La emergencia del COVID-19 en Ecuador ha tenido un fuerte impacto económico, con una contracción estimada del PIB de -5.3% en 2020. El gobierno ecuatoriano ha propuesto reformas laborales de emergencia como la reducción de jornadas y nuevos contratos especiales. Sin embargo, estas medidas podrían violar derechos laborales fundamentales y afectar de manera desproporcionada a los trabajadores más vulnerables. Se necesitan políticas que protejan el empleo y los ingresos, especialmente en el sector informal, que representa al 50