Este documento discute tres temas relacionados con la competencia jurisdiccional en México: 1) La competencia funcional determina qué órgano jurisdiccional conocerá de incidentes y recursos presentados durante un proceso; 2) El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin a un juicio para alegar vicios de procedimiento o de fondo o cuestionar la constitucionalidad de normas generales; 3) Los Tribunales Colegiados de Circuito ejercen control constitucional pero no pueden ser objeto de amparo dado

1. V
COMPETENCIA.
La competencia funcional: Criterio que determina a que órgano jurisdiccional
corresponde conocer y decidir los incidentes y recursos que se presentan en el
proceso. Téngase como ejemplo los recursos devolutivos, su resolución se
atribuye a un órgano jurisdiccional distinto al que ha dictado la resolución
recurrida.
AMPARO DIRECTO:
EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO El amparo directo o de única instancia
procede contra: • Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a
juicio, pudiendo alegarse vicios al procedimiento (durante el desarrollo del juicio) o
de fondo, o bien cuestiones sobre inconstitucionalidad de normas de carácter
general –leyes, tratados internacionales,
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO:
Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función
esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no
se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de
amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías
al ejercer tal función.
El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de
garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable
también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla
general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del
mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo
contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en
forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al
trámite del juicio constitucional.

2. V
Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se
refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales
Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los
Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de
un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior
jerárquico de aquél en materia de amparo.