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La transición política en España tras la muerte de Franco condujo a la aprobación de la Constitución de 1978. El proceso involucró reformas graduales bajo la legalidad existente para evitar rupturas, e incluyó la legalización de partidos políticos y la elección de asambleas constituyentes. La Constitución estableció los principios de un Estado social y democrático de derecho basado en la soberanía popular, y reconoció la autonomía de las regiones dentro de la unidad nacional.

























