La certificación de derechos humanos de Estados Unidos a Colombia ha tenido un impacto positivo a pesar de la falta de autoridad moral de Estados Unidos. Aunque la certificación se origina como una forma de Estados Unidos de dictar cátedra sobre moralidad, ha forzado a las fuerzas militares y policiales colombianas a tomar más en serio los derechos humanos a través de cursos de capacitación y el traslado de casos de violaciones a la jurisdicción ordinaria. Esto ha disminuido los abusos por parte del personal bajo el m

1. LA CERTIFICACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE ESTADOS UNIDOS A
COLOMBA
Autor: ÓSCAR JAVIER MARFTÍNEZ FLÓREZ
¿Y con qué autoridad? Exclaman algunas voces exaltadas. Se indignan con razón.
El gobierno de Estados Unidos no es precisamente un modelo de respeto de los
derechos humanos. En años recientes el mundo se conmovió con las
escandalosas imágenes de torturas practicadas por militares de ese país en las
cárceles de Abu Ghraib en Iraq y de Guantánamo en territorio cubano, ambas bajo
control norteamericano, publicadas en las redes sociales. Pero se sienten con la
autoridad de dictar cátedra de moralidad a otros países. Y lo hacen con la
arrogancia propia de quien tiene el sartén por el mango, porque de esa
certificación depende el desembolso de millones de dólares, que cada año son
menos, y que Colombia requiere para financiar la lucha contra el narcotráfico,
contra la guerrilla y ahora para financiar el postconflicto.
Esta certificación se origina en la Enmienda Leahy, introducida en la ley de
presupuesto de 1997 e impulsada por organizaciones no gubernamentales, la cual
establece que si el Departamento de Estado halla evidencia de que una unidad
militar o de policía está implicada en violaciones de derechos humanos, sin que el
gobierno respectivo adopte medidas para sancionar a los responsables, esa
unidad no tendrá derecho a ayuda antinarcóticos por parte del gobierno de
Estados Unidos. La enmienda exige que el Presidente certifique al Congreso que
el país receptor de la ayuda no comete ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, torturas, encarcelamientos arbitrarios ni omisiones para investigar
y condenar a los responsables de tales violaciones.
Aunque no deja de ser antipático tener a un gobierno extranjero discutiendo sobre
la situación de derechos humanos en nuestro país, estar sometidos anualmente a
esta certificación para obtener fondos de ayuda en el campo militar y policial, a la
larga ha impactado positivamente en el comportamiento de la fuerza pública.
Militares y policías deben tomar cursos de derechos humanos dentro de su
proceso de formación. Los casos de violaciones que son denunciados,
eufemísticamente denominados “falsos positivos” son trasladados de la Justicia
Penal Militar a la Jurisdicción Ordinaria. Los comandantes de las respectivas
fuerzas son ahora menos proclives a tolerar los abusos por el personal bajo su
mando y ha disminuido su disposición de encubrir a los responsables de los
mismos como solidaridad automática o espíritu de cuerpo que fue el denominador
común en esas instituciones en tiempos menos recientes.
Finalmente debe recordarse que si Colombia no quiere ser vista como un país
paria en el concierto de las naciones, debe pagar un precio por ello que consiste
en demostrar el cumplimiento de ciertas condiciones que la comunidad
internacional considera indispensables, como son el respeto de los derechos
humanos, los cuales son universales y su violación ofende a toda la humanidad.
Quizá la lucha por estos derechos es el legado más importante que dejó la
Segunda Guerra Mundial y las atrocidades del régimen nazi. Si la certificación
contribuye para su mejoramiento, que los gringos lo sigan haciendo.