El documento argumenta que las universidades deben establecer políticas y normas para buscar la calidad tanto en sus procesos de innovación tecnológica como en sus proyectos educativos a distancia. Deberían fijar estándares mínimos para categorizar sus ofertas educativas en niveles de calidad aceptados e incrementar la formación docente en TIC. También propone que se consensuen normas para regular los proyectos educativos a distancia y se asegure la infraestructura, soporte y evaluación necesarios.