régimen General. En esta misma línea, la Disposición Adicional
Decimotercera, punto 2, del referido RD matiza que «Para el acceso a las pensiones de invalidez
permanente derivadas de accidente, estando el trabajador en alta o en situación asimilada a la de alta, no
se exigirá ningún período previo de cotización, determinándose la base reguladora de tales pensiones
conforme a las reglas establecidas en el Régimen General».
De acuerdo con tales normas, y siguiendo un criterio que esta Sala comparte, son abundantes los
recientes pronunciamientos jurisprudenciales (por todos, en Sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, de fecha 15 de marzo de 1996; del de Andalucía [Sevilla], de la de enero de 1996; del TSJ
de Castilla y León [Valladolid] de 26 de noviembre de 1996 [ AS 1996, 3862] , del TSJ de Navarra de 12
de diciembre de 1995 [ AS 1995, 4667] , o del TSJ Castilla-La Mancha de 6-4-1998 [ AS 1998, 5911] )
que entienden que el tenor literal de tales preceptos no limita las prestaciones de invalidez, en el RETA, a
las secuelas derivadas de accidentes de trabajo, sino que aluden a los accidentes en general, sean o no
laborales, afirmando asimismo el TS en sentencia de 26-1-1998 ( RJ 1998, 1057) que «en el Decreto
9/1991 del 11 de enero, no se exige ningún requisito previo de cotización para el acceso a las pensiones
de invalidez, derivadas de accidente, sin que se distinga entre el no laboral y el accidente ocasionado en
el trabajo»; es por ello que lo que habrá que analizar seguidamente es si el IAM sufrido por el actor
cuando, según el incombatido Hecho probado 2º, se dirigía a su trabajo, es realmente un accidente o una
enfermedad común como así la califica el INSS. En las sentencias de 2-6-1994 ( RJ 1994, 5400) ,
25-1-1995 ( RJ 1995, 411) y 27-5-1998 ( RJ 1998, 5700) , el TS define el «accidente», en general, como
«un suceso imprevisto y desgraciado del que resulta un daño», destacando el carácter súbito del
accidente frente al carácter lento de la «enfermedad». Se mantiene, por ende, la doctrina tradicional de la
jurisprudencia de la Sala 4ª sobre las diferencias entre «accidente» y «enfermedad», presuponiendo esta
última un deterioro lento y progresivo del que la sufre aunque sea debida a causas externas, a diferencia
del «accidente», que implica una «lesión corporal», es decir, y como viene destacando desde antiguo la
jurisprudencia (STS 17-6-1903), que, en su acepción más estricta, es un daño sufrido por el cuerpo del
accidentado por la acción o irrupción súbita y violenta de un agente exterior, o, lo que es igual, que para
que se dé el accidente no es imprescindible que un agente extraño cause directa y de modo adecuado la
lesión corporal, bastando que la situación asumida sea elemento necesario para la lesión o daño, siendo,
también, entonces, el hecho accidental ( STS de 26-12-1988 [ RJ 1988, 9909] ).
Y si bien es cierto, como alega el INSS, que la más reciente jurisprudencia del TS se ha pronunciado
en el sentido de denegar la presunción de accidente de trabajo en las dolencias manifestadas «in itinere»
( SSTS de 23 de marzo de 1981 [ RJ 1981, 1396] , 27 de febrero de 1984 [ RJ 1984, 934] , 4 de julio de
1995 [ RJ 1995, 5906] , 21 de septiembre de 1996 [ RJ 1996, 6766] y las más recientes de 20 de marzo
de 1997 [ RJ 1997, 2590] , 16 de noviembre [ RJ 1998, 9825] , 14 [ RJ 1998, 10507] y 21 de diciembre de
1998 [ RJ 1999, 314] ), alcanzando tal presunción sólo a los acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, no
es menos cierto que la misma doctrina –que asimila a accidente laboral el accidente de trayecto en
sentido estricto (lesiones súbitas y violentas producidas por agente externo)– ha mantenido la inclusión
del infarto de miocardio en el área del accidente laboral siempre que exista una relación de causalidad,
añadiendo que «cuando no aparece acreditada la ruptura de relación causal entre el fallecimiento y el
trabajo debe otorgarse a aquél la calificación de accidente de trabajo» ( SSTS de 27 febrero [ RJ 1984,
934] , 2 octubre [ RJ 1984, 5219] y 10 diciembre de 1984 [ RJ 1984, 6358] , 22 marzo 1985 [ RJ 1985,
1374] , 12 de diciembre de 1985 [ RJ 1985, 6103] ), siendo, en definitiva, las circunstancias que
concurren en cada caso concreto las que han de determinar la relación de causalidad, que
inexcusablemente ha de existir, en algún grado, siquiera tenue pero suficientemente claro, entre trabajo y
accidente.
En el caso sometido al examen de la Sala, y de acuerdo con las anteriores consideraciones, la
invalidez del actor no deriva de una «enfermedad», sino de un «accidente», ya que no consta que el
causante sufriera el IAM a consecuencia de un deterioro físico desarrollado de forma paulatina que
pudiera derivar naturalmente en su acreditada situación invalidante, sino que la causa del IAM fue un
ataque repentino e imprevisto en el trayecto hacia su lugar de trabajo, lo que provocó una reacción en su
organismo, causándole las graves lesiones cardíacas que le originaron la situación de invalidez
permanente absoluta que por ninguna de las partes se discute; accidente, pues, que debe ser calificado
de no laboral, lo que conlleva a la inexigibilidad del requisito de carencia mínima para acceder a las
prestaciones de invalidez, según la disp. adic. 13ª.2 del RD anteriormente citado, por lo que la sentencia
de instancia que lo entendió así ha de ser confirmada, con desestimación del presente recurso de
Suplicación.
FALLAMOS
Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por Instituto Nacional de la Seguridad Social
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4. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo
Social).Sentencia núm. 1098/2000 de 11 abrilAS20005158
contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de los de Granada en fecha 10 de
mayo de 1999, en Autos seguidos a instancia de don Alberto M. G. en reclamación sobre invalidez contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con
advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de
doctrina que previene el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144 y 1563) y que
habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los diez días siguientes al de su notificación, con
advertencia a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, si es la recurrente, que al preparar el Recurso
deberá presentar certificación acreditativa de que comienza o, en su caso, el abono de la prestación de
pago periódico y que lo proseguirá durante la tramitación del recurso, sin cuyo requisito se tendrá por no
preparado.
Así por esta nuestra Sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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