La LOMCE es criticada por haber sido impuesta sin debate previo ni consenso con la comunidad educativa. Se argumenta que reduce la calidad de la educación pública al recortar fondos y promover la competencia entre escuelas, además de ser sexista y recentralizadora. Izquierda Unida pide en su lugar una educación pública, laica, inclusiva y con suficiente financiamiento.