El documento discute los principales instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la educación, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma. También describe las leyes colombianas como la Ley 1448 de 2011 que garantizan el acceso a la educación para la población desplazada, incluyendo exenciones de costos y prioridad de acceso a programas educativos. Además, señala que el Estado debe garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación