D.proc.const. otros proced.-

JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Otros procesos Constitucionales

* Juicio Político
* Declaratoria de Procedencia
* Responsabilidad Objetiva del Estado
* Extradición Internacional
* Facultad de Investigación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

* Fundamento Constitucional
* Antecedentes
* Destinatarios y Solicitante (Sujetos)
* Causas o supuestos de procedencia

* Procedimiento
* Consecuencias o Efectos

Fundamento Constitucional.-
Art. 109 Fracción I :
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas
competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los
servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el
artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

* Naturaleza Jurídica
ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL (Admva.-Jurisd.) que ESTABLECE AMBITOS DE
PROTECCIÓN para la FUNCION y el servicio PUBLICO, así como el equilibrio de los poderes
públicos.

Acusaciones infundadas
En cuanto a los En cuanto al
Servidores Tiempo
públicos

Otras limitantes:
Inexistencia de
Vía o acción
En cuanto a la Acusaciones sustentadas Alterna para
materia Enmendar la
violación

GARANTIAS MINIMAS: Audiencia, Defensa,
Libre ofrecimiento de Pruebas.
PRINCIPIOS.- Legalidad, Publicidad, Imparcialidad
Objetividad.

ANTECEDENTES

ESTADOS UNIDOS
INGLATERRA
Constitución 1787
Caso Parlamento vs Impeachment MEXICO
Thomas W. Stanford “Bochorno”

Época Época
Virreinal Independiente

Proyectos:
Juicio de Reformas 1842 (ob-
Residencia jeción Otero),
1857 (Arriaga).

ANTECEDENTES.- Aspectos Doctrinales
SISTEMA EUROPEO En Primera Instancia
OCCIDENTAL O conocen el Parlamento y
AUSTRIACO. Legislaturas
Competencia en última provinciales, según sea el
rango del Enjuiciado.
Instancia del Tribunal o
Corte Constitucional.

SISTEMA ANGLO-
AMERICANO.-
SISTEMA FRANCÉS. Participación
Finca competencia a un Sistemas de preponderante de un
Tribunal Específico. Enjuiciamiento. Órgano Legislativo

Alta Corte de Justicia
Origen: Derecho Inglés
Impeachment.- Pasó a la
Legislación de E.U. con
matices Presidenciales.

ANTECEDENTES
El Proyecto y dictamen de la Constitución de 1857 (16 de junio de 1856)
Contempló el Juicio Político en el artículo 105 de la Constitución. Pero por
Confusión de los constituyentes se perdió el concepto en el de
“responsabilidad”.

El Congreso se constituía en JURADO DE ACUSACIÓN – no había Senado –
y la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, de SENTENCIA. (Combinación de
los modelos europeo y americanos). Se modificó en 1874
al restaurarse el SENADO.

En los Estados Unidos, cuando el enjuiciado es el Presidente, asume la
Presidencia del JURADO DE SENTENCIA – EL SENADO – el Presidente
de la Suprema Corte de Justicia. – El impeachment no incluye a los legisladores.

Hamilton “El federalista” justificaba la actuación del SENADO en lugar
De la Suprema Corte, como JURADO DE SENTENCIA, por el número de
sus integrantes –reparto de responsabilidad - y la trascendencia
de la decisión.

* Destinatarios (Sujetos)
AMBITO FEDERAL: Senadores y diputados al Congreso de la
Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los
Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el
Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el
consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal
Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y
fideicomisos públicos.

NOTA: No lo es el Presidente de la República.

AMBITO LOCAL: Los Gobernadores de los Estados, Diputados
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales
y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas
Locales.

La Resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus
atribuciones, procedan como corresponda.

Nota: Solo podrá interponerse durante el ejercicio de su encargo o
dentro del año siguiente a su culminación, y deberá terminar dentro del
año siguiente de su inicio.

* Solicitante o Peticionario
Cualquier ciudadano, por escrito, bajo su más estricta
responsabilidad, (Art. 109 Constitucional).

NIVEL FEDERAL: Cuando en el ejercicio de sus funciones incurran
en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. (Art. 109 Const.)

Reglamentación: (Art. 7 LFRSP)

Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su
buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.- El ataque a la forma de gobierno
republicano, representativo, federal;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o
sociales;
IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;

NIVEL FEDERAL: cuando en el ejercicio de sus funciones incurran
en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. (Art. 109 Const.)

Reglamentación: (Art. 7 LFRSP) (continuación)
VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales
cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios
Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción
anterior; y
VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y
presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito
Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos
económicos federales y del Distrito Federal.

NIVEL LOCAL: Violaciones graves a la Constitución y a las leyes
federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de
fondos y recursos federales

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los
actos u omisiones antes referidos.

Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración
de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto
por la legislación penal.

* Procedimiento
ÓRGANOS QUE INTEVIENEN

Cámara de Diputados Sección de Enjuiciamiento
Órgano Instructor y en su caso CAMARA DE SENADORES
De Acusación. (cuatro integrantes)

Comisiones Unidas de Gobernación Cámara de Senadores EN PLENO
y Puntos Constitucionales y de Justicia Jurado de Sentencia
(27 y 26 integrantes actualmente)

Subcomisión de Examen previo
de Denuncias y Juicios Políticos
(5 miembros de cada una, sus
Presidentes y secretarios)

Sección Instructora
(cuatro integrantes)

Pleno de la Cámara

Denuncia * Procedimiento
Por escrito y firmada desecha
Sría. Gral. De la

Posible revisión
Apoyada en pruebas Subcomisión de
Documentales o Cámara de Diputados Examen previo.
suficientes - Ratificación: 3 días post. Decide si:
Sección Instructora de la ACEPTA
Cámara de Diputados.
Practica todas las diligencias necesarias Pleno de las Comisiones
para comprobar la conducta, circunstancias Formula Unidas: Gobernación y
e intervención del denunciado. -60 días- Resolución Puntos Constitucionales y
prorrogables hasta por 15 más. De Justicia.
Emplaza al denunciado: Podrá Con o sin ellos, se formulan conclusiones
Comparecer personalmente o por escrito Fundadas y motivadas, que deben
En un términos de 7 días. Precisar si ha o no lugar a continuar el
Procedimiento.
Abre periodo de pruebas.- 30 días Naturales
(Ofrec.Adm.y desahogo).- Puede ampliarse Si ha lugar, debe tener por probada:
en caso necesario.
1.- La conducta o hecho denunciado y sus
Al término: Se pone el Exped. A la vista circunstancias.
De las partes. 3 días a c/u – primero al 2.- La Responsabilidad del enjuiciado
Denunciante- para que tomen datos. 3.- La Sanción a imponer: Destitución con
Formulación de Alegatos por escrito o sin inhabilitación.
Dentro de los 6 días Naturales. 4.- En su caso, decreto de remisión a la Cámara
de Senadores

Remite Conclusiones a los Secretarios de la CAMARA DE DIPUTADOS

* Procedimiento
Presidente de la Cámara: Lo anuncia al Pleno de la Notifican a las partes
DE DIPUTADOS Cámara y convoca para Secreta (Denunciante y Enjuiciado)
Recibe conclusiones. dentro de los 3 días siguientes rios Para que comparezcan y hagan
para conocimiento y resolución valer sus derechos

Da lectura a principales constancias o a una El día fijado en la convocatoria:
Síntesis, incluídas las conclusiones de la La Cámara de diputados se
Sección instructora. La Secretaría
erige formalmente, previa
Declaración en
Se concede la palabra a las partes JURADO DE ACUSACIÓN
empezando con el denunciante; en su caso
se otorga réplica y contraréplica
Se retira a las partes y se procede a votar
la decisión de aprobar o no las
CONCLUSIONES.

SI NO APRUEBA: SI APRUEBA:
Se ratifica al (Mayoría absoluta de Se designa comisión de 3 DIPUTADOS
Denunciado en su miembros presentes) para sostener la ACUSACIÓN
cargo Se ordena poner a
disposic. de la Cámara
de SENADORES SE REMITE AL
SENADO EN VIA DE ACUSACIÓN
No votan ni acusadores ni abogados

* Procedimiento Notifican a las partes
(Comisión acusadora y Enjuiciado)
Presidente de la Cámara: Para que presenten sus
Se turna a la sección de
DE SENADORES Alegatos (5 días siguientes).
ENJUICIAMIENTO DEL
Recibe el pliego acusatorio Puede escuchar a las partes y
SENADO
Desahogar diligencias.

El Presidente del Senado recibe el pliego y
Convoca al PLENO – para dentro de las
24 Hrs. Siguientes.- Transcurrido el término, con o sin
Si se trata de autoridades LOCALES se convoca La Secretaría ellos, emite sus conclusiones
A los 3 días siguientes. proponiendo la sanción que
deba imponerse.
Se cita a las partes (comisión de acusación,
enjuiciado y su abogado) por conducto
de la Secretaría Se retira al ENJUICIADO y con la
presencia de los DIPUTADOS se procede
A la hora señalada, el presidente hace la a discutir y a votar las conclusiones y a
Declaración formal de que el SENADO aprobar los puntos de acuerdos que
Se erige en JURADO DE SENTENCIA correspondan

La Sría. Da lectura a las CONCLUSIONES SI NO SI APRUEBA (2/3 partes de
De la SECCION DE ENJUICIAMIENTO APRUEBA: los miembros presentes),
Se ratifica al se aplica la sanción previa
Denunciado en declaratoria del
Se concede la palabra a las
su PRESIDENTE DEL
partes, comenzando con la COMISION
cargo SENADO, salvo
DE ACUSACIÓN
autoridades Locales.
No votan ni acusadores ni abogados

EFECTOS DE LA RESOLUCION FAVORABLE DEL SENADO

DESTITUCION e
INHABILITACIÓN

“Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en
su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”. (Art. 110
Const.
El artículo 8 de la LFRSP plantea la segunda como OPTATIVA, desde 1 hasta 20 años.

LA DECISIÓN ES IRRECURRIBLE

“Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores
son inatacables”.
NOTA: (En teoría) La fracción XVI del artículo 107 constitucional prevé otro
mecanismo sin necesidad de Juicio político, para la destitución de los
servidores públicos. (Antecedentes: Eduardo Suárez – Ministro de Hacienda
de Ávila Camacho – se negoció; y López Obrador se encauzó.)


Otros procesos Constitucionales

* Fundamento Constitucional y
Naturaleza Jurídica
* Antecedentes

* Procedimiento

* Fundamento Constitucional
Artículo 111.- Vigente a partir del 28 de Dic. 1982.
LEY REGLAMENTARIA.- Ley Federal de Resp. De los Servidores Públicos.

* Concepto y Naturaleza Jurídica
Es el procedimiento a través del cual un órgano legislativo determina que
existen elementos de prueba suficientes para suponer que un funcionario
público (servidor público) en ejercicio de sus funciones y sujeto a inmunidad
constitucional, infringió la ley penal y ha lugar a separarlo de sus funciones
para ser sometido a investigación criminal y en su caso, a sufrir la sanción
penal que corresponda.
Usualmente se le conoce como procedimiento de DESAFUERO, aunque en
realidad, el derecho moderno no concede fuero en el sentido histórico a los
funcionarios Públicos.
La inmunidad – no fuero – de que gozan ciertos funcionarios, aunque puede
considerarse como una GARANTÍA CONSTITUCIONAL, tiene como origen el
eficaz desempeño de sus funciones y no la protección de sus actos individuales. Por
ello, las demandas del orden civil no requieren declaración de procedencia, ni opera si
el servidor público se encuentra separado de su ENCARGO.

* Naturaleza Jurídica
ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL que, al igual que el JUICIO POLÍTICO ESTABLECE
AMBITOS DE PROTECCIÓN para la FUNCION y el servicio PUBLICO

Acusaciones infundadas
En cuanto a los En cuanto al
Servidores Tiempo
públicos

Otras limitantes:

En cuanto a la
materia Acusaciones sustentadas

Que le sean
Hechos Atribuibles al Único medio de
Constitutivos de Servidor resarcimiento
Delito Público

* Antecedentes
1. Constitución de Cádiz de 1812.- Artículos 131 fracción
XXV, 228, 229, 254 y 261. – EL REY ERA JURIDICAMENTE
IRRESPONSABLE, no así sus Ministros quienes debía refrendar los
actos de éste, para que fueran válidos.

Art. 168. “La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a
responsabilidad”.

Sin embargo, los actos del REY sin el refrendo de sus ministros NO SON
VALIDOS.

* Antecedentes
2. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana
(Constitución de Apatzingán) de 1814. Artículos
59, 120, 146, 147, 149, 150 y del 224 al 228

3. Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de
diciembre de 1822.- Artículos 62 al 64 y 79

4. Reglamento del Soberano Congreso del 25 de abril de 1823.-
Artículos del 44 al 48

5. Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana del 16 de
mayo de 1823.- Artículo 8º.

* Antecedentes
6. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de
octubre de 1824.- Artículos 38 al 40.

7. Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana del 29 de
diciembre de 1836, en la segunda, tercera, cuarta y quinta ley.

8. Proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836, del 30 de
junio de 1840, en sus artículos 63, 69, 99, 116, 117, 118 y 160.

9. Primer Proyecto de Constitución Política de la República
Mexicana, del 25 de agosto de 1842.- Artículos 84, 85, 86, 128 y 169

10. El Decreto de Gobierno del 9 de julio de 1842 de Antonio López de
Santa Anna, artículos 1º, 2º y 3º

11. Segundo Proyecto de Constitución Política de la República
Mexicana de 1842.- Artículo 76.

* Antecedentes
12. Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana
del 2 de noviembre de 1842, en sus artículos 73, 74, 93, 119 y 138.

13. Bases Orgánicas de la República, acordadas por la Honorable
Junta Legislativa establecida conforme a los decretos del 19 y 23 de
diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional
con arreglo a los mismos decretos el 12 de junio de 1843 y publicadas
por bando nacional el 14 de junio de 1843 en sus artículos 76, 77,
78 y 197-

14. Ley sobre Organización del Tribunal que ha de Juzgar a los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del 23 de marzo de 1844.-
Artículo 13

15. Voto particular de Mariano Otero al Acta Constitutiva y de Reformas
de 1847 en su trigésimo cuarto párrafo.- Artículos 8º y 9º del proyecto

* Antecedentes
16. Acta de Reformas Constitucionales del 18 de mayo de 1847, en sus
artículos 12 y 13
17. En el Dictamen y Proyecto de Constitución Política de la
República Mexicana, del 16 de junio de 1856, de su sexagésimo
octavo párrafo del Dictamen al septuagésimo séptimo párrafo, y
artículos 106 al 109.

18. Decreto del Congreso de 13 de noviembre de 1874.- Artículos 104 y
105.

19. Decreto del Congreso del 13 de noviembre de 1874, que declara
aprobadas por la mayoría de las legislaturas, las reformas
constitucionales que se manifiestan en los artículos 104 y 105

20. Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, del 1º
de diciembre de 1916 de la ciudad de Querétaro.- Artículo 111.

* Antecedentes
En todos los antecedentes, se incluía también al Presidente de la
República como funcionario sujeto a sanciones de naturaleza
penal, aunque se limitaba a los delitos graves y traición a la patria, pero
además se incluía como causales las violaciones directas a la constitución
y al voto público.

A partir de la exposición de Motivos de la actual por Dn. VENUSTIANO
CARRANZA se suprimieron las causas relativas a las violaciones directas
a la Constitución y al voto público, por lo que ve al Primer Mandatario; en
aquéllas, se adujo lo siguiente:
“… El poder legislativo, que por naturaleza propia de sus funciones tiende siempre a intervenir en las de
los otros, está dotado en la Constitución de 1857, de facultades que le permitían estorbar o hacer
embarazosa y difícil la marcha del poder ejecutivo, o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una
mayoría fácil de formar en las épocas de agitación, en que regularmente predominan las malas pasiones y
los intereses bastardos.

Encaminados a lograr este fin, se proponen varias reformas de las que, la principal, es quitar a la
Cámara de Diputados el poder de juzgar al Presidente de la República y a los demás
funcionarios de la federación, facultad que fue sin duda la que motivó en las dictadura se
procurase siempre tener diputados serviles, a quienes se manejaba como autómatas…”

NIVEL FEDERAL.- Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de
la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura
Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento
Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto
Federal Electoral.

CASO ESPECIAL.- Presidente de la República – Art. 110 – “Solo por traición a la
patria y delitos graves del orden común”. Por falta de una adecuada reglamentación, en
realidad existe IMPUNIDAD Presidencial.
NIVEL LOCAL.- Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros
de los Consejos de las Judicaturas Locales.

En este caso, el efecto de la declaración será comunicado a las Legislaturas locales
para que procedan como corresponda.

Comisión de DELITOS durante el desempeño de su cargo.

En el procedimiento no se prejuzga en torno de la Responsabilidad o no
del funcionario; por tanto, la declaratoria de procedencia NO SIGNIFICA
necesariamente CULPABILIDAD, ni la NO DECLARATORIA significa
ABSOLUCIÓN.

* Procedimiento (Arts. 25 a 29 LFRSP)
DESECHA

DENUNCIA O Procedimiento análogo Sección Instructora
QUERELLA al de JUICIO POLITICO. Dictamen en 60 días
Hábiles - prorrogables

DESECHA
Si la Cámara de Diputados en Pleno
Decide por MAYORIA ABSOLUTA DA CURSO
DICTAMEN O
APRUEBA CON DE SUS MIEMBROS PRESENTES
VOTO INSUFICIENTE la procedencia del DICTAMEN.
(No pueden votar ni acusadores, ni
Abogados).
Queda a disposición de las autoridades penales competentes.
Inmediata separación de Empleo, cargo o comisión
No ha lugar a procedimiento ulterior
mientras subsista “el fuero”

Notas: Todo requerimiento no contestado por el enjuiciado, se entiende hecho en
sentido negativo. Es decir no priva el criterio de que “el que calla otorga”.
La Justicia Federal actúa como auxiliar de la cámara en la práctica de diligencias.


Inmediata separación de Empleo, cargo o comisión

Queda a disposición de las autoridades penales
competentes.

Las declaraciones y resoluciones definitivas de las Cámaras de Diputados
y Senadores son inatacables.

La NO DECLARATORIA no impide que la investigación siga su curso y se
proceda contra el funcionario, una vez concluido su encargo.

DISPOSICIONES GENERALES

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos
por cuya comisión el autor obtenga un beneficio
económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños
y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o
perjuicios causados.


INTRODUCCIÓN

“La existencia de un Estado de Derecho, solo es efectiva
cuando, además del sometimiento a las disposiciones jurídicas y el
establecimiento de los Derechos públicos subjetivos de la
población, el sistema jurídico incluye la responsabilidad plena de los
órganos estatales para lograr la integral protección del patrimonio
individual frente a la afectación que les pueda generar el ejercicio de
la función pública, a fin de hacer efectivo el principio de la lex
aquilia de que “Todo aquél que cause un daño, debe repararlo”
LA RESPONSABILIDA PATRIMONIAL DEL ESTADO MEXICANO. Luis
Humberto Delgadillo Gutiérrez.


PATRIMONIO
RESPONSABILIDAD

ESTADO
CONCEPTOS
BASICOS


CAPACIDAD, CUALIDAD U OBLIGACIÓN
RESPONSABILIDAD QUE HACE A ALGUIEN SUSCEPTIBLE DE
RESPONDER, ANTE ALGUIEN, DE SUS ACTOS
U OMISIONES.

CONJUNTO DE
PATRIMONIO
BIENES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS
CUYA TITULARIDAD ES ATRIBUIDA A UNA
PERSONA.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA INSERTA EN UN TIEMPO Y
ESTADO ESPACIO DETERMINADOS, QUE TIENE ENTRE SUS
OBJETIVOS, LA SATISFACCIÓN DEL BIEN COMÚN DE
SUS MIEMBROS, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES Y A TRAVÉS DE UN ORDEN
JURÍDICO AUTOIMPUESTO.


El Estado es la realidad jurídica de una ficción
sociológica, que existe como ENTIDAD autónoma;
es decir tiene PERSONALIDAD PROPIA.

Para poder cumplir sus fines, está dotado de
Autoridad y facultad de imperio. (Teoría del
contrato social – Rouseau-)
CONSECUENCIAS

Cuando lo ejerce de manera REGULAR, es decir, de
acuerdo a la REGLA O NORMA, su conducta es
JURIDICAMENTE IRRESPONSABLE, pues lo hace
en cumplimiento de su FUNCIÓN.

Finalmente, cuando sus actos, NO SE SUJETAN A
LA REGLA o a la NORMA, su conducta (actos u
omisiones), se vuelven IRREGULARES, y por
ende, rompe el equilibrio de “mando – obediencia”
frente al gobernado y por ende, debe RESPONDER
del resultado dañoso y objetivo causado.


¿Por qué?
Teoría del Riesgo.
Titularidad de la actividad
Indemnizatorias

potencialmente creadora de daños.
FUNCIONES

- Se supera la Teoría de la CULPA o
responsabilidad Civil subjetiva.
1.- Reparatoria
2.- Compensatoria

¿Para qué?

Estado de Derecho.- Restituir el
equilibrio económico roto por el Edo.

RESP. INDIRECTA O
SUBSIDIARIA.- Siguiendo el
Principio sujetivo o de la culpa.
(Ante imposibilidad o
Insolvencia del funcionario).

A partir de la Postguerra.-
Inicialmente Directa pero
IRRESPONSABILIDAD Fases Atenuada, y luego RESP.
PATRIMONIAL. evolutivas OBJETIVA, atendiendo a la
Duró Varios siglos. Teoría orgánica y de riesgo.
Italia (1948) España (1978).

Concepto de soberanía
implícito en la persona
del Monarca, y por RESP. INTERNACIONAL DE
ende en el principio: LOS ESTADOS.-
“The King can do not Por la conducta de sus Agentes
wrong” Principalmente en materia de
Derechos Humanos.


Responsabilidad SUBSIDIARIA (indirecta) del
CODIGO CIVIL DEL D.F. Estado por los daños causados por sus funcionarios en
1 OCT. 1932 ejercicio de su actividad oficial. (Naturaleza
ANTECEDENTES EN

subjetiva). Art. 1928.

Procedimiento para reclamar al Edo. En forma
MEXICO

1 ENERO 1942.- Ley de Depura- directa, indemnización por daños y perjuicios.-
ción de créditos a cargo del Go- Procedimiento poco accesible y complicado. Se
bierno federal. abrogó el 14 de Enero de 1988.

Responsabilidad directa y solidaria del Estado
10 ENERO 1994.- Reformas al (ACTOS DERIVADOS DE ILÍCITOS DOLOSOS)
Código civil y adición a la
LFRSP Responsabilidad subsidiaria (indirecta) en los
demás casos.


FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

Segundo Párrafo del artículo 113 Constitucional. (12 Junio 2002). Entró en
vigor el 1 de Enero de 2004.

“La responsabilidad del Estado por los daños que, con
motivo de su actividad administrativa irregular, cause
en los bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a
una indemnización conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.”

LEY REGLAMENTARIA: Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado.


FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

Durante el procedimiento legislativo, las comisiones dictaminadoras
determinaron con precisión que se buscaba establecer un régimen de
“responsabilidad directa y objetiva, sin necesidad de demostrar la culpa del servidor
público”.

“… Así pues, la doctrina moderna y los sistemas jurídicos de otros países nos han
llevado a la conclusión de que la responsabilidad del Estado debe regirse por los
principios propios del Derecho Público, en concreto del Derecho
Administrativo, estableciendo una responsabilidad directa y objetiva, sin
necesidad de demostrar la culpa del servidor público, siendo, en
cambio, indispensable la prueba del daño ocasionado y el nexo causal con la
actividad del Estado. En opinión de estas Comisiones, las iniciativas en dictamen
consiguen este propósito”.

FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

Sin embargo, no obstante lo claro y preciso del objetivo, el legislador pareció finalmente
titubear en cuanto a la radicalidad de su plantemiento y restringió la trascendencia de la
reforma sosteniendo:

“… Por otra parte, los miembros de estas Comisiones, después de haber deliberado sobre la pertinencia
de establecer un régimen amplio y general de responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, incluir
como susceptible la responsabilidad del Estado, y por ende, de las indemnizaciones respectivas, a toda
actividad lesiva de la Administración Pública que fuese consecuencia del funcionamiento ya sea
regular o irregular de la actividad administrativa del Estado, se ha considerado conveniente
restringir, cuando menos por algún tiempo, la responsabilidad del Estado exclusivamente a su
actividad administrativa irregular; máxime que se encuentran resistencias a aceptar que el Estado
pudiese ser responsable de los daños y perjuicios que con su actuar irrogue a los particulares en el caso
de haber actuado de acuerdo a los estándares medios de los servicios públicos, es decir, que sean
consecuencia de su actividad administrativa regular o normal.

En tal virtud, estas Comisiones han estimado que por el alcance nacional de esta iniciativa, es prudente
evaluar transcurrido algún tiempo, la operatividad del instituto jurídico de la responsabilidad
patrimonial del Estado, en los términos que más adelante se indican, para posteriormente reexaminar
la posibilidad de ampliar la cobertura de la responsabilidad del Estado a su actividad lesiva de
carácter regular, cuando se generen lesiones patrimoniales que los particulares no tuvieran la
obligación jurídica de soportar y que, honrando el principio de solidaridad social, pudiesen también ser
motivo de indemnización”.

FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

POSTURA DEL SENADO.- Dictamen de las comisiones
unidas:
“… No pasa inadvertido a esta Comisión, el hecho de que en el dictamen elaborado
por la Cámara de Diputados se haya precisado que “El alcance de la
responsabilidad del Estado se circunscribe a la lesividad de su actividad
administrativa irregular”. Dicha precisión es relevante, pues de esta manera se
logra conjugar, en forma por demás atinada, la noción de “daños” y el concepto de
“responsabilidad objetiva y directa.”

Lo anterior supone que siempre que la actividad del Estado cause daño a los
particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular;
porque lo irregular, en materia de responsabilidad objetiva, es la producción del
daño en sí mismo. En este sentido, no puede calificarse como regular una actividad
administrativa que como tal, cause daños a los particulares o gobernados.”

Es decir, parece que reitera la tendencia de enarbolar la tesis de la RESPONSABILIDAD
CIVIL OBJETIVA del daño causado, con independencia de la culpa o ilicitud de la
conducta dañosa.

Aspectos sustantivos de la
LEY REGLAMENTARIA

1.- Deroga parcialmente la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS, así como el artículo 1927 del CODIGO CIVIL FEDERAL.

2.- Fija las bases y procedimientos para indemnizar a quien sufra daños por ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA IRREGULAR del Estado, de manera objetiva y directa.

3.- DEFINE el concepto “Actividad Administrativa Irregular”, como aquélla que cause daños a los bienes
y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlos.

4.- SUJETOS ACTIVOS de dicha Actividad: Todos los ENTES PUBLICOS Federales.
a) Caso fortuito y Fuerza mayor;
5.- CAUSAS EXIMENTES: b) Que no sean consecuencia de actividad
administrativa irregular del Estado;
c) Derivados de hechos imprevisibles o inevitables
conforme a la ciencia o técnica existente al momento
del daño; y
d) Que el lesionado sea el único causante del daño.

LEY REGLAMENTARIA

a) Reales
b) Evaluables en dinero
6.- CARACTERES DE LOS c) Directamente relacionados con una o varias
DAÑOS Y PERJUICIOS personas; y
d) Desiguales a los que pudieran afectar al común de
la población

a) Con cargo a su presupuesto, sin afectar sus programas
ordinarios – En su caso, programación subsecuente –
7.- FORMA DE CUBRIR Suma TOTAL de recursos: 0.3% al millar del Presupuesto
LA INDEMNIZACIÓN de gasto programable.
b) En efectivo o en Especie
c) En orden cronológico de su determinación y conforme
a la fecha de la lesión.
d) Actualizaciones conforme al Código Fiscal de la
Federación.

LEY REGLAMENTARIA

Conforme a lo previsto en diversas leyes
atendiendo a la naturaleza de las lesiones
8.- CRITERIOS DE patrimoniales, personales o daño moral – sin
INDEMNIZACIÓN
exceder 20,000 s.m. D.F. por cada reclamante
afectado. (Ley Federal del Trabajo, código
civil, etc.).

Las sentencias Firmes deben inscribirse en un
REGISTRO FEDERAL DE INDEMNIZACIONES
9.- PUBLICIDAD
para efectos de publicidad.

CONFLICTO DE INTERPRETACIÓN “ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA IRREGULAR”

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2004.
Denuncia de invalidez de los artículos 389, 391 y 392 del Código Financiero del Distrito
Federal.

El artículo 389 limitaba la Responsabilidad patrimonial del Estado: “a los daños que se
causen a los bienes o derechos de los particulares, con motivo de su actividad
administrativa que no cumpla con las disposiciones legales y administrativas que se
deben observar”

Al respecto se aducía que con tal criterio, se vulneraba el sentido del artículo 113 párrafo
segundo de la constitución puesto que a diferencia del texto impugnado, se constreñía al
concepto de ilicitud y no el daño en si mismo ocasionado, como la única fuente de la
Responsabilidad patrimonial en el Distrito Federal.

Al final, esta controversia llevó a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA a confirmar la
validez y constitucionalidad de los Artículos Impugnados; así mismo, en sesiones
plenarias de fechas 28 y 29 de Enero y 7 de Febrero de 2008, estableció un nuevo criterio
de INTERPRETACIÓN de la responsabilidad Patrimonial del Estado y determinó los
requisitos mínimos a cumplir para poder exigirla.


Según ANA ELENA FIERRO y ADRIANA GARCIA
(RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
Interpretación de la SCJN del Artículo 113 Constitucional), el
criterio de interpretación propuesto por la corte, establece
las bases para eliminar los “incentivos perversos” que
hubieran podido generarse con una responsabilidad
patrimonial de tipo estricto, al establecer la limitante del
estándar previsto en la normatividad que rige la
actuación de la administración pública.


Actividad
Actividad VERTIENTES irregular
irregular DE =
= DISCUSIÓN Incumplimien
EN LA
Daño al to de una
SCJN
particular norma
jurídica

Responsabilidad objetiva plena Además del daño causado
con independencia del debe probarse que éste tuvo su
incumplimiento de un deber origen en la inobservancia de
de cuidado por parte del la norma por parte de la
particular. autoridad.


Posición de
Posición la Cámara
del Senado de
diputados

Según la Corte, se terminó ACOTANDO el
criterio Original de una Responsabilidad
civil objetiva Directa y plena del Estado.


Según la SCJN (10 votos), el legislador constitucional estableció un
SISTEMA MIXTO DE RESPONSABILIDAD.

-Objetiva y directa en cuanto a la responsabilidad del
ESTADO, sin necesidad de demandar al Servidor público; pero
-Pero solo en cuanto actos administrativos IRREGULARES, es
decir, cuando se incumpla con las obligaciones legales establecidas
o por el funcionamiento defectuoso de un servicio.

No se toma en cuenta el concepto DOLO o CULPA
(responsabilidad subjetiva), sino el ACTO u OMISIÓN irregulares
del Estado, al incumplir con la normatividad propia y como
consecuencia se ocasione un daño patrimonial.


ELEMENTOS A DEMOSTRAR:

- La imputabilidad material del acto o hecho al Estado en ejercicio
de sus funciones.
-La acreditación del cumplimiento IRREGULAR de los deberes y
obligaciones legalmente impuestos.
-Existencia de un daño cierto
-Nexo causal entre el acto o hecho administrativo y el daño
causado.


Modelo económico de los ilícitos culposos aplicado a la Responsabilidad
patrimonial del Estado.

Causantes Víctimas
Sujetos

Nivel de actividad o
Nivel de precaución o cantidad de acción que se
Factores
grado de cuidado ejecuta.

Accidentes bilaterales:
Influyen tanto el nivel de
Accidentes Unilaterales: Solo Tipos de cuidado como de actividad de
influye la precaución del Accidentes causante y de víctima. Ej.
causante. Ej. Acc. aéreo atropellamiento
- Los causantes no pueden
Inexistencia de dolo Tipos de ser al mismo tiempo
(intención de ocasionar Supuestos víctimas, ni viceversa y –
daño) Perfecta compensación
por daños.


REGLAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad estricta: El causante siempre responde de los
daños causados por su actividad.- Esto es óptimo en los “accidentes”
unilaterales porque la víctima no tiene opción de actuar con cuidado; pero no lo es en los
“bilaterales” porque incentiva de manera “perversa” a la víctima a no tomar precauciones.

Responsabilidad limitada: El causante solo responde si no cumplió
con el estándar establecido por la norma: No es óptimo en “accidentes”
unilaterales porque genera para la víctima mayores estándares de prueba; sí lo es
tratándose de “accidentes bilaterales” pues ambos aportan la precaución necesaria para
evitar el daño.

Regla de NO responsabilidad: La víctima es responsable de todos
los daños causados por el causante. En todo caso es nociva para la
víctima, pues la obliga a ser quien tome todo tipo de precauciones.

El objetivo social es lograr que los sujetos (causantes y víctimas) internalicen los
costos generados por la realización de su actividad y por tanto tomen las
precauciones necesarias para disminuir la generación de accidentes, y con
ello, al mismo tiempo se eficiente el servicio público


APLICANDOLO A LA ACTIVIDAD DEL ESTADO

Responsabilidad estricta: Servicios médicos y de salud.
Responsabilidad limitada: Ej. Reparación de vialidades..

Regla de NO responsabilidad: No se tienen ejemplos, por tanto no
aplica.
En conclusión, el estado deberá legislar y regular de manera precisa aquéllos
supuestos en que los actos administrativos generen RESPONSABILIDAD
ESTRICTA, y aquéllos en donde también los particulares deben tomar
precauciones.

Hasta antes de la interpretación de la SCJN, parecía preponderar la regla de la
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, pero generaba incentivos perversos para los
particulares en detrimento de la hacienda pública y del mejoramiento de los
servicios, pues en lugar de invertir en mejorarlos, se presupuestarían partidas
para indemnizaciones.

ASPECTOS PROCESALES. (Art. 17 a 35 de la LFRPE.)

1.- NORMAS APLICABLES: a) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; b)
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; c) Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
2.- En la demanda deben precisarse el o los servidores públicos involucrados en el acto
administrativo irregular.
3.- Previamente deben agotarse los recursos administrativos intentados contra el acto
administrativo.- LA NULIDAD O SU ANULABILIDAD no presuponen el Derecho a la
Indemnización.
4.- CRITERIOS DE ACREDITACION DE DAÑO PATRIMONIAL: a) Relación causa –
efecto (cuando sean identificables); b) En su defecto, la causalidad o concurrencia de
causas y agentes en la lesión inferida – análisis riguroso -

1.- La participación de
Terceros o del propio
PARTICULAR

1.- El daño sufrido CARGAS reclamante en el daño.
2.- La Responsabilidad PROBATORIAS ESTADO 2.- Inexistencia de causa
Del Estado. Materia de 3.- Origen imprevisible o
3.- No tener la obligación Pronunciamiento Inevitable.
Jurídica de soportarlo. Jurisdiccional. 4.- Caso fortuito o fuerza
mayor

CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES ASPECTOS PROCESALES. (Art. 17 a 35 de la LFRPE.)
CONDENATORIAS

1.- Existencia de relación de causalidad: ACTO ADMVO. – DAÑO
2.- Valoración y CUANTIFICACIÓN del daño causado.- Precisión
de criterios empleados.
3.- En caso de CONCURRENCIA de causas, individualización
razonada de montos y graduación de pagos en particular.

Revisión Admva. O
RECURRIBILIDAD Jurisdiccional.


1.- A partir del día siguiente de
UN ocurrida la lesión patrimonial.
AÑO 2.- A partir de la cesación de los
efectos lesivos del acto u omisión
TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN administrativa.

DOS Si existen daños físicos o
AÑOS Psíquicos de las personas.

El término de prescripción SE INTERRUMPE al momento de IMPUGNAR la legalidad
de los Actos administrativos causantes de los daños.

Se pueden celebrar convenios para CONCLUIR LA CONTROVERSIA mediante la
Fijación y pago de la cantidad conveniada. Para ello se requiere la autorización de la
Contraloría interna o el órgano de vigilancia.


La atribuibilidad de los hechos o actos daños, debe ser precisa
para cada autoridad o ente público. Si tuvo alguna intervención
el reclamante, se cuantifica y se deduce del monto total.

Cada uno responde solo de los daños que sus funcionarios
hayan ocasionado; si no se pudiera determinar habrá
responsabilidad solidaria entre todos.

Cuando exista responsabilidad por supraordenación existe
obligación por prestación directa o colaboración interorgánica.

Tratándose de realización de obras, responden de los daños
CONCURRENCIAS quienes las hayan proyectado, si quien las ejecuta no tuvo
opción para modificar el proyecto.
Estos responden de los daños, si el proyecto no hubiese tenido
deficiencias.

Si concurren autoridades FEDERALES y LOCALES, las primeras
responden en forma proporcional a su participación, y las
segundas en términos de su propia legislación local.

En concesiones solo responderá el estado cuando el daño se
produzca por una determinación del concesionante de
Ineludible cumplimiento para el concesionario.- Debe contratar
Seguros.


1.- El Estado puede Repetir contra el o los servidores públicos el pago de la
indemnización, previo procedimiento disciplinario en términos de la LFRPSP.
Las cantidades así obtenidas – recuperadas – se adicionarán según correspondan, al
fondo indemnizatorio.
OBSERVACIÓN: De resultar sancionador, El procedimiento disciplinario, contiene en
sí mismo el resarcimiento – hasta por tres tantos – del daño o perjuicio ocasionado, por
tanto, resultaría innecesario iniciar un nuevo procedimiento resarcitorio autónomo.
2.- CRITERIOS A CONSIDERAR: a) estándares promedio de la actividad administrativa;
b) Perturbación de la misma; c) Grado de intencionalidad en la conducta; d)
Responsabilidad profesional; y e) nexo con la producción del resultado.
3.- En su caso, el servidor público puede IMPUGNAR la resolución
condenatoria, mediante recurso de REVOCACIÓN o ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa en términos de la LFRSP.
4.- El Procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, suspende los
términos de prescripción contra el Servidor público por parte del órgano de Autoridad.

CONCEPTO
SUJETOS

NATURALEZA JURIDICA

PROCEDIMIENTO
ANTECEDENTES

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL EFECTOS

MATERIA DE LA INVESTIGACION

CONCEPTO

Mecanismo formalmente judicial y materialmente administrativo de control
constitucional, establecido como defensa excepcional de las garantías individuales y
la voluntad soberana de la ciudadanía manifestada en los comicios electorales.

NATURALEZA JURIDICA

Medio de Control Constitucional, de naturaleza sui géneris (ni jurisdiccional, ni
política) sustentada en un principio de RECONOCIMIENTO DE AUTORIDAD, a su
vez RESPETUOSA de la independencia de los PODERES Y DE SUS FUNCIONES.

NATURALEZA JURIDICA

TESIS Núm. XXXIV/2008 (PLENO)
FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN SU EJERCICIO LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ACTÚA CON EL OBJETO DE RECABAR
ELEMENTOS DE UN DELITO NI, MENOS AÚN, INVESTIDA DE LAS POTESTADES PROPIAS DEL
MINISTERIO PÚBLICO.

Facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales 2/2006.- Solicitantes: Cámaras de
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.- 29 de noviembre de dos mil siete.- Mayoría de siete
votos; votaron en contra Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. (Ausente: José Fernando Franco González Salas).- Dictaminador: Juan N. Silva
Meza.- Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.- Ministro encargado del engrose: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.

ANTECEDENTES

1.- “FUSÍLALOS EN CALIENTE”.- Sublevación de los marinos del barco
“LIBERTAD” en Veracruz, el 24 de Junio de 1879.
El Gobernador se comunicó – por telégrafo – con el Presiente Díaz para informarle;
éste le dijo que los fusilara. Al día siguiente inició las ejecuciones; cuando ya habían
muerto 9 de los doce, se apersonó el JUEZ DE DISTRITO e impidió la muerte de los
restantes, al decretarles el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.

Ante la indignación general del hecho, la SCJN decidió, a INSTANCIAS DEL
FISCAL PRINCIPAL – en ese tiempo parte de la CORTE – y con una proclama más
teórica patriótica que jurídica, efectuar una investigación, para la cual comisionó al
JUEZ DE DISTRITO en VERACRUZ, y le informó al “GRAN JURADO”
Nacional, requiriendo al ejecutivo por el otorgamiento de las GARANTIAS
NECESARIAS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN.

El Ministro de Justicia, argumentó que la SCJN carecía de facultades para dirigir
excitativas al ejecutivo; sin embargo por razones humanitarias, se ordenó la
sustitución del COMANDANTE DE LA PLAZA en Veracruz.

ANTECEDENTES

Con respecto a ello, la corte manifestó que: EXCITAR “es lo mismo que
mover, agitar, facilitar o ayudar a otro a que ejecute algo, y tratándose de los poderes
entre sí, de los cuales, generalmente hablando, ninguno tiene superioridad sobre el
otro, la corte usó de una fórmula aceptable al dirigirse al Ejecutivo.

El Gran Jurado se declaró incompetente para hacer cualquier pronunciamiento al
respecto; y en realidad, ningún ordenamiento autorizaba la intervención de la corte
en ese tipo de asuntos.

ANTECEDENTES

2.- CONSTITUCION FEDERAL DE 1917.- Artículo 97 TERCER PÁRRAFO.
“Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de circuito y
Jueces de Distrito supernumerarios que auxilien las labores de los Tribunales o juzgados donde
hubiera recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y
expedita; y nombrará a alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o
Magistrado de circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales, cuando
así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras de
la Unión o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta
de un Juez o Magistrado Federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación
de alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún otro delito
castigado por la Ley Federal.”

3.- En 1977 se eliminó del párrafo transcrito lo referente a la violación al VOTO
PÚBLICO, y se incluyó en otro, según el cual dicha facultad solo podría ejercerla en el
supuesto de que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de TODO EL
PROCESO de elección de las cámaras o del Titular del Ejecutivo.

ANTECEDENTES

4.- En 1987 volvió a modificarse el citado artículo 97, estableciendo en su segundo
párrafo:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o
algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados
especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente
para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos
que constituyan una grave violación a alguna garantía individual”.

TEXTO CONSTITUCIONAL ACTUAL
MARCO JURÍDICO

Con motivo de las Reformas Constitucionales de 1994 y la creación del Consejo de la
Judicatura, El 31 de Diciembre de 1994, se modificó el párrafo de referencia para darle
intervención a éste órgano en la Investigación de la conducta de Jueces y Magistrados
Federales.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o
algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados
especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las
Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que
averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna
garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe
la conducta de algún juez o magistrado federal”.

“La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún
hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en
que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de
alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar
oportunamente a los órganos competentes.”

TEXTO CONSTITUCIONAL ACTUAL
MARCO JURÍDICO

Esta facultad de Investigación, no se encuentra actualmente REGLAMENTADA, y
cuando ha sido ejercida por la SCJN lo ha hecho elaborando sus propias normas y
mecanismos.
Para algunos ello implica una omisión legislativa que debiera subsanarse, para
otros, constituye parte de la FUNCION DE FLEXIBILIDAD y LIBERTAD
INDAGATORIA de la SCJN, que por ende debe conservarse.

Al respecto, se encuentra en vigor el “ACUERDO General número 16/2007, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en el que se establecen
las Reglas a que deberán sujetarse las Comisiones de Investigación que se
formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo
97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”, publicado en el DOF el 22/08/2007. Emitido de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 11 fracción XXI de la LOPJF, que le otorga al
pleno la atribución de reglamentar el ejercicio de sus facultades y emitir
acuerdos generales en la materia de su competencia. (Contiene 26 reglas).


1.- VIOLACIÓN GRAVE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES

Con respecto a éste concepto, la corte ha emitido el siguiente criterio:
“GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACIÓN GRAVE DE ELLAS PARA LOS
EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL.- Las violaciones
graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un “estado
de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando
ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con
estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de
la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los
individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales, se actualiza cuando la sociedad no
se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica a consecuencia de que: a) Las propias
autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los
actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean
violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones . b) que frente a un desorden
generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones
pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las
garantías individuales”. (TESIS P-LXXXVI/96, Semanario Judicial de la Federación y su
gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, p. 459.)


1.- VIOLACIÓN GRAVE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES

La Investigación debe ser sobre hechos consumados e irreparables; es decir su resultado carece de
efectos restitutorios.
Debe proceder cuando la violación haya producido clamor y escándalos nacionales como resultado
de ciertos acontecimientos.
La finalidad es dar confianza al pueblo de que algo se está haciendo al respecto y por un órgano de
la jerarquía de la Suprema Corte.

En cuanto al solicitante
En cuanto a su naturaleza jurídico-procesal
DIFERENCIAS CON EL
AMPARO En cuanto a sus efectos
En cuanto a su causa
En cuanto a su finalidad


2.- VIOLACIÓN AL VOTO PÚBLICO

El concepto de VIOLACIÓN AL VOTO PÚBLICO, se refiere a la trasgresión de los derechos
ciudadanos de ejercer el sufragio en la renovación de los poderes públicos FEDERALES, de manera
personal, intransferible, secreta y libre.
Su facultad se limita a ELECCIONES FEDERALES, que pongan en duda la LEGITIMIDAD en la
integración del CONGRESO FEDERAL o del PODER EJECUTIVO.
Por tanto no procede por violaciones al voto en procesos electorales LOCALES.

SUJETOS
Personas legitimadas para
Solicitar la Investigación

DE OFICIO. Se entiende a propuesta de
alguno de los señores Ministros, aprobado
por el pleno.

El Presidente de la República
VIOLACIÓN GRAVE A
GARANTÍAS Alguna de las Cámaras del Congreso
INDIVIDUALES de la Unión

Los Gobernadores de los Estados.-
Desde luego alguno o algunos de ellos. Se
homologa a éstos, por identidad de funciones, al
Jefe de Gobierno del D.F.

SUJETOS
Personas legitimadas para
Solicitar la Investigación

VIOLACIÓN AL Actualmente solo de
VOTO PÚBLICO OFICIO, cuando así se juzgue
conveniente.

SUJETOS
Personas encargadas
de realizar la Investigación

Alguno o algunos de los MINISTROS DE LA S.C.J.N.

Algún Juez de Distrito

Algún Magistrado de Circuito

Uno o varios comisionados especiales.- En realidad cualquiera
de los anteriores asume el rango de “comisionado especial”. Sin
embargo se da a entender que podrían no pertenecer al Poder
Judicial, o a los rangos antes señalados.

PROCEDIMIENTO

Atendiendo a la circunstancia de que el ejercicio de la INVESTIGACION es facultativa
– no obligatoria -, se ha dicho que la CORTE goza de total libertad para normar y
establecer el procedimiento a seguir; máxime que no existe ninguna LEY QUE LA
REGLAMENTE.

Precisamente, ante la incertidumbre jurídica de los terceros en torno del ejercicio de
esta facultad de investigación, el PLENO DE LA CORTE aprobó el acuerdo 16/2007
fechado el 20 de agosto de 2007, aduciendo en su considerando cuarto:
“Es indudable que la facultad de investigación conferida en el artículo 97, párrafo segundo, de la
Constitución Federal , a esta Suprema Corte, tiene eficacia inmediata, sin necesidad de que se
detalle en una ley o reglamento su desarrollo; sin embargo, también es innegable que, en los
últimos años, se ha ejercido con mayor frecuencia tal facultad, de ahí la conveniencia de
establecer las reglas mínimas a que deberá sujetarse su ejercicio en todos los casos en
que se acuerde favorablemente, a fin de que exista certeza y uniformidad en éstos, por lo
que también es necesario que tales reglas consten por escrito y se les dé publicidad.

PROCEDIMIENTO

Su actuación debe sujetarse y respetar en todo momento, los principios constitucionales y
derechos fundamentales de todos los sujetos involucrados. La regla 3 dispone además:
“Los comisionados deberán actuar en todo momento con estricto apego al marco
constitucional, con pleno respeto a las garantías individuales y sujetándose a lo señalado
en el presente Acuerdo.”

Las investigaciones deberán desarrollarse con total imparcialidad, objetividad e independencia y con
pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.

Las reglas que establecen facultades y obligaciones para las Comisiones serán aplicables, en lo
conducente, al Comisionado que designe el Pleno, para realizar una investigación.

La investigación versará sobre hechos consumados y por lo general no podrá durar más de
seis meses.
Se debe rendir un informe MENSUAL de las actividades que se realicen.

PROCEDIMIENTO

FACULTADES EXPRESAS – según acuerdo – DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA:
1. Solicitar de autoridades o servidores públicos, todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación
con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial;
2. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulte necesaria para la investigación, a fin de que
manifiesten los hechos o datos que les consten;
3. Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, ya
sea personalmente o por conducto del personal bajo su mando, para revisar documentación que pudiera guardar
vinculación con la investigación, previo acuerdo que motive la pertinencia de la medida;
4. Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la investigación; y
5. Efectuar todas las demás acciones, que sean necesarias para la investigación de los hechos, ciñéndose en todo
momento a lo dispuesto en la regla 3 del presente Acuerdo.

¿ Puede sancionar a los particulares por estorbar, entorpecer o negar información?

Concluida la investigación, la Comisión formulará un informe preliminar en el que se relacionarán los
hechos y las constancias que obren en el expediente, así como todos los demás elementos de convicción
recabados, con el objeto de que el ministro que formule el dictamen lo considere y el Pleno determine en
forma definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves de garantías
individuales. Las conclusiones del informe, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación
e instrumentos que obren en el propio expediente. Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no
necesitarán ser acreditados, por lo que la Comisión investigadora podrá invocarlos al rendir su informe.
(REGLA 19).

PROCEDIMIENTO

CONTENIDO DEL INFORME PRELIMINAR: (REGLA 20)
1. Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violaciones graves de las
garantías individuales, así como de los que no tengan esa calidad;
2. Relación de los elementos de convicción que permitan presumir, en su caso, la realización
de hechos constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como el
cargo y nombre de las personas relacionadas con ellos;
3. Observaciones y análisis de las constancias y demás elementos que soporten las
conclusiones; y
4. Conclusiones

El ministro encargado de elaborar el DICTAMEN debe remitir copia del INFORME
PRELIMINAR a las partes involucradas para que en un plazo de 15 días realicen las
manifestaciones pertinentes.
Dicho dictamen deberá pronunciarse sobre si: existieron violaciones graves a las garantías
individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y determinar
los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como los demás
elementos que el Ministro o Ministros dictaminadores consideren necesarios

PROCEDIMIENTO

EL MINISTRO PONENTE somete el dictamen a la consideración del Pleno y una vez
aprobado, el Presidente lo remitirá a las autoridades que solicitaron la investigación y en
su caso, a las autoridades competentes.

EFECTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque no se dice expresamente en la Constitución, es evidente que el único
efectos consiste en enviar el resultado de su “AVERIGUACIÓN” a las autoridades
competentes (si se inició de oficio), o a los solicitantes, si fue a solicitud de parte.

El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en alguna conferencia, se pronunció por que
se realicen reformas constitucionales, para hacer vinculantes las conclusiones de la
SCJN obtenidas como resultado de la AVERIGUACIÓN.

Por su parte, Jorge Carpizo (“Nuevas Reflexiones sobre la función de investigación de la
Suprema Corte a 33 años de distancia”) le parece “monstruoso” que aún permanezca
vigente la facultad de investigación en materia electoral, pero por lo que ve a la
investigación por violación a garantías, considera que debe mantenerse como se
encuentra, pues sostiene que hecha la averiguación a cabalidad, las autoridades
competentes no actúan la responsabilidad política, jurídica y moral será de ellas, de las
organizaciones sociales y de la opinión pública, si no muestran fortaleza y firmeza para
exigir a las autoridades la aplicación de la ley y las correspondientes responsabilidades
a los presuntos culpables. Sostiene que la corte NO PUEDE TRASPASAR SU
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, pues su investigación y el informe
correspondiente aún cuando no vinculan jurídicamente a las autoridades, si poseen la
fuerza política y moral de la máxima instancia judicial del País.

EFECTOS DE LA INVESTIGACIÓN

En otro orden de ideas, en el seno del GRUPO DE TRABAJO DE REFORMA DEL
PODER JUDICIAL Subgrupo de Trabajo “Fortalecimiento del Poder
Judicial”, formado a partir de la LEY para la Reforma del Estado, el Diputado
FELIPE BORREGO ESTRADA, se pronunció por la ELIMINACIÓN DE DICHA
FACULTAD, aduciendo que rompe con el esquema de la división de poderes y
funciones, tiene un alcance limitado y es de aplicación excepcional, que no actúa
como tribunal ni emite una sentencia por carecer de facultad decisoria, así como de
atribuciones de coerción o ejecución. La facultad de investigación no es de naturaleza
jurisdiccional porque solo es una función investigadora en la cual la Suprema Corte
no tiene ninguna atribución de decisión.

Estima que a la fecha han cesado las causas que dieron origen a su inclusión
constitucional, como lo fueron la precariedad de los medios de control constitucional
existentes.
En su caso dijo, debía fortalecerse a la C.N.D.H.

Finalmente y después de escuchar opiniones en pro y en contra, se acordó que el
texto del artículo 97 debía ser reformado, y en el supuesto de mantener las
facultades de investigación debía emitirse la LEY REGLAMENTARIA que
estableciera el procedimiento respectivo.

Caso León.- Principios de 1946.- Represión
violenta y muerte de ciudadanos que protestaban
por un fraude electoral en elecciones locales. (más
de 50 muertos y más de 400 heridos) Se concluyó
que si existieron violaciones graves a las garantías
individuales. (copia al Presidente de la República
y al Gobernador de Guanajuato)

Caso Aguas Blancas.- 28 de Junio de 1995.-
(Emboscada por parte de la policía de GUERRERO, que
causó 17 personas muertas y más de 20 lesionadas).
PRECEDENTES Originalmente se negó la investigación oficiosa, así como la
petición de la COMISION MEXICANA DE DEFENSA Y
PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. por
carecer de legitimación. Finalmente se llevó a cabo a
solicitud del Presidente de la República.

Caso Sonora – Guardería ABC-
(actualmente en Trámite)

Caso Sonora – Guardería ABC- (actualmente en Trámite)

Por mayoría la corte decidió ejercer la facultad de investigación, designó a la
Sra. Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos –del Décimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito- y al
Magistrado Carlos Ronzón Sevilla –del Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito-, como integrantes de la
comisión investigadora, quienes iniciarán sus funciones a partir del 16 de
agosto del 2009.

Se precisaron DIEZ los puntos sujetos a investigación:


1.- Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al
origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios
de guardería, y analizar cuáles son los alcances y grados de
responsabilidad que existían entre las diversas autoridades
encargadas de implementar la política pública de guarderías, en
razón de tratarse de un beneficio de los niños y niñas en el ejercicio
del derecho a la salud y de los derechohabientes.


2.- investigar el origen y situación actual de los convenios de
subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen
instaladas guarderías en sus establecimientos.

3.- investigar el origen y situación actual de los convenios de
subrogación celebrados por el IMSS con particulares no patrones
para la prestación del servicio de guarderías.

4.- Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de
subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban
el servicio en la Guardería ABC.

5.- Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron
dicho convenio y su competencia, así como el procedimiento que se
observó para su otorgamiento y cumplimiento con la normatividad
relativa al funcionamiento como guardería.


6.- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de
inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones del
funcionamiento de la Guardería ABC y, en caso de hacer
observaciones, si se vigilaba el cumplimiento de las mismas.

7.- Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de
Hermosillo y del estado de Sonora, en relación con el otorgamiento
del permiso de uso de suelo y licencia de funcionamiento como
guardería, así como los demás otorgados respecto del mismo
inmueble y de los inmuebles aledaños.

8.- Analizar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios
encargados del buen funcionamiento de guarderías, las
consecuencias del accidente de fecha 5 de junio de 2009, en la
Guardería ABC, pudieron evitarse y, con ello, se hubiera podido
salvaguardar la vida de e integridad de los menores que se
encontraban en la misma.


9.- Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso.

10.- Identificar a las personas que participaron en los hechos
calificados como graves violaciones a las garantías individuales, tanto
del IMSS como del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora y
demás que resulten.

CONCEPTO: es un proceso por el cual un Estado entrega una o varias
personas que se hallan en su territorio, a las autoridades de otro Estado, para
que sea juzgado por los delitos cometidos en éste, o a fin de que cumpla condena
por un delito por el que ya fue juzgada.

Extraditable

Estado
requirente

EDO. REQUERIDO

PRESUPONE un acuerdo jurídico y político entre los estados implicados, y el
mutuo reconocimiento y respeto por su soberanía.

NATURALEZA JURIDICA

Es una forma del ejercicio de la soberanía que se materializa en el derecho
del Estado a castigar (ius puniendi) a alguien que no se encuentra en su
territorio

FUNDAMENTO

Necesidad de los Estados de concretar sus pretensiones punitivas sobre
un individuo que ha violado sus leyes internas pero que se encuentran
imposibilitados para ejercer su jurisdicción allende a sus fronteras

Evolución Histórica

Acuerdos políticos entre 29 septiembre de 1765.- Convenio
Reyes para la entre Carlos III de España y Luis
extradición de sus XV de Francia, para la entrega
enemigos políticos además de delincuentes comunes
en los delitos más graves.

Tratado de Amiens 1802
Actualmente hay un conflicto entre
entre España, Francia e
independencia política e
Inglaterra.- Convenio de
INTERDEPENDENCIA global. Los
extradición, exclusivamente
Paises del common Law son más
para delincuentes
proclives a entregar a sus nacionales
comunes.
que los del CIVIL LAW.

Pero se descarta la extradición por motivos políticos

Aspectos esenciales

5.- No se concede por motivos de
1.- Es un acto de Estado. religión, nacionalidad, opinión o
raza.
2.- Es un acto de soberanía
fundado en el principio de 6.- TIPOS: a) activa; b) pasiva; c)
reciprocidad. voluntaria; b)Espontánea
3.- Acto de solidaridad represiva
internacional.- Evitar la
impunidad del crimen y asegurar
el castigo de los delincuentes.
4.- Institución jurídica mixta: Regida
tanto por el derecho interno como
por tratados bilaterales y convenios
multilaterales.

Principios que se tutelan

1.- Jurisdicción

2.- Territorialidad.- Facultad
de reglamentar todos los 4.- De protección (protective
actos dentro de su territorio principle).- Ataques contra el estado
incluso en el extranjero y por
extranjeros.

3.-Nacionalidad (Active
personality.- Defensa de sus
nacionales. 5.- Universalidad.- Posibilidad de
castigar por cualquier país, en
ciertos casos. (delicti ius gentium)

Marco Jurídico vigente
1.- Constitución Política.- Art. 15, 119 Constitucional párrafo tercero:
Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni
para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde
cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los
que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre
y el ciudadano.
Art. 119.- Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el
Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta
Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes
reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será
bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

2.- Múltiples tratados Internacionales y bilaterales.- Por debajo de la Constitución
pero por encima de las Leyes Ordinarias.

3.- Ley de extradición Internacional (18 de diciembre de 1975)

Aspectos particulares
Ley de Extradición Internacional
29 de Diciembre de 1975

1.- El procedimiento preferente es el establecido en los TRATADOS y a falta
de éstos el previsto en la Ley.
2.- Intervención tanto del Poder Judicial, como del Poder ejecutivo (S.R.E. y
P.G.R.)
3.- Podrán ser entregados a quienes en otro país se haya incoado proceso
penal como presuntos responsables de un delito o sean reclamados para
ejecutar una sentencia.
4.- No se concede por razones políticas, situación de esclavo o fuero militar

Aspectos particulares
Ley de Extradición Internacional
29 de Diciembre de 1975

ARTICULO 7.- No se concederá la extradición cuando:

I.- El reclamado haya sido objeto de absolución, indulto o amnistía o cuando hubiere cumplido la
condena relativa al delito que motive el pedimento;
II.- Falte querella de parte legítima, si conforme a la ley penal mexicana el delito exige ese requisito;
III.- Haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley penal mexicana o a la ley aplicable del
Estado solicitante, y
IV.- El delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República.

La entrega del Extraditado se sujeta al cumplimiento de condiciones y compromisos:
a) Reciprocidad; b) No aplicación retroactiva ni delitos inconexos; c) Respeto a garantías procesales
vigentes en México – audiencia, defensa y prueba- d) No aplicación de pena de muerte y si se impusieran
las previstas por el 22 Constitucional, se impondrá la menos grave, e) No extradición a un tercer
estado, salvo caso excepcional; y f) otorgamiento de copia de resolución ejecutoriada y del proceso.

No procede mientras se esté compurgando una pena en México por delito cometido en el País.

Si hay CONCURRENCIA de peticiones se otorga en orden preferente: a) Prevista en tratado;
b)Territorialidad del Delito; c) Reclamante por delito mayor; d) La solicitud primera en
tiempo.

ASPECTOS PROCESALES

REQUISITORIA a Juez de Distrito
PAIS SRIA. DE REL.
la P.G.R. junto donde se halla el
REQUIRENTE EXTERIORES
con el Expediente delincuente.

Desahogadas Garantías de
S.R.E. decide si diligencias Audiencia y en su
otorga o no la necesarias se caso libertad bajo
extradición. Procede envía opinión fianza.
interposición de fundada a S.R.E.
Amparo. En tal caso se pone a
Si se niega se pone disposición de la PGR
En Libertad, salvo para que haga lo
Notifica o entrega a Estado requirente. Si la negativa es propio ante la
Por ser mexicano autoridad competente

ASPECTOS PROCESALES

1.-Delito

2.- Pruebas del delito y la probable responsabilidad; o
bien de la Sentencia ejecutoriada.

REQUISITOS DE LA 3.- Manifestación de aceptación, en su caso, de las
SOLICITUD condiciones de entrega.- Art. 10 – ( a falta de tratado)
En español o con su
4.- Transcripción auténtica de legislación penal
traducción
aplicable y constancia de vigencia.

5.- Texto auténtico de la orden de aprehensión

6.- Datos de identificación y de localización del
extraditable.

Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se requiere para que se subsanen.

ASPECTOS PROCESALES

1.-No adecuación a las normas del tratado o la ley

2.- Falta de identidad con la persona extraditable.
Excepciones oponibles a la
Solicitud de Extradición
(Derecho de audiencia ante el SE CUENTA CON 20 DIAS PARA PROBAR SUS
Juez de Distrito) EXCEPCIONES.- Mismo derecho del Ministerio Público
Las excepciones deben ser analizadas de oficio por el
Juez aunque no se hagan valer por el extraditable.

Decretada procedente la extradición, se pone al extraditado a disposición del estado
requirente por conducto de la PGR en el puerto fronterizo más próximo o a bordo de la
nave en que deba viajar.
Si transcurridos 60 días naturales, no se traslada al extraditado, recobra su libertad
absoluta por lo que ve a esos hechos.

Algunas reflexiones sobre extradición internacional
(Alfonso Gómez Robledo Verduzco.- Extradición en
Derecho Internacional.

LA FUERZA DEL DERECHO vs EL DERECHO de la FUERZA.- Uso de métodos extra
legales para “adquirir jurisdicción” (GENERAL NORIEGA en Panamá).
Caso ALVAREZ MACHAIN en MEXICO.- Se consideró por las autoridades mexicanas
como “SECUESTRO” y no como “SUSTRACCIÓN”, en violación a las normas del Tratado
celebrado en 1980. Se solicitó formalmente su REPATRIACIÓN.
El 10 de agosto de 1990 un juez de distrito de California, aceptó que los hechos
constituyeron una violación al tratado de referencia – reconoció la participación de la DEA
e informantes -, y refutó como absurdo el argumento del gobierno Norteamericano, en el
sentido de que NO SE HABÍA VIOLADO EL TRATADO porque NO SE HABÍA
REALIZADO UN PROCEDIMIENTO FORMAL DE EXTRADICIÓN.
En consecuencia debía REPARAR LA VIOLACION mediante la INMEDIATA
DEVOLUCIÓN del Dr. Alvarez Machain.
La corte de APELACIONES confirmó la sentencia del JUEZ DE DISTRITO.


La SCJ de los Estados UNIDOS emitió sentencia (15 junio 1992), por VOTO DIVIDIDO en
donde el PUNTO RELEVANTE FUE DETERMINAR, si un individuo, presunto
responsable de un delito habiendo sido secuestrado dentro de un país, con el cual los E.U.
tienen celebrado un tratado de extradición, adquiere por virtud de ello, una protección
contra la jurisdicción de los Tribunales Federales.
Sostenía que el tratado no dice nada a cerca de las obligaciones del estado en el supuesto de
la existencia de un secuestro. En consecuencia, aunque RECONOCIO QUE el procedimiento
pudo haber sido “ESCANDALOSO” y violatorio a los principios del Derecho
internacional, EL SECUESTRO NO SE HIZO CON VIOLACION AL TRATADO DE
EXTRADICIÓN EXISTENTE ENTRE MÉXICO Y LOS E.U, y si con la existencia de un
precedente jurisprudencial en el caso Ker vs Ilinois (1886). – Asimiló al SECUESTRO a un
método opcional para obtener jurisdicción y a la “reserva silenciosa” para recurrir a la
“autoayuda” para hacer más “expedito” el procedimiento legal.
Los disidentes hicieron referencia es único y sin precedentes y por tanto no debe sustentarse
en el invocado por la mayoría, además se adujo que el criterio mayoritario, transformaría a
los tratados y otras disposiciones “ en poco menos que mera palabrería y hueca
verbosidad”. Además no tomó en cuenta que no se trató de un SECUESTRO por
PARTICULARES, sino por el PROPIO EJECUTIVO, en violación al Derecho Internac.


La decisión de la CORTE se llevó ante el COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO por
el CONSEJO PERMANENTE DE LA O.E.A, quien confirmó (unanimidad de 9 nueve
votos y una abstensión) que la Sentencia de la CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS
UNIDOS fue VIOLATORIA de la normas del Derecho Internacional.
AL RESPECTO, el gobierno mexicano hizo un pronunciamiento formal en contra de la
decisión y tomó medidas al respecto en cuanto a los agentes de la DEA en México – que
solo se mantuvieron durante 24 horas – Y jurídicamente NO DENUNCIO el tratado
bilateral de extradición y optó, por la OPINIÓN CONSULTIVA ante la O.N.U.

Finalmente, la CORTE SUPREMA de los E.U., ha confirmado QUE UN TRIBUNAL
PUEDE POSEER JURISDICCION PERSONAL en contra de un presunto delincuente,
sin importar el método por el cual el defendido fue arrestado y puesto a disposición
de la corte.

GRACIAS POR SU ATENCION,
COMPRENSIÓN Y PACIENCIA

D.proc.const. otros proced.-

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