El documento describe el sistema de control de constitucionalidad en Argentina. Se adoptó el modelo estadounidense de la doctrina de Marbury. La Corte Suprema Argentina ha ejercido el control de constitucionalidad desde 1863 y se considera el "intérprete final de la Constitución". El sistema clásico permitía cuestiones políticas no justiciables y efectos generales de las declaraciones de inconstitucionalidad. El sistema actual requiere que la inconstitucionalidad sea alegada en un caso judicial con efectos inter partes.