Para que un contrato informático sea legal, primero debe referirse bien a bienes como hardware o software o a servicios informáticos como mantenimiento o desarrollo web. Además, se debe poder probar la intervención y consentimiento de las partes involucradas, generalmente a través de una firma electrónica aunque paradójicamente la prueba de esta firma requiere un soporte físico debido a que los juzgados aún no están adaptados a las tecnologías digitales.