Este documento discute la importancia de la competencia y el uso eficiente de los recursos públicos en El Salvador. Explica que los recursos públicos son limitados, por lo que deben usarse de manera óptima para lograr los mayores beneficios posibles. Señala que la competencia entre empresas en las licitaciones gubernamentales ayuda a asegurar precios bajos y calidad alta de bienes y servicios, lo que representa un uso más eficiente de los fondos públicos. También advierte que la colusión entre empresas en las licitaciones elimina los

1. Art. 21-10
“La competencia y los recursos públicos”
Por: Pedro Noubleau
Abogado y colaborador de ContraPunto
El Salvador es un país de recursos limitados e innumerables
necesidades por satisfacer, en el cual, destinar los bienes a usos poco
adecuados condiciona los potenciales beneficios derivados a obtener;
por lo que, el empleo pertinente y óptimo de los escasos recursos
disponibles -aplicándolos en actividades más productivas y/o de
menor coste-, resulta una necesidad trascendental para aprovechar al
máximo lo poco con lo que se cuenta, y lograr con ello los máximos
resultados y beneficios posibles.
La anterior aseveración es aplicable a cualquier actividad, pública o
privada, en todo momento y en cualquier lugar del país. Así, los
recursos públicos del Estado salvadoreño, que resultan igualmente escasos, siguiendo la misma línea de
análisis, deberían utilizarse de manera eficiente, proporcionándoles el uso más conveniente que se pueda hacer,
procurando maximizar los fondos públicos disponibles, así como el bienestar económico general.
El Gobierno necesita de cierta riqueza para realizar las gestiones que tiene encomendadas; dichos recursos -que
calificaremos de públicos- son extraídos de los particulares, en forma de impuestos y otras exacciones, los
cuales se revierten a la economía mediante los gastos que luego realiza.
El uso que el Gobierno realiza de los recursos públicos debe ser correcto y eficiente, evitándose un empleo
pervertido, el cual deshonre el fin por el cual fueron extraídos de la población. Debe tenerse en cuenta que, el
gasto público reviste una gran importancia debido a su incidencia en la marcha general de la economía, en tanto
se constituye en un factor dinamizador de la actividad empresarial, instrumento de ajuste de la economía y
mecanismo de redistribución de la riqueza, entre otras cosas.
Un componente importante del gasto público son las compras de bienes y servicios, tanto por su peso en el
gasto total -ya que es una cantidad significativa-, así como por su relación con las temáticas de la lucha contra la
corrupción y la necesidad de implementar prácticas de buen gobierno.
La competencia, entre otras cosas que afectan a las compras públicas, constituye un factor de eficiencia del
gasto en las instituciones del Estado, pues introduce dinámicas con las cuales se permite disponer de los
recursos gubernamentales de manera que se maximice su utilización.
Los consumidores, y entre ellos el mismo Estado, se benefician de la rivalidad que se lleva a cabo entre los
empresarios, pues éstos procuran ganar mayores cuotas o porcentajes del total del mercado disponible,
mediante la oferta de precios más bajos y la mejora en la calidad de los productos y servicios por ellos provistos.
Esta rivalidad o competencia entre los empresarios permite una mayor diversidad en la oferta de bienes y
servicios disponibles para la satisfacción de las necesidades de la población, y favorece una mejora en la
eficiencia de las empresas al hacerlas trabajar en condiciones próximas a la óptima.
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2. En el sentido apuntado en los párrafos anteriores, la competencia estimula a los empresarios a comportarse de
tal forma que beneficia a todos los consumidores y, por tanto, a toda la sociedad. En definitiva, la rivalidad entre
las empresas hace que, mediante la aplicación de la innovación, investigación y desarrollo de los procesos
productivos, éstas:
a) Bajen los precios de sus bienes y servicios hasta niveles que les permita seguir operando,
b) Mejoren la calidad de las mercancías y servicios que proporcionan, y
c) Atiendan mejor a las necesidades de los consumidores.
El gasto público en la compra de bienes y servicios, generalmente, se somete a regulaciones y procedimientos
especiales que procuran garantizar el uso apropiado y racional de los recursos disponibles por el Gobierno. Las
regulaciones impuestas perfilan los causes sobre los que deben canalizarse dichas contrataciones, las cuales,
usualmente, y bajo ciertos supuestos, sin temor a equivocarnos, tienen como uno de sus elementos principales
el concurso o licitación entre empresarios, para adjudicar la adquisición de los bienes o servicios requeridos en
concreto por el órgano o institución del Estado.
El factor descrito en el párrafo anterior se identifica perfectamente con la “competencia”. Se recurre a ella con el
propósito de obtener un mayor valor por los recursos financieros presupuestados para la contratación de dichos
bienes y servicios. En definitiva, los concursos y licitaciones públicas suponen la posibilidad de optimizar los
recursos del Estado, aplicando los escasos fondos disponibles para la compra de bienes y servicios, en la justa
medida de lo que corresponde.
En otras palabras, el objetivo de estos procedimientos abiertos a la competencia entre oferentes es obtener
precios bajos y mejores productos y servicios, lo cual deriva en el ahorro de recursos o la liberación de los
mismos para utilizarse en otras actividades también necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado.
De tal forma, la competencia se convierte en un factor fundamental, aunque no el único, por supuesto, para
asegurar el manejo adecuado y eficiente de los recursos públicos.
Precisamente, en atención a los beneficios derivados de los concursos y licitaciones públicas, es decir, de la
competencia, las manipulaciones de las ofertas en dichos procesos se tornan en acciones reprochables por el
sistema jurídico, por lo cual, la colusión entre los empresarios es castigada legalmente.
La manipulación de licitaciones se presenta cuando las compañías, que se esperaría compitieran entre sí,
conspiran secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen a los
compradores que buscan adquirirlos por medio de un proceso de licitación, suponiendo un acuerdo mediante el
cual se manipulan fraudulentamente las ofertas.
La colusión entre los ofertantes en un concurso o licitación pública elimina las ventajas de un proceso
competitivo, suscitando:
a) Precios elevados, y/o
b) Disminución de la calidad de los productos y servicios.
De forma que, se origina un daño al mercado y un perjuicio real o potencial a la Hacienda Pública, pues elimina
la posibilidad de optimizar el uso de los escasos recursos públicos, distrayendo su aplicación del total de asuntos
a los que potencialmente podría aplicarse.
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