12.3 La integración de España en la UE. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro.

1. 12.3 La integración de España en la UE. Consecuencias económicas y sociales. La
modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación
del euro.
En 1962, la España franquista solicitó el ingreso en la CEE, pero las condiciones
políticas del país hicieron que no recibiera respuesta, consiguiendo únicamente en 1970
un acuerdo comercial preferencial con los países miembros de la unión aduanera. No
obstante, la integración en Europa no fue posible hasta la democratización de España y
ha supuesto un factor clave para la evolución social y económica del país. Tras las
elecciones generales de 1977 se iniciaron conversaciones para la integración plena, que
duraron hasta 1985. Pese a que inicialmente parecían sencillas, se convirtieron en un
proceso largo, difícil y frustrante para los españoles. Las causas del retraso fueron la
complejidad de la economía española, un contexto económico desfavorable provocado
por la crisis de 1973 y la reticencia francesa temerosa del potencial agrícola español. Se
estableció un período transitorio, que a corto plazo supuso fuertes costes sociales, con la
reconversión de los sectores industriales más anticuados, como el siderúrgico y el naval.
El 12 de junio de 1985, España junto con Portugal, firmaron el ingreso en la
denominada Comunidad Económica Europea (CEE), que fue efectivo a partir del 1 de
enero de 1986. España entraba en Europa como una potencia media importante al tener 2
comisarios en la Comisión Europea y 60 europarlamentarios. Su población representaba
el 12% del total y su peso económico equivalía al 11% del PIB. Desde su entrada en la
CEE España ha participado activamente en el proceso de construcción europeo; en 1987
se produce la firma del Acta Única donde se plantea el objetivo de intensificar la
cooperación, la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, así como la
creación de un sistema monetario europeo. Más tarde, en 1992, se acuerda el Tratado de
Maastricht que dio origen a la Unión Europea y establecía las bases para la integración
europea mediante la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales por
todos los países miembros (por el Tratado Schengen se suprimen los controles interiores
en las fronteras). Asimismo, se llevaba a cabo el reconocimiento de la ciudadanía europea
y se planteaban las bases para la creación de una Unión Monetaria mediante el
establecimiento de un Plan de Convergencia Económica.
La firma de Maastricht obligó a realizar un duro plan de ajustes para cumplir
el Plan de Convergencia que consistió en eliminar ciertos desequilibrios de la economía
española. El Plan quería reducir el paro, el déficit público (por debajo del 3% del PIB) y
reducir los desequilibrios regionales. El Plan tuvo ciertas repercusiones negativas en las
condiciones de vida y laborales de los trabajadores. Pasada la euforia por el ingreso de
España en Europa, muchos españoles atribuían a Europa la responsabilidad del cierre de
empresas, la limitación de la pesca, cuotas lecheras, etc., aunque también se percibían
ventajas fruto de la recepción de los fondos estructurales que supusieron una inyección
de capital importante en todo el país. Posteriormente, el Tratado de Amsterdam de 1997
revisó el de Maastricht y en vistas a la incorporación de nuevos miembros procedentes de
la Europa del Este, establece la idea de dos velocidades respecto al ritmo de integración.
En 1998 once países de la UE, entre ellos España, firmaron el acuerdo de la constitución
del Banco Central Europeo con lo que se creaba una autoridad monetaria común para
la unión.

2. Cuando el PP se hizo cargo del gobierno en 1996 la entrada en la primera fase del
euro se convirtió en un objetivo principal. En 1999, después de tres años de presupuestos
contenidos, España cumplía los requisitos exigidos por UE y justificaba, de paso, las
enormes transferencias financieras procedentes de Bruselas, los fondos de cohesión para
ayudar a los países menos prósperos a cumplir los requisitos para su entrada en la Unión
Monetaria. En 2002 las monedas y billetes de euro sustituyen a la peseta. Con el objetivo
de fortalecer la defensa europea, se impulsó la creación de un espacio común de seguridad
y justicia. En 2003 el Tratado de Niza reforma las instituciones europeas y en 2004, se
aprobó en referéndum la fallida Constitución Europea, que se sustituyó por el actual
Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de enero de 2009 por el cual la UE mejoraba
el funcionamiento de sus instituciones y adquiría personalidad jurídica propia.
Desde el punto de vista económico, el proceso de liberalización desplegado puso
fin al tradicional proteccionismo, lo que obligó a una dura reconversión del sector
primario e industrial para adaptarse a un mercado abierto y competitivo. Se produjo una
importante transformación de las estructuras empresariales, financieras e industriales del
país. Diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para
conseguir una producción competitiva respecto a la de los otros países comunitarios. Ello
supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la
disminución drástica de algunos sectores como el minero o naval, provocando paro y
protestas de los sindicatos. El sector primario se vio afectado de forma negativa pues hubo
de adaptarse a una Política Agraria Común centrada en incrementar la productividad
imponiendo fuertes transformaciones en la estructura de la propiedad agraria
(concentración parcelaria) y una reducción en las cuotas de producción. El problema del
sector pesquero también se agravó con una obligada reconversión de la flota y las
negociaciones fallidas con Marruecos. El sector lácteo, por su parte, ha salido muy
perjudicado por la cuota lechera obligando al cierre de las pequeñas explotaciones
agropecuarias que ofrecían un bajo rendimiento.
La contraprestación a estos problemas fue la apertura para los productos españoles
de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva. El PIB se
ha duplicado entre 1985 y 2019. Al tiempo se ha recortado la distancia entre los demás
miembros de la UE y España mientras que el comercio exterior ha multiplicado por 7 el
valor de sus importaciones. Las inversiones de la UE en España han sido fundamentales
para el desarrollo del país. Han costeado diversas infraestructuras (carreteras y autopistas,
red de ferrocarriles, etc.) por valor de más de 300.000 millones entre 1986 y 2013. La
política de ayudas de la UE (Fondo Europeo para el Desarrollo Económico Regional -
FEDER-, Fondo Social Europeo -FSE- y los Fondos de Cohesión) pensadas para reducir
los desequilibrios socioeconómicos entre los países de la Unión Europea, han llegado a
suponer casi un 1% del PIB español. Posibilitaron la mecanización y transformación del
sector agrícola mediante subvenciones y la financiación de planes de formación
profesional y creación de empleo, ayudando al desarrollo y modernización social, cultural
e intelectual de la sociedad española. Asimismo, el ingreso contribuyó a reforzar la
legitimidad y a fortalecer la democracia española al propiciar el consenso entre todas las
fuerzas políticas, que vieron en Europa una vía para proyectar sus intereses y demandas.