El documento describe la transición de Ecuador de un estado de derecho a un estado de derechos basado en la Constitución de 2008. Un estado de derechos somete a los legisladores a configurar leyes de acuerdo a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las personas, a diferencia del estado de derecho de 1998 donde primaba el cumplimiento de las leyes. El documento también analiza cómo el constitucionalismo ecuatoriano actual se fundamenta en los derechos humanos naturales como la vida, la libertad e igualdad ante la ley.