Durante 2001 siendo Representante Especial para Derechos Humanos de la Cancillería Argentina encabece ante la CIDH la defensa del Estado Nacional ante los reclamos patrimoniales que se habían presentado, el éxito de esas gestiones le permitieron al país ahorrase mas de mil millones de dólares. A continuación comparto con ustedes una recopilación de los artículos de prensa de distintos medios que cubrieron ese proceso.

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INDICE:
Índice Página 1
Juicios contra el país por más de $1000 millones
La Nación - Miércoles 28 de febrero de 2001 Página 2
Intento oficial por frenar reclamos
La Nación - Miércoles 28 de febrero de 2001 Página 5
Denuncia contra un diplomático argentino
La Nacion - Lunes 14 de mayo de 2001 Página 7
Oposición oficial a los juicios patrimoniales
La Nación - Martes 15 de mayo de 2001 Página 9
A la CIDH no van empresas
Página/12 – Julio de 2001 Página 11
Fallo en la OEA a favor de la Argentina
Clarín - Miércoles 18 de julio de 2001 Página 12
La Argentina a salvo de pagar 80 millones
Clarín – Jueves 19 de julio de 2001 Página 13
Desestiman un reclamo en contra del Estado
La Nación - Domingo 22 de julio de 2001 Página 14
Alivio oficial por un fallo de la CIDH
La Nación - Domingo 19 de agosto de 2001 Página 16
La Justicia investiga una firmita que vale cien palos
Página/12 – Miércoles 1 de agosto de 2001 Página 19
El Gobierno se ahorra juicios por US$ 1.000 millones
Clarín - Lunes 20 de agosto 2001 Página 22

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Miércoles 28 de febrero de 2001 | Publicado en edición impresa
Juicios contra el país por más de $1000
millones
La Argentina está demandada por más de mil millones de dólares ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, pese a su espíritu original, hoy acepta
tratar litigios netamente patrimoniales.
Esos millones son el precio fijado por sólo ocho demandantes -siete argentinos y un
chileno-, que presentaron sus casos ante la corte, que funciona en Washington, dependiente
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si bien es cierto que la corte aún no decidió si son admisibles las ocho demandas, en la
Casa Rosada se teme que la resolución sea adversa a los intereses del Gobierno. El paso
previo para tal admisión es que una comisión, que funciona como instancia previa a la corte
seleccionando los expedientes, dé vía libre al tratamiento de cada caso, un sí que ya otorgó
en requerimientos millonarios.
Por ejemplo, lo hizo a la realizada por José María Cantos, un empresario dueño del Nuevo
Diario de Santiago del Estero, que reclama 400 millones de dólares por la expropiación de
sus bienes que dice haber sufrido durante la última dictadura militar. Cantos llegó a la
CIDH luego de que la Corte Suprema de Justicia aquí rechazara sus reclamos por miles de
millones de pesos.
En los próximos días, la comisión de la OEA debe decidir si declara admisibles las causas
presentadas por el abogado Ernesto Galante, por 126 millones de pesos, y la planteada por
el banquero chileno Tomás Carvallo Quintana, que pide un resarcimiento de 81 millones de
pesos luego de que los gobiernos militares, y los de Raúl Alfonsín y Carlos Menem
clausuraro el banco del que era accionista, el Regional del Norte Argentino.
A estas tres demandas, las más abultadas, se suman otras cinco:son de profesionales que
consideran insatisfechos sus honorarios y de empresarios en quiebra. Además de la hecha
por un hombre que asegura haber sido expropiado de sus bienes por Menem, aunque luego
los habría recuperado. El querellante pide ahora "restitución a la inversa": en los hechos,
que vuelvan a quitarle sus propiedades a cambio de recibir dinero por ellas.

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Todas estas causas suman los más de mil millones de dólares que el Estado debería
desembolsar si tales reclamos lograran sentencias favorables.
Con el temor de que la CIDH diga sí, el Gobierno ya preparó su defensa: considera que no
le corresponde a la corte interamericanafallar en demandas patrimoniales.
Más allá de los abultados montos requeridos por los querellantes, el Gobierno debe hacerse
cargo además de los costos del proceso. Y todo ese dinero sale de las arcas de la
Cancillería, en rojo profundo desde antes de la asunción del canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini.
En el caso de la presentación de Cantos, la Cancillería paga a profesionales que patrocinan
al Estado desde 1984, cuando la CIDH decidió hacerse eco del pedido del empresario
santiagueño. Y desde entonces es que oficialmente se responde cada una de las
recomendaciones del organismo dependiente de la OEA.
La última respuesta fue avalada por Rodríguez Giavarini en abril último. Concluyó que "la
CIDH no es competente" en esta contienda. Tal contestación está aún muy lejos de ser el
punto final de la causa.
Quien representa oficialmente al Estado en todas las causas de esta especie, más allá de los
abogados privados, es el representante especial en el ámbito de los derechos humanos,
Leandro Despouy. No es una tarea que le agrade, y asegura que los reclamos patrimoniales
poco tienen que ver con los derechos humanos.
"Quiero que se defiendan, por lo menos en la CIDH, los derechos individuales, las
libertades, pero no el capital que cada persona dice tener o haber perdido. No es igual
defender a quien le quitaron los ojos que a quien perdió un millón de pesos", comparó
Despouy en diálogo con La Nación .
La posición del gobierno de De la Rúa frente a demandas patrimoniales en el exterior se
topó con un obstáculo oriundo del gobierno precedente.
La entonces secretaria de Asuntos Consulares Alicia Martínez Ríos asintió a los
requerimientos del abogado Galante, el mismo que aún hoy reclama 126 millones de
dólares al Gobierno, suma que Celulosa no quiso pagarle cuando la representó en un juicio
contra el Estado.
La funcionaria, hoy denunciada por la Oficina Anticorrupción, accedió entonces a abonar
unos 100 millones de pesos, que saldrían de la Cancillería, aún cuando la Corte había
denegado los argumentos del abogado.
Así las cosas, el Gobierno tiene una doble estrategia respecto de la pretensión de
Galante:apunta a revertir el eventual juicio adverso de la CIDH y a la vez busca ayuda de la
Oficina Anticorrupción para sus argumentos.

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Especulaciones oficiales
En la Casa Rosada, y también en el PalacioSan Martín, especulan con que una sola
denegatoria de la CIDHservirá de primer freno a la catarata de reclamos patrimoniales
semejantes. Sin embargo, el temor creciente a que la CIDH acceda es inversamente
proporcional a sus esperanzas de lograr el primer no a los demandantes.
Lo cierto es que al presentar sus reclamos ante la comisión interamericana, los demandantes
se abstienen de precisar cuál es la cifra que reclaman.Sólo plantean el caso, sin precisiones
monetarias ni siquiera vagas. Aunque, en rigor, los números de cada pedido constan en la
justicia del país de origen del querellante, por lo que a ese dato es muy fácil acceder.
No lo dicen oficialmente, pero tanto funcionarios como diplomáticos creen que de una u
otra manera una sentencia contraria al Estado nacional en demandas de tantos millones
hechas por particulares devendría algún beneficio para la CIDH, un juez habitual en favor
de los ciudadanos sin cargos ni investiduras oficiales. .
Por Andrea Centeno De la Redacción de La Nación

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Miércoles 28 de febrero de 2001 | Publicado en edición impresa
Intento oficial por frenar reclamos
De la Rúa no quiere litigar afuera
"El presidente Fernando de la Rúa desea que deje en claro que la Argentina no acepta que
las empresas presenten demandas por daños a su actividad comercial ante tribunales de
derechos humanos. Estos no deben mezclarse con los intereses comerciales", dice Leandro
Despouy, representante especial en el ámbito internacional para los derechos humanos.
Despouy tiene por delante una tarea difícil: mañana, en Washington, intentará convencer a
los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deben
rechazar una demanda que presentó un banquero, Tomás Enrique Carvallo Quintana.
Reclama que el Estado pague 81 millones de dólares para indemnizarle el daño que, hace
más de 20 años, le produjo el Banco Central cuando ordenó cerrar su firma, el Banco
Federal del Norte. Del otro lado, defendiendo los intereses del banco, está el estudio de Bob
Dole, ex candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
El caso del Banco Federal tuvo bemoles: en 1981, el BCRA revocó su autorización para
operar, pero tres años más tarde la Corte dispuso su reapertura; en 1985, el BCRA volvió a
la carga, pero la Corte volvió a beneficiar a la entidad; a pesar de eso, en 1994, el BCRA
ordenó su cierre.
La liquidación del banco sigue en trámite ante un juzgado comercial, pero Carvallo
Quintana presentó ante la comisión una demanda.
Los argumentos del Gobierno no apuntan a discutir si el BCRAobró bien o mal cuando
dispuso liquidar el banco, sino a otra cuestión, más de fondo: las únicas que pueden
presentar demandas ante los organismos de derechos humanos son las personas, no las
empresas.
Si las empresas quieren reclamar, que lo hagan ante tribunales arbitrales. Pero que no
utilicen el sistema de la OEA ni el Pacto de San José de Costa Rica. "No se puede convertir
todo en un negocio", se dice en la Cancillería. Además, la Argentina declaró que no
admitiría condicionamientos a su política económica ni expropiatoria.

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No es la primera vez que la Argentina enfrenta este tipo de demandas ni tampoco la primera
en que intenta que se acoja ese principio. En el caso que planteó José María Cantos, dueño
de Nuevo Diario de Santiago del Estero que persigue una indemnización de más de 400
millones de dólares, la Argentina sostuvo ese mismo argumento. Pero no tuvo éxito, porque
se declaró admisible el caso y se elevó a la CIDH.
Ahora, el Gobierno intentará otra vez que la comisión le ahorre al Estado mucho dinero

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Lunes 14 de mayo de 2001 | Publicado en edición impresa
Denuncia contra un diplomático argentino
Por evitar pagar una indemnización
Un abogado que demandó al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en un escrito ante ese organismo, acusó al embajador Leandro
Despouy de intentar "violar el tratado internacional y actuar con significativa ligereza", al
haber sostenido que la Argentina se oponía a que la Comisión y la Corte Interamericana
indemnizaran por los daños al derecho de propiedad.
Según el abogado, los dos organismos interamericanos no sólo deben condenar al Estado a
indemnizar los casos de torturas, sino también las violaciones a los derechos patrimoniales.
El planteo fue efectuado por Ernesto Galante, quien reclama que el Estado debe abonarle
los honorarios por su actuación en el concurso de la empresa Celulosa Argentina, que sufrió
diversos avatares políticos durante el último gobierno de facto, hasta que entró en
convocatoria de acreedores.
Se reaviva la controversia
En febrero último, una nota publicada en La Nación reavivó la controversia, pues dio
cuenta de que la Argentina enfrenta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y en la Corte Interamericana demandas por más de 1000 millones de dólares y que nuestras
autoridades sostendrían el criterio de que no corresponde pagar en sede internacional los
daños al derecho de la propiedad.
Nuestro país fue cuestionado ante esos organismos por casos de torturas, desapariciones o
abusos policiales y por otros de contenido netamente patrimonial.
Entre las demandas más cuantiosas, por ejemplo, está la promovida por José María Cantos,
dueño del Nuevo Diario de Santiago del Estero, que pide un resarcimiento de más de 400
millones de dólares por la expropiación de sus bienes.
Galante, que actuó como letrado de Celulosa, pretende que los honorarios se liquiden
conforme con la ley provincial de Santa Fe, donde tramitó la causa. Pero a fines de 1996 la

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Corte Suprema argentina rechazó la pretensión: la Corte, aplicando una ley nacional,
concluye que a Galante no le corresponderían 126 millones, como pretende, sino veinte.
En noviembre de 1999, la entonces secretaria de Asuntos Consulares, Alicia Martínez Ríos,
firmó un preacuerdo con Galante y accedió al pedido del abogado hacia fines de la gestión
de Carlos Menem.
Pero no llegó a cumplirlo, ya que, con el cambio de gobierno, el actual procurador del
Tesoro, Ernesto Marcer, dictaminó en contra.
Despouy, en la aludida nota, sostuvo que la Corte Interamericana "debe defender los
derechos individuales, las libertades, pero no el capital que cada persona dice haber
perdido". .

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Martes 15 de mayo de 2001 | Publicado en edición impresa
Demanda en la OEA contra el Estado argentino
Oposición oficial a los juicios
patrimoniales
El Gobierno defendió otra vez su postura
El Gobierno refirmó ayer su postura adversa a que los organismos internacionales que
investigan violaciones a los derechos humanos atiendan a demandas patrimoniales.
La reiteración de la postura oficial fue hecha a propósito de las críticas que formuló un
abogado contra el representante en el ámbito internacional de los derechos humanos,
embajador Leandro Despouy, a quien acusó de "violar el tratado internacional y actuar con
significativa ligereza" al oponerse a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
indemnice los daños de derechos a la propiedad.
Quien hizo esas acusaciones es el abogado Ernesto Galante, denunciado por la Oficina
Anticorrupción, junto con la ex secretaria de Asuntos Consulares de la Cancillería Alicia
Martínez Ríos por supuesta tentativa de estafa contra el Estado nacional.
Galante fue en 1991 letrado de la empresa Celulosa Argentina, cuando ésta pidió su propio
acuerdo preventivo, que, una vez aprobado por la Justicia, originó el reclamo de los
honorarios de Galante, fijados en 100 millones de dólares.
Pero todas las instancias de la justicia de Santa Fe rechazaron la demanda del abogado que
llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, también rechazó el planteo
en 1996.
Por ello, Galante hizo su presentación ante la Corte Interamericana (CIDH), con sede en
Washington y que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Galante
sostuvo que la Corte no actuó en forma imparcial.
Mientras en Washington se tomaban su tiempo, Galante y Martínez Ríos firmaron un
acuerdo amistoso por el cual la ex funcionaria de la Cancillería se comprometió, en nombre

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del Estado argentino, a saldar la deuda de honorarios -que supera largamente los US$ 100
millones-, más sus respectivos intereses.
Lo cierto es que el 9 de diciembre de 1999 circuló un decreto que autorizaba tal pago y que
llevó la firma del entonces canciller, Guido Di Tella.
Pero Di Tella, cuando declaró ante el juez federal Gabriel Cavallo, negó haber firmado ese
decreto. También su último vicecanciller, Andrés Cisneros, criticó el convenio. Por eso,
Cavallo ordenó realizar un peritaje caligráfico sobre la firma en cuestión, mientras continúa
con la investigación sobre Martínez Ríos y Galante.
Rechazo oficial