El documento aborda la importancia de la prueba en el proceso penal, definiéndola como el medio para construir la verdad procesal y garantizar decisiones judiciales justas. Resalta la necesidad de una oferta adecuada de pruebas durante la fase intermedia y concluye que solo las pruebas obtenidas legalmente son admisibles en juicio, destacando las consecuencias de la exclusión probatoria. Además, se diferencia entre pruebas ilícitas e ilegales, añadiendo que ambas tienen implicaciones legales distintas.