Este documento presenta 100 propuestas para garantizar el derecho a la educación a través de una educación pública de calidad e inclusiva. Propone tres directrices principales: 1) Desarrollar un paradigma educativo inclusivo que atienda a la diversidad; 2) Fortalecer la estructura del sistema educativo público a través de mayor financiación y eliminando la privatización; 3) Innovar en el funcionamiento del sistema público a través de la democratización, profesorado de calidad y atención a la diversidad.

1. Abril 2015
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100 PROPUESTAS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

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 CONSIDERACIONES
 DERECHO A LA EDUCACIÓN
o Contra la mercantilización
o Derogación de normas
DIRECTRICES
A. DESARROLLAR EL PARADIGMA INCLUSIVO
B. FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA PÚBLICO:
 Financiación
 Escolarización
C. INNOVAR EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
PÚBLICO:
 Democratización
 Profesorado

3. Abril 2015
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Los niños, todos los niños, lo primero.
 CONSIDERACIONES
Este documento nace con la pretensión de colaborar con un imprescindible
proceso de debate democrático en el que participe la ciudadanía con objeto de
mejorar nuestro sistema educativo para garantizar de forma profunda el derecho a
la educación.
El derecho a la educación no se garantiza únicamente con el acceso a un puesto
escolar – hecho afortunadamente universalizado en nuestro entorno-, por el
contrario, requiere de la universalización de unos logros educativos fundamentales
al finalizar las etapas obligatorias. Este objetivo desgraciadamente no se alcanza y
tiene como consecuencia unas insoportables tasas de desigualdad, fracaso y
abandono. Asimismo, si tenemos en cuenta que existe un sesgo cultural y
económico en la distribución social del fracaso escolar, resulta evidente que la
segregación es otra emergencia que hay que afrontar imperativamente.
Por todo ello pensamos que la educación pública es el mejor instrumento para
garantizar el derecho a la educación entendido en su significado fuerte de éxito
escolar para todos y con todos.
Así pues, para defender y profundizar en el derecho a la educación proponemos
trabajar en su doble vertiente: garantizar el acceso escolar de forma equitativa y
universalizar los logros educativos fundamentales en las etapas obligatorias.
Para ello planteamos tres directrices.
a. Desarrollo del paradigma inclusivo.
b. Fortalecimiento de la estructura de la educación pública.
c. Apuesta por la innovación en el funcionamiento de la educación pública.

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DERECHO A LA EDUCACIÓN
Quienes entendemos que la educación es ante todo uno de los derechos
humanos fundamentales, pensamos que la administración debe sostener un sistema
educativo público que garantice el éxito educativo a toda la población, funcionando
como un mecanismo compensador de las desigualdades.
CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN
No compartimos la teoría de aquellos que piensan que la educación es un
servicio, una mercancía, y conciben el sistema educativo como mercado que somete
el acceso y la calidad del servicio a las posibilidades económicas de los educandos,
funcionando pues como un filtro que jerarquiza a la población.
Por ello proponemos:
1. Extender en todos los planos de la vida la conciencia de que la educación es un
derecho incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denunciando
desde las instituciones cualquier tipo de práctica que desvirtúe la igualdad de
oportunidades en el ejercicio de este derecho.
2. Aprobar todas las normas y resoluciones necesarias para proteger el derecho a la
educación contra concepciones mercantilistas, entendiendo que la educación pública
es un mecanismo de justicia social y el principal medio para garantizar el ejercicio de
este derecho al conjunto de la población en plano de igualdad.
3. Fomentar desde las instituciones un concepto de educación democrática, inclusiva y
solidaria enfocada al desarrollo integral y armónico de las personas.
4. Articular un proceso participativo en el que se escuche a la ciudadanía, a los colectivos
sociales y a todos los miembros de la comunidad educativa para elaborar el libro
blanco de la educación del s.XXI
5. Establecer un cronograma de actuaciones para la elaboración de las nuevas leyes
educativas en el plazo máximo de dos años.
6. Potenciar la creación y funcionamiento de colectivos de defensa de la infancia como
“El defensor del menor” en cada municipio.

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DEROGACIÓN DE NORMAS
7. Moratoria de aplicación y posterior derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
8. Derogar el desarrollo normativo autonómico de la LOMCE.
9. Derogar el mal llamado “Decreto de libertad de elección de centro” de la Comunidad
de Madrid, DECRETO 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de
elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.

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DIRECTRICES
A. DESARROLLO DEL PARADIGMA INCLUSIVO
La democracia sin educación democrática no es posible. Una educación democrática
que no sea inclusiva es un contrasentido.
Entendemos por educación inclusiva aquella que utiliza las diferencias entre las
personas como hecho consustancial a cualquier grupo humano y como factor de
enriquecimiento. Por tanto, la educación moderna debe tender hacia la creación de espacios
donde diferentes personas aprendiendo juntas, y precisamente por ello, puedan
desarrollarse en todas sus facetas al máximo de sus posibilidades, sean estas cuales sean.
Por ello proponemos:
10. Plan de choque para la detección y tratamiento situaciones de riesgo social desde la
escuela.
11. Planes de choque contra la desigualdad educativa: potenciar la detección temprana de
dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales o necesidades de
compensación.
12. Incremento de las plantillas de equipos de apoyo en los centros educativos:
Orientación, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Compensatoria.
13. Incluir, como equipo mínimo, un maestro/a de Pedagogía Terapéutica, un maestro
especialista y Audición Lenguaje, un Orientador y un maestro de compensatoria a
tiempo completo en cada centro educativo de Educación Infantil y Primaria y centros
de Educación Secundaria.
14. Establecer que un Alumno con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) compute el
doble en términos de ratio en centros ordinarios y favorecer ratios de máximo cinco
alumnos por aula en centros de Educación Especial.
15. Reducción de ratios de intervención educativa con Alumnos con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo (ACNEAE) por cada docente de Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje y compensatoria.

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16. Aumento del número de profesionales de los Equipos de Atención Temprana (EAT), en
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPs) y en los Equipos
Específicos.
17. Elaboración exclusiva de Evaluaciones Psicopedagógicas y Dictámenes de
escolarización por parte de los EOEP de zona, Equipos Específicos y Equipos de
Atención Temprana (EAT) de zona, en centros públicos, privados y privados-
concertados.
18. Adaptación de la legislación por la que se rige la orientación educativa y la atención a
la diversidad a los nuevos avances científicos y pedagógicos.
19. Analizar y eliminar los mecanismos de exclusión que existen en los centros públicos y
privados-concertados.
20. Realización de un estudio oficial sobre las consecuencias del bilingüismo en la equidad
del sistema educativo público y sobre sus repercusiones en el conjunto del alumnado
matriculado en centros bilingües.
21. Diseñar y aplicar alternativas al actual modelo de bilingüismo más equitativas para
todo el alumnado.
22. Suprimir la aplicación de pruebas externas de carácter competitivo, segregador y
mercantilista.
23. Terminar con los usos competitivos y mercantilistas de los resultados de cualquier
prueba externa.
24. Prohibir por ley la publicación de ranking con los distintos centros educativos.
25. Puesta en marcha en la Consejería de Educación y en los municipios de
departamentos de innovación educativa que se encarguen de crear desarrollos
curriculares novedosos y prácticas de alta calidad en relación a la orientación
educativa, atención a la diversidad, convivencia en los centros, aprovechamiento de
los recursos de la comunidad y participación de las familias.
26. Creación, ampliación y potenciación de centros municipales de apoyo psicopedagógico
que complementen a los EOEP y ofrezcan tratamiento especializado a la población
escolar que, a pesar de no entrar en los programas de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, presenta dificultades de aprendizaje.
27. Diseñar o potenciar estrategias municipales, autonómicas y estatales de aumento del
éxito escolar: programas de acompañamiento, compensación y refuerzo; destinando
recursos suficientes y buscando la implicación de los centros educativos y las AMPAS.

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28. Puesta en marcha de proyectos de innovación educativa coordinados entre
Universidades, CEIP, IES, Movimientos de Renovación Pedagógica y otras instituciones
públicas sobre Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje Basado en Proyectos, Grupos
Interactivos, Aprendizaje Cooperativo, Banco de Ideas, etc.
29. Desarrollar programas y actividades educativas y lúdicas en los barrios que puedan ser
compartidas por alumnado de centros ordinarios, de centros de integración preferente
y/o centros de Educación Especial para favorecer la tendencia hacia la inclusión social
de todos los niños.
30. Fomentar la apertura de los centros escolares en periodos no lectivos y promover una
oferta pública de actividades extraescolares de calidad que busquen compensar las
desigualdades.
31. Incremento de los recursos propios de los Servicios Sociales en el área de familia, así
como la mejora de la coordinación de estos equipos con los centros educativos.
32. Intensificar la colaboración de las Áreas de Salud, Atención Primaria y Salud Mental,
con los centros educativos.
33. Aumentar el número de plazas, recursos personales y materiales en los Centros
Educativos Terapéuticos (CET), favoreciendo en la medida de lo posible la
escolarización combinada con centros ordinarios.
34. Desprivatizar los perfiles no docentes, Técnicos Educativos tipo III (TEIII), Diplomado
universitario en Fisioterapia (DUF) y Diplomado universitario en Enfermaría (DUE), que
trabajan en los centros públicos de Educación Especial, fomentando las convocatorias
de Oferta Pública de Empleo.
35. Escolarización en Educación Especial solo en casos excepcionales donde las
necesidades educativas especiales del alumno requieran de una atención específica y
muy individualizada.
36. Favorecer la escolarización combinada mediante el aumento del número de aulas TEA
y de Educación Especial dentro de CEIP ordinarios e institutos, debidamente dotados
de recursos personales y materiales con el principal objetivo de desarrollar la inclusión
educativa.
37. Elaborar programas que fomenten y aseguren la cultura inclusiva para toda la
comunidad educativa en los centros con aula de enlace o en centros de escolarización
específica de alumnos con Trastorno Espectro Autista (TEA), discapacidad motora o
auditiva.

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38. Fomentar el desarrollo organizativo de los centros de Educación Especial favoreciendo
la elaboración de currículos propios así como una organización de ciclos educativos
vinculados al nivel de desarrollo de los alumnos del centro.
39. Desarrollar metodologías innovadores para alumnos escolarizados en Educación
Especial a través de la investigación.
40. Designar el uso de las Adaptaciones Curriculares Individuales para ACNEAE (ACNEE y
Compensatoria) como elemento de evaluación y eje vertebrador del proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
41. Fomentar la inclusión laboral mediante convenios con empresas o ayuntamientos de
los alumnos que concluyan la Educación Especial además de aumentar el número de
plazas en talleres ocupacionales, centros de día o residencias en el caso de los alumnos
más afectados.
42. Desarrollar la inclusión social de los alumnos con diversidad funcional a través de
programas municipales de ocio y tiempo libre.
43. Incrementar la formación del profesorado en el ámbito de la Atención a la Diversidad,
independientemente de la especialidad de magisterio y/o secundaria, a través de
cursos de formación, seminarios y desde las facultades de magisterio.
44. Crear herramientas y plataformas digitales de difusión pública de las iniciativas de los
departamentos de desarrollo curricular, atención a la diversidad e innovación.
45. Difundir buenas prácticas en materia de inclusión a través de campañas informativas,
congresos o de jornadas especializadas a nivel municipal y autonómico.
B.FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA
PÚBLICO.
El fortalecimiento de la estructura del sistema pasa por una mayor inversión
económica, pero también por un uso más adecuado de los recursos que se destinan.
Entendiendo que el sistema de titularidad y gestión pública es el único que garantiza el
derecho a la educación, es imprescindible dejar de estimular con dinero público el
crecimiento de la educación privada y privada-concertada. Además es necesario
profundizar en los mecanismos que garanticen la gratuidad real de la educación en el
momento de uso, entendiendo esta gratuidad como la financiación del sistema

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exclusivamente desde los impuestos directos e indirectos y eliminando cualquier tipo
de copago. Por otra parte es necesario avanzar también en la gratuidad para los
alumnos de asuntos como los materiales didácticos, el transporte o el comedor.
Por ello proponemos:
FINANCIACIÓN
46. Alcanzar progresivamente el 7% PIB en la inversión educativa.
47. Frenar la privatización del sistema educativo en todos los frentes y en todas las etapas.
48. Cese de la política de nuevos conciertos.
49. Compromiso firme de no ceder ni un metro cuadrado más de suelo público a empresas
privadas. El suelo público que sea para la escuela pública.
50. Unificar en la misma Dirección General de la Consejería de Educación la red pública y la
red privada-concertada, evitando la actual duplicidad que puede llevar a gestionar con
diferente criterio cada red.
51. Calendario de extinción de conciertos educativos facilitando vías sostenibles de
absorción de los centros privados-concertados para que los centros que así lo deseen
pasen a tener titularidad y gestión pública y en caso contrario pasen a ser totalmente
privados.
52. Elaborar un plan que contemple la integración en la red pública de los docentes de la
educación privada-concertada.
53. Auditoría de los conciertos educativos existentes para equiparar su funcionamiento a
las condiciones de los centros públicos y evitar cualquier mecanismo de selección del
alumnado.
54. Priorizar supresión de unidades en un centro privado-concertado antes que la
supresión de unidades en un colegio público del mismo barrio.
55. Poner en marcha una red de centros de gestión pública en cada distrito que garantice
plazas suficientes para toda la población escolar desde los 0 a los 18 años, así como
una amplia red de centros de educación de adultos.
56. Exigir un número suficiente de plazas de Formación Profesional en cada distrito.
57. Eliminar las tasas en Formación Profesional en centros públicos y suprimir becas en los
centros privados de Formación Profesional.

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58. Revertir los cierres injustificados de centros educativos públicos que se han producido
en los últimos años en la Comunidad de Madrid, como en el paradigmático caso del
colegio VERBENA de Leganés.
59. Revitalizar la red de escuelas infantiles municipales de gestión pública.
60. Convertir los centros de educación infantil públicos de gestión indirecta en gestión
directa por la administración en un plazo razonable.
61. Mientras esté en funcionamiento el modelo de gestión indirecta, priorizar en los
concursos de adjudicación los aspectos educativos de los proyectos presentados por
encima de los aspectos económicos.
62. Incrementar las exigencias de calidad en todas las etapas en la normativa para abrir
centros educativos privados, adecuándolas a las necesidades reales de los niños.
63. Eliminación de los beneficios fiscales a la privada como las desgravaciones por
matricula, por uniforme o por actividades extraescolares en colegios privados.
64. Eliminar la medida de cheque guardería a la privada ya que constituye un mecanismo
de competencia desleal que está dañando gravemente la sostenibilidad de muchas
escuelas de titularidad pública.
65. Gratuidad de la educación pública desde los 0 años hasta la universidad. Hasta que
esto se consiga, establecimiento de precios sociales progresivos y asumibles en infantil
0-3.
66. Destinar exclusivamente los recursos públicos a los centros públicos.
67. Garantizar por parte de la Administración educativa la dotación de recursos
económicos y didácticos: fondos para bibliotecas escolares, sistemas de préstamo
institucional, aumento de becas y actividades extraescolares.
68. Aumento de becas comedor y transporte.
69. Creación de sistemas municipales de préstamo y reutilización de materiales
didácticos, fomento de grupos de consumo.
70. Campañas de sensibilización para un uso razonable de los materiales escolares desde
los propios centros educativos.

12. Abril 2015
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ESCOLARIZACIÓN
Garantizar el derecho a la educación requiere de una red pública de centros
educativos de calidad en todo el territorio.
Por ello proponemos:
71. Puesta en marcha de una nueva normativa que garantice procesos de escolarización
más transparentes y participativos.
72. Restitución de todas las funciones que con la actual normativa les han restringido a las
antiguas comisiones de escolarización para que garanticen una distribución del
alumnado equitativa en todos los sentidos.
73. Publicación anual de un informe con todos los datos del proceso de escolarización en
cada zona: vacantes, número de solicitudes por centro y número de alumnos con
necesidades educativas específicas en cada centro.
74. Eliminar la zona única de escolarización.
75. Recuperar la sectorización del territorio para buscar un uso racional de los recursos,
una escolarización equilibrada y heterogénea en cada centro, y detener la creación de
guetos.
76. Priorización de la escolarización en centros de gestión pública.
77. Reducir la ratio adecuándola a las recomendaciones internacionales para cada etapa.
78. Prohibir mediante normativa los excesos de ratio.
79. Garantizar la igualdad en los procesos de escolarización en el paso CEIP-IES sin dar
prioridad a la modalidad bilingüe.

13. Abril 2015
Educación Pública 13
C. INNOVACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA
Para universalizar el éxito educativo es necesario aumentar permanentemente
la calidad de los procesos que se dan en el aula. Esto se logra primordialmente con
unas plantillas docentes estables, suficientes en número y que tengan una sólida
formación profesional que les posibilite desarrollar y aplicar innovaciones científicas
en su día a día. Pero, por otra parte, también entendemos que para mejorar el sistema
educativo público en una sociedad democrática es necesaria la implicación de toda la
sociedad.
Por ello proponemos:
DEMOCRATIZACIÓN
80. Potenciar el Consejo Escolar Municipal abriéndolo la participación todos los sectores
ciudadanos y encomendándole la elaboración de un Proyecto Educativo Municipal
consensuado por la ciudadanía. Este proyecto tendrá siempre como horizonte el
cuidado de la infancia.
81. Realizar presupuestos participativos municipales en materia de educación.
82. Creación de medios de comunicación institucionales especializados en materia
educativa que aporten mayor transparencia y faciliten el intercambio de experiencias
de éxito.
83. Recuperar la democratización de los centros: participación de los claustros en la toma
de decisiones del centro y elección del Equipo Directivo por parte del claustro con
ratificación del consejo escolar.
84. Recuperar en la normativa la participación de pleno derecho de los padres y madres en
los Consejos Escolares de Centro, incluyendo su derecho a votar.
85. Recuperar la idea de los centros de profesores con la creación de un “centro municipal
de formación de comunidades educativas” que tenga como objetivo la formación de
familias y docentes, el fomento de buenas prácticas, la organización de jornadas
anuales de innovación, escuelas de padres, el desarrollo de cursos de formación
continua para los profesionales y, en general, el fomento de la participación de toda la
comunidad en los asuntos educativos de la zona.

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86. Potenciación de las AMPAS como elemento clave en el funcionamiento de los centros
a través de programas específicos de estímulo y formación.
87. Potenciación del asociacionismo del alumnado.
88. Potenciar el funcionamiento de las Asambleas de Directores/as de centros como
mecanismo de coordinación de la red pública.
89. Asesoramiento institucional para la elaboración de planes de participación familiar en
los centros.
90. Elaboración de planes de apertura y colaboración de los centros con su entorno:
bibliotecas públicas, universidades, asociaciones.
91. Promover iniciativas de trabajo en red entre los distintos centros educativos:
colaboraciones, proyectos de innovación o itinerarios educativos continuados (infantil-
primaria-secundaria) en la red pública.
PROFESORADO
92. Recuperación de los 7.500 puestos de trabajo docente perdidos debido a los recortes
en los últimos años y ampliación en 15.000 puestos más.
93. Ampliar las plantillas en los centros públicos para facilitar el desarrollo de tareas de
coordinación pedagógica, atención a las familias, atención a la diversidad o
coordinación de actividades complementarias.
94. Reducir al mínimo imprescindible el porcentaje de personal interino, aumentando la
oferta de plazas públicas en las oposiciones.
95. Restituir la sustitución inmediata de bajas docentes en los centros y eliminar la
normativa que permite no sustituir las bajas por enfermedad hasta pasados quince
días.
96. Fortalecimiento de los mecanismos de selección del profesorado, aumentando la
validez y la fiabilidad de estos procesos y garantizando su adecuación al modelo de
educación inclusiva que proponemos.
97. Equiparación de la formación necesaria para impartir todas las etapas educativas.
98. Replanteamiento de la formación continua del profesorado, dándole un carácter más
colegiado y acercándola a las comunidades donde se desarrolla su trabajo.

15. Abril 2015
Educación Pública 15
99. Enfocar la formación continua al desarrollo institucional de los centros y la
elaboración de planes estratégicos de mejora.
100. Revisión de la formación inicial del profesorado incrementando su calidad,
prestigio y estableciendo una relación más estrecha entre las universidades y los
centros educativos.
101. Presentar mociones contra el nuevo modelo universitario 3+2 porque supone
un retroceso en la formación de los docentes y un incremento del coste económico
para el conjunto de los estudiantes.
102. Incrementar al máximo posible la presencia de docentes universitarios con
experiencia docente en las etapas educativas obligatorias en las facultades de
formación de profesorado.