La sentencia analiza un recurso de nulidad presentado junto con un amparo cautelar contra una resolución del Ministro de Defensa que establecía normas sobre el control del orden público por parte de la Fuerza Armada. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para analizar el caso. La resolución es considerada un acto administrativo. Sin embargo, la sentencia no especifica la decisión final sobre el recurso de nulidad y amparo cautelar.

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
Análisis de Sentencia
Astrid Flores
V-24.942.865
Barquisimeto, Junio del 2017

2. Análisis de Sentencia
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
Magistrada Ponente: EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
Recurso de nulidad conjuntamente con amparocautelarcontra la Resolución Núm.
008610 de fecha 23 de enero de 2015 (publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Núm. 40.589 del 27 de ese mes y año) dictada
por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, en la cual estableció las
“Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en
funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en
reuniones públicas y manifestaciones”.
Exp. Núm. 2015-0086
Decisión emanada en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos
mil dieciséis (2016).
Sentencia Nº 00840 publicada el fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil
dieciséis
La sentencia objeto de estudio versa sobre el recurso de nulidad presentado
conjuntamente con un amparo cautelar contra una resolución dictada por el
Ministro del Poder Popular para la Defensa, y que se interpone ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dicha resolución establece las
normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en relación al
mantenimiento del orden público en reuniones públicas y manifestaciones. A tal
efecto se entiende por recurso de nulidad “la acción mediante la cual toda persona
que tenga interés puede provocar la anulación de una decisión ejecutiva por el juez
administrativo en razón de la ilegalidad de ésta decisión”1, es decir es un recurso
que puede interponer toda persona con interés legítimo contra cualquier acto que

3. viole el principio de legalidad ante una autoridad competente, en el presente caso
se intenta el recurso de nulidad contra una resolución que viola lo expresado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en referencia a la protesta
pacífica y a la competencia de los órganos de seguridad del Estado, en el mismo
orden de ideas, este recurso se presenta en conjunto con un amparo cautelar el cual
es definido por Ortiz Álvarez como “el resultado de la interposición conjunta del
amparo constitucional con las acciones tradicionales contencioso administrativas, en
cuyo caso el amparo funge como medida cautelar de suspensión de efectos”2,
entendiéndose de lo anterior que el amparo cautelar es una figura jurídica a través
de la cual se busca la protección de los derechos fundamentales que han sido
violados por la administración, razón por la cual se presenta en conjunto con un
recurso contencioso administrativo.
En el caso expresado con anterioridad la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para su conocimiento puesto
que el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa establece que ésta tiene competencia para conocer de: “Demandas
de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares
dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la
República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los
demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a
otro tribunal (Art. 23, num. 5. LOJCA).” De lo cual se entiende que será competencia
de la Sala Político Administrativa toda demanda de nulidad, definida con
anterioridad, que se realice contra actos administrativos entendiéndose éste como
la manifestación de voluntad de manera formal de una autoridad administrativa,
Araujo –Juárez expresa que “el acto administrativo en principio debe ser un acto
jurídico emanado de la Administración Pública en cualquiera de sus ramas, ya sea la

4. Administración Pública Nacional, la Administración Pública Estadal o la
Administración Pública Municipal” por lo cual la resolución objeto de la causa
estudiada se tiene como un acto administrativo, y al ser esta autoridad un Ministro,
según lo expresado en el artículo citado anteriormente le corresponde a la Sala
Político Administrativa su conocimiento, esta facultad de poder dictar la nulidad de
actos administrativos generales o particulares emana primeramente del artículo 259
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al establecer “Los
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular
los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por
desviación de poder…”
En referencia a la decisión emanada en la sentencia estudiada

5. Referencias Bibliográficas
1 Vedel Georges, Derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980,
p. 459.
2 Ortiz-Álvarez, las medidas cautelares innominadas, Caracas, Paredes Editores
1999, pag. 646
3 ARAUJO JUÁREZ, José (2011). Derecho Administrativo General. Acto y Contrato
Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas p.31
Referencias electrónicas
Enlace de la sentencia:
https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/189351-00840-27716-2016-
2015-0086.pdf