1. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social, Sección
1ª).Sentencia núm. 658/2006 de 28 junioAS20061786
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo
Social, Sección 1ª).
Sentencia núm. 658/2006 de 28 junio
AS20061786
INCAPACIDAD TEMPORAL: hecho causante: recaída de IT anterior: la fecha de la segunda baja;
imputación de responsabilidades en orden a las prestaciones: del empresario: alta fuera de plazo.
Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 499/2006
Ponente: Ilmo. Sr. D. jesús maría martín morillo
El TSJdesestimael recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 2 de Santander, de fecha02-03-2006, en autos promovidos en
reclamación sobre responsabilidad en el pago de prestaciones.
En Santander a veintiocho de junio de dos mil seis.
En el recurso de suplicación interpuesto por D. Lucio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número Dos de Santander y Cantabria, ha sido nombrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Mª Martín
Morillo quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
Que según consta en autos se presentó demanda por D. Lucio, sobre Seguridad Social, siendo
demandados el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, y
que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia
en fecha 2 de marzo de 2006, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
SEGUNDO
Que como hechos probados se declararon los siguientes:
I.–El trabajador, D. Joaquín, afiliado a Seguridad Social con el núm. NUM000, ha venido prestando
servicios profesionales para la empresa Lucio, con antigüedad desde el 4 de marzo de 1997.
II.–El citado trabajador inició un proceso de Incapacidad Temporal derivado de enfermedad común el
14 de abril de 2001 causando alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente el 20 de
septiembre de 2001, pasando a percibir la prestación de Incapacidad Temporal en pago Directo del INSS
hasta el 7 de noviembre de 2001 fecha en que se dictó Resolución por la Dirección Provincial, del INSS
denegando al citado trabajador la declaración de Incapacidad Permanente en cualquiera de sus grados.
III.–El trabajador, Sr. Joaquín, no se reincorporó a su puesto de trabajo y el 26 de noviembre de 2001
inicia un nuevo proceso de Incapacidad Temporal por enfermedad común que finaliza el 14 de julio de
2002 en que es dado de alta por agotamiento del plazo máximo.
IV.–El empresario demandante, Lucio, procedió a dar de alta al trabajador el 30 de noviembre de 2001,
haciendo constar como fecha de alta el 22 de noviembre de 2001.
V.–Con fecha 4 de abril de 2005 el INSS dicta Resolución declarando indebidamente deducidas por la
empresa las cantidades abonadas por ésta al trabajador Sr. Joaquín en concepto de prestación de
Incapacidad Temporal correspondiente al período 26 de noviembre de 2001 a 14 de julio de 2002 por
importe de 5.402,89 euros.
VI.–Se ha agotado la vía administrativa previa.
TERCERO
Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado
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por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
En la demanda origen del pleito, el demandante solicitaba la revocación de la resolución administrativa
de 4 de abril de 2005 por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaraba indebidamente
deducidas las cantidades abonadas por el actor, en concepto de pago delegado de las prestaciones de
I.T., al trabajador Sr. Joaquín, durante el período comprendido entre el 26 de noviembre de 2001 al 14 de
julio de 2002 por un importe total de 5.402,89 euros.
Frente a la sentencia de instancia que, desestimando la demanda, confirma la resolución
administrativa, se alza en suplicación la representación letrada del actor y, desde la perspectiva que
autoriza el art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144 y 1563) , aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 abril, solicita la estimación de la demanda declarando como debidamente
deducida la cantidad de 5.402,89 euros.
SEGUNDO
Denuncia el recurrente, en el motivo único del Recurso, la infracción de las normas sustantivas y de la
jurisprudencia y, sin precisar cual es la concreta norma que estima infringida, alega que siempre había
actuado de buena fe y no había existido en la conducta de la demandante animo defraudatorio de ningún
tipo.
La cuestión a resolver en el presente recurso se concreta en determinar cual es la entidad responsable
del abono de la prestación I.T. derivada de contingencias comunes por la recaída de un proceso anterior
cuando el trabajador fue dado de alta en la Seguridad Social después de la baja médica, pues lo que en
definitiva persigue la recurrente, es que se declare no ajustada a derecho la reclamación que le formula
el Instituto Nacional de la Seguridad Social por haber abonado a un trabajador el subsidio por
incapacidad temporal siendo así que aquel no reunía el requisito de alta o de situación asimilada al alta al
tiempo de sobrevenir el hecho causante, descontando las cantidades pagadas por tal concepto de las
cotizaciones debidas en el período correspondiente.
Del invariado relato fáctico de instancia resulta que el trabajador Sr. Joaquín, en situación de I.T. desde
el día 14 de abril de 2001, fue dado de alta médica con propuesta de invalidez el día 20 de septiembre
siguiente, pasando a percibir a partir de ese momento la correspondiente prestación económica
directamente de la entidad gestora hasta el día 7 de noviembre de ese mismo año en que se resolvió el
expediente administrativo en el sentido de declarar que el trabajador no se hallaba afecto de invalidez en
ninguno de sus grados. En tal estado de cosas el trabajador inicia un nuevo proceso de I.T., por recaída
del proceso anterior, el día 26 de noviembre de 2001, tramitando la demandada su alta en la Seguridad
Social el 30 de noviembre siguiente.
En los supuestos de sucesión de procesos de I.T. acumulables a efectos de duración máxima de la
prestación, se plantea la cuestión de determinar el momento en que ha de entenderse producido el hecho
causante de la prestación de incapacidad temporal y, por tanto, el del momento en que han de reunirse
los requisitos precisos –en el caso de autos el alta– para alcanzar derecho a tal prestación: si es la fecha
de la primera baja o la de la segunda. La doctrina y la jurisprudencia vienen sosteniendo, con carácter
general, que cada recaída constituye un nuevo proceso que determinará la aplicación del régimen
jurídico que en ese momento corresponda –así lo expresan las SSTS de 24 de noviembre de 1998 ( RJ
1998, 10031) , 1 de febrero de 1999 ( RJ 1999, 1143) y 6 de noviembre de 2000 ( RJ 2000, 9633) –, para
supuestos en los que el trabajador no reunía la carencia necesaria cuando inició la I.T. y sí la alcanzaba
cuando se produjo la recaída; este mismo criterio lo mantiene la STS de 2 de octubre de 2003 ( RJ 2003,
7375) cuando de lo que se trata es del caculo de la base reguladora, razonado que «...esta nueva
situación es la que determina, en consecuencia, el reconocimiento del derecho y la cuantía del mismo, lo
que significa que, a salvo lo previsto, en cuanto a su duración en el precitado art. 9, es en el momento de
la recaída en el que habrá que volver a calcular la base reguladora de la prestación en atención a las
circunstancias concurrentes en ese momento de conformidad con las previsiones generales del art. 129
LGSS ( RCL 1994, 1825) y art. 13 del Decreto de 1972 ( RCL 1972, 1211) ».
Para determinar la entidad responsable del abono de la prestación debatida habrá que estar, por tanto,
al momento en que se produjo la segunda baja médica del trabajador y verificar si en ese momento la
empresa demandante había cumplido con las obligaciones de afiliación, alta y cotización que el art. 130
de la de la LGSS le impone. A este respecto debe tomarse en consideración que el art. 101.4 de la LGSS
( RCL 1994, 1825) establece que «...la situación de alta del trabajador en este Régimen general
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condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título...» y que, a su vez, el art. 102. 2
determina que las altas solicitadas fuera de plazo por el empresario no tendrán efecto retroactivo alguno;
esto preceptos han sido desarrollados por los art. 32.3.1º y 35.1.1º del Reglamento general sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero ( RCL 1996, 673 y 1442) , en el sentido de
que los empresarios deberán presentar las solicitudes de alta con carácter previo al comienzo de la
prestación de servicios por el trabajador, y que las altas solicitadas fuera de plazo sólo tendrán efectos
desde el día en que se formule la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo
reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha de la solicitud.
Tomando en consideración las reglas citadas la jurisprudencia (por todas SSTS de 23 de junio de 2003
[ RJ 2005, 4859] y 21 de septiembre de 2005 [ RJ 2005, 8364] ) viene declarando la responsabilidad
principal y directa del empresario por falta de alta, sin que le exonere de tal responsabilidad el alta
presunta o de pleno derecho; así en la primera de las resoluciones invocadas se resolvía acerca de quien
era el sujeto responsable del pago de la prestación de Incapacidad temporal, en un supuesto de falta de
alta en el momento de iniciarse de la prestación de servicios, si el empresario o la Mutua, y declara la
responsabilidad del empresario en el abono del subsidio porque el alta se ha realizado fuera de plazo
autorizado y las cotizaciones, aunque abonadas en el plazo autorizado, lo fueron con posterioridad al
hecho causante, por lo que su eficacia retroactiva no alcanzaría a esa fecha. La segunda de las
resoluciones invocadas, siguiendo ese criterio, que es también el contenido en las sentencias de 29 de
diciembre de 1998 ( RJ 1999, 450) , 3 de abril de 1997 ( RJ 1997, 3048) y 11 de diciembre de 1995 ( RJ
1995, 9086) , que resuelven supuestos de alta con posterioridad al accidente, concluye que la
responsabilidad directa es la de la empresa, por falta de afiliación, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria y del deber de adelantar las prestaciones por la Mutua, o en su caso por la entidad gestora,
apreciando la infracción del art. 32.3.1º del Real Decreto 84/1996 citado.
Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido es evidente que tampoco aquí la actuación del
recurrente, tramitando la solicitud de alta después de cursada la baja médica del trabajador, se ajustó a
las exigencias del artículo 32.3.1º del reglamento de 26 de enero de 1996 y demás preceptos
comentados y, por tanto, procede desestimar el motivo y el recurso interpuesto, en atención a lo
dispuesto por el art. 126.2 de la LGSS en relación con el art. 94.2.a) de la Ley de Seguridad Social de
1966 ( RCL 1966, 734 y 997) que imputan la responsabilidad directa al empresario infractor. Para (en)
estos supuestos.
TERCERO
Procede la imposición de las costas a cargo de la empresa recurrente de conformidad con lo previsto
en el art. 233 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144 y 1563) , en las que se incluirán en
concepto de honorarios del Letrado de la parte recurrida, impugnante del recurso, la cantidad de 600
euros.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicación interpuestos por la dirección Letrada de D. Lucio contra la
sentencia de 2 de marzo de 2006 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Santander en los autos
núm. 730/05, seguidos a su instancia el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, en reclamación sobre responsabilidad en el pago de prestaciones, confirmamos
la misma en todos sus extremos. Todo ello con expresa condena en costas a la recurrente que deberá
abonar, en concepto de honorarios de Letrado de la parte recurrida, la cantidad de 600 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles
de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para unificación de doctrina, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de su notificación.
Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de
esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. – En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
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