El documento presenta un resumen de una demanda de acción de protección interpuesta por Jorge Luis Coppiano Luces en representación de C3 Constructores Asociados contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz y la Comisión Técnica del proceso de licitación para la construcción de sistemas de alcantarillado y agua potable en Puerto Ayora, Galápagos. La demanda alega que la oferta de C3 Constructores fue descalificada de manera improcedente por la Comisión Técnica y solicita dejar sin efecto la

1. REPUBLICA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS
www.funcionjudicial-guayas.gob.ec
JUICIO: 0912120130735
A: PROCURADOR DE LOS ACCIONADOS
Casilla No: 0
Hago saber: En el juicio GARANTIAS CONSTITUCIONALES por ACCION DE
PROTECCION que sigue COPIANO LUCES JORGE LUIS, COPPIANO LUCES JORGE
en contra de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA CRUZ,
BUCHELI MORA LEOPOLDO, PROCURADOR DE LOS ACCIONADOS,
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, ARQ. GARZON GARZON JULIO
REYMUNDO; E, ING. GOMEZ TORRES LEONIDAS ISACC GOMEZ TORRES se ha
dictado la siguiente providencia:
VISTOS: Por el sorteo de ley ha correspondido conocer y resolver a esta Sala especializada
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el recurso de apelación interpuesto
por el Abg. Luís Portalanza Cali (Procurador común de los accionados), en contra de la
sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz,
Provincia de Galápagos, el día 25 octubre del 2013, a las 11:45, en la causa No. 2013-0051,
en la que se declaró con lugar la acción de protección presentada por el ciudadano Jorge
Luís Coppiano Luces, como Representante Legal de C3 CONSTRUCTORES
ASOCIADOS. Siendo el estado de la causa de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO.- COMPETENCIA: En consideración a que mediante la resolución No. 037-
2014, del 28 de febrero del 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el Art. 12 crea la
Sala (única) especializada de lo Penal integrada por juezas y jueces provinciales nombrados
por este órgano de la Función Judicial; y, por cuanto, los Arts. 16 y 17 de la resolución
indicada, suprimen las Salas penales que venían funcionando en esta provincia,
determinando que las causas que se están sustanciando, seguirán siendo conocidas hasta su
resolución por los mismos jueces y juezas que integraban las Salas suprimidas; por tanto, la
competencia de la Sala está radicada conforme a lo previsto en el Art. 86 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como por el sorteo de ley. SEGUNDO.-
VALIDEZ DEL PROCESO: En esta instancia, no se observa omisión de solemnidad
sustancial ni vicio de procedimiento que influya o pudiera influir en la decisión de la causa;
por lo que se declara válido este proceso constitucional. TERCERO.- ANTECEDENTES:
El ciudadano Jorge Luis Coppiano Luces, acude a esta vía constitucional de acción de
protección en contra del ciudadano Leopoldo Buchelli Mora, en su calidad de Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz; así como de los miembros
de la Comisión Técnica del Proceso Licitatorio No. LICO-GADMSC-003-2013 para la

2. CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA
LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, conformada por los
ciudadanos: Ing. Leónidas Gómez Torres (Presidente de la Comisión Técnica y delegado
del Sr. Alcalde), Arq. Julio Garzón Garzón, Blgo. Mario Piu Guime, Abg. Luís Portalanza
Cali, Ing. Juan Pastillo Valencia y Virgilio Santos Cedeño.- La demanda de acción de
protección (fs. 2 a 15), queda resumida en los siguientes términos: "Descripción del acto
administrativo violatorio del derecho reclamado en esta petición de acción de protección
petición de medida cautelar.-... a) Mediante resolución No. 1012-GADMSC-2013 de fecha
28 de marzo del 2013, el señor Alcalde del Cantón Santa Cruz, el señor Leopoldo Bucheli
Mora, resolvió aprobar los Pliegos de Licitación para la contratación de CONSTRUCCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE
PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS; b)
Mediante resolución No. 1038-GADMSC-2013 de fecha 29 de abril del 2013, el señor
Alcalde resolvió en el # 2, designar la Comisión Técnica, de acuerdo al Art. 18 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP),
la misma que fue conformada de la siguiente manera: Ing. Leónidas Gómez Torres,
Presidente de la Comisión Técnica y delegado del Sr. Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Cruz; con la asistencia de los señores, Arq. Julio
Garzón Garzón, Profesional en Construcción y mantenimiento de Obras Públicas, Miembro
de la Comisión, con voz y voto; Blgo. Mario Piu Guime, como técnico afín al objeto de la
contratación, Miembro de la Comisión con voz y voto; Procurador Síndico, Miembro de la
Comisión con voz pero sin voto; Ing. Juan Pastillo Valencia, Director Financiero, Miembro
de la Comisión con voz pero sin voto; actuó como secretario designado el señor Virgilio
Santos Cedeño; c) Con fecha 30 de abril del año 2013, a las 08H00 procedieron a efectuar
la publicación del proceso LICO-GADMSC-2013 en el Portal
www.compraspublicas.gob.ec. Los oferentes podían participar individualmente o en
asociación e inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores
- RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP); d) El Presupuesto Referencial es de USD
18'578.532.21..., sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del Contrato es de
540 DÍAS, (18 MESES), contados a partir de la entrega efectiva del anticipo; e) El día 27
de mayo del 213, la Comisión Técnica designada por el señor Alcalde realizó la apertura de
los sobres del proceso de tan importante proyecto en el cual se presentaron 6 ofertas,
conforme obra en el Acta No. 3 de la Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Técnica
dentro del Proceso de Licitación de Obras LICO-GADMSC-003-2013; f) Mediante Acta de
Sesión Ordinaria No. 3 celebrada por la Comisión Técnica del proceso de licitación de
obras No. LICO-GADMSC-003-2013, CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

3. SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYORA,
CANTÓN SANTA CRUZ, los señores miembros de la Comisión Técnica tan nombrados
en la parte introductora, decidieron por unanimidad descalificar la oferta presentada por mi
representada C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS, argumentando con ligero sustento y
falta de motivación las siguientes razones: "En el aspecto legal: La Comisión menciona: La
oferta contiene 2432 hojas rubricadas y numeradas al oferente se encuentra habilitado como
proveedor del estado. Cumple con los formularios 1, 2, 3, 4, 11, 13 b y 14, siendo las
condiciones generales y los requisitos mínimos, establecidos en los pliegos de la licitación
antes referida...; y, La oferta no cumple formulario 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 a por falta de
firma del apoderado y alteración de los formatos obligatorios de pliegos. Conforme anexo
cuadro comparativo. ANEXO 01, 02, 02 b, y 02 c, siendo esto motivo y causal de rechazo.
No presenta nombramiento del Procurador Común.- En el aspecto Técnico: 1.- Plazo
estimado de 540 días en base a lo señalado en la convocatoria; 2.- No presenta Garantías
Técnicas Norma ISO 17025, conforme se indica en los pliegos numeral 3.12.3; e, 3.-
Incumple patrimonio mínimo por defecto por parte de SEGECOM". Al respecto señor
Juez/a que, señalan que la oferta no cumple Formulario 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 a por falta
de firma del apoderado y alteración de los formatos obligatorios de pliegos. Conforme
anexo cuadro comparativo... Detalle importante que no ha sido considerado dentro de los
pliegos publicados en el portal para tan importante obra y que, legalmente la antes
mencionada resolución exige de manera obligatoria el plazo de convalidación de errores de
forma de la oferta, afectando con la descalificación mi derecho, como el de mi
representada, a la oportunidad de tener acceso al trabajo digno, equitativo y transparente,
incumpliendo el procedimiento legal previamente dispuesto incurriendo en la falta de
observación del debido proceso, privándome directamente a dejar de participar en el
proceso de licitación de una obra de interés nacional, sin equidad, impidiendo el acceso al
buen vivir, vulnerando el derecho de mi representada al descalificarnos sin existencia del
sustento de una información precisa, técnica, realizada dentro del proceso de licitación en el
cual hemos....; g) Es importante recalcar señor/a Juez/a que, respecto a que, el Plazo
estimado de 540 días en base a lo señalado en la convocatoria; nosotros, mi representada
hemos ofertado 510 días, es decir ofertamos un plazo menor con el evidente beneficio que
eso supone, e increíblemente la Comisión lo considera causal de descalificación; h) Sobre
el hecho "No presenta Garantías Técnicas Norma ISO 17025, conforme se indica en los
pliegos numeral 3.12.3"; hemos presentado la garantía técnica contemplada en una norma
ISO que abarca la 17025; i) Otro motivo en el que la Comisión argumentan descalificación
es porque incumple patrimonio mínimo por defecto por parte de SEGECOM, sin embargo
la Resolución del INCOP No. 052-2011 del 11 de octubre del 2011, en su artículo 13,
señala claramente que para determinar el patrimonio financiero exigible será a partir de la
suma de las presentadas por cada uno de los partícipes...; j) Sobre el hecho de "No presenta
nombramiento del Procurador Común" señalamos que, de acuerdo al artículo 67 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) eso es exigible al

4. momento de la firma del contrato luego de que el Consorcio sea adjudicado, pues dicho
nombramiento se encuentra dentro de las cláusulas de la constitución del Consorcio que se
eleva a escritura pública ante un Notario; k) En virtud de esta decisión de la Comisión
Técnica, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa
Cruz, señor Leopoldo Bucheli Mora, resolvió adjudicar como ganador del proceso al
oferente CONDRAIARSA, CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A., por un
valor de USD$18'533.789,08, el día 14 de junio del 2013; l)... Como se evidencia, nuestra
oferta (C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS) es USD$ 2'200.000 más baja que el
presupuesto referencial y USD 1'400.000 más baja que la segunda en valor;... Con lo antes
indicado... me permito evidenciar la falta de transparencia y veracidad con la se ha
manejado este proceso Licitatorio, viciado de objetividad técnica, ambiental y legal, que
perjudica a mi representada, con procedimientos por encima de la ley, bien o mal
intencionados... Como puede darse cuenta señor Juez, todo esto implica una violación a las
garantías y derechos constitucionales, conforme demostrare oportunamente al amparo de
los Arts. 87 y 88 de la actual Constitución Política y Art. 46 de la Ley de Control
Constitucional... Con estos antecedentes y al amparo de la protección constitucional de que
esta acción sea tramitada de manera preferente y sumaria por lo que, aceptando mi formal
pedido, se servirá adoptar las medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión, o
remediar de inmediato las consecuencias que pueda acarrear el acto ilegítimo dispuesto por
los señores miembros de la Comisión Técnica y por el señor Alcalde del Cantón Santa
Cruz, señor Leopoldo Bucheli Mora, en la RESOLUCIÓN de adjudicación No. 01061-
AGADMSC-2013 de fecha 14 de Junio del 2013, emitida para la contratación de la
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA
LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIAL DE
GALÁPAGOS... PETICIÓN Y PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.-...
solicito se deje sin efecto la Resolución de adjudicación para la contratación de la
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA
LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE
GALÁPAGOS... así como el Acta No. 3 de fecha 13 de junio del 2013, ordenando la
suspensión definitiva del acto administrativo que se está ejecutando y, ordene las medidas
cautelares necesarias para remediar el daño que se me está ocasionando y así, evitar
responsablemente el perfeccionamiento de otro acto ilegal que a más de perjudicar y
vulnerar nuestros derechos, se ven afectados el de toda una comunicad por la magnitud de
la obra social a ejecutarse, por la improcedencia en el actuar de la Comisión y del Sr.
Alcalde; por cuanto no se ha cumplido en procedimiento establecido para el efecto, así
como el tiempo de convalidación que dispone la Ley y la Resolución...".- Luego del sorteo
electrónico de ley, realizado el día 19 de junio del 2013, el conocimiento y resolución de la
acción de protección, le correspondió al JUZGADO SEGUNDO DE GARANTÍAS

5. PENALES DE GALÁPAGOS, con el No. 0051-2013 (fs. 74 a 77).- Posteriormente, el día
27 de junio del 2013 a las 08:24, mediante providencia, el Juez a quo, acepta al trámite la
demanda de acción de protección y corre traslado a los accionados, ordenando que sean
citados en los lugares indicados en la demanda. También dispuso que se cite al Procurador
General del Estado.- Mediante escrito presentado el día 2 de julio del 2013 a las 15:01, el
accionante, ciudadano Jorge Luís Coppiano Luces (Representante Legal de C3
CONSTRUCTORES ASOCIADOS), le solicitó al Juez a quo, que convoque de manera
inmediata a la respectiva audiencia.- En providencia del día 30 de septiembre del 2013 a las
10:30, la Jueza a quo convocó a las partes a la audiencia oral y pública (fojas 200). La
Audiencia se realizó el día 8 de octubre del 2013 a las 08:10 (conforme consta de fs. 2771 a
2775 del cuadernillo de primer nivel), y a esta diligencia concurrieron la parte accionante,
la parte accionada y el Abogado de la Procuraduría General del Estado. Los intervinientes
alegaron a su favor todo cuanto creyeron pertinente y favorable a sus intereses, para ser
analizado por la Juzgadora. El día 25 de octubre del 2013 a las 11:45, la Jueza de la Unidad
Judicial Multicompetente de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, en sentencia, declaró con
lugar la acción de protección presentada por el ciudadano JORGE LUÍS COPPIANO
LUCES, representante legal de C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS, y dispuso que se
deje sin efecto el proceso de licitación de obras No. LICO-GADMSC-003-2013
Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario e Implicación de los Sistemas de
agua potable para la ciudad de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.- La
parte accionada interpuso recurso de apelación (fojas 2876 a 2877), que por el sorteo de
ley, le correspondió conocer y resolver a la ex-Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas. CUARTO.- SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO
DE APELACIÓN: Para resolver el recurso de apelación, la Sala convocó a la audiencia
oral, pública y contradictoria de conformidad con lo establecido en el Art. 24 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la que se realizó el día 21
de enero del 2014, a las 15:30, a la que asistieron los sujetos procesales. Una vez instalado
el acto solemne de la audiencia, el señor Presidente de la Sala, le concedió la palabra al
Abg. Luís Portalanza Cali, que en su calidad de Procurador común de los accionados,
realizó la fundamentación oral del recurso de apelación interpuesto, haciendo entre otras,
las siguientes alegaciones: "...Señores Jueces hemos apelado de la sentencia por cuanto la
jueza tiene la pretensión de que dejemos sin efecto el acto administrativo que está extinto,
comparecimos al proceso y le hicimos conocer a la jueza que deducimos la excepción de
ilegitimidad de personería pasiva, por cuanto nosotros no podemos dejar sin efecto actos
jurídicos que no corresponden a nuestro patrimonio, ya que esto corresponde al Municipio
de Santa Cruz; el antecedente de este proceso constitucional, es la licitación No. 003,
mediante la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, licitó el contrato
para construcción de sistemas de alcantarillado y mejoramiento de agua potable del cantón
Santa Cruz y particularmente la ciudad de Puerto Ayora en donde existieron seis oferentes,
de los cuales cuatro fueron descalificados por incumplir la metodología que el Gobierno

6. Autónomo había impuesto, uno de los ofertantes descalificados fue el que tenía la peor
oferta, ya que de catorce formularios que integraban, casi todos tenían defectos, por lo que
nosotros no podíamos hacer otra cosa que decirle a la Jueza que acatábamos su sentencia,
pero que no podíamos cumplirla, por cuanto lo que decía la sentencia era dejar sin efecto un
acto jurídico que no nos corresponde. En este sentido, la Jueza incurrió en el delito de
prevaricato, ya que una semana antes de dictar esta sentencia, emite otra en la que dice que
no se podrá acudir a las acciones jurisdiccionales de los derechos en reemplazo de las
acciones ordinarias que dice la ley, esto dijo días antes, pero ella comete otros errores como
decir que la carga de la prueba la tenemos que asumir los accionados, esto no lo podíamos
dejar pasar; además ordenó que se investigue algunas falsificaciones que se habían
detectado y en ese sentido solicitamos al fiscal que investigue esos documentos; por lo
expuesto, solicito que se revoque la sentencia dictada por la Jueza de primer nivel...".-
Luego de la intervención del Abg. Portalanza, el señor Presidente de la Sala, le concedió la
palabra al Dr. Jorge Sosa, que en representación del Municipio de Santa Cruz - Galápagos y
de CONDRAIARSA (CONSTRUCCIONES DRAGADO y ARENA S.A.), realizó entre
otras, las siguientes alegaciones: "...Que su comparecencia a este proceso constitucional es
como tercero coadyuvante; que la demanda que propone el señor Luís Coppiano, es sólo
simbólicamente una acción constitucional, porque en realidad es sobre un proceso de
contratación pública y esa es la imagen que se debe tener; que los procesos de contratación
pública no son susceptibles de acciones constitucionales; que si tenía o no errores su
propuesta, la vía constitucional no es la vía idónea para demostrarlo; que existen una serie
de errores dentro de la acción demandada así como en la resolución que emitió la Jueza;
que la demanda de acción de protección se basa prácticamente en la Ley de Contratación
Pública, es decir, existe incumplimiento del Art. 10 de Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que está relacionada con los requisitos que debe
contener una demanda constitucional; que toda la demanda está basada en normativa de
segunda orden que está relacionada al plano administrativo y no constitucional; que si fue
una demanda en el plano administrativo, debió seguir por la vía administrativa; que el
accionante no agotó ciertos recursos administrativos, como el recurso de reposición o de
revisión; que es absurdo que la Jueza deje sin efecto el proceso, porque los jueces no
pueden sentenciar cosa diferente a lo que se les pide y el señor Coppiano pide dejar sin
efecto la adjudicación; que la declaración juramentada jamás se cumplió; que existe una
resolución administrativa en firme; por lo que, el proceso no se debió dejar sin efecto, ya
que esto afectó a muchos; los procesos de contratación pública no son susceptibles de
acciones constitucionales; por lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia dictada por
la Jueza a quo...".- Después de la intervención del Dr. Sosa, el señor Presidente de la Sala,
le concedió la palabra al Dr. Juan Carlos Jaramillo Montesinos, quien intervino en
representación de los ciudadanos Julio Raymundo Garzón y Leónidas Isaac Gómez Torres;
y, entre otras expresiones, dijo las siguientes: "...Que el representante legal de la compañía
a la cual se le adjudicó el contrato fue muy concreto en manifestar la inconsistencia y

7. errores jurídicos que tiene esta acción de protección; que la sentencia es reiterativa en que
se han violado los Arts. 23, 24, 25, y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional y concluyen manifestando que se ha violado el principio de
legalidad, este es origen de la justicia contenciosa administrativa, de aquí nace este tipo de
justicia; que hace notar algo importante, el abogado Portalanza en su primera intervención
entregó un documento en el cual se indica y se demuestra una supuesta falsificación de
documentos, pero la jueza apartándose del debido proceso que es su obligación, ya que así
lo exige el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, no aplicó los Arts. 178,
y 179 del Código de Procedimiento Civil, esto es no darle el valor jurídico, pero ella se
aparta de esas normas procesales y es allí donde viola el debido proceso y le da un valor
jurídico a ese documento; que en la sentencia se dice que no hay presupuestos y que se ha
violado el Art. 24 de La Ley Orgánica de Contratación Pública, pero es algo ilógico, si se
está ejecutando; que aclara que tal vez la jueza omitió indicar que por tratarse de un
proyecto plurianual, la certificación que va salir es por todo el valor del proyecto, esto es
proyecto que sobrepasa el año calendario; que en la segunda intervención el abogado del
Municipio y de la Empresa Adjudicataria fue claro en mencionar que el Art. 102 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíbe interponer esta clase de
recursos en procedimientos contractuales; sin embargo, la jueza apartándose de la norma
hace caso omiso de esta disposición, pero, es necesario aclarar por qué el legislador decidió
reformar esta ley, se toma la decisión de reformar esta ley, ya que en varios fallos la Corte
Constitucional califica a los derechos contractuales como derechos patrimoniales, los
cuales cuando hay conflictos entre estos, tienen que ser resueltos conforme al nivel de
legalidad, mas no en el de constitucionalidad; la Jueza en su sentencia indica que se ha
pedido un requisito, que se adjunte el contrato mediante el cual se comprueba que el
accionante tiene la procuración legal para suscribir ese contrato, pero lo que se pidió en la
fase pre-contractual es que el consorcio nombre un procurador común, pero no lo hizo así.
En esta acción de protección es lamentable ver como se discuten derechos, sin la presencia
de ellos, como es el caso de la compañía que se le adjudicó el contrato y se discuten
derechos que ya fueron declarados, el acto de admitirse de adjudicación". Luego de la
intervención del Dr. Jaramillo, el señor Presidente de la Sala, le concedió la palabra a la
Abg. Geraldine Martín Arellano, quien en representación de la Procuraduría General del
Estado, realizó entre otras, las siguientes alegaciones: "Que los señores jueces conocen
cuáles son los requisitos para que proceda una acción de protección, por lo tanto, la
Procuraduría pide a esta Sala que se apliquen esas reglas, eso es todo".- Luego de la
intervención de la Abg. Martín, el señor Presidente de la sala, le concedió la palabra al Abg.
Kirk Mazzini Aguirre, que intervino manifestando representar al amicus curiae Ing. Luis
Shune Gaona, entre otras alegaciones, dijo: "Que solo se presenta un informe en donde se
certifica que se está realizando en debida forma el contrato y se encuentra trabajando la
empresa contratante de debida forma, además existe un proceso adecuado y se está
desarrollando el contrato".- Después de esta intervención, el señor Presidente de la Sala, le

8. concedió la palabra al Abg. Rafael Compte, quien en representación del Ing. Luís Coppiano
Luces (accionante), entre otras, hizo las siguientes alegaciones: "Que esta es una acción de
protección y que va a defender los derechos constitucionales de su defendido; que en el
momento que la comisión técnica en el acta No. 3 decide descalificarla, como consecuencia
de esta acta, existe la resolución de adjudicación de parte del Alcalde del cantón Santa
Cruz; que este es un proceso de contratación pública que en su irregular desarrollo ha
violentado derechos constitucionales; que presentamos un reclamo administrativo ante el
señor Alcalde, pero ni siquiera fue contestado; que recurrimos a la Procuraduría General del
Estado y agotamos todas las instancias de orden administrativo; que se señala que se dejó
sin efecto el proceso licitatorio, pero la resolución de adjudicación siguió viva; que reclama
porque fue descalificado de manera irregular y se violentó su derecho constitucional al
trabajo y a la igualdad; que no es válido decir, como lo hace la contraparte, que se deja sin
efecto el proceso y no la adjudicación; que al accionante (su patrocinado) lo descalifican
por cuanto la obra era para 540 días y él quiso hacerlo en 510 días; que la Ley reformatoria
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública rige desde el 14 de octubre
y la demanda fue presentada en junio; que la etapa de convalidación de errores es para
rectificar los catorce formularios; que la etapa de convalidación de errores si es obligatoria;
que la Procuraduría determinó nulidad y existe una demanda de nulidad; solicita que se
confirme la sentencia...".- Después de la intervención del Abg. Compte, el Abg. Portalanza,
le solicitó la palabra al señor Presidente de la Sala, para realizar una réplica con relación a
las alegaciones realizadas; y, entre otras palabras, dijo: "Que el abogado del accionante sólo
se ha referido a cuestiones de legalidad; que el ofertante presentó la oferta con catorce
errores".- Luego, el Dr. Sosa, solicitó la palabra al señor Presidente de la Sala, y realizó la
siguiente réplica: "Que de conformidad con el Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional debe decirse qué normas constitucionales se han
violado; que la sentencia no declara qué derecho constitucional se ha vulnerado; que si se
trataba de un proceso de Contratación Pública; por lo expuesto, solicita que se revoque la
sentencia". QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA JUEZA A QUO, PARA DICTAR
SENTENCIA DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE
PROTECCIÓN: Conforme consta en la sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial
Multicompetente de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, declaró con lugar la demanda de
acción de protección, presentada por el ciudadano JORGE LUÍS COPPIANO LUCES, en
su calidad de Representante Legal de C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS, entre otras,
con las siguientes argumentaciones: "...A fs. 203 de los autos se encuentra el Oficio No.
05538-GY de fecha 20 de agosto del 2013, suscrito por el Director Regional 1 de la
Procuraduría General del Estado, en el que se hace conocer al Gerente del Banco del Estado
el proceso de control No. CC-69-13 por la denuncia presentada por el Ing. Jorge Coppiano
Luces, Procurador Común de C3 CONSTRUCCIONES ASOCIADOS. En el informe de la
Procuraduría General del Estado se evidencia a fs. 204 a 216; el informe de la Contraloría
General del Estado de fs. 217 a 222 y de los oficios del INCOP que obran de fs. 237 a 242

9. concuerdan en observaciones sobre el procedimiento de adjudicación de materia del
presente litigio, el lo medular el informe de la Procuraduría General del Estado dice:
"...pese a que solicita al Municipio de Santa Cruz a dar contestación de descargo de la
denuncia presentada en su contra, no remite la documentación respecto a las observaciones
que hiciere el INCOP..." requerimiento que se lo hace en el mes de Julio; con fecha de 12
de Agosto del 2013 se realiza un segundo requerimiento al GAD Municipal de Santa Cruz,
solicitando nuevamente documentación entre ellos el contrato debidamente suscrito el
mismo que no se encontraba subido al portal de compras públicas, pese ya haber estado
adjudicado el mismo, el 22 de Agosto recién emite la documentación requerida, del informe
se desprende que adjudica el 14 de Junio del 2013, existiendo un proceso que no cumple
con requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y sus Reglamentos. En el numeral 3.1.2 del informe de la Procuraduría General del
Estado a fs. 208 y a fs. 217 de la Contraloría General del Estado evidencia la falta en la que
ocurrieron en los requisitos de Contratación al no permitir la convalidación de errores como
manda el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en
relación a lo que manda el Art. 23 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, la resolución INCOP-2013-083 y con ello en sujeción a la
Constitución de la República en su Art. 226... Se demuestra claramente, que en los
formularios del cinco al diez, doce y trece a) no cumplen por falta de firma. Sin embargo,
de acuerdo al Reglamento y a la resolución mencionada estos son errores de forma que
pueden ser convalidados sin que ellos impliquen modificación alguna sobre el contenido
sustancial de la oferta...". SEXTO: LA INSTITUCIÓN DE LA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN Y LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA: El Art. 88 de la
Constitución de la República, expresa: "La acción de protección tendrá por objeto el
amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá
interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y, cuando la
violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño
grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la
persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación";
es decir su naturaleza es tutelar, directa, sumaria, preferente, inmediata, intercultural y
reparatoria o preventiva, según sea el caso; y, la misma, puede ser ejercida por cualquier
persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o
más de sus derechos constitucionales, quien podrá actuar por sí misma o a través de
representante o apoderado, incluso, en la causa puede intervenir un tercero que tenga
interés; y, su procedimiento será sencillo, rápido y eficaz.- Se deja constancia que en la
actualidad, es de aceptación mayoritaria que el debido proceso, establecido en el Art. 76 de
la Constitución de la República, es un principio fundamental, constituido por un conjunto
de derechos propios de las personas y condiciones, de carácter sustantivo y procesal, que

10. deben cumplirse en procura de que quienes sean sometidos a un proceso judicial,
administrativo o de cualquier otra naturaleza gocen de las garantías necesarias para ejercer
su derecho a la defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso
justo, pronto y transparente. Así, el debido proceso está previsto como la observancia de
todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben respetarse en las
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos, se reitera, los judiciales y
administrativos. Precisamente, con relación al derecho al debido proceso, la Corte
Constitucional, en sentencia No. 0001-09-SCN.CC (Caso No. 0002-08-CN), publicada en
el R.O. No. 602 del 1 de junio del 2009, expresó lo que sigue: "...En sentido material, el
debido proceso es el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las
distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales,
como límite de la función punitiva del Estado... Hay debido proceso desde un punto de
vista material, si se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad humana, la
seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la legalidad, la controversia, la
celeridad, la publicidad, la prohibición de la reforma in pejus y el doble procesamiento por
los mismos hechos...". Como fluye de la norma constitucional citada y de lo reproducido de
la sentencia indicada, el debido proceso impone la obligación de respetar sus principios
rectores, cumpliéndolos a cabalidad en todos los procesos administrativos o judiciales, con
el objeto de proteger y garantizar la defensa de los derechos y deberes de las partes, que
pueden ser afectadas por una resolución; por ello, se respeta el debido proceso cuando se
acatan los principios que lo informan, fundamentalmente, los constitucionales y procesales,
para la efectiva realización del derecho sustantivo; por lo que, es incuestionable que el
debido proceso es una institución jurídica propia de los regímenes democráticos dirigida al
establecimiento de una correcta y efectiva administración de justicia, que prevenga
cualquier inseguridad jurídica.- Así también, se observa que el Art. 82 de la Constitución de
la República, establece: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes".- La Corte Constitucional, en sentencia No. 021-10-SEP-CC
del 11 de mayo del 2010, refiriéndose a la seguridad jurídica, expresó: "Es la necesidad de
certeza y seguridad jurídica uno de los principios que alimentan el núcleo duro del deber
ser de las formalidades y solemnidades que caracterizan a los procesos en derecho, sin
embargo, la seguridad jurídica no se agota en las meras formas, pues en muchos casos
dichas formalidades y solemnidades podrían ser el mecanismo de perpetuación de una
injusticia o un sinrazón jurídico. Esta Corte estima que la seguridad jurídica es uno de los
resultados de la certeza que otorga el cumplimiento de la normatividad jurídica en el tiempo
y a lo largo del proceso, siempre y cuando dichas normas sean justas y provoquen
desenlaces justos, y cuya inobservancia sea la razón y esencia misma de una sentencia, pues
lo contrario configuraría una situación jurídica injusta, irrita o fraudulenta". Así también,
con relación a la seguridad jurídica, en el caso No. 1000-12-EP, del 16 de mayo del 2013,
la Corte Constitucional dicto la sentencia No. 0016-13-; en la que, dijo: "El respeto al

11. trámite correspondiente constituye uno de los ejes centrales que permite el cumplimiento de
las normas del debido proceso, y fomentan la seguridad jurídica en el país, por lo que
intentar subsanar la supuesta violación de derechos constitucionales mediante
procedimientos ajenos a la naturaleza de la garantía si genera inseguridad jurídica, pero
sobre todo provoca la desnaturalización de la acción extraordinaria de protección, al
pretender que se resuelva por los canales constitucionales asuntos de mera legalidad para
las cuales la jurisdicción ordinaria ha establecido el trámite respectivo". Como se observa,
de la norma constitucional invocada y de las sentencias citadas, fluye con nitidez, que la
seguridad jurídica radica en la confianza de la ciudadanía que espera el imperio de los
principios, derechos y garantías constitucionales, cuya aplicación debe realizarse de manera
uniforme y sin discriminaciones, ya que ante hechos iguales sometidos a la decisión
judicial, deben existir resoluciones judiciales similares, prohibiendo que las autoridades
administrativas o judiciales realicen interpretaciones arbitrarias o al margen de la ley, que
den lugar a la afectación de los derechos garantizados por las normas de derecho vigente.-
Y, el Art. 226 de la Ley Suprema, prevé que: "Las Instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución"; todas estas son normas de carácter constitucional que tutelan los
derechos de las personas ante el poder público. Siendo el objeto principal de la acción de
protección, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y
tratados internacionales sobre derechos humanos que no estén protegidos por las acciones
de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, etc.; es así, que por la
institución de la tutela judicial efectiva se faculta a los jueces constitucionales adoptar
medidas de suspensión o reparación tendientes a cesar o remediar de manera inmediata un
acto u omisión ilegítimo atribuible a cualquier autoridad pública no judicial; incluso, en los
casos en que la violación provenga de una persona particular que cause un daño grave, si
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.- Dentro de
este contexto, es necesario observar que, básicamente, conforme lo prevé el Art. 41
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para
que proceda la acción de protección, resulta imprescindible que concurran tres elementos
esenciales: a) Que exista un acto u omisión ilegítimo de autoridad pública no judicial; b)
Que el acto u omisión viole uno o más de los derechos contenidos en la Constitución o en
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, vigentes; y, c) Que la
violación de derechos disminuya o anule su goce o ejercicio. Así también, cuando se refiere
a personas particulares, el numeral 4 del Art. 41 del mismo cuerpo de ley, determina lo
siguiente: "Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado,
cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos

12. impropios o de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c)
Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o
indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro
tipo".- Para precisar la procedencia de la acción de protección, la Corte Constitucional en la
misma sentencia No. 0016-13 del día 16 de mayo del 2013, ya citada; expresó: "...la acción
de protección no procede cuando el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad
real de acceder a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en la vía ordinaria,
especialmente para demandar actos de la administración como los que se derivan de la
especie". Y, para fundamentar aún más su fallo, la Corte Constitucional ecuatoriana, invoca
a la Corte Constitucional de Colombia, que en la sentencia T-1048/08, afirmó lo siguiente:
"La jurisprudencia de esta Corte ha estimado que la acción de tutela no es un medio
alternativo que pueda ser empleado en reemplazo de las acciones judiciales ordinarias, pues
conllevaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional del Estado. Así, esta acción
tampoco resulta procedente cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado ha
contado con la posibilidad de ejercer las acciones ordinarias o especiales ante las
autoridades jurisdiccionales, creadas para conocer de los litigios originados en actos de la
administración". Con relación a los conflictos de mera legalidad, en la misma sentencia
citada, la Corte dijo: "El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía
jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino
únicamente posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia
de otras vías. El razonamiento que desarrolla la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece que la acción de protección procede cuando no exista otro
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Más
adelante, la Corte Constitucional reiteró: "Siendo así, es claro que la acción de protección
no puede reemplazar a los mecanismos ordinarios de justicia previstos en la Constitución
para la tutela de derechos constitucionales, como lo señaló esta Corte en la sentencia No.
003-13-SIN- CC aquello implicaría una superposición de la justicia constitucional por
sobre la justicia ordinaria".- Sobre la base de lo que se ha expuesto, y con relación a este
caso concreto, es pertinente observar que el ciudadano JORGE LUÍS COPPIANO LUCES,
en su calidad de Representante Legal de C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS,
fundamentó su demanda de acción de protección, haciendo entre otras, las siguientes
alegaciones: Que mediante acta de sesión ordinaria No. 3 celebrada por la Comisión
Técnica del proceso de licitación de obras No. LICO-GADMSC-003-2013
(CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA
LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ), los señores miembros
de la Comisión Técnica, decidieron por unanimidad descalificar la oferta presentada por su
representada C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS, argumentando (en el aspecto legal)
que la oferta no cumple formulario 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 por falta de firma del apoderado
y alteración de los formatos obligatorios de pliegos, siendo este motivo y causal de rechazo;

13. que no presenta nombramiento de Procurador Común; y, en el aspecto técnico, que (la
oferta) no presenta garantías técnicas Norma ISO 17025; que incumple patrimonio mínimos
por defecto por parte del SEGECOM; que se resolvió adjudicar como ganador del proceso
al oferente CONDRAIARSA, CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A., por un
valor de USD$18'533.789,08, el día 14 de junio del 2013; que la oferta de C3
CONSTRUCTORES ASOCIADOS (la representada del accionante) era de 16'297.742,85,
lo que equivale a USD$2´200.000, más baja que el presupuesto referencial y
USD$1'400.00, más baja que la segunda en valor; que la empresa CONDRAIARSA,
CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A., calificada por la Comisión no ha
presentado la licencia para el uso y manejo de explosivos emitida por el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, que es necesaria e importante, porque se deben realizar los
estudios de impacto ambiental, tanto de agua potable como de alcantarillado, por la
magnitud técnica que demanda la ejecución real de la obra de CONSTRUCCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE
PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ; que se evidenció la falta de transparencia y
veracidad en el proceso de licitación, que estuvo viciado de objetividad técnica, ambiental y
legal; que no se dispuso el término para la convalidación de errores, al que tienen derecho
los oferentes; por lo expuesto, el accionante solicitó que se deje sin efecto la resolución de
adjudicación para la contratación de la CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYORA,
CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, emitida por el señor Alcalde,
de fecha 14 de junio del 2013, así como el acta No. 3 de fecha 13 de junio del 2013,
ordenando la suspensión definitiva del acto administrativo que se está ejecutando.- Con
relación a este caso en concreto, por las constancias que obran dentro del expediente
procesal, así como por lo manifestado por el accionante tanto en la demanda de acción de
protección como en la audiencia pública, puede verse lo siguiente: a) Mediante resolución
No. 1012-AGADMSC-2013 del 28 de marzo del 2013 el Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Cruz, resolvió aprobar los pliegos, el cronograma y el
inicio del proceso de licitación para la contratación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIFICACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE
PUERTO AYORA", con un presupuesto referencial de $18'578,532.21 dólares, dentro de
un plazo estimado para la ejecución del contrato de 18 meses, contados a partir de la
entrega del anticipo; también, se designó a la Comisión Técnica y al Administrador del
Contrato; se inició el proceso de contratación de fiscalización externa; y, se delegó como
responsable de llevar a cabo el proceso a través del portal www.compraspúblicas.gob.ec, a
la encargada de la Unidad de Contratación Pública de la Municipalidad; b) Con fecha 30 de
abril del 2013 a las 08:00, la encargada de la Unidad de Contratación Pública, subió el

14. proceso al portal www.compraspúblicas.gob.ec, con el código LICO-GADMSC-003-2013,
estableciendo el cronograma del mismo; c) Que la Compañía C3 CONSTRUCTORES
ASOCIADOS, representada por el ciudadano JORGE LUÍS COPPIANO LUCES, participó
en el proceso de licitación para la contratación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIFICACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE
PUERTO AYORA"; d) Que mediante Oficio No. 001-LICO-GADMSC-003-2013 del 27
de mayo, el Arq. Julio Garzón, Presidente de la Comisión Técnica Subrogante, remite al
señor Alcalde, el acta de apertura de ofertas del proceso del proceso LICO-GADMSC-003-
2013, para su respectivo conocimiento y autorización de publicación: C3
CONSTRUCTORES ASOCIADOS; RIPCONCIV CIA. LTDA.; CONDRAIARSA;
BUENO & CASTRO; ETINAR S.A.; CONSORCIO SANTA CRUZ; e) Que el 4 de junio
del 2013, el Presidente de la Comisión Técnica, designó una subcomisión de apoyo, para la
revisión, análisis y emisión de observaciones de los formularios No. 2, 4, 13A, 13B (fojas
44); f) Que mediante acta No. 002 del 10 de junio del 2013, la Comisión Técnica, después
de haber leído y analizado el informe presentado por la Subcomisión, aprueban por
unanimidad el mismo (fojas 45); g) Que mediante acta No. 03 del 13 de junio del 2013, la
Comisión Técnica en el proceso de licitación de obras No. LICO-GADMSC-003-2013,
recomienda se adjudique el contrato a la empresa CONDRAIARSA, por el monto de
18'533.789,08 dólares (valor corregido) en un plazo de 540 días (fojas 29 a la 37); h)
Mediante resolución No. 01061-AGADMSC-2013, de fecha 14 de junio del 2013, la
Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, adjudicó el
contrato de "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y AMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA
CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS" a la empresa CONSTRUCCIONES DRAGADO
Y ARENA CONDRAIARSA, representada legalmente por el Ing. Juan Carlos Ojeda
Calderón (fojas 41 a la 46).- Con relación a todo lo expresado, cabe advertir lo siguiente:
1.-) La garantía de la acción de protección no constituye otra instancia a los procesos
ordinarios, ni está concebida para analizar asuntos de mera legalidad o de los que son de
competencia de la justicia ordinaria; y, como puede verse, el antecedente de esta acción de
protección es un asunto que versa sobre la adjudicación de un contrato para una obra
pública, que está relacionado con el proceso de licitación para la contratación del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
AMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYORA", para lo cual, las empresas podían participar a
través de la página web (www.compraspúblicas.gob.ec), haciendo sus ofertas y llenando los
formularios respectivos.- Las preguntas que los oferentes realizaron a través del Sistema
Nacional de Contratación Pública, fueron enviadas por la encargada de la Unidad de
Contratación Pública, mediante memorando No. 0842-UPC-GADMSC-2013, del 7 de

15. mayo del 2013, al Presidente de la Comisión Técnica, a fin de que emita a esa unidad las
respuestas para su publicación; y, el día 9 de mayo del 2013, la Comisión Técnica remitió
las aclaraciones del proceso de licitación antes indicado, para que se proceda a subir la
información (una por una) con las respectivas aclaraciones.- Posteriormente, el Alcalde
designó una Comisión Técnica, de conformidad con el Art. 18 del Reglamento de la
LOSNCP, conformada por el Director de Obras Públicas, el Director de Gestión Ambiental,
Procurador Síndico y Director Financiero, entre otros; y, al culminar la recepción de las
propuestas, se realizó la apertura de las ofertas del proceso, para su respectivo
conocimiento y autorización de publicación, luego de lo cual, el Presidente de la Comisión
Técnica designó una subcomisión de apoyo, para la revisión, análisis y emisión de
observaciones de los formularios No. 2, 4, 13A, 13B.- De las varias compañías que
participaron, resultó elegida la compañía CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA,
CONDRAIARSA, a quien se le adjudicó el contrato para que realice la construcción de la
obra en el cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos.- Es justamente esta adjudicación la
que generó el cuestionamiento y reclamo del accionante JORGE LUÍS COPPIANO
LUCES, porque la compañía que él representa, C3 CONSTRUCTORES ASOCIADOS,
que también participó en el proceso de licitación, al no convalidarse los errores ya
indicados, se la dejó fuera del referido proceso, porque no habría cumplido con los
requisitos establecidos en los pliegos para la licitación; 2.-) LA DEMANDA
PRESENTADA PARA QUE SE DECLARE NULO EL CONTRATO DE
ADJUDICACIÓN: A lo expuesto se agrega que el día 13 de febrero del 2014, el Director
Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, presentó una demanda de nulidad de
contrato en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa
Cruz (Representado por su Alcalde y Procurador Síndico) y de la Compañía Constructora
Dragado y Arena CONDRAIARSA (Representada por su Gerente General, Ing. Juan
Carlos Ojeda Calderón), la misma que le correspondió conocer al Tribunal Contencioso
Administrativo, con el No. 93-2014 (fojas 336 a 377 del cuarto cuadernillo de instancia
procesal).- La pretensión que persigue la Procuraduría General del Estado con la demanda
referida, es que se declare la nulidad del contrato signado con el No. 005-GADMSC-2013,
suscrito por el señor Leopoldo Bucheli Mora como Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Santa Cruz; y, la adjudicataria, compañía
Construcciones Dragados y Arena S.A. CONDRAIARSA, representada por su Gerente
General, Ing. Juan Carlos Ojeda, por cuanto dice que se ha evidenciado de manera clara que
se han violado los procedimientos preestablecidos legalmente en la fase precontractual,
según los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.- Puede observase
que la Procuraduría General del Estado, entre otras razones, fundamenta su demanda de
nulidad de contrato, en que en el proceso de contratación, existió una omisión de
convalidación de errores, indicando que si existieron en la oferta varios errores, que por su
naturaleza podrían haber sido convalidados, entre otros, el formato de los formularios y la
falta de presentación de nombramiento del procurador común, se configura la causal No. 2

16. del Art. 65 de la LOSNCP, debido a que la entidad contratante prescindió de realizar la
convalidación de errores a uno de los contratistas.- Así también, señala que existió una falta
de motivación en la descalificación de la oferta, por plazo menor al solicitado en los
pliegos, porque la falta de motivación en la descalificación de un oferente, afectó los
principios señalados en párrafos anteriores y trae indefectiblemente la nulidad como efecto,
según lo establece el Art. 76 numeral 7, letra l) de la Constitución.- La descalificación de la
oferta con relación al supuesto incumplimiento del patrimonio mínimo para la participación
de uno de los integrantes del Consorcio participante violenta lo dispuesto expresamente en
la letra b.2) del Art. 13 de la Resolución No. 52-2011 del 11 de octubre del 2011, que
estipula lo contrario, es decir, que debió tomarse en cuenta la sumatoria del patrimonio de
los partícipes; 3.-) De lo expuesto, fluye nítidamente que, en este caso concreto, la acción
de protección, ha sido ejercida para reclamaciones por presuntas violaciones de carácter
legal, lo cual no es materia de los procesos constitucionales, y por ello, desnaturaliza su
esencia misma, pues, en este proceso constitucional, por las constancias que obran en autos,
se observa que en el proceso de licitación, a través de las redes de internet, se mantuvo
comunicado al accionante, quien ejerció sus derechos a participar, a pedir información e
incluso hasta impugnar actos, como ocurre en este proceso constitucional.- Cabe observar
que, el Art. 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, promulgada en el R. O. No. 100, del día 14 de octubre del 2013, que
sustituyó al Art. 102 de la ley antes mencionada, en el penúltimo inciso expresamente dice:
"Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones constitucionales
porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales procesos previstos en la Ley". Aunque la reforma a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, es tres meses posterior a la adjudicación del
contrato referido y que la Ley no tiene efecto retroactivo y por ello, no la aplica esta Sala;
sin embargo, es innegable que esta reforma a la Ley, viene a aclarar un panorama que pudo
para algunos ser confuso, pero que siempre estuvo claro, si se acata la Constitución y la
LOGJyCC, que determinan que la impugnación de asuntos de mera legalidad, como en este
caso, relacionado con la adjudicación de contrato de obra pública, se conocerán y
resolverán en la justicia ordinaria; lo cual, se ha hecho, conforme se informa en este
proceso constitucional, donde se evidencia que existe una demanda de nulidad propuesta
ante la administración de justicia contencioso administrativo. Como queda expresado, por
mandato constitucional, se reitera, la acción de protección es una garantía jurisdiccional que
tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución
y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, ya que la
finalidad de la acción de protección es impedir e interrumpir la vulneración de derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que afecten de manera directa
a las personas. Es por eso, que conforme lo dispone el Art. 40 numeral 3; y, el Art. 42
numeral 4 de la LOGJyCC, el accionante bien pudo recurrir a otras vías diferentes a la
constitucional, como lo ha hecho la Procuraduría General del Estado, ya que lo solicitado

17. por él, por tratarse de asuntos de mera legalidad y no de violación directa de derechos
constitucionales, está fuera de la esfera del amparo constitucional que instituye la acción de
protección. Tan evidente es esto, que la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de
Santa Cruz, en su sentencia no pudo declarar la vulneración del derecho y por ello incumple
con el Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
especialmente, cuando no determina qué normas constitucionales se habrían violado y cuál
es el daño que produjeron, así como la reparación integral que proceda, e incluso, el inicio
de un juicio para determinar la reparación económica si es que ese hubiere sido el caso.
Queda claro entonces que, en los procesos constitucionales, los jueces no deben resolver
sobre aspectos de legalidad procedentes de actos administrativos (sin desconocer, por
supuesto, que un acto administrativo -que no es éste- si podría lesionar derechos
constitucionales y entonces si podría ser revisado en vía constitucional), por ser asuntos
estrictamente de competencia de la justicia ordinaria, a través de los mecanismos legales
correspondientes, ora un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, ora un recurso objetivo o
de anulación o los recursos ordinarios establecidos en la leyes de cada materia; y, como es
evidente, en la especie, se ha determinado que el objeto y pretensión formal que se persigue
con la garantía jurisdiccional incoada, y que se aprecia de la misma demanda constitucional
de acción de protección, no es la idónea para esta clase de procesos constitucionales; tan
cierto es esto que el Art. 173 de la Constitución de la República, determina que: "Los actos
administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía
administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial", claro está
en atención a la materia respectiva. SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN: Por todas las
consideraciones expuestas y por cuanto las pretensiones del accionante resultan ajenas a los
efectos de la acción de protección, esta Sala especializada de lo Penal de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas, actuando como Juez pluripersonal de garantías constitucionales,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, acepta el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Luís Portalanza Cali
(Procurador común de los accionados), revocando la sentencia subida en grado, dictada por
la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, el
día 25 octubre del 2013 a las 11:45, en la causa No. 2013-0051; y, consecuentemente, se
declara sin lugar la demanda de acción de protección, presentada por el ciudadano Jorge
Luís Coppiano Luces, como Representante Legal de C3 CONSTRUCTORES
ASOCIADOS. Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el proceso a la Unidad Judicial de
origen, para los fines legales consiguientes. Así mismo, la Secretaria Relatora de esta Sala,
envíe copia certificada de esta sentencia a la Corte Constitucional, conforme lo estipula el
Art. 86, numeral 5 de la Constitución de la República. Cúmplase con lo dispuesto en el Art.
277 del Código de Procedimiento Civil.- Notifíquese.-
El Secretario(a)