INCLUSIÓN DE LA VCM EN LA RESPUESTA AL SIDA A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE ONUSIDA PARA LA ACCIÓN ACELERADA DE LOS PAÍSES PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL VIH.

INCLUSIÓN DE LA VCM EN LA RESPUESTA
AL SIDA A NIVEL NACIONAL
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
DE ONUSIDA PARA LA ACCIÓN ACELERADA
DE LOS PAÍSES PARA ABORDAR
LA PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES,
LAS NIÑAS, LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y EL VIH.
Autor:
Fundación María Fortaleza
Equipo Técnico:
Sandra Patricia Arturo D´vries
Nancy Rosada González
Ivan Darío Tejada
Armando Rosero García
SAN JUAN DE PASTO / DICIEMBRE DE 2014
El presente informe es el resultado del trabajo reali-
zado con el apoyo de diferentes actores estratégi-
cos regionales y mujeres viviendo con VIH con el
Esta cartilla es propiedad de la Fundación María Fortaleza, queda
prohibida su venta, reproducción total o parcial por cualquier
medio, sin autorización expresa de los autores.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Autor: FUNDACIÓN MARÍA FORTALEZA
Equipo Técnico: Sandra Patricia Arturo D´vries
Nancy Rosada González
Ivan Darío Tejada
Armando Rosero GarcíaEl
Editor: Armando Rosero Garcia.
Diseño y Diagramación: Claudia Melissa Restrepo Arturo.
“SISMO COMUNICACIÓN”
Primera edición: 500 ejemplares
Con el apoyo de: ONU MUJERES
Marzo de 2015 - Pasto, Nariño, Colombia.

5
objetivo de integrar las diversas miradas respecto a los temas de Violencia Contra la Mujer y
el VIH en el país. En total participaron 28 organizaciones a quienes agradecemos su colabo-
ración:
Actores que participaron en la entrega de insumos y observaciones.
Nubia Coral Hospital Departamental
Martha Patiño Cruz Roja
Maria del Carmen Restrepo Casa Gami- Red Popular de Mujeres
Jorge Garzón Mera Instituto Departamental de Salud
Leyla Maritza Estacio Lideresa del Pacifico Nariñense
Doris Erazo Lideresa Cumbitara
Erika López Hospital Infantil
Katherine Quintero Universidad de Nariño
Jonathan Delgado UNAVI-VBG
Nancy Solarte CTI – URI
Amaranta Gallego Proyecto Aja Udenar
Ana Pilar Castro EPS Confamiliar
Francia Obando Comisaria Primera de Familia
Zulma Izquierdo UNAVI –VBG – UDENAR
Liliana Gómez Defensoría del Pueblo
Yaneth Cabrera Personería Municipal
Mónica Rosero HUDN
Ximena Burbano Personaría Municipal
Sofía Dávila Fundacion Casa Gami
Matha Ortiz Conexión Vida
Omaira Bolaños Hospital Infantil
Juan Tutalcha Cruz Roja
Laura Díaz Gobernación SEGIS
Pilar Adriana Duque Corporación Red Somos
Bertha Julia Rojas Fundacion M.T. Save Fenix
Diego Pantoja UDENAR
Christian Enrique Cooemssanar IPS
Dolly Pantoja Fundación Caracolas por la Paz
Ángela Mireya Oviedo Mesa de Mujeres Dptal- ASOLIPNAR
Diosa Enid García Lideresa
Lorena Mejía INFPA
Paola Narváez Instituto Dptal de Salud Nariño – SSR-VBG
Erlency Scarpetta Proyecto Girasol – Red Nacional de Mujeres+
Dayra Fajardo Fundación María Fortaleza
Diana Isandara Fundacion Maria Fortaleza
Jhon Arturo Fundacion Maria Fortaleza
Milena Bacca Fundacion Maria Fortaleza
Mireya Oviedo ASOLIPNAR
I. RESUMEN EJECUTIVO REGIONAL 7
II. RESUMEN EJECUTIVO COLOMBIA 9
III. VISIÓN GENERAL DEL PAÍS 13
IV. ASPECTOS METODOLOGICOS 13
V. PANORAMA NACIONAL DE LA EPIDEMIA
DEL VIH EN EL PAÍS. 14
VI. PANORAMA DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL PAÍS. 26
VII. LA INCLUSIÓN (O NO) DE LAS ORGANIZACIONES
Y REDES DE MUJERES EN LOS PROCESOS DE TOMA
DE DECISIONES EN TORNO AL VIH Y A LA VCM. 34
VIII. FORTALEZAS Y AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN
ENTRE LAS POLÍTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y DE VIH EN EL PAÍS. 35
IX. DEBILIDADES Y DESAFÍOS PARA INTEGRAR LAS POLÍTICAS
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE VIH EN EL PAÍS. 36
X. RECOMENDACIONES PARA AVANZAR Y FORTALECER
LA INTEGRACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS SOBRE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y EL VIH EN EL PAÍS. 38
X. BIBLIOGRAFIA 42
INDICE

7
I. RESUMEN EJECUTIVO REGIONAL
La violencia contra las mujeres y las desigualdades de género colocan a las mujeres y niñas en
un contexto de mayor vulnerabilidad a la epidemia de VIH, incidiendo tanto en la propagación
como en el acceso a la atención y tratamiento. En el año 2010 ONUSIDA presentó “La Agen-
da para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las
niñas, la igualdad de género y el VIH”, un plan de acción concreto para ser llevado a cabo por
los gobiernos con la finalidad de incorporar la problemática de género así como la violencia
contra las mujeres en los planes nacionales de respuesta al VIH.
En este marco, la Coalición y Campaña “Las Mujeres NO Esperamos. Acabemos la Violencia
contra las Mujeres y el VIH/SIDA. YA!”, con el apoyo de ONU Mujeres desarrolla desde el año
2014 el proyecto “Inclusión de la violencia contra las mujeres en la respuesta frente al VIH/
Sida” con el objetivo central de analizar la incorporación de la VCM en los servicios de salud
y programas nacionales de VIH en 5 países de la región de América Latina: Argentina, Brasil,
Colombia, Perú y Uruguay. El proyecto es coordinado por GESTOS (Brasil), y llevado a cabo
por organizaciones socias de la Campaña WWW en cada país (FEIM, Fundación María For-
taleza, Centro Flora Tristán y MYSU, respectivamente).

Cada organización convocó a grupos y redes nacionales que representan a la diversidad de
las mujeres, incluyendo: mujeres viviendo con VIH, mujeres trans, usuarias de drogas, mujeres
de organizaciones de la sociedad civil con trabajo en género y violencia contra la mujer, tra-
bajadoras sexuales, mujeres jóvenes, entre otras, quienes llevaron adelante un relevamiento en
los servicios públicos de atención a la VCM y al VIH nacionales mediante la aplicación de la
“Guía para Monitorear la inclusión de la VCM en la respuesta al SIDA a nivel nacional”.
El estudio esbozó un panorama de las necesidades comunes en los países para proveer res-
puestas eficaces a las problemáticas del VIH y la VCM, a través del diseño e implementación
de políticas públicas intersectoriales, participativas, y con financiamientos suficientes que traba-
jen de forma articulada estas temáticas.
PRINCIPALES HALLAZGOS EN LOS 5 PAÍSES:
• Marcada desarticulación entre los servicios de prevención y atención del VIH y los de aten-
ción a mujeres que padecen violencia. Ambas temáticas se abordan en los servicios de salud
en forma independiente y fragmentada.
• Ausencia de estadísticas oficiales acerca de las intersecciones entre VCM y VIH. Los sistemas
de vigilancia epidemiológica del VIH no incorporan las relaciones sexuales forzadas dentro de
los formularios de notificación, haciendo imposible conocer el número de mujeres y niñas con
VIH producto de una violación. Tampoco existe un registro en los servicios de VIH del número
de mujeres que han sufrido situaciones de violencia.
ALGUNOS DATOS DEL CONTEXTO:
• En los 5 países se observa una marcada
feminización del VIH. En Argentina la razón
hombre/mujer para el año 2012 fue de 2
varones diagnosticados por cada mujer, en
1988 era de 14 hombres por mujer. En Bra-
sil en el 2013, para los grupos de 20-29
años y 30-39 años fue de 2,2 y 1,9 respec-
tivamente. En Colombia disminuyó pasando
de 14.2% en 1987 a 3.7% en 2013. En Perú
para los casos de VIH fue de 2.6 en el 2012.
En Uruguay la razón oscila entre valores de
1 y 2 en los últimos años.
• En Colombia en el año 2013 se presentaron
68.230 casos de violencia intrafamiliar de
los cuales el 77,58% (52.933) de las víctimas
fueron mujeres. En la Argentina, en el 2013
se registró 1 feminicidio cada 30 horas.
• En Perú el 71,5% de las mujeres alguna
vez unidas sufrieron algún tipo de violencia
por parte del esposo o compañero.
• En Uruguay el 68,8% de las mujeres
mayores de 15 años indicó haber vivido una
situación de violencia basada en género en
algún ámbito a lo largo de su vida.
• En Brasil de las 113.643 notificaciones de
violencia doméstica, sexual y otras violencias
en el período 2009-2010, el 66,6% de los
casos eran mujeres.

INCLUSIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER FRENTE AL VIH/SIDA PARA MUJERES Y NIÑAS 9
• Si bien se ha avanzado tanto en materia legislativa como en el diseño de Protocolos de atención
para víctimas de violencia se observaron enormes obstáculos en su difusión e implementación
por parte del personal de salud, justicia y seguridad así como ausencia de monitoreo en torno
a su aplicación.
• El personal de los programas de VIH y VCM no tiene preparación suficiente para abordar/
comprender los vínculos entre ambos flagelos y sus consecuencias.
• Ausencia de lineamientos claros en los servicios de salud que incorporen las necesidades de
la diversidad de las mujeres, incluyendo las que viven con VIH/SIDA resultando en situaciones
frecuentes de discriminación y estigmatización.
• Las campañas de prevención del VIH no incorporan las problemáticas de las mujeres y niñas
ni incluyen mensajes dirigidos específicamente a éstas.
• Escasa o nula participación de la diversidad de las mujeres en el diseño, implementación y
monitoreo de las políticas y programas nacionales del VIH y de la VCM debido a la ausencia
de mecanismos formales que permitan su inclusión.
II. RESUMEN EJECUTIVO COLOMBIA
Durante los últimos años combatir la Violencia Contra las Mujeres se ha convertido en una de
las prioridades de los Estados en Latinoamérica. La promoción de campañas en los medios de
comunicación, el endurecimiento de las penas, el diseño de rutas de atención y, en última ins-
tancia, el mejoramiento en el acceso a la justicia se ha convertido en las estrategias predilectas
promovidas desde la institucionalidad.
Sin embargo, pese a los múltiples esfuerzos provenientes desde diferentes ámbitos académicos,
sociales, no gubernamentales y de cooperación, han surgido una serie de observaciones y pro-
puestas complementarias a la estrategia Política Nacional frente a la atención de la VCM. El
recrudecimiento del conflicto armado, el posicionamiento de las mujeres y niñas como botines
de guerras, la baja capacidad de respuesta de las entidades prestadoras de los servicios de
salud y la poca atención prestada a la relación entre VCM y VIH/SIDA, se han constituido en
aspectos fundamentales a considerar a la hora de diseñar nuevas políticas públicas integrales
e incluyentes.
En este contexto, surge la necesidad de preguntarnos ¿Sobre la base de qué información se
diseñan e implementan nuevas estrategias orientadas a mejorar el acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia en Colombia?; ¿El VIH/SIDA es considerado como factor de ries-
go a la hora de atender los casos de VCM en el País?; ¿Las estrategias orientadas a promover
el empoderamiento de las mujeres han incidido en su reposicionamiento político, económicos
y social en Colombia?.
Conforme a lo anterior y con el propósito de contribuir en la identificación de algunas estra-
tegias alternativas que permitan incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres
(VCM) en la respuesta al VIH a Nivel Nacional, desde el año 2014 se viene implementando
la Guía para monitorear la inclusión de la VCM en la respuesta al Sida a nivel Nacional y la
implementación de la agenda de ONUSIDA para mujeres y niñas en cinco países de América
Latina – Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay -. En términos generales, mediante la es-
trategia se busca generar compromiso y acción para que sean implantados enfoques integrales
basados en derechos para abordar el ciclo de refuerzo mutuo entre la violencia basada en el
género y el VIH como fundamentalmente vinculado a la crisis de salud y de derechos humanos.
Bajo esta óptica, desde la Fundación María Fortaleza se desarrolló una investigación cualita-
tiva y cuantitativa a partir del análisis de fuentes estadísticas nacionales, entrevistas y talleres
regionales en donde participaron diversos actores sociales e institucionales del país, con el
propósito de identificar algunas respuestas a estos interrogantes y, al mismo tiempo, ofrecer
un diagnostico acerca de a) la disponibilidad de la información sobre la relación entre VCM y
VIH/SIDA, b) los obstáculos, barreras y restricciones que encuentran los usuarios del sistema de
salud y, finalmente, c) el estado actual de las redes de mujeres en Colombia.
RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS:
A partir de los hallazgos obtenidos se recomienda a los gobiernos nacionales las siguientes
acciones para brindar una respuesta integral y eficaz a ambas epidemias:
• Diseñar e implementar políticas intersectoriales con financiamiento suficiente entre las áreas
de mujer, salud, justicia y seguridad, para brindar respuestas integrales y articuladas a la
problemática del VIH y la VCM.
• Incluir en las instancias de discusión, de creación de políticas y de toma de decisiones locales
y regionales representantes de organizaciones de mujeres, incluyendo las que viven con VIH/
SIDA en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas de VIH y VCM.
• Incorporar en los servicios de atención a la VCM el asesoramiento y ofrecimiento de la prue-
ba del VIH, garantizando la voluntariedad y confidencialidad de los resultados.
• Incluir en los servicios de VIH la detección de situaciones de violencia, especificando sus
formas y asociaciones, registrando esta información en los datos de vigilancia epidemiológica
del VIH a nivel nacional.
• Garantizar la efectiva implementación de los Protocolos de atención a mujeres víctimas de
violencia así como su monitoreo por parte de las autoridades correspondientes en conjunto con
la diversidad de los grupos y redes de mujeres.
• Desarrollar campañas de sensibilización a la población general, de forma periódica y sostenida,
sobre los vínculos del VIH y la VCM, que incorporen las necesidades de la diversidad de las mujeres.
• Capacitar en forma continua y obligatoria al personal de salud, justicia y seguridad en ma-
teria de género, violencia, y VIH, y en particular al personal de los servicios de VIH y VCM en
torno a los vínculos existentes entre estas problemáticas.

En términos generales, el informe arrojó los siguientes resultados:
1. En el país la epidemia por VIH no es unidimensional, ni se relaciona con un único tipo
de prácticas o poblaciones. La estructura social y relaciones de poder definen la afectación
multidimensional en una u otra población o región. Dicha situación se ve reforzada por diversos
factores estructurales como las condiciones de pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a
servicios sociales, educativos o de salud, falta de representatividad política de algunos grupos
poblacionales, entre otros factores contribuyen a la expansión de la epidemia del VIH/SIDA.
2. Existen diversas normas y leyes que regulan y sancionan los actos violentos y agresivos
contra las mujeres, niños y niñas. Sin embargo, los procesos judiciales y de atención a víctimas
de violencia intrafamiliar o sexual son lentos y las rutas de acceso son interminables, generando
en la victima angustia y desesperanza, re victimizando de alguna manera a las personas que
acuden por ayuda en este tipo de situaciones.
3.El tema de VIH, no es concerniente ni propio de las EPS. Es un tema que por su complejidad
debe ser considerado como un factor transversal en las instituciones que representan al Estado,
De esta manera, su abordaje ira más allá de lo que significa la salud; debería entonces, trastocar
el escenario social, cultural, académico y económico, en aras de su magnitud.
4. Es necesario propiciar una estrategia nacional de incidencia política por parte de las redes
de mujeres víctimas de VCM y que vivan con VIH/SIDA en instancias políticas nacionales,
regionales y municipales, en aras de promover un mejor entendimiento sobre las necesidades y
derechos específicos de las mujeres y las niñas en el contexto del VIH, a fin de que los programas
nacionales sobre el SIDA puedan responder a la epidemia de una manera más efectiva.
5. Cabe señalar que un tema de mucha importancia lo constituye la baja calidad en la
prestación de servicios de salud y de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. La falta
de oportunidades y la precaria integralidad de la atención, el desconocimiento de los aspectos
de género inherentes a la problemática de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, la
falta de claridad respecto a las competencias institucionales y a los mecanismos de coordinación
para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, generan una revictimización de las
mujeres que solicitan el servicio de salud.
6. La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del año 2003 necesita ser actualizada
en función de una serie de nuevas perspectivas a saber:
a. Reconocer las diversidades sexuales, de géneros, de generación, étnicas y de situaciones
de vulnerabilidad con necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales.
b. Visibilizar las desigualdades e inequidades que hacen a las mujeres víctimas de
discriminación y exclusión.
c.Inclusión de otros géneros en las agendas públicas, que significan una recomposición de
los conceptos binarios de hombres/mujeres, masculino/femenino, heterosexual/homosexual.
Los géneros no se refieren solo a hombres y mujeres en una relación heterosexual, sino que
pueden ser gays, lesbianas, bisexuales, trans, travestis.
7. Pese al impacto negativo del conflicto armado en relación a la VCM y el VIH, estos temas
no han sido objeto de discusión en las mesas de trabajo. Consideramos que este es un factor
indispensable para el diseño y promoción de políticas públicas integrales y diferenciadas en el
marco del posconflicto, que promuevan el reposicionamiento y el reconocimiento de los DDHH
de las víctimas de la guerra en el País.
8. Se reconoce avances positivos en el tema del liderazgo de la mujer en diferentes ámbitos,
puesto que han logrado posicionarse en escenarios de decisión e incidencia política y con
el paso del tiempo desempeñan diversos roles de gran importancia social. No obstante, se
considera necesario fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres en los temas de VCM
y VIH en diversos temas tales como:
• “Avance en el liderazgo de diversidad sexual.”
• “Los escenarios donde las mujeres ejercen liderazgo deben obtener más herramientas
para su función.”
• “El liderazgo de la mujer se viene haciendo cada vez más visible en ámbitos públicos y
su rol en el ámbito privado se viene reformulando.”
• “En la actualidad la mujer administra, dirige, deja huella, trabaja.”
• “Pese al aumento del liderazgo de las mujeres en el ámbito político, se hace necesario
fortalecer el liderazgo con inclusión de mujeres con VIH.”
“Cabe señalar que un tema de mucha
importancia lo constituye la baja calidad en la
prestación de servicios de salud y de atención
a las víctimas de violencia intrafamiliar”
“La Política Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva del año 2003 necesita
ser actualizada en función de una serie
de nuevas perspectivas ”

III. VISIÓN GENERAL DEL PAÍS:
Durante los últimos veinte años, la sociedad colombiana ha presentado una serie de
transformaciones socioeconómicas y culturales que la ubican como un país predominantemente
urbano, con un desarrollo industrial incipiente y amplias disparidades interregionales expresadas
en inequidades de ingresos, tenencia y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
En relación a su población, y según las proyecciones estadísticas difundidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2014 Colombia cuenta con una
población total de 47.661.787 habitantes, de los cuales el 76.2% reside en las cabeceras
urbanas y el 23.7% restante lo hace en la zona rural. El mayor volumen de población reside en
las ciudades de Bogotá (16.3%), Medellín (5.1%), Cali (4,9%) y Barranquilla (2.1%) las cuales
concentran las mejores oportunidades y garantías laborales, académicas, de salud, seguridad
y de servicios públicos. Dicha situación ha estimulado el movimiento migratorio voluntario de
un gran volumen de población que buscan mejorar sus condiciones de vida
De otro modo, existen alrededor de 5 millones de personas que se han visto obligadas a
desplazarse de sus lugares de origen a razón del conflicto armado y sus diferentes expresiones
como: asesinato, violencia sexual, extorsión, reclutamiento forzado entre otras (Human Right
watch, 2014). En su gran mayoría, las víctimas de este flagelo son campesinos, afrodecendientes,
mujeres e indígenas residentes en las regiones periféricas del país, las cuales se ven obligadas
a desplazarse hacia las ciudades más cercanas, que no logran vincularlas de manera efectiva
a los sistemas y rutas de atención estatal.
Bajo esta óptica se desarrollan las problemáticas del VIH//SIDA y la Violencia Contra la Mujer
en el País. Aunque, las estadísticas nacionales muestran un panorama alentador en cuanto al
aumento en el número de denuncias de mujeres que han sido maltratadas de diversas formas,
persisten una serie de barreras para su atención integral y efectiva por parte de las diferentes
entidades del Estado. Del mismo modo, aunque el país ostenta desde el año 2011 una tasa de
prevalencia constante de 0.5%, la atención a personas con VIH/SIDA continua presentando
una serie de limitaciones que impiden el acceso a recibir una atención integral por parte de
las diferentes EPS del país.
Es en este contexto en el cual se desarrolla el contenido temático de la guía para la incorporación
de la violencia contra las mujeres en la Respuesta Nacional frente al VIH. Se espera que los
aportes estadísticos y analíticos satisfagan de alguna manera las expectativas de los lectores y
se constituya en línea de base para el desarrollo de futuras investigaciones en Colombia.
IV. ASPECTOS METODOLOGICOS
La presente investigación es de carácter estadísticas – descriptiva. Para su materialización se
dividió el trabajo de recolección de información en tres etapas. En primer lugar, se hizo un trabajo
de revisión bibliográfica y legislativa en relación a los temas de VCM y VIH en el País. De este
modo, se obtuvo datos estadísticos actualizados, se construyó una base de datos sobre legislación
y protocolos vigentes sobre esta temática en el País y se diseñó la primera versión de la guía.
“Aunque las estadísticas nacionales muestran
un panorama alentador en cuanto al aumento
en el número de denuncias de mujeres que han
sido maltratadas de diversas formas, persisten
una serie de barreras para su atención integral
y efectiva por parte de las diferentes entidades
del Estado.”

Posteriormente, se realizó un taller multidisciplinar en el cual participaron diversas entidades
públicas pertenecientes al sector salud, las secretarias u oficinas de género, representantes de
las redes de mujeres de Nariño, representantes de las organizaciones de trabajadoras sexuales
y población LGTBI y algunas invitadas pertenecientes a otras fundaciones de mujeres viviendo
con VIH del País. A partir de este ejercicio, se realizó una contrastación entre los datos consig-
nados en la guía y las experiencias locales, se facilitó la identificación de acciones, objetivos
e intereses y se introdujeron nuevos comentarios y observaciones desde los participantes, am-
pliando así las miradas y enfoques de abordaje de la guía.
Finalmente, y en aras de legitimar el proceso se aprovechó el desarrollo del II Foro Regional
promovido por la Fundación María Fortaleza, denominado “Una mirada de inclusión de la
violencia contra la mujer y el VIH en la agenda Política Nacional” a la cual asistieron diferentes
panelistas provenientes del sector académico, instituciones públicas y lideresas comunitarias.
Durante el desarrollo del Foro se dio el espacio para firmar un acuerdo de voluntades entre los
asistentes quienes se comprometieron a promover y cumplir cuatro acciones específicas:
1) la inclusión del tema del VIH en el diseño y promoción articulada de estrategias que permi-
tan mejorar las capacidades y condiciones de vida de las mujeres que viven en esta condición;
2) integrar el análisis de la situación actual de las mujeres víctimas de violencia y que viven
con VIH/SIDA dentro de futuras investigaciones, 3) promover el dialogo entre diversos actores
de orden Nacional y Regional con el fin de diseñar políticas públicas participativas y, por últi-
mo, 4) establecer mecanismo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación por parte de los
diferentes actores involucrados en el acuerdo.
De este modo, se logró crear un ambiente favorable para la inserción del tema del VIH/SIDA a
en instancias de debate y toma de decisión. Se espera que los logros obtenidos en la primera
fase del proyecto puedan trascender al debate regional y hacer parte integral de futuras estra-
tegias que incidan en la construcción de la Política Pública Nacional.
V. PANORAMA NACIONAL DE LA EPIDEMIA DEL VIH EN EL PAÍS.
Colombia tiene una epidemia concentrada, es decir, que la enfermedad se presenta principal-
mente en grupos de alta vulnerabilidad: trabajadores y trabajadoras del sexo, hombres que
tienen sexo con hombres (HSH) - con una prevalencia que está por encima del cinco por ciento
- mientras que en el resto de población es menor al uno por ciento.1
Una de cada tres personas
1 En Colombia la prevalencia de infección en mujeres gestantes se ha establecido en 0.22% (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2012), mientras que en grupos de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
(HSH) las prevalencias superan el 10%, alcanzando valores de hasta un 25% (Ministerio de Salud, UNFPA,
2012). Igualmente, en las mujeres transgénero las prevalencias alcanzan cifras hasta de un 15% (CHF, 2011).
Sin embargo, existen otros sectores de la población en los que, si bien su prevalencia no llega al 5%, si superan
con creces los valores establecidos para la población general; por ejemplo, la mujeres trabajadoras sexuales
alcanzan en promedio la cifra del 2.8% (Ministerio de Salud y Protección Social / UNFPA, 2010), los Usuarios
de Drogas Intravenosas – UDIS en la ciudad de Medellín alcanzaron una prevalencia del 3.8% (Ministerio de
Salud, 2011) y los habitantes de calle 19% (CHF, 2012). Por último, existen grupos de población que aunque
tienen cifras de prevalencia que se asemejan a las de la población general, tienen reconocidos factores de
vulnerabilidad que requieren ser tenidos en cuenta por el volumen de su población y por el creciente número de
casos al interior de los mismos tales como jóvenes o mujeres. Dadas las circunstancias, es importante tratar de
infectadas tiene entre 25 y 34 años de edad. La razón de masculinidad, que en la década de
los años 80 fue de 12:1, para el año 2010 era de 2:1 con tendencia al equilibrio, sin un claro
patrón racial. En otras palabras, en los escenarios de epidemias concentradas el VIH se ha
propagado con rapidez en un subgrupo de población definido, pero no se ha extendido del
todo a la población general.
El primer caso de VIH en el país se reportó en la ciudad de Cartagena en el año de 1983. Este
caso fue notificado como muerte en el año 1984. Posteriormente se notificaron tres nuevos casos
como muertos. Sin embargo, estos casos fueron excluidos de la base de datos nacional y tan
solo desde el año 1985 se recopilan en la estadística nacional los casos de VIH/Sida en el País.
Desde entonces hasta el 31 de diciembre de 2013 se han notificado 92.379 casos de VIH/SIDA,
observándose una tendencia creciente de notificación desde el año 2008 (ver Gráfica 1). En el
año 2012 se notificaron al sistema 7.624 casos, mientras que para el año 2013 se registraron en el
SIVIGILA 8.208 casos. El sexo del 72% de los casos notificados de VIH y SIDA para los años 2012
y 2013 fue hombre, para una razón de masculinidad de 2,6 hombres por una mujer con VIH/SIDA.
Vale la pena resaltar que esta variación significativa es el resultado de la implementación de
múltiples acciones estratégicas relevantes que nos permiten analizar el crecimiento estadístico
constante desde el año 2005 hasta la actualidad. Estos cambios permitieron la ampliación de
las notificaciones a nivel país. Sin embargo, pese a estos avances significativos persiste un am-
plio subregistro en las zonas rurales lo cual impide tener una muestra con mayor confiabilidad
en las estadísticas nacionales.
establecer un enfoque diferencial que desde la perspectiva de respeto a los derechos humanos y de equidad de
género, procure abordar los diferentes determinantes sociales, individuales o programáticos que afectan a las
diferentes poblaciones con el fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2208
2010
2011
2012
2013
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Gráfica1. Número de casos notificados de VIH-SIDA en Colombia entre 1985 y 2013
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Informe GARPR - 2014
Número de casos
VIH Notificados

17
Tabla 1. Hitos relacionados con VIH en el país 2005 - 2010 Tabla 1. Hitos relacionados con VIH en el país 2005 - 2010
AÑO
AÑO
2005
2006
2012
2013
2006
2006
2007
2009
Proyecto Fondo Mundial
Ronda 6
Proyecto Fondo Mundial
Ronda 9 “Fortalecimiento
de la capacidad institucional
y comunitaria para la oferta
de servicios de calidad
y la reducción de la morbi-
mortalidad por VIH/Sida en
grupos de alta vulnerabilidad
en Colombia”
Creación y reglamentación
del Sistema de Vigilancia
en Salud Pública, por medio
del Decreto 3518 de 2006
Resolución 3442 de 2006.
Recomendaciones de los Mode-
los de Gestión Programática
en VIH/SIDA y de Prevención
y Control de la Enfermedad
Renal Crónica
Circular 0063 de 2007.
Cobertura de servicios
de salud y la obligatoriedad
para la realización de las
pruebas diagnósticas y
confirmatorias para VIH.
Manual de Procedimientos
Estrategia para la reducción de
la transmisión perinatal del VIH
y de la Sífilis Congénita.
En el marco de este proyecto se desarrollaron diferentes acciones a
nivel nacional en algunos departamentos y municipios priorizados.
Las acciones de intervención se dirigieron a jóvenes y adolescentes,
entre ellas se destacan:
• Elaboración de un diagnóstico participativo sobre Conocimien-
tos, actitudes y prácticas de adolescentes y jóvenes en torno a la
sexualidad y la SSR.
• Formación de líderes multiplicadores en el tema de SSR: Preven-
ción de VIH/SIDA, ITS, Embarazo adolescente.
• Suministro de insumos de prevención: preservativos masculinos a
población de adolescentes y jóvenes.
• Realización de asesoría y pruebas voluntarias de VIH.
El proyecto orientó sus acciones hacia 7 grupos poblacionales
considerados como los que presentan mayor vulnerabilidad frente
al VIH/SIDA: Mujeres trabajadoras sexuales, Mujeres Trans, Hombres
que tienen sexo con hombres, Habitantes de calle, Personas
privadas de la libertad, Jóvenes en contextos de desplazamiento
(10 a 24 años de edad) y Personas que viven con VIH/SIDA.
El proyecto se planteó dos objetivos principales:
• Fortalecimiento comunitario para la prevención del VIH y el em-
poderamiento de los grupos clave priorizados, con el fin de incre-
mentar la demanda de la asesoría y prueba voluntaria para VIH.
• Fortalecimiento de las instituciones de salud públicas y privadas
para la atención integral y de calidad a los grupos clave priorizados.
Las metas visualizadas durante el desarrollo del proyecto fueron:
• Articulación con otros procesos en SSR y VIH.
• Consolidación de un organismo de coordinación departamental
que visibilice, viabilice y dé sostenibilidad al proyecto en lo local.
• Creación y/o fortalecimiento de la ruta de atención integral.
• Estrategias de promoción de la demanda de asesoría y prueba
voluntaria.
• Incremento de la disponibilidad de medios preventivos.
Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes:
• Distribución de condones masculinos y lubricantes suministrados
por el proyecto entre los grupos clave, mediante estrategias lúdicas
y educativas.
• Realización gratuita y de fácil acceso de asesorías y pruebas vo-
luntarias de VIH a personas pertenecientes a los grupos poblacio-
nales priorizados.
• Identificación y seguimiento a los servicios de salud que ofertan los
servicios integrales de APV, prueba rápida, pruebas de seguimiento
y tratamiento ARV.
• Identificación y acompañamiento a funcionarios de los equipos
de salud participantes en el proyecto, en las acciones de formación
y atención integral de calidad al VIH/SIDA.
• Apoya y gestión de la vinculación de líderes pares como veedores
de la calidad de los servicios de salud.
• Gestión, seguimiento y recolección de encuestas para la evalua-
ción sistemática de satisfacción de usuarios de los servicios de salud
fortalecidos por el proyecto.
• Apoyo y gestión de la integración de los servicios de salud sexual
y reproductiva, tuberculosis y urgencias de las instituciones de
salud participantes para la oferta de APV de calidad a personas de
los grupos clave no aseguradas por el sistema de salud.
A partir de la creación y reglamentación del Sistema de Vigilancia
en Salud Publica–SIVIGILA se fortalecen y sistematizan los siguientes
procesos:
• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.
• Detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y
propagación de los eventos objeto de vigilancia en salud pública.
• Detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control.
• Identificar los factores de riesgo o factores protectores relaciona-
dos con los eventos de interés en salud y los grupos poblacionales
expuestos a dichos factores.
• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.
• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de
prevención y control.
• Facilitar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones en salud.
• Orientar las acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud.
• Orientar la formulación de políticas en salud pública.
Este documento, además de establecer las directrices en cuanto al
proceso de atención integral para PVVS, enfatiza en el proceso de
diagnóstico y detección de la infección por el VIH:
• Se establece el algoritmo diagnóstico para la infección por VIH.
• Se destaca el papel fundamental de la asesoría pre y post prueba
de VIH.
Esta circular recoge en gran medida las legislaciones que la prece-
den en el tema de VIH y las retoma para plantear la obligatoriedad
de las EPS, en todos los regímenes, de garantizar el diagnóstico de
la infección por VIH como enfermedad de interés en salud pública.
Se actualizan los procedimientos técnicos científicos necesarios en
el seguimiento prenatal de toda gestante colombiana. Se ratifica
la obligatoriedad de realizar los respectivos reportes respecto al
estado serológico de la madre respecto al VIH y el seguimiento res-
pectivo al recién nacido expuesto al VIH
Situación
Reglamentación
Situación
Reglamentación
Aspectos relevantes
Aspectos relevantes
Fuente: Elaboración de esta investigación. 2014 Fuente: Elaboración de esta investigación. 2014

1. Número de casos de VIH y Sida
reportados desde el comienzo de la epidemia.
Del total acumulado de casos notificados de VIH/SIDA al Sistema de Vigilancia nacional, el 78%
de se encontraban en estado VIH y el 22% en estado SIDA. Como se observa en la Gráfica 2,
el porcentaje de notificaciones de casos en estado SIDA ha disminuido desde el año 1986. Para
el año 2012 el porcentaje de casos en VIH fue del 81% y en el año 2013 fue del 83%.
Empero, se debe ser muy cuidadoso con el análisis de la información registrada en la gráfica
anterior. Si bien es cierto existe una disminución porcentual notable entre los años registrados,
se debe aclarar que en el año 1986 los casos notificados no llegaban a 500, mientras que en
2012 eran superiores a 8.000. Es decir, que el 20% registrado en 1986 expresa cerca de 100
casos notificados como VIH, mientras que los registros de 2012 se acercarían a los 300 casos.
De este modo, aunque las estadísticas demuestren una disminución porcentual en la realidad
existe un importante número de personas viviendo con Sida, lo que nos demuestra que aunque
la estadística es confiable su mala interpretación nos puede llevar por caminos equivocados.
Vale la pena destacar el grado de masculinidad que ha tenido esta pandemia en el país. Sin
embargo, como lo muestra la Gráfica 3, la razón de masculinidad de los casos notificados
de VIH ha venido disminuyendo pasando de un 27.5% de las notificaciones en 1987 a 2.5%
hombres por una mujer con VIH en el año 2013.
No obstante, el número de casos por cada 100.000 habitantes ha aumentado progresivamen-
te desde que se notificó el primer caso de VIH/SIDA en 1985, mostrando una tendencia ascen-
dente desde 2007, año en el cual se notificaron 11.8 casos de VIH/SIDA por cada 100.000
hombres y 5.7 casos por cada 100.000 mujeres. Para el año 2013, se presentó una tasa de
25.6 casos por 100.000 hombres y 9.4 por cada 100.000 mujeres, situación que debe ser
analizada con detenimiento por parte de las autoridades nacionales.
2. Población estimada de personas con VIH
La población estimada de personas con VIH desde el 2001 es superior a los 140.000 casos.
En el año 2012 se estimaron 144.447 casos y en el año 2013 se estima que hubo 145.367
casos, alcanzando el nivel histórico más alto de personas con VIH en el País.
El número estimado de nuevas infecciones en el año 2013 fue de 9.247 casos, de los cuales
7.613 fueron en hombres y 1.634 en mujeres, viéndose comprometidos en mayor medida el
grupo de edad desde los 15 hasta los 39 años
3. Distribución por edad de los casos de VIH/Sida reportados por año.
El grupo de edad con el mayor número de casos notificados de VIH/SIDA para 2012 fue el de
25 a 29 años con alrededor del 20%. Le sigue el grupo de edad de las personas entre 20 y
24 años y en tercer lugar aparecen los de 30 a 34 años. Estos rangos de edad abarcan una
buena proporción de la población económicamente activa del país.
El número estimado de nuevas infecciones en el año 2013 fue de 9.247 casos, de los cuales
7.613 fueron en hombres y 1.634 en mujeres, viéndose comprometidos en mayor medida el
grupo de edad desde los 15 hasta los 39 años
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2208
2010
2011
2012
2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
VIH SIDA
Gráfica2. Porcentaje de casos notificados según VIH SIDA en Colombia 1985 - 2013
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+
Hombres Mujeres
Gráfica3. Número estimado de nuevas infecciones por VIH por sexo y grupos de edad
Gráfica4. Distribución por edad de los casos de VIH/SIDA notificados en Colombia en 2012
25%
20%
15%
10%
5%
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

En los grupos de edad de 15 a 19, 30 a 34 y 35 a 39 años, la proporción de mujeres notifica-
das con VIH/SIDA es ligeramente superior a la proporción de hombres, apreciación que debe
ser interpretada con cautela, puesto que la Estrategia de Eliminación de la Transmisión Materno
Infantil implementada a nivel nacional en Colombia, se focaliza en la tamización de mujeres
embarazadas, mientras que para hombres que se encuentran en estos grupos de edad, no se
realizan procesos de tamización continuos.
4. Distribución por área geográfica.
Como se mencionó, los casos notificados de VIH/Sida en el país se acentúan en ciertas zonas
geográficas. Durante el período 1983-2010 Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, Barranquilla,
Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander (territorios que albergan la mayoría de la pobla-
ción nacional) y Quindío, que dieron cuenta del 75% de los casos notificados.
Varios factores explican esta situación: a) la mayor parte de los centros de atención y apoyo
especializado (nivel III) se encuentran en las grandes ciudades, las cuales aglutinan poderes
de importancia política, económica o social; b) son áreas que, en general, han sido receptoras
y acogen población con diferentes condiciones de vulnerabilidad, entre las que se cuentan el
desplazamiento forzado; c) son áreas que, al ser grandes urbes, permiten a sus moradores
cierta condición de anonimato (UNFPA, 2012).
5. Notificación por etnia.
Pese a los múltiples avances en relación a la sistematización y registro de la información referen-
te al VIH/SIDA en el país, aún persisten deficiencias en el registro de datos sobre el desarrollo
de la enfermedad en el país, según su pertenencia étnica. Tan solo desde el año 2006 empezó
a realizarse un proceso de sistematización de datos relativos al autorreconocimiento del grupo
étnico por parte de la Población viviendo con VIH/SIDA (PVVS).2
Pese a que los grupos étnicos
reconocidos (indígenas, rom, rauzal, palenquero y afrocolombiano) aportan tan solo el 10% de
los casos registrados, se presume que persiste un amplio subregistro de la enfermedad en las
zonas en donde se desenvuelve el conflicto armado en el país.
2 A partir de 2005 hubo un impulso al reconocimiento de las etnias en las estadísticas poblacionales del país
debido a dos hechos: la realización del Censo del Dane, y la normativa que estableció el Registro único de
afiliación de usuarios, RUAF.
Fuente: Panorama VIH - SIDA en Colombia 1983 -2010
Mapa 1. Distribución por área Geográfica
Gráfica 5. Distribución porcentual de número de casos de VIH/SIDA notificados 2012
25%
20%
15%
10%
5%
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Hombres Mujeres

6. Mortalidad por VIH/Sida.
La información relacionada con la mortalidad en Colombia es oficialmente presentada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, quien se encarga de recolectar
todos los certificados de defunción del País y hace todo el proceso para depurar la información y
emitir datos de mortalidad. Sin embargo, no hay que desconocer que esta fuente oficial presenta
un subregistro y un subdiagnóstico asociados a varios factores que no se trataran en esta guía.
El acumulado de muertes por SIDA desde el año 1991 a 2012 es de 39.886 defunciones. En
el año 2011 se certificaron 2.353 defunciones asociadas a SIDA y en el año 2012 se tiene un
informe preliminar de 2.216 muertes asociadas. En términos generales, la mortalidad también
puede asociarse a diagnósticos tardíos en fase SIDA avanzada, por dificultades para el acceso
al diagnóstico, al tratamiento antirretroviral y a la baja percepción de riesgo o vulnerabilidad,
que pueden hacer que las personas consulten en condiciones de gran deterioro.
Pese a esta situación, desde al año 2008 se evidencia un declive de defunciones por esta
causa alcanzando un 5.11 defunciones por 100.000 habitantes. El efecto positivo de la aten-
ción integral y a la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales para quienes lo necesiten,
independientemente del sistema de seguridad social al cual pertenezcan, ha contribuido de
manera directa en esta situación. De continuar esta tendencia, se espera que la tasa de morta-
lidad continúe en descenso dado que el país cuenta con todas las herramientas para ofrecer un
diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
En relación a las mujeres, desde el año 1998 la tasa de mortalidad asociada a SIDA presenta
un aumento comenzando con 1.25 defunciones por 100.000 habitantes. En el año 2007 se
presenta la tasa más alta con 2.58 defunciones por 100.00 habitantes, y desde ese año la
tasa de mortalidad se mantiene en promedio con 2.4 defunciones por 100.000 habitantes por
año. Lo anterior evidencia un proceso de feminización de la enfermedad ha sido uno de los
aspectos críticos a considerar por parte del Sistema de Salud Nacional.
7. Tratamiento ARV.
Según los datos obtenidos en el Observatorio Nacional para la Gestión de VIH/SIDA, el por-
centaje de cobertura de TAR en personas que viven con VIH entre 2005-2010, ha oscilado en
un rango de 61% a 80,5% (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).
Los departamentos del Vaupés, San Andrés y Guainía presentaron la mejor cobertura de TAR
con un 100% de cobertura. Vale la pena resaltar que aunque no tienen una cobertura total los
departamentos de Magdalena (89%), Caquetá (90%), Quindío (90%), Casanare (90%), Atlántico
(91%), Arauca (93%), Chocó (95%) y Putumayo (96%) han alcanzado la meta definida para el
2015 del sexto objetivo del milenio. Sin embargo, existe alguna preocupación por la menor ca-
pacidad de atención de los departamentos de Boyacá (77,9%), Vichada (80%) y Meta (80,16%).
Sin embargo, solamente un tercio de las personas que tienen acceso a la TAR toman su medica-
ción adecuadamente, poniendo de manifiesto tasas subóptimas de adherencia al tratamiento y
poco impacto de la TAR en el control de la enfermedad. Tres de cada cuatro personas no eran
manejados por especialistas o grupos integrales de manejo, o eran abordados por médicos sin
capacitación ni estabilidad laboral, además de mostrar que se presentaban problemas para
la realización de las pruebas de laboratorio necesarias, que había dificultades en el acceso
de las PVVS, y que solo se contaba con 8 de 17 medicamentos incluidos en ese momento en
el POS (UNFPA, 2012). En este contexto, se refuerza la revictimización de los pacientes toda
vez que la baja preparación y formación del personal encargado de atenderlos repercute en
el alejamiento de los pacientes de los centros médicos en el país.
Fuente: DANE, 2012
Gráfica 6. Tasa de mortalidad por SIDA según sexo en Colombia entre 1998 y 2012
Hombres
Mujeres
Nacional
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tabla 2. Cobertura de tratamientos antirretroviral en personas que viven con VIH/
SIDA en Colombia según régimen de afiliación al SGSSS, 2011
Régimen Con TAR Con TARTotal casos VIH/SIDA
Contibutivo
Subsidiado
Fuerzas Militares
Total
20.232
12.36
267
32.684
22.683
30714.335
37.325
89.19
86.26
86.97
88.05
Casos Indicador %
Fuente: Elaboración de esta investigación. 2014
“Solamente un tercio de las personas que
tienen acceso a la TAR toman su medicación
adecuadamente, poniendo de manifiesto tasas
subóptimas de adherencia al tratamiento
y poco impacto de la TAR en el control
de la enfermedad.”

8. Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA a Nivel Nacional
Desde el año 2006 viene operando en el país el Sistema de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA), que tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo,
sistemático y constante de los eventos en salud pública prioritarios, el cual sustenta la orientación,
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.
Bajo esta óptica, desde el Ministerio de Salud Nacional se han definido una serie de lineamientos
para la vigilancia y control de infecciones de transmisión sexual como expondremos a continuación:
a. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades para la vigilancia establecidas en
la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, atención del
parto y al recién nacido, la guía de atención para la sífilis gestacional y congénita y en la
guía de atención del VIH/SIDA, resolución 412 de 2000 y sus actualizaciones.
b. Apoyar el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención y control de las ITS,
teniendo en cuenta el Plan Nacional de Salud Pública y el Plan Nacional de Respuesta ante el
VIH/SIDA, en la elaboración del Plan Territorial de Salud y del Plan de Intervenciones colectivas.
c. Remitir mensualmente al correo electrónico its@ins.gov.co las actas de las reuniones de
análisis, los planes de mejoramiento y de manera trimestral el seguimiento de dichos planes.
d. Generar espacios de análisis de manera mensual, en conjunto, Empresas Administradoras
de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de servicios de Salud, Direcciones
Locales Municipales, Distritales y Departamentales para analizar todos los casos de Sífilis
congénita, y de manera semestral para analizar el comportamiento de Hepatitis B y VIH/SIDA.
9. Legislación vigente a nivel nacional en materia de VIH.
Colombia ha desarrollado diferentes acciones para contener la infección por VIH y ha formu-
lado documentos de política pública relacionados con la prevención, diagnóstico y atención
de la infección por VIH. Estos documentos pretenden incluir los distintos sectores y actores
gubernamentales, sociales e institucionales y, de esta manera, contribuir a mejorar la situación
de salud de la población. Actualmente, el País ha desarrollado diferentes instrumentos norma-
tivos que realmente pretenden responder a las necesidades —en especial a la prevención, el
diagnóstico, la atención y el tratamiento integral— de personas infectadas y afectadas por el
VIH/SIDA (Guías de Prevención VIH/SIDA, Ministerio de la Protección Social, UNFPA, 2011).
“Colombia ha desarrollado diferentes acciones
para contener la infección por VIH y ha
formulado documentos de política pública
relacionados con la prevención, diagnóstico
y atención de la infección por VIH.” Tabla 3. Legislación relativa al VIH/Sida en Colombia.
Norma Año
Constitución política
Decreto
reglamentario 559
Ley 100
Decreto 1571
Resolución 5261
Resolución 412
Decreto 1543
Acuerdo 117
Ley 972
Decreto 2323
Decreto 3518
Decreto 2323
Resolución 3442
Ley 1122
Circular 063
Acuerdo 08
1991
1991
1993
1993
1994
2000
1997
1998
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
Constitución política de Colombia.
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 09 de 1979 y 10 de 1990, en
cuanto a la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, es-
pecialmente lo relacionado con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana, HIV, y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y se dictan otras
disposiciones sobre la materia.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto
a funcionamiento de establecimientos dedicados a la extracción, procesamiento,
conservación y transporte de sangre total o de sus hemoderivados. Se crean la Red
Nacional de Bancos de Sangre y el Consejo Nacional de Bancos de Sangre y se dic-
tan otras disposiciones sobre la materia.
Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos
del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de de-
manda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y de-
tección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.
Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).
Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedi-
mientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de
interés en salud pública.
Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado co-
lombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas,
especialmente el VIH/SIDA.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 en relación con la Red
Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 en relación con la Red
Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se adoptan las Guías de Práctica Clínica basadas en evidencia para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH/SIDA y Enfermedad
Renal Crónica y las recomendaciones de los Modelos de Gestión Programática en
VIH/SIDA y de Prevención y Control de la Enfermedad Renal Crónica.
Por el cual se hacen algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones.
Cobertura de servicios de salud y la obligatoriedad para la realización de las prue-
bas diagnósticas y confirmatorias para VIH.
Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los planes obligatorios de salud
de los regímenes contributivo y subsidiado.
Objeto
Fuente: Guías de Prevención VIH/SIDA, Ministerio de la Protección Social, UNFPA, 2011).

VI. Panorama de la Violencia Contra las Mujeres en el País.
La violencia contra las mujeres es uno de los ejes temáticos a partir de los cuales las organizaciones
de mujeres del País han logrado reposicionarse en la esfera Política Nacional. Desde diferentes
ámbitos lograron visualizar la VCM como un problema social (no solo individual) el cual exigió
no solo replantear las formas de judicialización y control sino el diseño de PolíticasPúblicas con
obligaciones específicas para las instituciones, incluidas las de salud (Castro & Riquer, 2003).
En este contexto, a través de la Ley 51 de 1981 y su Decreto reglamentario 1398 de 1990, el Esta-
do colombiano ratificó su compromiso para eliminar todas las formas de discriminación contra la
mujer en el país.3
En consonancia con lo anterior, mediante la Ley 248 de 1995 el Estado aprobó
la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Es este modo, Colombia
ratificó sus compromisos políticos pero sobretodo legales y jurídicos para enfrentar y transformar
este flagelo. Sin embargo, pese a estos avances en el marco legal del país y en consonancia con
las estadísticas suministradas Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y
CF), prevalecen unos indicares preocupantes de VCM como se expondrá a continuación:
1. Violencia Sexual.
Cuando se habla de violencia sexual, no solo se hace referencia a la violación, también
llamada acceso carnal violento. En la violencia sexual están presentes todas las relaciones o
actos no consentidos por la persona sea hombre o mujer, es decir, que se hacen utilizando la
fuerza, la coacción física psicológica; o aprovechándose de las condiciones de indefensión,
desigualdad y poder entre víctima y agresor. (Profamilia, 2010)
En el año 2013 se presentó un total de 20.739 casos, de los cuales el 84.44% (17.512)
corresponde a victimas mujeres. Sin embargo, el mayor número de casos se concentra en la
población femenina comprendida entre 0 a 19 años representado 88.2% del total denunciado.
No obstante, vale la pena resaltar la alta presencia de esta forma de violencia en los hombres
la primera infancia y adolescencia masculina (0 a 19 años) representado el 94,35 de los casos.
Esta situación tiene directa relación con el nivel de escolaridad de las víctimas de este delito. En
relación a las mujeres, el mayor porcentaje se encontraba cursando al momento de la denuncia la
básica primaría (48.50%), seguida por básica secundaria que ostenta un poco honroso 35.94%.
En termino generales, el delito sexual se presentó de manera significativa dentro del contexto
general de la violencia intrafamiliar con el 49,69% (8.541 casos), de los cuales el 87.65% co-
rresponde a victimas mujeres. Del mismo modo, la violencia sexual cometida en instancias por
fuera de la familia (acceso carnal violento, abuso sexual, explotación sexual, pornografía, entre
otros) se registran el 82.7% de las denuncias.
3 La Convención Sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) es
el primer instrumento internacional de carácter amplio y jurídicamente vinculante que reconoce explícitamente
que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación “viola
los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana”. Bajo esta óptica, la CEDAW
constituye el primer tratado internacional que obliga a los gobiernos a adoptar medidas para promover la igual-
dad de género y eliminar la discriminación contra las mujeres.
De otro modo, la violencia sociopolítica aunque muestra un porcentaje relativamente bajo
(0.38%) del total de los casos denunciados, es un factor preocupante a considerar puesto que
en su gran mayoría (94.11%) las mujeres son las victimas predilectas del conflicto armado en el
país. En este contexto, la violencia sexual se intensifica y es usada sistemáticamente por todos
o actores que participan en él (guerrilleros, paramilitares, miembros del Ejército y de la Policía
Nacional) que la utilizan como estrategia de guerra, como forma de tortura o de castigo combi-
nada con prácticas de mutilación contra mujeres acusadas de simpatizar con el enemigo, como
mecanismo para humillar al enemigo o junto con modalidades de esclavitud (Peláez, 2009:13).4
Conforme a lo anterior, se registra que los principales agresores de las mujeres son sus propios
familiares (33.9%), conocidos (28.01%) y amigos (8.76%) y su pareja o expareja (7.40%). A su
vez, se observar como en el marco del conflicto armado existe un número importante de casos
(36) de violaciones ejercidas por las fuerzas armadas del Estado, por la delincuencia organi-
zada (37) y grupos al margen de la Ley (19).
No obstante, vale la pena resaltar que en el contexto de conflicto que vive el país, las mujeres
indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores riesgos que refuerzan su condición de vulne-
rabilidad, puesto que a la discriminación histórica que padecen por su origen étnico se suma la
discriminación por el hecho de ser mujeres, lo cual se agrava con el conflicto (Peláez, 2009). El
mayor número de casos se registró en la vivienda de la víctima (45.2%), del victimario (13.5%)
u otra vivienda (4.42%). Lo anterior demuestra que si bien existen denuncias que registran cier-
tos escenarios por fuera de las viviendas como la calle (4.42%), espacios al aire libre (2,5%)
o centros educativos (1.9%), la prevalencia del delito sexual se concentra en el ámbito familiar.
Dicho de otro modo, aunque la violencia sexual es un delito que suele asociarse con actores ex-
ternos a la familia y vincularse directamente con el conflicto armado, las estadísticas demuestran
que el problema central se vive en los hogares y familias, escenarios sobre los cuales las políti-
cas públicas han tenido poca incidencia, impacto y difusión como expondremos a continuación.
a. Violencia Intrafamiliar.
Pese a que en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia se define a familia como
el núcleo fundamental de la sociedad, podemos observar que muchas veces en su composición
se encuentran una serie de contradicciones y conflictos que impiden su sano desarrollo. En tér-
minos generales, la violencia intrafamiliar corresponde al abuso que ejercen unos miembros de
la familia sobre otros. Esta violencia puede ser física, sexual, o psicológica, y causar muerte,
daño, sufrimiento físico sexual o psicológico.
4 “En el curso de los 40 años del conflicto colombiano, todos los grupos armados –fuerzas de seguridad,
paramilitares y guerrilla- han abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus
propias combatientes, han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas sembrando el terror entre la
población, explotando e instrumentalizando a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido los
cuerpos en terreno de batalla. Los graves abusos cometidos por todos los bandos del conflicto armado siguen
ocultos tras un muro de silencio alimentado por la discriminación y la impunidad, lo que a su vez atiza la violen-
cia, característica del conflicto armado interno colombiano. Las mujeres y niñas son las víctimas ocultas de esa
guerra” (Amnistia intenacional, 2004;1)

Como lo evidencian las estadísticas nacionales, para el año 2013 se presentaron 68.230
casos de violencia intrafamiliar, el 77,58% (52.933) de las víctimas fueron mujeres. Entre las
principales razones a partir de las cuales se justifica esta forma de violencia se destacan la
intolerancia, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Del total de los casos, el 65,58%
correspondió a violencia de pareja; el 14,23% a violencia contra niños, niñas y adolescentes,
el 18,20% a violencia entre otros familiares y, finalmente, el 2% a violencia contra el adulto
mayor (INML, 2013).
b. Violencia de pareja.
Una de las formas más usuales de la violencia intrafamiliar es la violencia de pareja. Sin em-
bargo, en su gran mayoría son las mujeres las víctimas de este flagelo representando el 87.20%
(39.020) de los casos denunciados. La mayor parte de mujeres agredidas por sus parejas se
encuentran en los rangos de edad comprendidos entre los 20 a 24 años (22.17%), entre 25 a 29
años (21.91%) y entre 30 a 34 años (18.64). A su vez, se destaca que el grado de escolaridad
predominante en las victimas es el de bachiller (56.26%) seguido por la formación en básica pri-
maria (22.49%). Este fenómeno presenta condiciones similares tanto para hombres como mujeres.
De los casos presentados tan solo el 7.86% (3.519) de las personas valoradas manifestó tener
algún factor de vulnerabilidad. Se destaca el consumo de drogas y sustancias psicoactivas
(32.65%) como el principal factor, seguido por el de mujer cabeza de familia (22.53%), ser
campesinos (16.37%) y pertenecer a algún grupo étnico (15.15%).
En la mayoría de los casos, la violencia de pareja sufrida por las mujeres es ejercida por las
personas con quien la víctima reside y comparte algún vínculo sentimental tales como su com-
pañero permanente (45.2%) o su esposo (19,37%). Sin embargo, existe una importante porcen-
taje de excompañeros permanentes (20.57%), exesposos (5.79%) y exnovios (4.43%) quienes
a través de diversas formas de violencia tratan de mantener un vínculo con sus víctimas.
Entre las razones que justifican las agresiones hacia las mujeres sobresalen la intolerancia
(28.53%), la celotipia (18.53%), el consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoavtivas
(17.69%) y los motivos económicos (16.81%). En la mayoría de los casos (85%) las diversas for-
mas de agresión ejercidas sobre las mujeres le han dejado heridas físicas o psicológicas como
moretones, fracturas, pérdida de órganos o hijos, perdida de su autoestima y, en el peor de los
casos, intentos de suicidio.
El escenario más común en donde se práctica esta forma de violencia es la vivienda alcanzan-
do un 71.22% de los lugares reportados. Dicha situación demuestra que esta forma de violen-
cia se desarrolla estrictamente en el ámbito privado en donde la acción pública del Estado es
precaria y tiene poco impacto lo cual, en muchas ocasiones, aumenta la probabilidad de la
presencia explicita de un subregistro.
En términos generales, y tras analizar las estadísticas nacionales, parece que la violencia de
pareja es un fenómeno netamente urbano. El 93.25% de los casos se denunciaron en las 32
capitales de los departamentos del país, teniendo mayor incidencia en las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cali. En consecuencia, el 6.2% de fueron valorados y denunciados en zona rurales.
Sin embargo, a diferencia de lo que podría pensarse, existe un gran subregistro en la zona
rural. El bajo nivel de acceso que tiene las mujeres rurales a los centros de justicia, bien sea
por distancias, falta de vías y carreteras, así como el desconocimiento de las rutas de atención
y en mayor medida el miedo, refuerzan su situación de subordinación.
c. Violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Esta es una de las principales formas de violencia ejercidas a nivel intrafamiliar. Durante el
año 2013 se presentaron 9708 casos atendidos por Medicina Legal en el país, distribuidos en
4.522 casos en los hombres y 5.186 en mujeres. Sin embargo, al analizar las edades encon-
tramos una mayor prevalencia de esta forma violencia en los niños comprendidos entre los 0
a 10 con un 45.40% de los casos frente al 30.83% exhibido por las niñas.
Sin embargo, es preocupante observar como el alto número de casos registrados de violencia
ejercida contra niñas y adolescentes entre 10 a 17 años (3.483). Lo anterior tiene directa re-
lación con el nivel educativo de las víctimas en donde el 47.59% del total cursaba estudios en
básica primaria y un 40.72% lo hacía en bachillerato. Uno de los hechos más preocupantes se
expresa en la condición de vulnerabilidad que tenían las víctimas, siendo la condición predo-
minante la de ser niños/as en condición de abandono o bajo custodia del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) representando un 42.09%. De otro modo, el lugar de residencia
(15.01), el consumo de drogas (13.01%), la pertenencia étnica (4.22%) exponen un importante
porcentaje de los casos denunciados.
Dentro de los principales agresores se encuentran los familiares en primer grado como son los
padres (32.69%) y madres (27.93%) de familia así como otros familiares encargados de ejercer
el control y autoridad de los menores en la casa.
3. Sistema Nacional de Vigilancia.
Desde el año 2012 en el país está funcionando el Sistema Vigilancia y Control en Salud Pú-
blica de la Violencia Contra la Mujer, Violencia intrafamiliar y Violencia sexual, cuyo objetivo
es lograr que a través de diferentes medios, los actores del sistema, conozcan y apliquen los
lineamientos para la vigilancia de estas formas de violencia. De este modo, se busca fortalecer
los sistemas de información nacional, calcular su real impacto, prevalencia y reincidencia. Sin
embargo, en la práctica los profesionales responsables poco lo conocen situación que dificulta
su eficacia lo cual ha configurado una nueva forma de victimización de las mujeres en el país.
“Desde el año 2012 en el país está funcionando
el Sistema Vigilancia y Control en Salud Pública
de la Violencia Contra la Mujer, Violencia
intrafamiliar y Violencia sexual...”

4. Marco normativo de la Violencia Contra las Mujeres en Colombia.
Así como se han generado diversas conceptualizaciones sobre las diversas formas de violencia
ejercidas contra las mujeres (intrafamiliar, sexual, institucional, laboral, entre otras), se han ela-
borado amplios marcos normativos nacionales e internacionales para prevenirla, atenderla y
sancionarla (Gómez, Murad, & Calderón, 2013). Sin embargo, fue tan solo en la década del 90
en donde el problema de la violencia contra la mujer tomo relevancia. En el plano nacional, la
conceptualización de la violencia tiene sus orígenes en la Nueva Constitución política de1991,
específicamente en su Artículo 42 en donde afirma que “cualquier forma de violencia en la
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”.
Tabla 4. Legislación relacionada con VCM y derechos de las mujeres en Colombia.
LeyAño
28
12
8
51
12
100
294
360
470
575
679
1932
1933
1959
1981
1991
1993
1996
1997
1998
2000
2001
Sobre reforma civil (régimen patrimonial en el ma-
trimonio).
Por la cual se aprueba la Convención Internacional
sobre represión del Tráfico de Mujeres y Niños.
Por la cual se aprueban las Convenciones Interame-
ricanas sobre concesión de los Derechos Civiles, y de
los Derechos Políticos a la Mujer.
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones.
Dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar
Por medio de la cual se modifican algunas normas
del título XI del Libro II del Decreto-ley 100 de 1980
(Código Penal), relativo a los delitos contra la liber-
tad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417
del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento
Penal) y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención In-
teramericana sobre Tráfico Internacional de Meno-
res”, hecha en México.
Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley
294 de 1996
Por medio de la cual se expide un estatuto para pre-
venir y contrarrestar la explotación, la pornografía y
el turismo sexual con menores.
Patrimonio
Tráfico de Niños y
Mujeres
Derechos civiles y
políticos
Eliminación for-
mas de violencia
y discriminación
Niñez
Sistema de Salud
Violencia
intrafamiliar
Código Penal
Tráfico
de menores
Violencia
intrafamiliar
Explotación
sexual
Ley 765 de 2002
Por el art. 36 del
Decreto nacional
126 de 2010
Ley 575 del 2000
Ley 599 de 2002
Ninguna
Ninguna
Ley 1236 de 2008
Objeto Tematica Modificada por:
Fuente: Elaboración de esta investigación.
Tabla 4. Legislación relacionada con VCM y derechos de las mujeres en Colombia.
LeyAño
704
747
765
800
882
985
1098
1010
1146
1257
1542
1639
2001
2002
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2012
2013
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 182
sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación”
Pormediodelacualsehacenunasreformasyadiciones
al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal
de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Facul-
tativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de los niños en la pornografía.
Por medio de la cual se aprueban la “Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional” y el “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
Ley de ojos morados. Por la cual se modifica el
Artículo 229 de la ley 599 de 2000, sobre penalización
por delito de la violencia intrafamiliar.
Por medio de la cual se adoptan medidas contra
la Trata de personas y normas para la atención y
protección a víctimas de la misma.
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia
Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
Por medio de la cual se expiden normas para
la prevención de la violencia sexual y atención
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente.
Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294
de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Garantizar la protección y diligencia de las
autoridades en la investigación de los presuntos
delitos de violencia contra la mujer y eliminar el
carácter de querellables y desistibles de los delitos
de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria,
tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.
Por medio de la cual se fortalecen las medidas
de protección a la integridad de las víctimas de
crímenes con ácido.
Trabajo infantil
Trata
de personas
Prostitución
infantil
Trata
de personas
Violencia
intrafamiliar
Trata
de personas
Infancia
y adolescencia
Acoso Laboral
Prevención
y atención a
niños, niñas y
adolescentes
Erradicación
de las formas
de violencia y
discriminación
Violencia contra
la mujer
Victimas
con acido
Ninguna
Ninguna
Ley 833 de 2003
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Objeto Tematica Modificada por:
Fuente: Elaboración de esta investigación.

b. Autoridad competente no conoce con exactitud las facultades que tiene para ordenar las
diferentes medidas previstas en la Ley.
c. Ausencia de procedimientos internos en las entidades para dar trámite a las órdenes de
la autoridad competente. En el mejor de los casos, las entidades han improvisado un meca-
nismo para responder a la orden de la autoridad, pero que no obedece a un proceso de
implementación adecuado sino a esfuerzos aislados de algunas autoridades con voluntad
política individual para cumplir las órdenes de protección
d. La persistencia del enfoque familista en el trámite de las medidas por parte de las autori-
dades competentes y de las entidades responsables de cumplir las órdenes de las primeras.
Así, cuando se trata de casos de mujeres con hijos, la autoridad invisibiliza a la mujer en las
decisiones y orienta todo el procedimiento a la protección de los menores.
6. Obstáculos de las medidas de protección en el ámbito de la salud.
Aunque en la Ley se consagró la integralidad del modelo de protección a las víctimas de violen-
cia, con la posterior aprobación del Decreto 2734 de 2012 se creó un procedimiento paralelo
que minimiza el carácter inminente del riesgo que enfrentan las mujeres, al dejar en las manos
en de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) la certificación que la afectación psicológica o
física del caso se deriva directamente del “evento” alegado como violencia (Sisma Mujer, 2012:
37). Sin embargo, este procedimiento desconoce tres aspectos fundamentales:
a. La generalidad de los casos tienen detrás una historia de violencias, y no se trata de un
único “evento”
b. Los médicos no tienen formación en género para asumir semejante competencia.
c. Una entidad privada como la EPS –que no debería primar sobre la autoridad estatal– tiene la
competencia para determinar si una mujer puede o no ser beneficiaria de las medidas de protección.
Finalmente, durante los últimos años surgió otra forma de violencia abominable contra la
mujer, y es el ataque con ácido, el cual aún está siendo reglamentado en algunos puntos y
temas centrales como el de la salud. Se espera entonces, que la justicia actué con prontitud
castigando fuertemente a estos violentos que agreden de manera salvaje a personas indefensas
que transitan tranquilamente las calles no solamente de Bogotá, si no de muchas capitales de
nuestro país; sin saber que les espera un sociópata para atacarlas.
Uno de los hitos legislativos más importantes con los que cuenta Colombia es la Ley 1257 de
2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de vio-
lencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Pe-
nal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Por primera vez una Ley identificó de
manera explícita las formas de violencia que padecen las mujeres por su condición de género,
reconociendo que su ejercicio es una directa violación a los Derechos Humanos. Por lo tanto,
se propuso como objetivo principal la adopción de medidas de sensibilización, prevención y
sanción para garantizar que las mujeres disfruten de su derecho a vivir libres de violencia tanto
en el ámbito público como en el privado (Gómez, Murad, & Calderón, 2013).
Sin embargo, si bien se reconoce su importancia, el avance jurídico-normativo no es suficiente
para garantizar la igualdad de género ni el respeto y vigencia de los derechos. En la práctica,
como lo evidencia el informe de Sisma Mujer (2012), persisten una serie de barreras u obstácu-
los que impiden su implementación efectiva, como expondremos a continuación:
5. Obstáculos para el acceso a las medidas de Protección
Integral desde el Sistema Judicial.
Uno de los principales factores a considerar en este aspecto es el bajo nivel de cumplimiento
que se le está dando a las medidas de protección integral propuestas en la Ley. Esto se debe
particularmente a la falta de comprensión del carácter integral del modelo de protección previsto
en la Ley, por parte de los operadores y las operadoras de justicia y las comisarías de familia.5
En este contexto prevalecen 4 obstáculos que refuerzas la vulnerabilidad de las mujeres.
a. Inobservancia de las autoridades del modelo de protección integral que contiene la nor-
ma. La ley tiene tres características básicas que explican su sentido: la primera es que se trata
de una ley de no violencias en plural, esto es, de adopción de medidas contra las violencias
física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, de manera que todo su contenido es
aplicable a cualquiera, varias o todas estas formas de violencias. La segunda característica
es que el objeto definido en la ley permite comprender que hay un problema estructural que
el Estado se propone enfrentar, relativo a las violencias contra la mujer. Finalmente, ley fue
pensada por el movimiento de mujeres –que impulsó su trámite– como una respuesta integral
a la problemática de las violencias contra la mujer, de manera que no solo previó medidas
de sanción sino que desarrolló medidas de atención, prevención, protección y acceso a la
justicia en los ámbitos de educación, justicia, trabajo, salud y comunicaciones, las cuales no
son atendidas por las autoridades (Sisma Mujer, 2013: 29)
5 “La Ley 1257 de 2008 contiene un modelo de protección integral para las mujeres víctimas de violencias que
obliga al Estado a adoptar de forma inmediata medidas de protección integrales, además de investigar los hechos
que dieron origen a las medidas. Este modelo de protección integral ha sido desarrollado por la reglamentación
de la Ley 1257, que faculta a la autoridad competente (comisarías, juzgados municipales, promiscuos o jueces de
control de garantías) a adoptar un conjunto de medidas para proteger a las mujeres. La autoridad puede, entre
otras acciones, ordenar medidas de protección en los ámbitos de la justicia, la salud, la educación y el trabajo,
tales como garantizar que los agresores no tengan ningún tipo de contacto con la mujer y sus entornos; aprobar
a favor de la mujer medidas de atención en salud física y psicológica, así como la prestación de alojamiento,
subsidio monetario, alimentación y transporte; definir la oferta educativa necesaria para la mujer y sus hijos de ser
procedente y acceder a una oportunidad laboral que garantice la independencia económica de las mujeres.” En:
Ley 1257, cinco años después… Segundo informe de seguimiento a la Ley 1257 de 2008. Sisma Mujer (2012).
“...el avance jurídico-normativo no es suficiente
para garantizar la igualdad de género ni el
respeto y vigencia de los derechos...”

Lo anterior queda en evidencia al hacer una revisión bibliográfica sobre el tema mujer y VIH
en el País. La escaza información, estudios e investigaciones respecto a las vulnerabilidades
de las mujeres viviendo con VIH han construido una barrera que impide el desarrollo de una
caracterización socioeconómica de los problemas que aquejan las mujeres, las formas de
violencia a las cuales se ven sometidas, el estigma y discriminación que viven en sus lugares
de trabajo y residencia y la falta de representatividad e inclusión de sus necesidades en los
espacios de toma de decisión.
Por lo tanto, no existe un diagnostico real de la situación de las mujeres viviendo con VIH/
SIDA en el país, situación que impide el diseño de una política pública y mecanismos de
protección enfocados a mejorar las condiciones de vida de esta población. Lo anterior refuerza
la vulnerabilidad y subordinación de las mujeres puesto que es su gran mayoría hacen parte
de los estratos uno, dos y tres.9
VIII. Fortalezas y avances en materia de integración entre las
políticas de violencia contra la mujer y de VIH en el país.
9 En el año 2007 la Fundación Nacional de Mujeres Positivas “Proyecto Girasol”, con el apoyo de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y ONUSIDA–Colombia, realizó el estudio exploratorio de la situación psicosocial y económica
de las mujeres viviendo con VIH/Sida en las localidades de Teusaquillo y Usme (Cundinamarca) . Aunque el
resultado del estudio arrojo información importante, su alcance fue limitado puesto que no se encontró apoyo
económico para seguir trabajando.
VII. La inclusión (o no) de las organizaciones
y redes de mujeres en los procesos de toma
de decisiones en torno al VIH y a la VCM.
Para entender esta situación es importante resalta una doble situación. El auge de la VCM en
la agenda política ha sido inversamente proporcional al tema del VIH en el país. A su vez,
las organizaciones de mujeres se han fortalecido en torno a la promoción de la erradicación
de todas las formas de violencia y discriminación a las cuales se ven sometidas. Año tras año
podemos observar un aumento notable en la atención mediática, jurídica y financiera con lo
cual se hace más visible este problema y adquiere un volumen cada vez mayor de “dolientes”
en los espacios políticos e institucionales, permitiendo su posicionamiento en la agenda política
nacional y local.
En este contexto, el tema del VIH/Sida es concebido como algo residual y no se lo incluye de
manera efectiva en las acciones programáticas de las organizaciones. En consecuencia, no
existen redes que estén involucradas en el seguimiento y monitoreo del VIH y VCM en el país,
reforzando la ausencia de articulación entre estos temas.6
Uno de los hitos fundamentales que
explican esta situación se encuentra en la implementación de la Política Nacional de Salud Se-
xual y Reproductiva en el año 2000, en donde el VIH dejo de ser un Programa Nacional para
convertirse en una línea de acción de dicha política con bajo nivel de financiación.7
En consecuencia, las organizaciones y liderazgos de mujeres viviendo en esta condición fueron
marginadas lentamente de los procesos e instancias de toma de decisión, con lo cual esta temá-
tica fue perdiendo representación.8
Del mismo modo, las agencias de las Naciones Unidas se
han encargado de reforzar esta situación. Mediante la financiación de estudios e investigacio-
nes sobre el VIH expresamente en población LGTBI, ha desconocido sistemáticamente el lugar
de las mujeres que viven en esta condición. Dicha situación, se ha visto reflejada en el aumento
significativo de la asignación de recursos de inversión para las fundaciones y organizaciones
que integran y representan a la comunidad LGTBI en detrimento de las redes de mujeres que
viven con VIH.
6 Mediante entrevista las mujeres que están trabajando el tema VCM afirman que en las mesas de trabajo no
se ha tenido en cuenta el tema de VIH. De otro modo, en la búsqueda de trabajos son escasos los documentos
que se relacionan los dos temas.
7 Entre los años 1.997 al 2.000 entra en operación el Programa Nacional de Sida. Para su funcionamiento
cuenta con capacidad presupuestal y financiera asignada a impulsar la visibilización de la mujer en proyectos
puntuales, ejecutar acciones de prevención, promoción y formación frente al tema de empoderamiento y lideraz-
go de las mujeres en el contexto de VIH.
8 Tal es el caso del Grupo de trabajo conformado para monitorear el cumplimiento de los compromisos de la
CEDAW. El Comité a la delegación del Estado parte, encabezada por Nigeria Rentería, Alta Consejera Presi-
dencial para la Equidad de la Mujer. La delegación también estuvo integrada por representantes del Ministe-
rio del Interior, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Misión Permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
De este modo quedan relegadas las organizaciones y redes de mujeres viviendo con VIH en el monitoreo al
cumplimiento de los compromisos CEDAW.
• Reglamentación del manejo de la infección por VIH.
• Existencia de Guías y protocolos basados en la evi-
dencia, que permiten brindar atención integral a las
PVVS y unificar criterios en los procesos de atención
en salud.
• Acceso a TAR de las PVVS independientemente
del tipo de afiliación al SGSSS.
• Existencia de manuales de procedimientos para la
reducción de la transmisión perinatal del VIH.
• Voluntariedad de las pruebas diagnósticas
y confidencialidad respecto al diagnóstico.
• Inclusión de las pruebas diagnósticas en el Plan
Obligatorio de Salud.
• Existencia de un Sistema de Vigilancia en Salud
Pública al cual se reportan los casos de VIH/SIDA.
• Existencia de un Modelo de Gestión Programática
en VIH/SIDA.
• Existencia de un marco jurídico nacional que
respalda a las mujeres víctimas de cualquier tipo
de violencia y penaliza al agresor.
• Ubicación en todos los municipios del país de
organismos del Estado, donde se pueden hacer
efectivas las denuncias de VCM.
• Tipificación de los diferentes tipos de VCM.
• Existencia de una Ruta Nacional de Atención
Integral para la VCM, donde se articulan los
sectores Salud, Protección y Justicia
• Existencia de un Protocolo y modelo de atención
integral en salud para víctimas de violencia sexual.
• La ley en su totalidad contiene disposiciones
que buscan mejorar la atención del Estado a las
violencias contra las mujeres que gozan del derecho
de orientación, asesoramiento jurídico y asistencia
técnica legal con carácter gratuito, inmediato
y especializado.
• Difusión de los medios masivos de comunicación
acerca de las campañas en favor de la No violencia
contra la mujer.
Fortalezas en las Politicas de VIH y VCM
VIH VCM

IX. Debilidades y desafíos para integrar las políticas
de violencia contra las mujeres y de VIH en el País.
FORTALEZAS Y AVANCES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIH Y VCM
• La revisión documental realizada y los aportes de informantes clave que participaron en el proceso de
recolección de información evidencian que el país carece de la integración directa entre las políticas de VCM
y VIH. Sin embargo, en algunos casos específicos como la Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual,
establecida en la Resolución 0459 de 2012, se plantea un abordaje en el que se brinda atención integral de
forma articulada atendiendo el tema de VCM y VIH. Esto se evidencia en la ruta de atención para víctimas
de violencia sexual y en la prioridad que se atribuye a grupos poblaciones vulnerables como: mujeres y
adolescentes, mujeres usuarias de los programas de control prenatal, Personas usuarias de los Programas de
Atención Integral en VIH/SIDA y mujeres en condición de desplazamiento forzado debido al conflicto armado.
• Se evidencian avances en materia de participación de mujeres lideresas en el trabajo conjunto entre VCM
y VIH, con el fin de lograr la inclusión e integración de las dos temáticas en el diseño de nuevas políticas
públicas. Este avance se asocia con procesos de capacitación y empoderamiento de las mujeres, impulsados
por organizaciones internacionales, proyectos de cooperación internacional y diferentes ONGs que buscan
reivindicar y garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de la mujer.
• El país no cuenta con una política pública específica
para el abordaje del VIH.
• Deficiente cobertura en la toma de pruebas gratui-
tas para VIH en las zonas rurales de los diferentes mu-
nicipios del país.
• No existe difusión de los medios de comunicación
frente a programas y rutas de atención para personas
con VIH; solo se refieren a publicidad de oferta de pre-
servativos.
• Normatividad desactualizada en el tema de manejo,
prevención, atención y seguimiento relacionados con
VIH.
• A pesar de la obligatoriedad del reporte de todos los
casos de VIH/SIDA diagnosticados, aún persisten falen-
cias relacionadas con el subregistro de casos.
• En los procesos de formación educativa de los pro-
fesionales de la salud, no se incluyen asignaturas es-
pecíficas respecto al abordaje de la temática de VIH
(atención integral, estigma y discriminación, derechos
sexuales y reproductivos, etc).
• No se cuenta con datos confiables respecto a niños,
niñas y adolescentes afectados por el VIH.
• La ruta de atención para mujeres víctimas de
violencia no es ágil en su aplicabilidad, situación
que genera re victimización.
• El personal que atiende a las mujeres víctimas de
violencia en algunos casos especiales, no tienen la
suficiente sensibilización y formación para brindar
atención adecuada.
• Difusión limitada de la ruta de atención para VCM
a la comunidad en general.
• En los procesos de formación educativa formal,
no se incluyen asignaturas específicas respecto al
abordaje de la VCM.
• Debido a dificultades relacionadas con el conflicto
armado, en el país se limitan las posibilidades de
denunciar los casos de VCM por temor a represalias.
• Congestión en las instancias judiciales que
obstaculizan y dilatan el normal desarrollo que
debe tener un caso denunciado de VCM.
DEBILIDADES Y DESAFIOS EN LAS POLÍTICAS DE VIH Y VCM
VIH VCM
DEBILIDADES Y DESAFIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIH Y VCM
• No fue posible hallar un punto de encuentro en el tratamiento de estos dos problemas, debido a diversos
factores, entre ellos, que la política pública no abarca el tema del VIH, situación que lo relega a protocolos de
salud y programas que no trascienden los ámbitos anhelados. Mientras que la VCM en nuestro país se constituye
desde el marco jurídico como acción penal. En otras palabras son dos temas que se tratan por separado.
DEBILIDADES Y DESAFIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIH Y VCM
• Falta de voluntad política y recursos económicos para implementar políticas públicas que integren y articulen
las temáticas de VCM y VIH.
• Los estudios e investigaciones relacionados con VCM y VIH se focalizan en contextos urbanos determinados,
que no representan la situación real y total del país. Es necesario reconocer que Colombia se caracteriza por su
diversidad geográfica, social y cultural y por ende amerita que los estudios se realicen en zonas representativas
de dicha diversidad.
• Los temas de conflicto armado, VCM y VIH son abordados de forma fragmentada. Se requiere analizar y
estudiar estas problemáticas de forma articulada e interdependiente en contextos urbanos y rurales donde la
presencia de estos tres flagelos sea evidente.
• Prejuicios y estereotipos sociales que impiden la articulación de los dos temas en las políticas públicas y
programas nacionales; en este sentido, la VCM es visibilizada y condenada socialmente, mientras que la situación
del VIH es manejada con prejuicios y rechazo que impiden la visibilización de la problemática.
• En los procesos de formación académica y sensibilización que se desarrollan en los centros educativos (colegios
y universidades) no se enfatiza en la importancia de la relación entre VCM y VIH. Es necesario que desde los
Ministerios de Educación y Salud y Protección Social se direccione y coordine la inclusión de estos temas en los
programas educativos institucionales, currículos y programas académicos.
• Pese a la existencia de guías, rutas y protocolos de atención para PVVS y mujeres víctimas de violencia, cierta
parte del personal encargado de la recepción y manejo de los casos no cuenta con las competencias y capacidades
requeridas para brindar una adecuada atención.
• Falta de garantías para el ejercicio de los derechos de las PVVS y de las mujeres víctimas de violencia en áreas
influenciadas por los diferentes grupos armados que hacen presencia en el País.
• Temor por parte de las personas que viven con VIH y experimentan VCM a presentar sus denuncias debido a:
temor a ser estigmatizadas y discriminadas, convertirse en objetivo militar por parte de grupos armados.
• Las leyes y políticas diseñadas para atender a las mujeres víctimas de violencia y que viven con VIH/SIDA no
consideran ni establecen como prioridad la promoción de acciones que propendan por el cambio de patrones
culturales discriminatorios contra las mujeres como centro de la estrategia de prevención, aunque se incorpora
la salud sexual y reproductiva. De este modo, pese al avance y modernización de la legislación colombiana no
se presentaran cambios significativos en la vida social.
“...Prejuicios y estereotipos sociales que
impiden la articulación del VIH y la VCM en las
políticas públicas y programas nacionales...”

X. Recomendaciones para avanzar y fortalecer
la integración entre las políticas sobre violencia
contra las mujeres y el VIH en el País.
Durante el proceso de investigación e intercambio con actores estratégicos se logró identificar
una serie de propuestas para fortalecer la integración de la VCM y el VIH en el diseño de
nuevas políticas a Nivel Nacional, como se expone a continuación:
a. Diseñar a partir del apoyo técnico del DANE, un Sistema Unificado de Información
Estadística en el cual se identifiquen las formas de violencias predominantes que se ejercen
contra las mujeres en las regiones del país, las características étnica, etarias, la condición de
discapacidad, la orientación sexual de la víctima, el lugar del hecho (urbano, rural) y no solo
de la denuncia, el tipo de régimen al cual se encuentra afiliado, el nivel de ingresos y el grado
de escolaridad, el sexo del agresor y su pertenencia o no a algún actor amado en el país
(estatal o no) y, finalmente, si este tipo de actos ha culminado en el contagio o no de VIH en la
victima, datos que permitirán construir un alinea de base actualizada para construir programas
y políticas diferenciales y pertinentes según las necesidades regionales y municipales.
b. Aumentar la coordinación interinstitucional y multinivel para mejorar la atención,
prevención y seguimiento de los casos de VCM y VIH, así como promover programas de
investigación y reparación de las víctimas.
c. Capacitar, formar y sensibilizar con perspectiva de género a los funcionarios públicos
que hacen parte de la atención de mujeres víctimas de violencia con el objetivo de superar
la re-victimización de las afectadas a la hora de acceder a los servicios de salud y justicia
en el país.
d. Asignar de un rubro del presupuesto nacional especifico destinado a la implementación
de campañas por diferentes medios de comunicación enfocadas en la erradicación de la
discriminación y violencia contra las mujeres, para lo cual las gobernaciones deben brindar
apoyo y asesoría a las redes de mujeres en el nivel local y departamental.
e. Incluir en las instancias de discusión y toma de decisión regional representantes de di-
versas organizaciones de mujeres (victimas, afrodescendientes, indígenas, viviendo con VIH)
con el objetivo de incluir sus visiones e intereses en el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas de equidad de género en los municipios y departamentos.
f. Establecer mecanismos transparentes de monitoreo y seguimiento a la implementación
de la Ley 1257 y los programas de atención a mujeres víctimas de violencia y que viven en
condición de VIH/SIDA, o el objetivo de superar el creciente grado de re-victimización por
parte de las entidades (de salud, educación y justicia) en el país, que incluya la capacitación
y formación con enfoque de género a los encargados de su implementación.
g. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica en los centros educativos y universi-
dades públicas y privadas del país encaminada a disminuir y erradicar los estereotipos y
estigmas que existen en relación a la VCM y el VIH.
h. Fortalecer, socializar y humanizar los programas y rutas de atención existentes para que
incorporen medidas efectivas de protección con un enfoque diferencial e integral para las
mujeres víctimas de violencia y viviendo con VIH/SIDA.
i. Garantizar la participación de las organizaciones de mujeres viviendo con VIH en las ins-
tancias de toma de decisión, seguimiento y evaluación de las políticas sobre violencia contra
las mujeres locales, regionales y nacionales.
j. Ampliar el campo de beneficiarios que pueden acceder a créditos condonables del Fon-
do Emprender que vinculen y estimulen el desarrollo de proyectos productivos a las mujeres
víctimas de violencia y viviendo con VIH. Parra esto, el SENA brindara apoyo y asesoría
técnica a las mujeres o colectivos de mujeres en esta situación en aras de brindarle nuevas
oportunidades económicas y laborales que les permita concretar su proyecto de vida.
XI. CONCLUSIONES.
Durante los últimos años en el País se discutiendo continuamente acerca de la necesidad de
atender el problema de la violencia de género como un problema no solo de salud mental sino
también de Salud Pública, tanto por las consecuencias individuales para las víctimas como por
la afectación social que implica. Bajo esta óptica, se han presentado avances significativos en
relación a la visibilización de esta problemática tanto en los medios de comunicación como en
la agenda Política Nacional.
Es así como la percepción que visibiliza la VCM ha ido mejorando en detrimento de la del VIH
debido, entre otras cosas, a la preocupación de los organismos estatales y privados por dar a
conocer esta realidad, haciendo que aquello que se consideraba privado y por ende no inter-
venible, este cambiando con estrategias de intervención e incidencia política que brinda po-
sibilidades de desarrollo a las víctimas de violencia de género, aumentando la confianza y la
legitimidad de las políticas públicas de prevención y atención. Sin embargo, en cuanto al tema
de VIH/SIDA se encontró que las características de la epidemia evidencian una concentración
urbana de las personas que viven con el virus, un predominio creciente de la transmisión hete-
rosexual, una franca feminización de la epidemia y una disminución de la edad de infección
que afecta más profundamente a las mujeres, mas no se han formulado estudios para obtener
una visión más detallada de esta problemática.
En la vida cotidiana la existencia de violencia psicológica y afectiva contra las mujeres refuer-
zan su condición de vulnerabilidad. Son víctimas de humillaciones, de subvaloración, de nega-
ción de sus derechos, han sido desligadas de su lugar como sujetos participativos y decisivos
al lugar de mujeres victimizadas que no pueden decidir y mucho menos negociar. Tanto es así
que muchas de ellas ni siquiera se percatan de que están siendo víctimas de violencia ya que
consideran que en su condición, ésta es una acción más que tienen que vivir.

INCLUSIÓN DE LA VCM EN LA RESPUESTA AL SIDA A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE ONUSIDA PARA LA ACCIÓN ACELERADA DE LOS PAÍSES PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL VIH.

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