La Asamblea Legislativa se ha resistido a cumplir con una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública para revelar la lista de asesores. Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que esta información sobre asesores es pública y debe estar disponible. El Instituto es el ente garante de aplicar correctamente esta ley. Además, en una democracia, todos los entes públicos deben someterse a la ley. El Grupo Promotor exhorta a la Asamblea Legislativa a cumplir con

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEBE CUMPLIR LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Ante la resistencia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a dar información pública sobre los asesores y a
cumplir una medida cautelar ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Grupo Promotor de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública manifiesta que:
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, establece que “los entes obligados, de manera
oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que
expida el Instituto, la información siguiente: […] 6. El listado de asesores, determinando sus respectivas
funciones”. Esto significa que la información sobre las personas que son contratadas como asesores no es
información confidencial, más bien se trata de información oficiosa que debería estar en la página web de la
Asamblea Legislativa para conocimiento de todos los ciudadanos, por lo que negamos categóricamente los
argumentos sin base jurídica que han sido expresados por los partidos políticos con el propósito de ocultar
información pública.
El Instituto de Acceso a la Información Pública es el ente garante de la aplicación de la LAIP y está legalmente
facultado para pedir información a los entes obligados y para velar por la correcta implementación de la ley.
El principio rector de la LAIP es la máxima publicidad, que establece: “la información en poder de los entes
obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”.
Asimismo, se establece en el Art. 5 de la LAIP que “el Instituto en caso de duda sobre si una información es de
carácter público o está sujeta a una de las excepciones, deberá hacer prevalecer el criterio de publicidad.”
En un Estado democrático de derecho el sometimiento a la ley de todos los entes públicos y privados es un
elemento consustancial. Más transparencia es igual a más democracia.
Se demanda a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que cumpla con la orden del IAIP de revelar la lista de los
asesores, lo cual es su obligación, de conformidad con la ley que la misma Asamblea Legislativa aprobó. Por otra parte,
es positivo que algunos diputados han publicado el nombre de sus asesores. La resistencia al cumplimiento de las
resoluciones de otros entes contralores debilita el Estado de derecho y el sistema de frenos y contrapesos en nuestro
país.
Exhortamos a la ciudadanía a exigir y velar porque se respete su derecho fundamental al acceso a la información
pública, el cual está protegido no solo por la LAIP, sino que por la Constitución y por tratados internacionales de
derechos humanos y contra la corrupción.
San Salvador, 12 de septiembre de 2013