Este documento presenta un resumen de 3 oraciones o menos: El documento presenta información sobre varias personas, hechos históricos y estructuras de gobierno en España entre los siglos XVII y XVIII. Incluye detalles sobre figuras como Don Juan José de Austria y su rol como valido del rey Carlos II, así como sobre la creación de instituciones como la Junta General de Comercio bajo su mandato para impulsar la economía. También presenta breves descripciones de otros sucesos y reformas administrativas durante ese periodo.

1. TEMARIO ORIENTADO A PREGUNTAS CORTAS
Personas Hechos/movimientos Estructuras/administración
1) D. Juan José de Austria: pag 2 5) Los Novatores pag 8 8) Comercio de Indias pag 11
2) Nithard: pag 3 6) La Paz de Nimega: pag 10 9) Junta de Comercio: pag 13
11) Las capitanías generales: pag
3) Medinaceli y Oropesa: pag 4 7) La Paz de Ryswick pag 10
15
4) Pretendientes al trono de 10) La paz de Utrech (1713) y sus
12) Las intendencias. La figura del
España a la muerte de Carlos II: consecuencias económicas y
intendente: pag 16
pag 6 territoriales para España: pag 14
17) Las reducciones de Jesuitas en 16) El navío de permiso y el
13) Ustáriz: pag 21
Paraguay: pag 26 asiento de negros pag 25
19) El primer Pacto de Familia 18) Las secretarias de Estado: pag
14) Alberoni: pag 22
(1733) y sus guerras: pag 29 28
15) Patiño: pag 23 20) La Guerra de la Oreja de 24) Los pósitos. pag 37
Jenkins pag 31
22) El Marqués de la Ensenada: 21) El Segundo Pacto de Familia y 25) Las Sociedades Económicas
pag 35 sus Guerras pag 32 de Amigos del País. pag 39
28) Pablo de Olavide y las Nuevas 23) El Tratado de Madrid o 26) Los vales reales y el Banco de
Poblaciones pag 45 Tratado de Límites (1750) pag 36 San Carlos pag 42
31) Floridablanca pag 50 29) El concordato de 1753 pag 48 27) Proyecto de Unica
contribución en Castilla. pag 44
32) Campomanes pag 51 30) El catastro de Ensenada pag
49
33) Jovellanos pag 52 34) El tercer Pacto de Familia
1761 y sus guerras pag 52
Extra_1. Orry pag 60 35) La Paz de Versalles (1783)
pag 56
36) España y la Revolución
Francesa pag 58
37) La conjura del Escorial. pag
59
38) El Motín de Aranjuez pag 59
Extra: Reformas y levantamientos
campesinos en siglo XVII : pag
60

2. 1) Don Juan José de Austria
Llamado el «segundo» Juan de Austria (Madrid, 1629-1679). Hijo ilegítimo de Felipe IV de
España y la actriz María Calderón (la Calderona). Por consejo del conde-duque de Olivares y para
suplir la eventual falta de herederos varones, fue reconocido por el rey en 1642 y nombrado en
1643 príncipe y prior de la orden militar de San Juan para los reinos de Castilla y León, pero el rey
rechazó siempre su pretensión de ser legitimado y reconocido como infante.
Con 18 años fue puesto al mando de la flota enviada a sofocar la revuelta de Nápoles
(1647-51) y en 1652 dirigió el sitio de Barcelona que puso fin a la larga guerra de la Corona contra
la rebelión de Cataluña, recibiendo el nombramiento de virrey de aquel territorio (1653-56).
Después fue virrey de Flandes (1656-59), tarea en la que obtuvo algunos éxitos frente a los
franceses, como el levantamiento del cerco de Valenciennes o la toma de Condé, y fracasos como la
pérdida de Dunkerke. Felipe IV lo puso al mando del ejército español que intentaba recuperar el
control de Portugal (1661-64), tarea en la que fracasó.
Tras la muerte de Felipe IV (1665) cambió la actividad militar por la política cortesana,
tratando de lograr una legitimación que le facilitara el acceso a la gobernación de la Monarquía ante
los problemas sucesorios de su hermanastro Carlos II y la debilidad de la Corona.
La lucha por el poder le enfrentó a la reina gobernadora Mariana de Austria y a su valido, el
jesuita austriaco Nithard, quienes intentaron apartarlo de la Corte destinándolo a Flandes en 1668,
pero rechazó el nombramiento. Mientras la regente lo rechazaba, entre las clases populares su
imagen cobraba tintes de mesianismo y lo señalaban como el único capaz de sacar a la monarquía
del marasmo en que estaba sumida. Se desató una guerra de pasquines y de violencia callejera entre
las facciones de los llamados donjuanistas y nithardístas hasta que la regente ordenó la detención de
don Juan, que huyó de Consuegra a Barcelona, donde había dejado partidarios como virrey y se
puso al frente de una fuerza armada con la que marchó hacia Madrid, forzando la caída de Nithard
(1669), aunque no se atrevió a atacar la capital y aceptó el nombramiento de vicario general de
Aragón.
La reina alejó de España a don Juan destinándolo a Flandes (1670) y a Nápoles (1675) y
encumbró a un caballerizo llamado Fernando de Valenzuela como nuevo valido, provocando el
rechazo de la nobleza hacia el advenedizo cuyo creciente poder les resultaba insoportable. Con
motivo de la mayoría de edad de Carlos II, D. Juan prestó juramento con honores de infante, y
cuando los grandes de España y de los militares forzaron la caída de Valenzuela (1676) y auparon a
Don Juan, que marchó por segunda vez sobre Madrid y obligó a Mariana de Austria a retirarse a
Toledo para eliminar su ascendiente sobre Carlos II
En enero de 1677 don Juan era el valido de su hermano y gozaba de un gran prestigio entre
las clases populares madrileñas. Acometió numerosas medidas de gobierno, pero las expectativas
despertadas eran tan grandes que para muchos los resultados resultaban insuficientes; los fracasos
en la guerra de los Países Bajos (Guerra Franco-Holandesa 1672-1678 ) y el desastroso Pacto de
Nimega de 1678 (España pierde el Franco-Condado y varias plazas) le hicieron perder apoyos
entre los militares; sus enemigos utilizaron las mismas armas de las que se había servido él para
atacar a Nithard, y Madrid se llenó de pasquines donde se le injuriaba y atacaba recalcando que era
hijo de una comedianta.
Su respuesta fue silenciar a la oposición mediante la prisión o el exilio, y aislar al rey de
todo contacto exterior. En el verano de 1679 don Juan cayó enfermo de gravedad, el 7 de
septiembre de 1679 otorgó testamento y fallecía pocos días después en medio del desinterés
general. Sus enemigos señalaron que la muerte le salvó de una caída inevitable.
Los escasos 33 meses de Don Juan al frente del gobierno, truncados por su prematura
muerte, resultaron insuficientes para poder plasmar su deseo de reafirmar la regalía regia como
medio de fortalecer el papel del Estado, evitando injerencias del poder espiritual en el temporal. En

3. varios aspectos recogió la herencia del conde-duque de Olivares a través de sus memoriales y Juntas
de Reformación; inició una leve aproximación a la reforma fiscal haciendo tributar a la nobleza a
través de donativos, y trató de poner en marcha novedosas ideas de gestión con la creación de la
Junta General de Comercio, institución típicamente mercantilista similar a las aparecidas en otros
Estados europeos durante el S. XVIII, que constituye un paso adelante en el proceso de articulación
de los Estados modernos que, de preocuparse casi exclusivamente en el S. XVI por los problemas
fiscales y hacendísticos, pasan a interesarse por la producción y el intercambio de bienes.
En la España moderna existían los precedentes de una Junta de Minas y otra de Comercio,
Población y Agricultura, creadas en los primeros años del reinado de Felipe IV, por iniciativa del
conde-duque de Olivares; pero no fue hasta un decreto de 24-1- 1679 cuando se instituyó la Junta
de Comercio, con la finalidad de «restablecer y restaurar el comercio general de estos reinos»,
compuesta por los ministros de los Consejos de Castilla, Guerra, Hacienda e Indias, además de un
grupo de expertos. La Junta de Comercio (1679) tenía como finalidad abordar los problemas de
despoblamiento y de depresión industrial, y capacidad para la creación de instituciones crediticias
(montes de piedad) que facilitaran el movimiento de capitales y marcó el inicio del período
reformista de los años 80.
España tenía demasiados funcionarios. El deseo de ocupar un cargo público se había
convertido en una auténtica obsesión, aumentada por las universidades, por los valores sociales
vigentes, por el sistema de patronazgo y por la propia imprevisión del gobierno, y el
crecimiento de la burocracia fue superfluo y perjudicial, con continuos desplazamientos de
unos cargos a otros que se habían convertido en un grave obstáculo para la eficacia de la
administración. El primer intento de reforma se produjo en 1677 con el objetivo de «evitar el
gran retraso en el despacho eficiente de los asuntos, ocasionado por el incremento del número
de ministros, así como el coste creciente de los salarios», aunque los favores debidos anularon
su eficiencia por la adición de una disposición final que concedía que ningún presidente en
funciones tendría que dejar su cargo y que el Consejo adquiriría su nueva dimensión por el
procedimiento de no cubrir las vacantes cuando éstas se produjeran.
2) Nithard
Religioso austríaco, de la orden jesuita, acompañó a la archiduquesa Mariana de Austria en
calidad de confesor cuando ésta vino a España a casarse con Felipe IV (1649). A la muerte del rey,
la reina viuda Mariana quedó como regente del reino durante la minoría de edad de Carlos II y
depositó su plena confianza en Nithard encumbrándolo mediante todo tipo de recursos: consiguió
que el Inquisidor General en funciones, el arzobispo de Toledo, don Pascual de Aragón, renunciara
a su puesto y se retirara a su arzobispado, dejando a la vez su puesto en la Junta de regencia en la
que según el testamento de Felipe IV debía estar el Inquisidor General; obtuvo la naturalización
como español del padre jesuita -imprescindible para acceder al cargo de Inquisidor General-
mediante el voto en Cortes de las ciudades castellanas y presionó a Alejandro VII para que aprobara
el puesto inquisitorial para su confesor, eximiéndolo de su voto jesuítico que le impedía ejercer
cargos políticos. El cargo de Inquisidor General (1666) permitió a Nithard entrar en la Junta de
Regencia y la confianza real lo convirtió en el personaje más influyente de la Corte, donde actuó
como primer ministro.
La nobleza rechazó desde un principio el encumbramiento de Nithard, al que consideraron
un advenedizo carente de los merecimientos que ostentaba; y los dominicos, orden opuesta a los
jesuitas, se sintieron heridos en su orgullo al observar como un jesuita les arrebataba la primacía del
confesionario real, así como el gran puesto inquisitorial. Durante los tres años en los que disfrutó de
la cercanía de la reina no supo procurarse una red de poder que lo mantuviera en su valimiento y a
su influencia se le achacaron la profunda desconfianza de la reina Mariana de Austria hacia la gran
nobleza española, especialmente hacia su hijastro D. Juan José de Austria.
Su mediocridad en el terreno político y sus votos en el Consejo de Estado, de carácter más
teológico que político, aumentaron la enemistad de la gran nobleza española le hizo cosechar

4. continuos fracasos en el exterior (Francia: Guerra de Devolución 1667-68 ) y concitar sobre él
todas las antipatías de la población con su rigidez mental (prohibición de las representaciones
teatrales) y las continuas exigencias de dinero, al tiempo que su incapacidad como gestor bloqueó
los proyectos de una contribución única y la rebaja de los impuestos de consumo.
Sus fracasos en la Paz de Aquisgrán y el Tratado de Lisboa de 1668 (tras la Guerra de
Devolución, reconocimiento por España de la independencia de Portugal y la pérdida de varias
localidades flamencas) y el descontento popular generalizado facilitaron el pronunciamiento militar
de D. Juan José de Austria, que en 1669 obtuvo la destitución de Nithard (nombrado embajador
extraordinario en Roma)
3) Medinaceli y Oropesa
Resumen: El país recuperó la cordura y la estabilidad política durante los mandatos de Medinaceli
y Oropesa, progreso que sólo se vio interrumpido por el problema sucesorio. Entre 1683 y 1685
(Medinaceli) el gobierno inició el debate de la reforma de la estructura fiscal con la propuesta de
reducción de los millones y el aumento de la alcabala y otros impuestos que afectaban más a los
grupos de ingresos elevados, aunque en febrero de 1688 (Oropesa) el informe de la Comisión de
Hacienda concluía que, a pesar de que era de importancia vital aliviar la carga fiscal, había que
mantener los millones para atender los gastos de defensa, pues la rígida estructura social de
Castilla imposibilitaba la imposición directa de las clases privilegiadas, y el ajuste del sistema
fiscal se concentró en vigilar más de cerca los contratos para la recaudación de impuestos, que se
arrendaban a hombres de negocios y financieros; en la abolición o reducción de la sisa en una
serie de bienes de consumo y en la reducción de la cuota fiscal de aquellas comunidades cuya
situación era especialmente difícil.
Las aspiraciones reformistas de los ministros de Carlos II también intentaron abordar los
problemas industriales y comerciales de España con el planteamiento de que el Estado debía
adoptar un papel más activo en la planificación económica, y ante los graves problemas de
despoblación y depresión industrial Medinaceli puso en marcha la Junta General de Comercio
para facilitar el movimiento de capitales mediante instituciones crediticias (montes de piedad), y
publicaron un Decreto (1682) de compatibilidad de las actividades industriales y empresariales
con la nobleza.
Oropesa continuó con el saneamiento económico, el equilibrio presupuestario y la
estabilidad monetaria como pilares básicos de la recuperación, al mismo tiempo que inició la
renovación del aparato del Estado con la creación de una Superintendencia de Hacienda, que
anulaba al Consejo de dicho nombre e inauguraba el desmantelamiento de la Administración que
durante doscientos años se había basado en un sistema de consejos. También trató de introducir
cambios en la sociedad planteando la necesidad de que la nobleza de pagase impuestos para
contribuir al sostenimiento del Estado, y decretó una reducción de la cifra de clérigos y de las
fundaciones religiosas.
El último gobierno de Carlos II no sólo restableció la confianza en el sistema
monetario español, sino que dio los primeros pasos en el proceso de la reforma
administrativa, anticipándose de alguna manera a los empeños más eficaces de los
reformadores borbónicos de la centuria siguiente.
Tras la muerte de Don Juan José de Austria, llevó algún tiempo conciliar los diferentes
intereses, pero el 21 de febrero de 1680, el rey nombró como primer ministro al duque de
Medinaceli, quien demostró competencia para hacer frente a la situación y continuó con la
dura política deflacionista diseñada por la administración financiera del hermanastro del rey,
para devolver el crédito al sistema monetario. Se entró así en una etapa de estabilidad
monetaria, sin que el Estado alterase el valor de las monedas ni realizase acuñaciones
fraudulentas, imprescindible para avanzar en la superación de la crisis, pero mantener una
política deflacionaria supuso endurecer la vida de la gran mayoría de la población y afectar a la

5. aristocracia en sus rentas.
La paz exterior aportó estabilidad política y permitió a Medinaceli dedicarse a los asuntos
internos incorporando nuevos talentos a las tares de dirección y elevando el nivel del gobierno.
Para tomar medidas de racionalización del gasto y buscar el equilibrio presupuestario nombró
presidente para el Consejo de Hacienda a Carlos Herrera, gobernador de Sevilla familiarizado
con los problemas económicos y los intereses mercantiles. Se redujeron las fiestas y los
dispendios que habían caracterizado la vida en la Corte en tiempos de Felipe IV y en la época de la
privanza de Valenzuela; se creó un organismo específico para los asuntos económicos, la Junta
Magna (en la que tres teólogos neutralizaban el pragmatismo que trataban de imponer Medinaceli
y su equipo).
Se dedicó especial atención al comercio con América (abandonado durante décadas en
manos de mercaderes y compañías extranjeras) y reforzó la administración incorporando a José
de Veitia Linaje en el puesto de Secretario del Despacho Universal, como asesor especial del
primer ministro en los planes para revitalizar el comercio colonial y su rendimiento. Se intentó
atacar los abusos más flagrantes de la penetración comercial extranjera en Sevilla y Cádiz, se
prestó mayor atención a las defensas del Imperio, y el comercio de Indias arrojó durante los
últimos años de la centuria un volumen de beneficios de los más elevados de todo el período
colonial, de los que un buen porcentaje llegaron a las arcas del Estado.
Medinaceli puso en marcha la Junta de Comercio (1682) y una serie de medidas para la
promoción de las actividades productivas, como la declaración de la compatibilidad de comercio y
nobleza (1682), la protección a los artesanos (1683), las ordenanzas generales de la sedería (1684)
o la gestación de los Gremios Mayores de Madrid (1686), aunque el tejido de la vida española
estaba demasiado exhausto como para que fuera posible conseguir un súbito rejuvenecimiento.
Medinaceli hubo de hacer frente a numerosas intrigas y a las tradicionales rivalidades de las
familias nobiliarias asentadas en los consejos, que aumentaron cuando en 1681 Luis XIV
(aprovechando las dificultades del Imperio con los turcos tras el sitio de Viena, y la debilidad
española) tomó Estrasburgo y España se vio obligada a realizar unos dolorosos gastos
defensivos y a firmar otro tratado de paz desfavorable (Tregua de Ratisbona, 1684) que cedía
al rey de Francia durante veinte años la fortaleza de Luxemburgo y algunas plazas de los Países
Bajos, además del reconocimiento de la ocupación francesa de Estrasburgo. Medinaceli aceptó
compartir su carga y, en junio de ese año, el conde de Oropesa, miembro del Consejo de
Estado desde 1680, fue nombrado presidente del Consejo de Castilla y poco a poco desplazó a
Medinaceli, que dimitió en abril de 1685.
Por primera vez en muchos años, se produjo un cambio de gobierno manteniendo la línea
política de la etapa anterior, y fue nombrado el conde de Oropesa, hombre de capacidad, talento y
recursos, partidario de aplicar una política de reforma fiscal, eclesiástica y de la administración,
y estaba dispuesto a revitalizar la economía mediante una moderada inflación que introdujo
una cierta mejora de la economía nacional.
Tras la dimisión de Veitia situó en la Secretaría del Despacho Universal a Manuel
Francisco de Lira, que había sido diplomático y secretario de asuntos de Italia en el Consejo de
Estado, y asignó los asuntos fiscales a un nuevo departamento, la Superintendencia de
Hacienda1 a cargo del marqués de Los Vélez, quien actuó con energía como presidente de una
Junta de Medios, compuesta por los representantes de los Consejos para estudiar las
propuestas de reforma, y elaboró un amplio informe que serviría de documento de trabajo para
la preparación de una nueva estructura fiscal con el objetivo de reducir el déficit
presupuestario crónico e introducir una cierta equidad en la fiscalidad. Naturalmente, las
propuestas de reforma contaron con la oposición de los tres poderes mayores de la
monarquía: la Iglesia, la nobleza y los altos cargos del aparato burocrático.
Oropesa también trató de poner orden en la Iglesia española y ante la gran población
eclesiástica intentó restringir la fundación de nuevas casas religiosas y envió una circular a los
obispos solicitando que suspendieran temporalmente las ordenaciones de sacerdotes. También
1 Primer intento de constituir un ministerio al margen del sistema conciliar de los Consejos

6. puso en marcha una Junta especial que investigó la jurisdicción y los privilegios e inmunidades
de la Inquisición, con la conclusión de que resultaban excesivos y la recomendación de que se
investigaran sus fraudes fiscales y que se definieran más estrictamente los fueros del tribunal
para limitar las penas de excomunión por razones temporales, y para que pudiera existir
derecho de apelación ante los tribunales seculares contra las sentencias injustas.
España tenía demasiados funcionarios. El deseo de ocupar un cargo público se había
convertido en el objetivo de los titulados en derecho que cada año producían las universidades
españolas y la burocracia, que en otro tiempo fuera el gran activo del gobierno español, era
ahora una rémora para el país con unas instituciones ineficaces dirigidas por altos cargos
comprados que pasaban de un puesto a otro. En 1677 (D. Juan José) se publicó un decreto real
para «evitar el gran retraso en el despacho eficiente de los asuntos, ocasionado por el
incremento del número de ministros, así como el coste creciente de los salarios», pero fue inútil
por la previsión de redimensionar la administración por el procedimiento de no cubrir las vacantes
cuando éstas se produjeran.
Oropesa abordó el problema de la burocracia en 1687,publicando un decreto que
ordenaba la supresión total de los cargos en los consejos que habían sido adquiridos2, y de los
cargos supernumerarios (por concesión real) cuando quedaran vacantes. También preparó la
importante reforma de 1691(su destitución le impidió aplicarla personalmente) que anulaba
todas las mercedes y concesiones realizadas por la administración sin conocimiento del rey,
y limitaba el número de miembros de los consejos3 por razones de eficacia y ahorro
Amenazar a la aristocracia con impuestos, a la Iglesia con reformas y a la
burocracia con una reducción del personal, suponía enfrentarse con los sectores más poderosos
de las sociedad, y sus adversarios políticos encontraron en la nueva reina la palanca de la que
hasta entonces habían carecido. Tras la muerte de María Luisa, en febrero de 1689, Carlos II
casó con Mariana de Neoburgo26, hija del elector palatino y hermana del emperador Leopoldo.
El matrimonio indujo a Luis XIV a declarar de nuevo la guerra a España, con los
consiguientes desembolsos para los gastos de defensa, derrotas en los Países Bajos e Italia y la
invasión de Cataluña. En junio de 1691 Oropesa fue cesado en sus funciones por Carlos II,
presionado por la reina y por las acusaciones de mal gobierno por las partes interesadas que se
oponian a sus reformas.
Oropesa volvió al gobierno en 1696 pero fue cesado a mediados de 1699 como corolario
de un motín producido por el encarecimiento del trigo y otros productos de primera necesidad
a causa de movimientos especulativos en los que estaba implicada su esposa.
Tras la caída de Oropesa en 1691 el gobierno quedó a la deriva sin primer ministro, con
numerosos candidatos por parte de la aristocracia castellana y los clientes de la reina Mariana.
Siguiendo el consejo del duque de Montalto, Carlos publicó un decreto en 1693 (Planta de
Gobierno), que establecía una especie de junta superior de ministros con los títulos de lugarteniente
general y gobernador de distintas regiones, y España quedó prácticamente sin gobierno mientras el
problema sucesorio dominaba por completo la vida política del país.
4) Pretendientes al trono de España a la muerte de Carlos II.
El último rey de España de la casa de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, estéril y
enfermizo, murió en 1700 sin dejar descendencia. Durante los años previos a su muerte, la cuestión
sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que la Monarquía Católica constituía
un botín tentador para las distintas potencias europeas. Tanto Luis XIV de Francia como el
emperador Leopoldo I estaban casados con infantas españolas hijas de Felipe IV, por lo que ambos
alegaban derechos a la sucesión española (asimismo, las madres de ambos eran hijas de Felipe III).
La cuestión jurídica entre los tres pretendientes más calificados a la sucesión:
2 D ejando a los propi etarios el título y con dició n y un interé s d el 5 p or 1 00 so bre la s u ma q u e hab ían pagado p or el
cargo
3 Los cons ejeros p or e nci ma d el n ú m ero fijado ten drían q u e retirarse recibien d o la m itad d e s u salario, y tendrían
opció n a oc upar las vacantes q u e s e prod ujeran

7. •Los derechos señalados por el testamento de Felipe IV recaían en la segunda hermana de Carlos
II, la infanta Margarita, de quien era nieto el príncipe Fernando José de Baviera, hijo de la infanta
Mª Antonia, apoyado por el conde de Oropesa
•El Gran Delfín de Francia, era hijo de la infanta Mª Teresa, hermana del rey Carlos
•Luís XIV era nieto de Felipe III, hijo de la infanta Ana
•Leopoldo I era nieto de Felipe III, hijo de la infanta Mariana.
◦El archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I tenía los derechos que le legaba su padre.
A través de su madre, María Teresa de Austria (hermana mayor de Carlos II), el Gran
Delfín, hijo primogénito y único superviviente de Luis XIV, era el legítimo heredero de la Corona
española, pero era ésta una elección problemática. Como heredero también al trono francés, la
reunión de ambas coronas hubiese significado, en la práctica, la unión de España -y su vasto
imperio- y Francia bajo una misma dirección, en un momento en el que Francia era lo
suficientemente fuerte como para poder imponerse como potencia hegemónica. A consecuencia de
ello, Inglaterra y Holanda veían con recelo las consecuencias de esta unión y el peligro que para sus
intereses pudiera suponer la emergencia de una potencia de tal orden.
Los candidatos alternativos eran el emperador romano Leopoldo I, primo hermano de Carlos
II, y el Elector de Baviera, José Fernando. El primero de ellos también ofrecía graves problemas,
puesto que su elección como heredero hubiese supuesto la resurrección de un imperio semejante al
de Carlos I de España del siglo XVI (deshecho por la división de su herencia entre su hijo Felipe y
su hermano Fernando).
Luis XIV temía que volviese a repetirse la situación de los tiempos de Carlos I de España,
en la que el eje España-Austria aisló fatalmente a Francia. Aunque tanto Leopoldo como Luis
estaban dispuestos a transferir sus pretensiones al trono a miembros más jóvenes de su familia (Luis
al hijo más joven del Delfín, Felipe de Anjou, y Leopoldo a su hijo menor, el Archiduque Carlos),
la elección del candidato bávaro parecía la opción menos amenazante para las potencias europeas,
mientras que José Fernando de Baviera era la elección preferida por Inglaterra y Holanda.
Francia e Inglaterra, inmersas en la Guerra de los Nueve Años, pactaron la aceptación de
José Fernando de Baviera como heredero al trono español, y el rey Carlos II lo nombró Príncipe de
Asturias. Para evitar la formación de un bloque hispano-alemán que ahogara a Francia, Luis XIV

8. auspició el Primer Tratado de Partición, firmado en La Haya en 1698, a espaldas de España. Según
este tratado, a José Fernando de Baviera se le adjudicaban los reinos peninsulares (exceptuando
Guipúzcoa), Cerdeña, los Países Bajos españoles y las colonias americanas, quedando el
Milanesado para el Archiduque Carlos y Nápoles, Sicilia y Toscana para el Delfín de Francia.
Cuando José Fernando de Baviera murió prematuramente en 1699, también a espaldas de
España se firmó el Segundo Tratado de Partición que reconocía al Archiduque Carlos como
heredero, pero dejando todos los territorios italianos de España a Francia, lo que satisfacía a
Francia, Holanda e Inglaterra, mientras Austria reclamaba la totalidad de la herencia española.
Un mes antes de su muerte, Carlos II testó a favor de Felipe de Anjou estableciendo una
cláusula por la que Felipe tenía que renunciar a la sucesión de Francia, con la intención de
conservar la unidad de los territorios del Imperio español, lo que solo sería posible con el apoyo de
Luis XIV de Francia, el monarca con mayor poder de Europa. Cuando se produjo la muerte de
Carlos II, Luis XIV respaldó el testamento
5) Los Novatores
Los novatores o novadores, constituyen un grupo de pensadores, científicos y filósofos
españoles de comienzos del siglo XVIII que desarrollan un interés por las novedades científicas
atomistas en oposición al Escolasticismo tomista y neoaristotélico, publicando en las lenguas
modernas sus obras basadas en el Empirismo y el Racionalismo
El aislamiento de Europa, la crisis social y económica del mundo hispánico y la decadencia
científica respecto a los avances renacentistas son fenómenos relacionados entre sí dentro de lo que
suele denominarse como la cultura del Barroco. El S. XVII se inició con síntomas preocupantes: se
clausuró la Academia de Matemáticas en 1625, se impuso la condena del heliocentrismo en 1616,
los grandes focos universitarios de Salamanca, Alcalá y Valladolid dejaron de estar en la élite del
mundo académico europeo. Algunos resultados notables, como los espléndidos Veintiún Libros de
Ingenios y Máquinas, pieza central de la ingeniería hidráulica y civil, o la preeminencia en campos
como el arte de navegar y el beneficio de minerales, deben ser vistos más como colofón de la etapa
renacentista que como novedades a la altura de lo que estaba ocurriendo en los lugares capitales del
continente: Leiden, Florencia, París, Londres, Cambridge, las ciudades donde se estaba
construyendo el programa de la Revolución Científica.
El esfuerzo se centró en la ciencia aplicada y en las técnicas, resultando así que España
acabó por descuidar el cultivo del verdadero motor del desarrollo, la ciencia pura. El país quedó al
margen de las primeras manifestaciones de la ciencia moderna, algo que ocurría por primera vez en
siglos: un hecho grave que lo arrastraría, junto a otros factores, a ocupar un lugar periférico en el
escenario europeo. Son muchos los datos que así lo avalan: el descenso de las publicaciones
científicas, el papel censor del Índice inquisitorial, la pervivencia del escolasticismo más rancio de
espaldas a las importantes novedades que en esas fechas estaban produciendo, especialmente, la
astronomía, la medicina y la mecánica.
Autores estudiosos de la historia de la ciencia han convenido en señalar que en las últimas
décadas del S. XVII, cuando menos desde 1687, comenzó a darse en España un movimiento tímido
pero perceptible de renovación cultural que venía ya forjándose desde mediados de la centuria. Una
renovación fraguada especialmente en ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia y
alrededor de disciplinas científicas preferentemente centradas en el área experimental, como la
medicina y la química. Una renovación que enfrentó en diversos campos a defensores acérrimos de
la ciencia antigua con conspicuos avalistas de la ciencia moderna.
La crisis de valores de finales del siglo XVII y primera década del XVIII dio lugar a un
movimiento crítico de renovación y ruptura con las posiciones tradicionales de orden escolástico y
aristotélico, desde un pensamiento moderno que promueve un planteamiento científico (y no
metafísico-teológico) de las cuestiones y temas, distinguiendo entre filosofía y ciencias a partir de la
filosofía natural, que denominan física. Al margen de los debates sobre la transubstanciación entre
novatores y escolásticos (atomistas y tomistas), las nuevas ideas explicitan la conciencia del
aislamiento de España de la profunda renovación científico-técnica y filosófica europea,

9. especialmente en las disciplinas físico-matemáticas y sus aplicaciones.
Paulatinamente se fue formando una conciencia de dicho atraso, requisito previo para
ponerse al día, algo que aunque no llegaría a conseguirse plenamente sí por lo menos logró acortar
distancias entre España y los países más modernos de Europa allá para finales del S. XVIII, entre
1650 y 1800 aproximadamente, y coincide con lo que puede llamarse la introducción de la ciencia
moderna en España. Este cambio tuvo que ver con tres hechos:
•El cambio de dirección iniciado en todos los aspectos de la política pública por el régimen de don
Juan de Austria.
•En segundo lugar, la formación de salones o tertulias de discusión bajo patrocinio distinguido y la
evolución de estos salones hacia sociedades científicas formales
•En tercero y lo más importante, los lazos intelectuales y culturales con Italia.
En un principio, a mediados del S. XVII, las primeras asunciones de novedades tuvieron una
formulación tímida y respetuosa para con la tradición. Eran más bien ligeras modificaciones que no
rompían los esquemas generales de los distintos saberes tradicionales. En términos generales,
ése fue el tono y el alcance de los avances hasta el último tercio del S. XVII: aceptación de hechos
concretos y evidencias, pero negación de sus consecuencias de orden teórico, utilización del método
experimental sin que llegara a derribar las visiones clásicas de las distintas disciplinas.
El término novatores aparece por primera vez en una obra de Francisco Polanco, religioso de
la Orden de los Mínimos, (Dialogus physico-theologicus contra philosophiae novatores. 1714), en
la que se les reprocha una intrusión del laicismo en las investigaciones filosóficias y religiosas, que
podían resultar peligrosas para la fe. La crítica religiosa les imputa soberbia,y después herejía.
La labor de renovación académica y difusión científica de los novatores desde finales del
siglo XVII se hace a partir de las obras de los científicos jesuitas extranjeros y españoles: Kircher,
Schott, Riccioli, Fabri, Milliet Dechales, Pardies, Kresa, Sempill, Izquierdo, Zaragozá, Petrei...
integrados en una tradición de asimilación de las novedades cientifico-filosóficas y protegidos por
ella.
En la década de 1680-90 había en Valencia una serie de tertulias o academias, inicialmente
de carácter literario, pero que progresivamente fueron incorporando en sus discusiones y estudios
temas filosóficos y científicos. Una de estas tertulias funcionaba en 1687 con el carácter de
academia de matemáticas y con la intención, hecha explícita por sus miembros, de sentar las bases
de una sociedad científica valenciana, a imagen de las europeas. En ella se celebraban congresos
donde se discutían cuestiones de aritmética, geometría, álgebra, indivisibles, las leyes del
movimiento de Galileo y Descartes, estática, hidrostática e hidráulica; se impartían cursos de estas
materias y se realizaban experiencias de física y observaciones con microscopios y telescopios. Sus
principales protagonistas eran tres clérigos valencianos: Baltasar de Íñigo, Juan Bautista Corachán y
sobre todo Tomás Vicente Tosca. Con una conciencia clara del retraso científico de su país, estos
autores se dedicaron a la tarea de asimilar y difundir en el ambiente valenciano y español los nuevos
conocimientos y métodos surgidos de la Revolución Científica. Para ello, se valieron en gran
medida de la literatura científica jesuítica, cuyos cursos y tratados utilizaron ampliamente y cuyo
eclecticismo les sirvió de guía, orientación o modelo para sus propósitos, introduciendo en España
la nueva ciencia del movimiento inaugurada por Galileo, los experimentos de Torricelli y Pascal
que ponen de manifiesto la gravedad y peso del aire, la caída libre de los graves, el movimiento de
los proyectiles, el equilibrio y el movimiento de los fluidos, los ingenios inventados para aprovechar
la energía y las propiedades de éstos, la descripción de los instrumentos de medida como el
barómetro y el termómetro, la "hidrometría e hidrografía" (movimiento, conducción y repartición de
las aguas) la naturaleza de la luz, las leyes de la óptica geométrica, y la tecnología para la
producción de instrumentos ópticos (telescopio, microscopio)
Ante los temas espinosos, como la cuestión del movimiento de la Tierra, en las obras de los
novatores se pueden detectar curiosos giros expositivos que revelan la difícil posición de aquellos
hombres, obligados a someterse, e incluso a interiorizar las constricciones que imponían los dogmas
eclesiásticos, pero participando en el proceso de renovación de la enseñanza de la filosofía natural

10. que tuvo lugar en muchas Universidades de Europa, a partir de la segunda mitad del siglo XVII bajo
la influencia del cartesianismo y la física pre-newtoniana.
6) La Paz de Nimega (1678)
Son las negociaciones de paz concluidas en 1678 entre Francia y Holanda, España y el
Imperio, con la que finalizó la Segunda Guerra Franco-Holandesa.
La Triple Alianza no duró mucho. En 1670, Carlos II de Inglaterra y Luís XIV firmaron en
secreto el Tratado de Dover que los convertía en aliados. Ambos reinos declararon la guerra a las
Provincias Unidas en 1672. La rápida invasión y ocupación de la práctica totalidad de los Países
Bajos, salvo Ámsterdam, hizo caer de de Witt y permitió a Guillermo III hacerse con el poder y
formar una coalición (Gran Alianza de La Haya, 1674) en contra de las pretensiones expansionistas
de Luís XIV entre Holanda, España, el Imperio, Brandenburgo y Lorena.
El matrimonio de Guillermo III con María II de Inglaterra, sobrina de Carlos II de Inglaterra
y las grandes victorias francesas sobre las fuerzas de la coalición oponente dio lugar a la alianza
militar entre Inglaterra y Holanda (julio 1678) y forzó la firma de la Paz de Nimega por la que Luis
XIV devolvió todo el territorio holandés capturado pero ganó la posesión de más ciudades y retuvo
el Franco Condado.
Las conversaciones de paz se habían iniciado en 1675 en la ciudad holandesa de Nimega y
culminaron en los tratados firmados entre el 10 de agosto de 1678 y el 5 de febrero de 1679 por las
Provincias Unidas de Holanda, España y el emperador.
Tratado franco-español
•Francia conserva sus conquistas en el Franco-Condado, numerosas plazas españolas de Flandes y
Hainaut (Aire, Saint-Omer, Cassell, Bailleul, Poperinghe, Warmeton, Yprés, Cambrai, Bouchain,
Valenciennes, Condé y Maubege), y su parte del Artois, con lo que la frontera septentrional de
Francia se convertía en una línea continua.
•Francia devuelve a España Courtrai, Oudenarde, Gante, Ath, Binch, Charleroi y Limburgo.
•Francia restituye a Holanda la ciudad de Maastricht y le otorga importantes ventajas comerciales.
Tratado Luís XIV - Leopoldo I
•Francia cede su derecho a guarnecer militarmente Philipsburgo, a cambio de conservar las plazas
estratégicas de Brisach y Friburgo.
•El emperador se compromete a no intervenir en el N. de Europa
◦Lo que permite a Luís XIV apoyar a Suecia en su lucha con Brandeburgo.
De los acuerdos de Nimega, Holanda salió prácticamente indemne pero significó un nuevo
paso en el proceso de decadencia del Imperio español y conllevó el declive de la popularidad de don
Juan José de Austria, recientemente elevado al poder por su hermano Carlos II y cuyo gobierno
había creado numerosas expectativas para enmendar la zozobra política española. Luis XIV
continuó agrandando su ejército y reclamando la ampliación de sus fronteras mediante pretextos
legales.
7) La Paz de Rijswijk (1697)
En junio de 1686 se formó la Liga de Augsburgo con el fin de luchar contra la avasalladora
política europea de Luís XIV, que inició la guerra de los Nueve Años reclamando territorios para
su cuñada Isabel de Orleans.
La Liga estaba constituida por el emperador austriaco, el duque de Baviera, el elector del
Palatinado, los príncipes de Renania y Franconia y los reinos de España y Suecia. Cuando el
estatúder Guillermo III de Orange subió al trono inglés incorporó a la alianza a Inglaterra y

11. Holanda, y el matrimonio de Carlos II de España con la cuñada del emperador Leopoldo I, Mariana
de Neoburgo, hizo que la guerra adquiriese dimensión colonial y continental.
Fue una guerra demasiado larga y con frentes muy dispersos, terrestres y marítimos. En
1693 los recursos económicos de ambos bandos se agotaban y se hizo evidente la imposibilidad de
llegar a una victoria definitiva de uno u otro bando, por lo que se iniciaron negociaciones para la
pacificación, pero no se llegó a acuerdo y en 1694 se reanudó la guerra.
En 1696 las sucesivas victorias militares francesas urgieron a los aliados a finalizar la
guerra, y Luís XIV deseaba una resolución pacífica del conflicto porque la prolongación de la
guerra había agotado sus arcas y porque la previsiblemente cercana muerte de Carlos II le impelía a
sellar la paz con España para enviar un embajador a la corte madrileña que le permitiera colocar en
el trono de España a su nieto Felipe de Valois. La caída de Barcelona impulsaba a España a acelerar
las conversaciones, solicitando la vuelta a la situación internacional establecida en la paz de
Westfalia de 1648, mientras que Inglaterra aspiraba al mantenimiento de los acuerdos de paz de
Nimega. El monarca sueco Carlos XI se ofreció como mediador en las conversaciones y el 9 de
mayo de 1697 se iniciaron las negociaciones de paz en el castillo de Nieuwburg de Rijswijk, cerca
de La Haya.
Holanda, Inglaterra y España firmaron la paz con Francia el 21 de septiembre de 1697.
•Luís XIV restituyó a España los territorios catalanes conquistados y las plazas flamencas de Ath,
Courtrai y Mons
•El monarca francés reconoció como rey de Inglaterra al estatúder Guillermo III de Orange.
•Las Provincias Unidas salieron favorecidas en el ámbito comercial y mantuvieron algunas plazas
fuertes en los Países Bajos españoles.
El emperador y los príncipes alemanes firmaron el 29 de octubre, pocos días antes de que expirase
el plazo concedido por Francia.
•Francia devolvía al emperador Friburgo, Brisach, Philipsburgo y Kehl, pero conservaba
Estrasburgo.
•El duque de Lorena recuperó sus estados y Francia fijó su frontera oriental en el Rin.
A pesar de la superioridad militar francesa, el tratado de Rijswijk significó un retroceso de la
hegemonía francesa en Europa, y la paz de 1697 marcó el deterioro de la potencia internacional
francesa frente a las potencias marítimas de Inglaterra y Holanda.
8) Comercio de Indias
En el comercio de Indias convivían un monopolio de Estado y un monopolio
privado. En el S. XVI el Estado, representado por la Casa de la Contratación, era el
elemento dominante, pero en el S. XVII los comerciantes del consulado modificaron el
equilibrio del poder y eran ellos los que determinaban muchas de las reglas del juego.
El consulado controlaba el comercio con América y muchas de las atribuciones fiscales
del Estado, pues administraba la avería, nombraba a los principales oficiales de las
tropas, concedía licencias a los extranjeros y organizaba el pago de indultos para
compensar el fraude existente.
El monopolio adquirió la forma de un conglomerado de disposiciones legales de
la corona, organismos públicos, intereses privados y mecanismos de defensa que no
funcionaba de acuerdo con la ley. Existía un monopolio práctico distinto del monopolio
formal, que representaba un compromiso entre intereses diferentes interactuando
entre sí. Todo el tráfico comercial entre España y América tenía que registrarse, y el

12. registro de salida se verificaba en el punto de destino.
Carga tributaria sobre el propio comercio:
•avería. Se cargaba por medio del registro para que el comercio financiara su propia
defensa, y tenía un valor variable en función del coste de la defensa y del valor de la
mercancía, según el volumen de las flotas y de sus escoltas. Cuando subieron los costes
de defensa, los contrabandistas comenzaron a embarcar sus productos en las flotas sin
registrar y libres de impuestos, lo que penalizaba a quienes actuaban dentro de la ley:
el aumento del fraude disminuyó el volumen de mercancía imponible, redujo el
rendimiento de la avería, debilitó las armadas de escolta y fue una invitación a nuevos
ataques enemigos en un círculo vicioso en el que estaba atrapado el comercio
transatlántico
•almojarifazgo era un derecho aduanero ad valorem que gravaba la mercancía en los
puertos españoles y americanos, en función a los precios del mercado de destino y,
además, algunos productos eran objeto de una fiscalidad especial. Esta contribución tan
elevada desvió el comercio hacia el contrabando.
Carga tributaria sobre las economías coloniales:
◦quinto real sobre los metales preciosos
◦producto de la venta del mercurio
◦tributos de los indios
◦cruzada
◦alcabalas sobre compraventas y transferencias
El contrabando de la plata procedente de las Indias era muy intenso y adoptaba
dos formas fundamentales: la evasión del quinto real en la mina y la evasión del
registro en el puerto, no solo para evitar el pago de la avería, sino porque la plata sin
registrar era mucho más valiosa que la plata registrada pues se evitaba el peligro de
confiscación real y era más fácil de reexportar al extranjero desde España para
comprar una serie de productos con gran demanda en el comercio de las Indias.
El fraude era sancionado por la corona y al regreso de las flotas se imponían
pagos compensatorios, los llamados indultos. Los comerciantes coloniales podían
adquirir seguridad y respetabilidad mediante el donativo , una forma de obtener el
perdón por los fraudes del pasado y elevar su statu social con honores y títulos de
nobleza, o bien mediante la compra de cargos que utilizaba la corona para conseguir
ingresos.
Otro expediente era utilizar los barcos de guerra de la escolta para transportar
mercancía, con lo cual se evitaba el registro por completo, en connivencia con los
capitanes de los barcos, que a veces permitían también que los barcos descargaran en
puertos no autorizados. De esa forma, gracias a la existencia de redes familiares, al
soborno de los oficiales o al engaño puro y simple, Sevilla y Cádiz se convirtieron en
centros activos de fraude y fue en esas ciudades donde comenzó a practicarse la
evasión fiscal.
El pillaje y el parasitismo convirtieron el fraude y el contrabando en una forma
de vida. El sistema de monopolio y los precios elevados creaban unas condiciones de
mercado que favorecían el contrabando. Los impuestos y las confiscaciones lo

13. incitaban, los oficiales corruptos lo permitían y las autoridades navales colaboraban en
él. La estrecha alianza entre los mercaderes de Sevilla y la Casa de la Contratación
determinó que el control de las aduanas fuera uno de los puntos débiles del monopolio.
El contenido de las mercancías se gravaba por el valor declarado, no por su valor
comprobado (se hacían declaraciones falsas e infravaloradas).
Como la avería se pagaba sobre las mercancías registradas, el contrabando
elevaba la tasa, lo que constituía una nueva incitación al fraude, socavando la
confianza y la inversión a largo plazo en el comercio de las Indias y deteriorando
directamente la posición financiera de España, cuando llegó al punto en que la corona
tuvo que subvencionar las averías para mantener una apariencia de defensa de la
navegación transatlántica.
El fraude que existía en el monopolio no destruyó por sí solo el sistema. El
principal peligro procedía de la penetración desde el exterior, que adoptaba diversas
formas: la presencia extranjera en Sevilla y Cádiz, la expansión europea en América y
el comercio directo en el Caribe, el Atlántico sur y el Pacífico. El comercio directo por
parte de los extranjeros les permitía evadir el monopolio. Desde las Antillas,
comerciantes ingleses, holandeses y franceses establecieron contactos comerciales con
los españoles del Caribe, contactos que gradualmente se extendieron hacia Cartagena
y Portobelo. Los productos textiles del N. de Europa, exportados directamente hacia el
Caribe español, se vendían a un precio inferior a los que llegaban de y a través de
Sevilla, no pagaban impuestos y producían beneficios tanto a los consumidores como a
los vendedores en una competencia desleal dirigida al centro neurálgico del sistema
comercial español.
Los extranjeros tenían otras formas de participar en el comercio de las Indias y
conseguir los beneficios que producía. Podían asentarse en América, aunque la ley
estipulaba que los emigrantes tenían que ser españoles o españoles naturalizados y
debían poseer una licencia. La falsificación de pasaportes se había convertido en una
profesión en Sevilla. Los extranjeros viajaban en las flotas oficiales o entraban por la
puerta de atrás, el Río de la Plata. En Perú se pueden identificar tres grupos
diferentes. Una serie de extranjeros se habían asentado en el interior y adquirido
pequeñas propiedades. Otros eran pilotos y marineros, aprovechando la escasez de
mano de obra especializada. Pero el grupo más numeroso lo constituían los
comerciantes, oficialmente transeúntes, pero de hecho residentes, a los que se podía
encontrar en puertos y ciudades.
9) Junta de Comercio:
** La Real y General Junta de Comercio fue creada por Real Decreto en 1679, siendo
ministro Juan José de Austria, con el objetivo primordial de favorecer y fomentar el
desarrollo de la economía, especialmente el sector industrial. Tenía jurisdicción sobre
todos los dominios de la monarquía y la componían cuatro ministros en representación
de los Consejos de Castilla, Guerra, Hacienda e Indias.
•Suspendida en 1680
•Restablecida en 1682 (Conde de Medinaceli)
•Independiente de los Consejos desde 1683

14. •Con Juntas locales a partir de 1684: Granada, Sevilla, Madrid, Valencia y
Barcelona
Una de las iniciativas más destacadas de las Juntas, particularmente de la de
Madrid, fue atraer artesanos extranjeros especializados (de Países Bajos meridionales
y Francia) con concesión de exenciones fiscales y monopolios introducir nuevas
técnicas en España al margen de las organizaciones gremiales.
La oposición de los gremios a una competencia aventajada y el boicot de los
mercaderes a los productos manufacturados por mano de obra extranjera (interés en
continuar con el lucrativo comercio de importación) condenaron al fracaso a esta
política industrial y la Real y General Junta de Comercio fue disuelta en 1691 (Carlos
II/Mariana de Neoburgo/Portocarrero) y sustituida por Juntas particulares de
Comercio en Sevilla, Granada y Valencia con la finalidad preferente de estimular la
sedería.
En 1705 Felipe V (Orry) fundó la Junta para el Restablecimiento del
Comercio, con una composición más compleja en la que participaban representantes
de los mercaderes de las principales ciudades comerciales.
En 1730 (Patiño) se le añadieron las competencias de la Junta de Moneda
En 1747 (Carvajal) se incorporaron también los asuntos de la Junta de Minas
En 1814 la Junta General de Comercio, Moneda y Minas pasó a formar parte del
Consejo de Hacienda
**
Una de las realizaciones más importantes del periodo de gobierno de D. Juan José de Austria
fue la creación de la Junta General de Comercio, institución típicamente mercantilista similar a las
aparecidas en otros Estados europeos durante el S. XVIII, que suponen un paso adelante en el
proceso de articulación de los Estados modernos que pasan de la preocupación en el s. XVI
exclusivamente por los problemas fiscales y hacendísticos, a interesarse por la producción y el
intercambio de bienes.
Durante el reinado de Felipe IV, el conde-duque de Olivares creó una Junta de Minas y otra
de Comercio, Población y Agricultura. Los problemas de despoblación y la depresión industrial se
abordaron específicamente en el período reformista de los años 80 con la institución en 1679 de la
Junta de Comercio formada por cuatro ministros de los consejos de Castilla, Guerra, Hacienda e
Indias y varios expertos para «restablecer y restaurar el comercio general de estos reinos» con
instrucciones expresas para facilitar el movimiento de capitales y promover las actividades
productivas. Interrumpida en abril de 1680, la Junta fue restaurada en diciembre de 1682 con
nuevos miembros, inaugurando una segunda y más dilatada y fructífera etapa de su existencia con
numerosas reformas:
•Creación de instituciones crediticias (montes de piedad)
•Declaración de la compatibilidad de comercio y nobleza (1682)
•Protección a los artesanos (1683)
•Ordenanzas generales de la sedería (1684)
•Gremios Mayores de Madrid (1684) para la protección del artesanado madrileño
La Junta creó varias subdelegaciones y a partir de 1683 se designaron subdelegados o
superintendentes de comercio, con frecuencia los corregidores, oidores o presidentes de las
Chancillerías. A partir de 1684 participaron en la Junta consejeros de Aragón y en noviembre de
1691 se produjo de nuevo un cambio completo de sus integrantes en una tercera etapa que duró
hasta los primeros años del reinado de Felipe V, estableciendo Juntas particulares de Comercio en

15. Sevilla, Granada y Valencia con la finalidad preferente de estimular la sedería.
La Junta de Comercio de Barcelona fue impulsada por Feliu de la Penya en 1692 y dejó de
actuar en 1697, el año de la caída de la ciudad en manos de los franceses.
Hubo otros muchas propuestas, como la de Feliu de la Penya de crear una compañía
privilegiada “armada para el comercio con las Indias” según el modelo de las compañías inglesas y
holandesas, que reactivase las manufacturas españolas y acabaran con el contrabando extranjero en
América, con participación de extranjeros, que fue aprobada pero no llegó a crearse hasta veinte
años después con la formación con capital vasco de la Compañía Guipuzcoana de Caracas.
Los nuevos planificadores intentaban copiar el marco formal de los sistemas comerciales
extranjeros pero sin capacidad para afrontar los problemas de fondo:
•Escasez de capital y de recursos industriales en España
•Falta de confianza de los inversores extranjeros en la burocracia española
•Oposición inquebrantable del consulado de Sevilla a cualquier ataque contra su monopolio
•Ausencia entre los miembros de la Junta de especialistas en los asuntos relativos a la producción y
el comercio
•Carencias en el análisis de la crisis del comercio colonial (convicción generalizada de que bastaba
con impedir la presencia de los extranjeros en el comercio)
Los reyes borbones extendieron su autoridad sobre la minería, las manufacturas y la
acuñación de moneda, y después de 1730 cambió su nombre a Junta de Comercio y Moneda.
Aunque los logros de la Junta General de Comercio fueron limitados, constituyó el primer serio de
promoción de la industria en España incentivando la inversión, tratando de poner en vigor normas
de calidad y tamaño, alentando a los fabricantes nativos con exenciones fiscales y privilegios de
monopolio y trayendo fabricantes extranjeros a España.
10) La paz de Utrech y sus consecuencias económicas y territoriales para
España:
El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratados de
Utrecht y Rastadt, es una serie de tratados multilaterales firmados por los países
beligerantes en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1712 y 1714 en esas
ciudades de los Países Bajos y Alemania, respectivamente.
El agotamiento de todos los contrincantes en la Guerra de Sucesión Española,
sumado a la subida de los “tories” al poder en Gran Bretaña, y el cambio de monarca
en Austria creó un ambiente propicio para las negociaciones que Francia e Inglaterra
iniciaron en 1711 y que culminaron en la Paz de Utrecht (1713) entre Francia,
Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia, aunque la resistencia del emperador Carlos VI y
de Felipe V a aceptar las estipulaciones de Utrecht demoró el fin del conflicto hasta
1714, con la firma en Rastadt de la paz entre Austrias y Borbones.
Las estipulaciones de Utrecht­Rastatt cambian el mapa político europeo
eliminando la hegemonía francesa en Europa con la teoría del equilibrio europeo
(procedente del Tratado de Westfalia y predominante en el S. XVIII) por la que
ninguna potencia sea lo suficientemente fuerte para inquietar a las demás.
• Gran Bretaña obtiene las puertas del Canadá (bahía del Hudson, Acadia y
Terranova), del Caribe (isla de San Cristóbal) y del Mediterráneo (Menorca y
Gibraltar) y el aprovechamiento comercial de la América española (el navío de
permiso: Flete anual de un barco de 500 toneladas con productos para vender
libres de impuestos; y el asiento de negros: monopolio de treinta años sobre el

16. tráfico de esclavos negros).
• Francia reconoce la sucesión protestante en Inglaterra, se compromete a no
apoyar a los pretendientes Estuardo. Conserva sus fronteras continentales
confirmando la posesión de, Alsacia, Estrasburgo y el principado de Orange (en
Provenza), aunque los reveses militares han desgastado los principios de la
monarquía absoluta de derecho divino, que desmontarán las generaciones
hipercríticas del S. XVIII.
• La Casa de Saboya recupera Saboya y Niza (ocupadas por Francia durante la
guerra) y recibe Sicilia (cedida por España) con el título de rey que, con diversas
denominaciones, tendría en adelante la casa de Saboya (primero reyes de Sicilia,
luego reyes de Cerdeña y finalmente reyes de Italia).
• Las Provincias Unidas reciben de Felipe V de España la "barrera" flamenca
(una serie de fortalezas en el norte de los Países Bajos españoles que el Imperio
ayudó a financiar), plazas fuertes en los caminos de invasión desde Francia.
• Brandeburgo recibe (de España) Güeldres del Norte y la "barrera" de
Neuchâtel (de Francia), además de su transformación en reino con el nombre de
Prusia. Federico Guillermo I fue su primer rey.
• Portugal obtiene la devolución de la Colonia do Sacramento, ocupada por
España durante la guerra.
• Carlos VI de Austria obtiene (de España) los Países Bajos españoles, el
Milanesado, Nápoles, Flandes y Cerdeña. El Archiduque Carlos de Austria,
ahora emperador, abandona cualquier reclamación del trono español (en 1725).
• Felipe V (Felipe de Anjou) obtiene el reconocimiento como rey de España y de
las Indias por parte de todos los países firmantes, con varias cláusulas
limitadoras:
• Prohibición de que el rey de España y el de Francia sean una misma
persona
• Renuncia al derecho de sucesión al trono de Francia
• Declaración del rey de Saboya sucesor de la corona española si se
extinguiera su línea sucesoria.
• Compromiso de no vender ni enajenar a Francia ni a otra nación
cualquier ciudad o provincia de América.
España salió de Utrecht con la península ­salvo Gibraltar­ completa y con su
imperio americano hipotecado por ventajas comerciales y coloniales para Gran
Bretaña que lastraron a España el resto de la centuria.
Tras la marcha de Cataluña de las tropas austriacas en julio de 1713, la Junta
General de Brazos (Brazo Eclesiástico, Brazo Militar y Brazo Real o Popular) acuerda
la resistencia y se inicia una guerra que se prolongó durante casi catorce meses,
concentrada en Barcelona, Cardona y Castellciutat. Las tropas felipistas rompen el
sitio de Barcelona el 11 de septiembre del 1714 y Mallorca, Ibiza y Formentera cayeron
diez meses más tarde (11 de julio del 1715).
El gran beneficiario de este conjunto de tratados fue Gran Bretaña:

17. •ganancias territoriales en Canadá, el Caribe y el Mediterráneo
•ventajas económicas que rompían el monopolio comercial de España con sus colonias
•triunfos políticos:
◦equilibrio de poder terrestre en Europa frenando la expansión de Luis XIV
◦neutralización económica de Francia por los grandes costes de la contienda
◦control marítimo del Atlántico y el Mediterráneo ( Menorca y Gibraltar)
11) Las capitanías generales
Tras la Guerra de Sucesión y la prolongación del conflicto en Cataluña más allá
de la marcha de las tropas austracistas, la implantación en los reinos orientales del
modelo de administración centralizada se realizó a través de los Decretos de Nueva
Planta, que se diferenciaba del modelo administrativo castellano en un régimen
régimen fiscal novedoso, acorde con las directivas de una monarquía moderna y
centralizada; tanto como en la preeminencia del poder militar en el gobierno y en la
administración territorial.
La reordenación territorial y política del espacio en los reinos orientales estuvo
muy influida por el temor de Felipe V a una nueva rebelión de los antiguos reinos, y el
nuevo régimen quedó establecido sobre la autoridad suprema de un Capitán General
(el anterior Comandante General), asesorado por los letrados de la Audiencia en
cuestiones administrativas y por un Superintendente en las fiscales.
El Capitán General era la principal autoridad castrense y el delegado del rey ,
dotado de las máximas atribuciones administrativas y de gobierno que lo situaban en
la cúspide de la pirámide de poder. Por el Real Acuerdo se estableció una fórmula
diárquica que conjugaba administración magisterial y castrense con la Audiencia como
organismo supremo de Justicia y el Capitán General como comandante de armas que,
en caso de conflicto, ejercería la superioridad jerárquica.
En cada provincia había un gobernador militar pero sólo las provincias más
importantes contaban con un capitán general con jurisdicción civil y militar, ya que
era también presidente de la audiencia y controlaban la imposición de la ley, hasta tal
punto que ni siquiera el Consejo de Castilla podía revocar sus decisiones a menos que
el rey le autorizara a hacerlo.
Los Capitanes Generales constituyeron una autoridad sólida, raramente
contestada. Eran miembros de la más alta jerarquía militar, pertenecían a los
principales linajes aristocráticos y encarnaban el poder supremo a semejanza de los
antiguos virreyes. En el transcurso del siglo XVIII, el carácter militar de las
instituciones civiles se acentuaría tanto en los territorios de Nueva Planta como en
Castilla, donde un decreto de 1808 sometió a las Audiencias (incluidas las
Chancillerías de Valladolid y Granada) a la autoridad del capitán general de la
provincia. Este carácter militar afectó igualmente a los intendentes de hacienda, cuyo
reclutamiento se hizo mayoritariamente entre los comisarios de guerra.
Los Decretos de Nueva Planta suprimieron la tradicional organización
municipal y los reinos orientales fueron divididos en un nuevo entramado de
demarcaciones administrativas por corregimientos: Aragón fue dividido en 12, el
Principado en 12 corregimientos y Valencia en 10.

18. En 1718 Felipe V decidió que en el nuevo régimen local los corregidores, en su
mayoría altos oficiales militares, ejercían su autoridad ­como garantía del
mantenimiento del orden público­ sobre el gobierno local de los ayuntamientos
presididos por regidores, produciendo la militarización de la administración,
acentuada por la presencia de tropas militares y fortificación de fronteras y costas. El
corregimiento de carácter castrense se mantuvo hasta el final del Antiguo Régimen,
debido a que la preocupación de la monarquía por el mantenimiento del orden fue
constante, aún mucho tiempo después de finalizada la Guerra de Sucesión.
2. Las intendencias. La figura del intendente.
** En el contexto de la Guerra de Sucesión Española y ante la ineficacia de las
instituciones del Estado existentes en las regiones, el rey Felipe V instauró en 1711, a
instancias de Orry y a partir del modelo del Intendente francés, un nuevo funcionario
nombrado por la corona y responsable directamente ante ella, para establecer lazos
eficaces entre el centro y las provincias..
La primera función que se les encomendó fue la administración financiera
del ejército para la sujeción de los territorios conquistados tanto en lo que
correspondía al ejército como a la hacienda y gasto público, con el cargo de
superintendente general del ejército. Tras el éxito alcanzado en su gestión se les
otorgó zonas territoriales denominadas intendencias. En la España oriental,
Barcelona, Valencia y Zaragoza, donde no se habían introducido hasta entonces las
instituciones centrales, las intendencias llenaron un vacío, pero en Castilla fueron
consideradas como innecesarias y suprimidas, dándose preferencia a los corregidores,
ya existentes, funcionarios reales ya tradicionales en las grandes ciudades, incapaces
de responder a las necesidades y demandas del gobierno central.
En 1718, (bajo Alberoni), José Patiño redactó la "Ordenanza de
Intendentes de ejército y provincia" de 4 de julio de aquel año, se convierten en
intendente de ejército y provincia, que en ocasiones actuaron sólo en el ámbito civil
como intendente de provincia, dotados de competencias en materia de justicia,
hacienda, guerra y policía. Los 29 intendentes tenían obligación de residir en la capital
de la provincia y disfrutaban de poderes más amplios que sus predecesores en 1711,
con jurisdicción militar y administrativa para asumir el cargo y la función
del corregidor de la ciudad
•Justicia: mantenimiento del orden;
•Hacienda: recaudación y administración de los impuestos y de otros ingresos;
•Administración general: censo, inventario de los recursos naturales, industria,
agricultura, caminos y puentes, obras públicas, salud pública, ejército, graneros y
archivos
•Administración militar: reclutas, intendencia.
Con posterioridad, se les fueron añadiendo facultades en el ámbito económico
(agricultura, comercio, industria, transportes) y a veces acumulaban el cargo de
corregidor en la ciudad capital de su provincia (intendente corregidor). La mayoría de
los intendentes se esforzaron en hacer funcionar el nuevo sistema, suscitando la

19. oposición de la antigua burocracia y sus relaciones, que presionaron a través del
Consejo de Castilla ante Felipe V, que primero modificó sus funciones suprimiendo sus
poderes judiciales, y en 1721 abolió los poderes financieros concedidos por la ordenanza
de 1718 y suprimió los intendentes en todas las provincias donde no existían tropas,
con lo que sólo quedaron intendentes en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla,
Badajoz, Salamanca, La Coruña, Pamplona y Palma de Mallorca, con una distinción
formal entre el intendente de guerra y el intendente de provincias
En 1724 desapareció la función de intendente de ejército en las provincias sin
tropa, quedando limitados a los que dependían de cada capitanía general, a excepción
de Navarra, y durante el resto del reinado sólo existieron los intendentes de guerra
en 9 provincias, donde continuaron ejerciendo funciones de reclutamiento,
aprovisionamiento y pago de las tropas, aunque en la práctica conservaron la
administración de ingresos reales y amplios poderes discrecionales, constituyéndose en
un cuerpo de elite de funcionarios experimentados y movilidad ascendente en la nueva
burocracia, con un conocimiento personal de las provincias españolas, disponibles para
un nuevo nombramiento cuando el sistema de intendentes fue restablecido
plenamente en 1749.
El rey Fernando VI reordenó el sistema con una intendencia por provincia,
junto con el corregimiento de la capital (cargos que volvieron a separarse en 1766).
Cada intendente sería auxiliado por un teniente letrado o alcalde mayor subordinados,
o a veces dos, para el ejercicio de las funciones judiciales. El número y extensión de las
provincias no fue estable, y se subdividieron en partidos.
En la reforma de Ensenada de la administración de los impuestos y los
ingresos, se desprivatizó la recaudación eliminando la figura de los arrendadores de
impuestos y, con ellos, una fuente importante de desorden y corrupción, al situar la
administración de las rentas provinciales en manos del Estado. La Ordenanza de
Intendentes de 1749 restablecía en su totalidad el sistema de intendentes. La nueva
ordenanza se basaba en la de 1718 y contemplaba todavía a los intendentes como a los
agentes regionales de un Estado centralizado, pero implicaba un compromiso mayor
con los intereses de las provincias, una preocupación mayor por defender los recursos
de las ciudades y pueblos bajo su jurisdicción, de proteger al sector rural y promover el
comercio y la industria locales. La primera tarea de los intendentes era dirigir las
operaciones del catastro en cada provincia. Una vez completado el mismo volvieron a
desempeñar sus funciones fiscales normales, representando al Estado como
recaudadores de impuestos y a los intereses del pueblo en cuanto que
contribuyentes. El nuevo decreto creaba cuatro intendentes de guerra en Castilla
­Sevilla, Extremadura, Zamora y Galicia­ y dieciocho de provincia. Poco a poco, los
intendentes de guerra y de provincia se identificaron, aunque la jurisdicción militar de
primero le otorgaba un statu algo superior, y la provisión de recursos para el ejército
seguía siendo una de sus tareas fundamentales.
Ensenada se sirvió de los intendentes sobre todo como agentes de inteligencia
económica; les instó a que realizaran informes semanales sobre la situación de la
agricultura, la ganadería y los precios de los productos en sus provincias. Dos fallos del
sistema aparecieron posteriormente: la presión del trabajo y el conflicto de
jurisdicción. La concentración de las cuatro áreas (Hacienda, Guerra, Justicia y

20. Administración) en un solo cargo tendía a alargar sus recursos y a reducir su eficacia.
La corona, convencida de la cada vez menor eficacia de los intendentes, restituyó las
tareas de justicia y jurisdicción a los corregidores, que tradicionalmente habían
ejercido esas funciones, y dejó en manos de los intendentes los asuntos relacionados
con las finanzas y con la guerra4.
**
Una de las innovaciones administrativas más importantes del reinado de Felipe V fue la
creación de la Intendencias. Respondieron a la evidente necesidad de conectar la Corte y sus
órganos, los Consejos, con las provincias, demasiado alejadas, en las que, aparte de las autoridades
militares, sólo residían como entidades del gobierno los Alcaldes Mayores y los Corregidores.
La Intendencia es una institución claramente francesa. Se inició su implantación muy
tempranamente, urgida por los primeros consejeros franceses llegados con Felipe V. Varios y
sucesivos planes fueron precisos (el del marqués de Louville, el de Orry, el conde de Bergeyck)
antes de llegar al decreto de 4 de julio de 1718, inspirado por don José Patiño, que instituía el cargo
de Intendentes de Provincias y Ejércitos.
El Intendente era un funcionario real, directamente dependiente del monarca, ejecutor de la
política oficial en su demarcación y con un conjunto de atribuciones variables según las épocas,
que, en el fondo, responden a las múltiples y crecientes atribuciones del Estado absoluto. Su misión
fundamental era centralizar la administración sirviendo de puente jurídico entre Madrid y las
capitales de provincia. Era el oficial administrativo más importante en la provincia, nombrado y
controlado por el Gobierno, aunque con autoridad propia para dar órdenes de carácter local.
La institución de los Intendentes de Provincia siguió dos etapas bien diferenciadas. En la
primera de ellas, por los años de la Guerra de Sucesión española, Felipe V nombró varios
Superintendentes generales de los ejércitos, que actuaban al tiempo en los territorios que el rey iba
sometiendo a su autoridad tras la ocupación militar. Los Superintendentes se encargaban de la
administración del ejército, de la organización de la Hacienda y de los gastos públicos de las
provincias. Al acabar la guerra, un Real Decreto establece los Intendentes de Provincia y Ejército
con carácter permanente, una vez superada la coyuntura bélica. Comienzan a funcionar en Cataluña,
a finales de 1718, para ser implantados, en vista de su éxito, en toda España pocos años después.
La misión del Intendente era múltiple: administraba el ejército en su provincia, entendía en
asuntos de Hacienda, de Gobierno y de Justicia. Las misiones entre el Intendente de provincia y el
de ejército a veces eran detentadas por una misma persona. Otras veces, el Intendente de Ejército
residía junto al capitán general (en la ciudad cabecera de la región) quedando en cada provincia un
intendente encargado de las funciones de Hacienda y Gobierno. Los Intendentes debían fomentar el
trabajo, comercio, industria, ganadería, agricultura, comunicaciones y transportes y, en general,
todo lo relacionado con la economía de las provincias. A veces, también podían asumir el cargo de
Corregidor en la provincia.
Sin embargo, no parece que se cumplieran los planes previstos por el Rey. Aunque
teóricamente sus funciones se extendían a las finanzas, policía, justicia y guerra, en la práctica sólo
usaron de esta última autoridad, ya que despertaron general oposición en los demás estamentos
gubernativos del país, principalmente de los poderes judiciales, que consiguieron despojarles de
estas atribuciones en febrero de 1722. La Intendencia pareció un fracaso. En 1724 se quitaron los
Intendentes de las ciudades o poblaciones en las que no hubiera tropa; quedó la institución más
vinculada a cuestiones militares. Será en tiempos de Fernando VI -a mediados del siglo- cuando la
Intendencia volvería a cobrar importancia, ya en el marco de una nueva y más pujante política
administrativa.
Por Decreto de octubre de 1749, a iniciativa del marqués de la Ensenada, se
establecieron nuevamente los Intendentes de provincias. Reconocía el Decreto la postración en que
se hallaban muchos lugares del reino por causa de las guerras continuas y de las levas forzosas a
4 En 1802 la justicia y la administración quedaron una vez más bajo su responsabilidad

21. que aquellas obligaban, así como los perjuicios que esta situación había causado a la Hacienda Real.
Se considera, por tanto, la restitución de las Intendencias como una medida acorde con el nuevo
espíritu de paz y neutralidad que la nueva monarquía principiaba.
Se estableció un Intendente en cada provincia del reino y a este cargo se le sumaba el
Corregimiento de la misma capital de provincia. La unión de Intendencia y Corregimiento fue
protestada legalmente por los tribunales. En consecuencia, la unión de ambos cargos quedó a la
discreción del Rey.
Por el amplio abanico competencial se nombraba a personas escogidas, consideradas
capaces para tan grande y variada misión. Debía el Intendente promover cualquier actividad que
supusiese mayor rentabilidad para el Reino. Se les encargó la confección de un mapa de la
circunscripción, en el que se delimitasen los territorios de realengo, señorío y abadengo. Los
Intendentes deberían informarse de las tierras existentes en cada provincia, así como de las dehesas,
montes y ríos susceptibles de usar como navegables o como fuerza energética para alguna fábrica.
Debían estudiar los puentes, sus posibles reparaciones, el estado de los caminos y la posible
construcción de otros nuevos.
Por último examinarían el estado de los puertos y las posibilidades de reparación,
ampliación o remodelación de los mismos. Se esperaba que esta información permitiera al
Intendente un perfecto conocimiento de la provincia a él encomendada y la elaboración de un
programa de propuestas para el rey, para una eventual intervención.
Con todo, la misión quizá más importante era la de fomentar en los pueblos y ciudades la
industria del paño, papel, vidrio, seda y otras; el fomento de la industria local será una de las
aspiraciones más acusadas del pensamiento y acción de los ilustrados. Aquí se señala a los
Intendentes, como representantes del poder central, la alta misión de promover cualquier tipo de
industria autóctona que permitiera al país desarrollarse en este ámbito, libre de la competencia
europea, cosa que ya se había empezado a propiciar desde la época de Felipe V.
También era misión de los Intendentes el estudio del estado de los cultivos y de la
producción agrícola en general, de su rentabilidad y de las mejoras que, para incremento de ésta,
creyeran oportuno introducir, con vistas, especialmente, a la comercialización de los productos
agrícolas.
Además, siendo los Intendentes representantes del Superintendente de la Hacienda Real,
vigilaban todo lo que al provecho de ésta afectase, con especial atención a los administradores,
recaudadores y demás encargados de los cobros de las contribuciones; debían también fiscalizar la
contabilidad militar e inspeccionar las listas para el reclutamiento de la tropa. Como unían a su
misión la de ser Corregidores, ejercían la función de este cargo auxiliados de dos Tenientes o
Alcaldes Mayores. Era, pues, una misión muy amplia la del Intendente. Fue útil para la
coordinación de funciones en un mismo territorio y para ejecución de planes venidos desde la
Administración central. Pero la acumulación de funciones tan complejas ocasionó trastornos, pues
no siempre podían ser atendidos todos los asuntos con la necesaria dedicación. Parece, sin embargo,
que la institución del intendente fue de las más positivas de las creadas por el estado reformista del
XVIII.
No es fácil precisar el número de Intendencias creadas, ni tampoco la persistencia de las
mismas. Es probable que hubiera variaciones y reajustes a lo largo de los años. La extensión de
cada intendencia variaba asimismo según regiones. En la Corona de Aragón, por ejemplo, por
ejemplo, se formó una Intendencia por cada uno de los antiguos reinos. En Castilla, sin embargo, se
adoptó el principio de establecer una intendencia por cada capital de una capitanía general o por
cada Corregimiento de una ciudad. De ahí las múltiples variantes y la distinta importancia de cada
Intendencia. Elló influyó en la división territorial por provincias llevada a efecto en el siglo XIX. El
Intendente prefiguró lo que después habían de ser los principales órganos de gobierno de la
provincia: Gobernador Civil, Delegado de Hacienda y algunas de las funciones del Gobernador

22. Militar.
13) Jerónimo de Ustáriz (1670-1732)
Economista. Defensor del mercantilismo5, en 1717 aboga por la aplicación del colbertismo
en España y propone, como patrones a imitar, a Francia y Holanda. En su obra identifica la riqueza
nacional con los metales preciosos a través de una balanza comercial favorable en contraposición a
las habituales políticas restringiendo su salida.
Tuvo gran influencia en la política económica de Felipe V: en 1725 reorganizó la Junta de
Comercio y cuando se fundió la Junta de Comercio con la de Moneda fue elegido ministro. Las
medidas que propone para evitar la fuga de los metales preciosos es el fomento de las manufacturas
y la reorganización del comercio, a través del apoyo gubernamental en la concesión de gracias y
franquicias a fabricantes y vendedores, y reduciendo los gravámenes internos. Para Ustáriz, la causa
de la decadencia española no era la emigración a las Indias, sino el comercio de importación-
exportación con una balanza de pagos desfavorable, que proponía reducir en conjunción con el
desarrollo de la industria nacional, para evitar el desabastecimiento.
•Reorganización en los aranceles de entrada y salida de las mercancías para incrementar el consumo
interior y las exportaciones, pues los excesivos derechos de las diversas aduanas de la Península
encarecían los productos españoles respecto a los extranjeros.
•Impulso de la industria privada y no de las manufacturas reales.
•Reforma de la Junta de Comercio introduciendo en ella a hombres preparados y experimentados y
con representaciones comerciales españolas en los principales puertos extranjeros, en lugar de crear
compañías de comercio.
•Apertura de canales fluviales y la mejora de carreteras y de puertos.
•Creación de academias para fomentar el comercio y las ciencias y artes en general.
•Creación de una buena escuadra como apoyo y defensa del comercio.
Uztáriz fue el máximo economista español de la primera mitad del XVIII al exponer la
primera propuesta para organizar coherente y sistemáticamente la economía interna de la Península
y su comercio exterior, superando el mercantilismo en el sentido de que no atribuye al Estado el
papel de protagonista de la economía, sino el de regulador y protector de unas relaciones libres. La
economía pasa a ser en el XVIII materia política con amplios fines políticos y humanos, al extender
sus consideraciones a los intereses de toda la comunidad, superando la estricta consideración de
potenciar el Estado, la gloria del príncipe o el enriquecimiento del Erario,
14. Alberoni
** Llegó a España en 1711 como secretario de Vendôme y ascendió en la corte de
Felipe V gracias a la ayuda de la Princesa de los Ursinos. Tuvo un papel destacado en
la boda del rey con Isabel de Farnesio, que lo impulsó en una carrera meteórica
obteniendo sucesivamente el título de Grande de España, el cargo de consejero del rey,
el nombramiento como obispo de Málaga y el nombramiento de cardenal.
Como miembro del aparato estatal, Alberoni impulsó una política que
combinaba reformas económicas colbertistas con medidas sociales conservadoras, que
anulaban muchas de las que se aprobaron durante la carrera de Jean Orry, predecesor
5 Conjunto de políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII en Europa,
caracterizada por una fuerte injerencia del Estado en la economía para unificar el mercado interno formando Estados-nación lo más fuertes
posibles. Hume, Colbert

23. de Alberoni. Creó un servicio regular de correos con las colonias españolas en América
y una nueva escuela de navegación en la que sólo podían ingresar los nobles, y
restauró la Santa Inquisición. Con el fin de impulsar la reconstrucción económica del
país tras la Guerra de Sucesión, disminuyó ligeramente las competencias de los
Grandes de España y abolió las aduanas internas entre los distintos reinos de la
Corona española (con la excepción de las de Navarra y las Vascongadas). También
estimuló el comercio con América trasladando la Casa de Contratación de Sevilla a la
más avanzada ciudad de Cádiz. Se recuperó el ejército, la construcción naval y la
marina, mientras se potenciaban las fortificaciones y los arsenales de Cádiz y el
Ferrol, con el concurso de José Patiño y Rosales, nombrado intendente general de la
Armada.
El objetivo político de Alberoni era el de devolver a España a la situación de
potencia europea, que consideraba que le había sido arrebatada en el Tratado de
Utrecht de 1713, y embarcó a España en un ambicioso proyecto que pretendía recobrar
las antiguas posesiones en Italia y limitar el avance de los Habsburgo de Austria.
Entre 1717 y 1718 llevó a cabo una activa política para ganarse el apoyo del papado y
Francia en la primera guerra de Italia, con la conquista de Cerdeña y gran parte de
Sicilia, hasta que Gran Bretaña destruyó la armada española en el Cabo Passaro.
La agresiva política de Alberoni provocó la constitución en contra de España de
la Cuádruple Alianza (Francia, Gran Bretaña, Austria y Saboya). La guerra se libró en
varios frentes, todos los cuales fueron escenarios de derrotas.
•Mientras Alberoni intentaba que se levantaran en armas los seguidores de los
Estuardo en Irlanda y enviaba una pequeña fuerza a la muerte en Escocia, una
expedición inglesa penetraba con éxito en el norte de España y conseguía la rendición
de Vigo y Pontevedra en 1719.
•Mientras intrigaba en vano para desestabilizar el gobierno de Francia, un ejército
francés de 20.000 hombres invadió Guipúzcoa y tomó San Sebastián.
•En Sicilia, tras el ataque preventivo de los ingleses en el cabo Passaro, sólo fue
cuestión de tiempo la destrucción de las tropas españolas.
Felipe V se vio obligado a la acción diplomática, en 1719 ordenó a Alberoni que
abandonase España y después de prolongadas negociaciones (1720–1724) firmó el
tratado de Cambrai que devolvió los territorios conquistados, o medio conquistados, a
su situación anterior, **
Guerra de la Cuadruple Alianza: 1717-1721 Paz de Cambrai. (Primera Guerra de Italia)En
1717 una flota española (montada por Patiño como Intendente) tomó Cerdeña, y en 1718 atacó
Sicilia (en manos de Saboya), lo que desencadenó la Cuadruple Alianza contra España firmada en
Londres en 1718 por Austria, Inglaterra, Francia y Saboya, que defendieron Sicilia mientras
Gran Bretaña realizaba operaciones de castigo en Galicia, y Francia ocupaba las provincias
vascas y Cataluña, y amenazaba la Florida, Tejas y Nuevo Méjico. Por la Paz de Cambrai España
recuperó su integridad peninsular (salvo Gibraltar), obtuvo derechos de herencia sobre Sicilia,
Parma y Toscana, y el reconocimiento de Felipe V por parte del Emperador Fernando VI, además
de mantener sus posesiones americanas, a cambio de ventajas económicas en Ultramar para
Francia y Gran Bretaña, y Cerdeña para Saboya.
Las aventuras no cesaron con la partida de Alberoni. La reina trató de llegar a un
compromiso con Austria con la esperanza de casar a sus dos hijos, Carlos y Felipe, con sendas
archiduquesas imperiales con la mediación del barón Ripperdá, que negoció el tratado de Viena

24. (1725) que significó oficialmente el fin de las hostilidades hispano–austriacas de la guerra de
Sucesión, permitiendo la liberación de los antiguos partidarios del archiduque y el regreso a España,
en condiciones favorables, de muchos exiliados, con el intercambio de vagas promesas de un
matrimonio austriaco para Carlos y subsidios sustanciales y concesiones comerciales para el
emperador, que la opinión española valoró como un ultraje, y alarmaron al resto de Europa.
Las relaciones anglo-españolas entraron nuevamente en crisis con ataques mutuos en las
Indias y disputas sobre el comercio en la península desde enero de 1727 a marzo de 1728, cuando
Isabel Farnesio aceptó firmar la convención de El Pardo, que ponía fin al bloqueo inglés y que
decretaba la devolución, o la promesa de devolución, de los barcos y posesiones ingleses ocupados
por España. La alianza entre España y Viena llegó a su fin cuando se hizo evidente que no se
llevaría a cabo matrimonio alguno y que los austriacos no apoyarían los planes españoles en Italia.
15) José Patiño Rosales (1666-1736)
Después de la caída de Ripperdá comenzó el ascenso político de los secretarios de Estado.
En esta primera etapa predominó la figura de José Patiño, quien contaba en su haber con el ejercicio
de las funciones de intendente en Cataluña en 1713 y de intendente general de Marina en 1717. En
1726 fue nombrado secretario de Marina, y el mismo año recibió el ministerio de Hacienda. En
1730 asumió el cargo de ministro de la Guerra, y, por último, en 1733, el ministerio de Estado. De
esta forma acumulaba todas las secretarías menos la de Justicia.
Patiño realizó una importante labor en tres ámbitos: fuerzas armadas, política económica y
política exterior. Se dictaron disposiciones legales que favorecían la producción textil española y
pretendían dificultar las importaciones de tejidos extranjeros. Asimismo se llevó a cabo en 1726–
1728 una importante operación de reajuste monetario que dio a la moneda española una estabilidad
duradera. La tradicional deuda de los “juros” fue objeto de una drástica remodelación, que redujo su
interés al 3%. Bajo la administración de Patiño se llegó a un acuerdo aduanero con el señorío de
Vizcaya (los estipulados de 1727) y se autorizó la creación de la primera compañía privilegiada por
acciones, radicada en San Sebastián.
La defensa del dominio español era una encrucijada en la política de Patiño en la que se
unían su preocupación por promover la riqueza de la monarquía, la necesidad de disponer de una
fuerte flota para defenderla y el mantenimiento de un sistema de relaciones exteriores. Con un
ejército y una marina mejor organizados, habiendo mejorado la construcción naval y saneado
parcial o superficialmente las finanzas estatales, Patiño pudo realizar una política prudente y
realista. Tuvo en cuenta el bloque franco–británico y comprendió que era inútil intentar cualquier
revisionismo radical del Tratado de Utrecht.
Tratado de Sevilla 1729 Acuerdo firmado entre España, Francia y Gran Bretaña tras la guerra
hispanobritánica de 1727 - 1729, por el que España reconocía el equilibrio europeo impuesto por la
Triple Alianza. Por el tratado, Gran Bretaña conservaba el dominio del puerto de Mahón en
Menorca, y el Peñón de Gibraltar y mantenía sus privilegios comerciales. Isabel Farnesio y Felipe V
obtenían el reconocimiento de la sucesión del infante Carlos a los ducados de Parma y Piacenza.
La muerte en 1731 del último duque de la dinastía de los Farnesio en Parma permitió que el
infante se trasladara a Italia y tomara posesión de aquel ducado.
Primer Pacto de Familia 1733: Firmado en 1734, hace intervenir a España en la guerra de sucesión
de Polonia, que acaba con la Paz de Viena 1738 por la que el príncipe Carlos, obtiene Nápoles y
Sicilia.
(Segunda Guerra de Italia 1735-39) Luís XV y Felipe V firman en El Escorial el Primer Pacto de
Familia contra el Imperio, por el que España apoya a Francia para coronar a Stanislas Leszczynski
(suegro de Luis XV), y Francia apoya a España en su campaña contra Nápoles y Sicilia, y para
recuperar Gibraltar de manos británicas. España cede al duque de Lorena el ducado de Toscana, y a
Francia el ducado de Parma, y el infante Carlos recibe el título de Rey de las Dos Sicilias. Francia y
Austria firman en 1738. España la ratifica en Versalles en 1739.

25. El relativo fracaso del primer Pacto de Familia afectó a Patiño, quien antes de morir en 1736
se inclinaba por el retorno a una política de neutralidad. Fue un eficaz servidor de los Borbones
españoles, a los que ayudó en la doble tarea de defender sus intereses patrimoniales dinásticos y de
modernizar el Estado en un sentido racionalista y centralizador
•En la guerra de Sucesión se inclinó por la casa de Borbón y fue nombrado Intendente de
Extremadura, dejando gran fama de su gestión por haber controlado los desastres que produjo la
guerra con Portugal.
•Tras la ocupación de Cataluña, Presidente de la Junta Superior de Gobierno y Justicia de Cataluña
(1714-16), para abolir las instituciones tradicionales de autogobierno e implantar de un nuevo
sistema tributario proporcional al de Castilla.
•Crea en 1716 el Catastro: registro de los patrimonios y las rentas de Cataluña para el reparto del
cupo tributario exigido por la Corona.
•Intendente general de la Marina y presidente del Tribunal de Contratación de Indias (1717-19)
◦Traslada la sede de Sevilla a Cádiz para dar más impulso a las operaciones de ultramar.
◦Organizó las expediciones españolas a Cerdeña y Sicilia (1717-18)
◦1726 Secretario de Estado de Marina e Indias y de Hacienda (más tarde también de Guerra y de
Estado)
Director de la política exterior española entre 1728 y 1736.
•Fortalecimiento de la Armada
◦Ordenanzas de la Armada, uniformando todas las fuerzas existentes, galeras del Mediterráneo,
navíos del Océano y galeones de Indias
◦Construye el arsenal de La Carraca
◦Crea las Compañías de Caballeros Guardiamarinas
◦Impulsa la construcción de buques de guerra: 31 navíos, 15 fragatas y numerosos buques Las
aventuras no cesaron con la partida de Alberoni. La reina trató de llegar a un compromiso con
Austria con la esperanza de casar a sus dos hijos, Carlos y Felipe, con sendas archiduquesas
imperiales con la mediación del barón Ripperdá, que negoció el tratado de Viena (1725) que
significó oficialmente el fin de las hostilidades hispano–austriacas de la guerra de Sucesión,
permitiendo la liberación de los antiguos partidarios del archiduque y el regreso a España, en
condiciones favorables, de muchos exiliados, con el intercambio de vagas promesas de un
matrimonio austriaco para Carlos y subsidios sustanciales y concesiones comerciales para el
emperador, que la opinión española valoró como un ultraje, y alarmaron al resto de Europa.
• Las relaciones anglo-españolas entraron nuevamente en crisis con ataques mutuos en las
Indias y disputas sobre el comercio en la península desde enero de 1727 a marzo de 1728, cuando
Isabel Farnesio aceptó firmar la convención de El Pardo, que ponía fin al bloqueo inglés y que
decretaba la devolución, o la promesa de devolución, de los barcos y posesiones ingleses ocupados
por España. La alianza entre España y Viena llegó a su fin cuando se hizo evidente que no se
llevaría a cabo matrimonio alguno y que los austriacos no apoyarían los planes españoles en Italia.
◦ menores. .
•Fomento del comercio con América
•Política de influencia en Italia.
◦Participó en la campaña de Cerdeña y organizó las fuerzas que levantaron el sitio de Ceuta por los
marroquíes.

26. ◦En 1729 firmó el Tratado de Sevilla6 con Gran Bretaña
◦Organizó las fuerzas que tomaron posesión de Parma y Toscana en 1731
◦Organizó las fuerzas que conquistaron Orán y Mazalquivir en 1732.
•En 1733 participó en la redacción y firma del Primer Pacto de Familia7.
16) El navío de permiso y el asiento de negros
Un asiento era un tratado o un acuerdo de paz por el que un conjunto de comerciantes
recibía el monopolio sobre una ruta comercial o producto.
El "Asiento de Negros" fue desde principios del siglo 16 a mediados del 18 el acuerdo entre
la corona española y un particular u otro poder soberano por el cual se le concedía un monopolio en
el suministro de esclavos africanos a las colonias españolas en las Américas por el que el contratista
(asentista) pagaba una cierta cantidad de dinero a la corona y se comprometía a poner en venta un
número determinado de esclavos en los mercados americanos.
A pesar de los fuertes impuestos, las interferencias del gobierno y las condiciones inestables
del comercio, que reducían la rentabilidad de los asientos, el monopolio era muy buscado porque
suponía la oportunidad de participar en el lucrativo comercio español-americano y, sobre todo,
porque el pago re realizaba en lingotes de oro y plata.
El primer contratista fue una empresa genovesa que en 1517 acordó el suministro de 1.000
esclavos en un período de ocho años. En 1528 se otorgó el monopolio por 20.000 ducados al año
con una empresa alemana que aportó 4.000 esclavos vendidos a un precio inferior a 45 ducados. El
último y más notable asiento fue concedido a la British South Sea Company en 1713 mediante una
disposición en el Tratado de Utrecht que autorizaba a la empresa a enviar 4.800 esclavos al año a la
América española durante 30 años, y para enviar anualmente una nave (Navío de permiso) para
participar en el comercio en general. La guerra y otras condiciones adversas convirtieron la
concesión en poco rentable puesto que había que pagar el impuesto anual a la corona española de
34,000 £ por los primeros 4.000 esclavos tanto si se importaban como si no, y porque el comercio
legal siempre estuvo acompañado por el tráfico ilícito que continuamente entorpecían las relaciones
españolas-británica, hasta desembocar en la Guerra de la Oreja de Jenkins en 1739, que interrumpió
el comercio rentable británico con la España peninsular. En 1748 España renovó el asiento en el
Tratado de Aix-la-Chapelle, pero dos años más tarde los británicos renunciaron a sus derechos a
cambio de un pago de 100.000 libras esterlinas por España.
Entre 1600 y 1750 unos 450.000 africanos fueron enviados a la América española en el
marco del sistema de asiento.
El Navío de Permiso autorizaba a Inglaterra (desde el Tratado de Utrech en 1714) a
enviar un barco al año con una capacidad de carga de 500 toneladas a las colonias españolas
americanas para comerciar con éstas. Esta concesión fue aprovechada por los británicos para ejercer
un descarado contrabando al repostar el barco con nuevos géneros en alta mar provenientes de
Jamaica y volver a puerto para intercambiar estas mercancías. Con esta concesión se reconoció el
fin del monopolio comercial español con América y se introdujo la idea de libertad de comercio
17) Las reducciones de Jesuitas en Paraguay
La obra misionera de los jesuitas constituyó uno de los principales signos de identidad de la
Compañía. Esta iniciativa fue importantísima no sólo en virtud del elevado número de colegios
6 Acuerdo firmado entre España, Francia y Gran Bretaña en 1729, tras la guerra hispanobritánica de 1727 - 1729, por el que España reconocía el
equilibrio europeo impuesto por la Triple Alianza. Por el tratado, Gran Bretaña conservaba el dominio del puerto de Mahón en Menorca, y el
Peñón de Gibraltar y mantenía sus privilegios comerciales. Isabel Farnesio y Felipe V obtenían el reconocimiento de la sucesión del infante
Carlos a los ducados de Parma y Piacenza.
7 Firmado en 1734, hace intervenir a España en la guerra de sucesión de Polonia, que acaba con el Tratado de Viena en 1738 por el que el
príncipe Carlos, obtiene Nápoles y Sicilia.

27. creados, sino también por las peculiares características de las fundaciones. En estos
establecimientos -tanto en China como en América-, los jesuitas se mostraron partidarios de un
declarado sincretismo religioso, esto es, no tuvieron ningún tipo de escrúpulos a la hora de aceptar o
adaptar ritos paganos con tal de llevar a los pobladores de dichas tierras la palabra de Cristo. La
Compañía decidió respetar los particularismos religiosos con la intención de utilizarlos para el
adoctrinamiento cristiano. Por ello, sus miembros recibieron múltiples críticas y acusaciones por
parte de las otras órdenes religiosas, recelosas de los éxitos jesuitas.
Las misiones más trascendentales fueron las célebres reducciones8 guaraníes, que dieron
origen al mito del Estado o República Jesuita, que a la postre acabó resultando nefasto para el futuro
de la Compañía Aunque los jesuitas fundaron misiones en México, California, Ecuador y cerca del
lago Titicaca, los establecimientos más conocidos fueron los guaraníes, que se localizaron en una
zona extensísima (la del Paraná) situada entre Paraguay, Uruguay y Argentina. Era una región cuyas
características permitían las fundaciones (los indios eran sedentarios, su principal actividad era la
agricultura, y podían ser reducidos a encomiendas, o esclavizados por los bandeirantes
portugueses).
La Compañía se instaló en esta zona hacia 1550-1551, siendo el P. Manuel de Lobrega quien
inició la evangelización. Carlos I fue reticente a conceder permiso a los jesuitas para ir a América.
Felipe II también fue remiso. Pero en 1565 aparecieron las primeras reducciones de carácter oficial.
En 1609 se fundó la primera misión al norte de Iguazú, y en 1615 existían ya ocho reducciones o
poblaciones para indígenas y misioneros con hinterland propio. Ello les servía para proveerse de
bienes de subsistencia, para poder preservar a los indios de la explotación de españoles o
portugueses y para poder adoctrinarlos católicamente, manteniendo a los indios alejados de la
sociedad colonial y las corrupciones que ésta entrañaba (también evitaban así problemas con los
encomenderos).
En 1611 se publicó la real orden de protección de las reducciones. Cada reducción contaba
con una Iglesia y cabildo propio con total autonomía para gobernarse siempre que existiera un
representante del rey allí. Se prohibía el acceso a las reducciones a españoles, mestizos y negros, y
se garantizaba a los indios que nunca caerían en manos de encomenderos... Sin embargo, pese a
estas reales órdenes, no estuvieron libres de las incursiones portuguesas. Entre 1628-1631, los
indios capturados por los portugueses superaron los 60.000. No se debe dejar de tener presente que
el miedo a la esclavitud fue una de las claves del éxito de las reducciones (más que el carácter
persuasivo de los jesuitas). Ante esta situación, los miembros de la Compañía organizaron estas
reducciones con pertrechos claramente defensivos (planta cuadrada rodeada de empalizadas y fosos,
con milicias armadas de indios adiestrados y cuerpos de caballería para la defensa, con plaza en el
centro y la iglesia, de la que partían todas las calles). La organización misionera no sólo se limitaba
a tareas doctrinales, sino que organizaba la vida económica y política fundada en la sólida
preparación de los jesuitas que iban allí (que poseían grandes conocimientos prácticos en
arquitectura, medicina, ingeniería, artesanía...)
Los jesuitas respetaban la organización familiar de los indígenas. Su lucha se centró
principalmente contra la poligamia. Incluso a la hora de organizar las fiestas de los matrimonios, se
respetaba el ceremonial tradicional indígena, practicándose posteriormente el ceremonial católico.
Tras el matrimonio se les dotaba a los cónyuges de casa y tierra. Los jesuitas respetaban a los
caciques y les daban acceso al cabildo de la reducción, que era la institución de gobierno con sus
alcaldes mayores, oidores, etc. Este consejo se elegía por votación entre los recomendados por los
salientes. Uno de los miembros del cabildo era jesuita. También había un corregidor, nombrado por
el Consejo de Indias. Existía un director espiritual jesuita y un director ecónomo de la reducción,
con una legislación a todos los niveles, sin pena de muerte. La relación entre las reducciones era
semejante a la de una confederación.
En lo que se refiere a la forma tributaria de distribución de la tierra, ésta se dividía en tierra
8 En el momento de la fundación de las misiones jesuíticas, la palabra «reducción» se utilizó, no con el sentido peyorativo de disminuir o quitar,
sino con el positivo de reunir o congregar. Los jesuitas pretendieron reunir en las misiones a los indios de la zona con el propósito de proceder a
su progresiva cristianización, haciéndoles abandonar hábitos y costumbres paganas y antisociales como el nomadismo, la desnudez, la poligamia,
los sacrificios humanos o la antropofagia. Además, fueron el eje de su desarrollo económico, político y social.

28. de Dios -comunal del pueblo-, y las parcelas individuales de los indígenas. La tierra de Dios la
conformaban las mejores tierras, tanto agrícolas como ganaderas, y era trabajada por turnos por
todos los indios. Los beneficios de esta tierra de Dios se dedicaban a la construcción y al
mantenimiento del templo, el hospital y la escuela. Los beneficios de la propiedad comunal también
se destinaban para pagar a la Real Hacienda y los excedentes servían para fomentar la propia
economía. Las parcelas individuales proporcionaban a los indios su sustento familiar, y si
conseguían excedentes, éstos pasaban al silo común para ser consumidos en momentos de
necesidad, o vendidos en situaciones de bonanza. Para evitar el absentismo, los jesuitas propusieron
un horario de trabajo rígido, de seis horas laborables diarias, que era ciertamente cómodo si lo
contrastamos con las doce horas que tenían que trabajar los indios en las encomiendas. Pese a la
diferencia de horas, hemos de hacer constar que los rendimientos eran mucho más elevados en las
reducciones que en las encomiendas. Se recogían hasta cuatro cosechas de maíz; también cultivaban
algodón, caña de azúcar, la hierba mate (que en el XVIII cultivaban los jesuitas, y se llegó a
convertir desde principios de este siglo en el primer producto exportable hacia el resto de las áreas
coloniales). También desarrollaron la ganadería, permitiendo a su vez la realización de trabajos
artesanales (sobre todo, el cuero y su exportación). Todos estos factores favorables impulsaron el
comercio de las reducciones a través de las grandes vías fluviales. Como hecho significativo, cabe
destacar que dentro de las reducciones no existía la moneda, sino que se practicaba el trueque. En el
comercio exterior sí se utilizaba moneda, que se atesoraba para comprar los artículos que no se
producían en la misión.
Con su gran desarrollo, las reducciones guaraníes se transformaron en fuertes competidoras
de las ciudades cercanas (como Asunción o Buenos Aires). En éstas, comenzó el malestar y el mito
de las grandes riquezas atesoradas en las misiones. Llamaba la atención que comprasen artículos de
oro y plata para magnificar el culto. Es posible que no sea del todo equivocado este mito porque
existían conexiones entre las reducciones y los colegios jesuitas de toda América, y se sabe que los
bienes de los colegios, seminarios y las tierras que los sustentaban pudieron ser compradas gracias
al dinero de las reducciones. También se decía de los padres de la Compañía que mantenían
circuitos de capitales y actuaban de depósito de muchos seglares.
La situación estratégica de las reducciones, entre las posesiones de españoles y portugueses,
se convirtió en tema peligroso y una de las causas de su ruina, porque las milicias de las
reducciones eran un obstáculo serio para el avance portugués hacia el sur. Durante el reinado de
Felipe V, la monarquía apoyó a los jesuitas por estas razones. Pero lentamente los constantes
choques de España contra Portugal y la necesidad de concretar los límites entre ambos países vieron
en las reducciones un gran obstáculo. Los jesuitas esgrimieron su obediencia al papa, resistiéndose a
aceptar los acuerdos entre Lisboa y Madrid. En 1750, en virtud del célebre Tratado de Límites de
Madrid, impulsado por el ministro José de Carvajal, se estableció que Portugal devolviera a España
la provincia de Sacramento a cambio del territorio cercano al río Paraguay, donde había reducciones
con más de 30.000 indios. Los jesuitas se negaron a abandonar las reducciones iniciándose la guerra
guaraní entre las tropas hispano-portuguesas y los indios, capitaneados por algunos jesuitas. La
guerra no finalizó hasta 1756. Tras ella, las reducciones no volverían a recuperarse.
Por entonces, la campaña de desprestigio contra los jesuitas estaba ya en marcha. Los padres
de la Compañía fueron acusados de resistencia a la autoridad, por seguir las tesis políticas del P.
Mariana sobre el tiranicidio. Recibieron múltiples ataques e invectivas de antijesuitas y regalistas,
quienes les acusaron de querer acabar con el rey.
A partir de la guerra guaraní, se desencadenó un momento muy crítico en toda Europa. En
Portugal, el marqués de Pombal publicó la Relación abreviada de la República de los jesuitas,
considerándoles abiertamente enemigos de Portugal (1757). Otra obra polémica que dañó
considerablemente la imagen de la Compañía fue la Historia de Nicolás I, rey de Paraguay.
Posteriormente, en España se extendió la idea de que los jesuitas habían sido los instigadores
de los motines del 1766 y de que tenían el propósito de acabar con Carlos III para imponer a un

29. monarca que mostrase total obediencia al Papa. El año siguiente, la Compañía de Jesús fue
expulsada de los dominios españoles. Y en 1773 fue extinguida.
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas/misiones/misiones.shtml
18) Las secretarias de Estado
El gobierno de los Austrias por medio de consejos funcionaba a través de comités
dominados por la aristocracia. Felipe V y los técnicos absolutistas franceses marginaron a la alta
burocracia sustituyéndola por ministros y burócratas, más eficientes y menos numerosos, que
actuaban como agentes del absolutismo y de la centralización.
El objetivo fundamental de la nueva dinastía borbónica era el reforzamiento del poder
del Estado y ello implicaba hacer frente a los competidores del Estado, en especial a los inter-
eses económicos y a la Iglesia. Podemos identificar tres líneas de actuación: una reforma del
gobierno, la intervención del Estado en la economía y un control más estrecho de la Iglesia.
La reconstrucción borbónica del gobierno se desarrolló a partir de la vía reservada de
decisión directa real, y la figura clave del Secretario de Despacho Universal de la centuria anterior,
asumiendo un carácter menos burocrático y más responsable y especializado, expresado en el
nombre de ministro que más tarde se utilizó. En 1705 la secretaría fue dividida en dos; en 1714 se
añadieron dos nuevas secretarías, resultando la Secretaría de Estado, Secretaría de Guerra,
Secretaría de Gracia y Justicia, y Secretaría de Marina e Indias, con un inspector general de
Hacienda, que a partir de 1721 pasó a ser Secretaría de Hacienda, estructura en 5 secretarías que se
mantuvo más o menos intacta durante el resto del siglo. Paulatinamente, los secretarios se
convirtieron en el centro de la política y del clientelismo
El cargo de secretario no era otorgado necesariamente a cada ministro, pues algunos de los
ministros más destacados ocupaban dos o más secretarías, como Patiño que acumuló todas las
secretarías menos la de Justicia (Marina e Indias (1726), Hacienda (1726), Guerra (1730) y Estado
(1734)). Cada secretario tenía su equipo de funcionarios, llamados commis o, más frecuentemente
covachuelistas, (trabajaban en las covachas ministeriales = sótanos del Palacio Real) que eran
burócratas puros que, según se desarrollaban los ministerios, tuvieron la oportunidad de ascender
desde simple oficinista a funcionario, embajador e incluso secretario de Estado. Un secretario de
Estado sin gran talento podía llegar muy lejos con un buen equipo ministerial o fracasar si sus
funcionarios carecían de preparación. Inevitablemente, los covachuelistas se politizaron o
faccionalizaron, asociados con el sector que apoyaba a un ministro concreto.
La preferencia real por la vía reservada y la promoción de los secretarios de Estado llevaba
consigo la languidez de los consejos. Algunos se suprimieron por innecesarios, como los Consejos
de Aragón, Italia y Flandes. El Consejo de Estado, mano derecha de la monarquía de los Austrias y
coto cerrado de la aristocracia, fue ignorado, y otros como el Consejo de Indias vieron recortada su
jurisdicción y limitada su influencia por el nuevo poder ejecutivo. La única excepción fue el
Consejo de Castilla, que siguió siendo el agente principal del gobierno interno de España, un
incipiente Ministerio del Interior que, desde 1715 estuvo formado por un presidente o gobernador;
22 ministros; dos letrados (tres desde 1771) y 7 notarios. El presidente o gobernador, por lo general
era un laico, era nombrado directamente por el rey y asistía junto con todo el consejo a la semanal
consulta de viernes. Luego tenía sesión a solas con el rey, como los secretarios de Estado, para dar
consejo y recibir órdenes.
El Consejo de Castilla tenía un carácter social exclusivista que se acentuó en el curso del
siglo XVIII al convertirse en un centro de poder, monopolizado por un grupo de familias de los
sectores medios de la nobleza en estrecha conexión con los colegios mayores de las universidades
de Salamanca, Valladolid y Alcalá, de donde procedían muchos de los consejeros y cuyos
procedimientos de admisión favorecían a los parientes y clientes de los consejeros.
Los ministros de Carlos III, aunque cubrían un amplio espectro de posiciones intelectuales,
tenían una identidad característica del reinado. En el gobierno posterior a Esquilache eran todos

30. reformistas, aunque no formaban un grupo homogéneo y había diferencias sobre política y
divisiones entre facciones. Aranda era un noble tradicionalista partidario del retorno de la
aristocracia al poder y despreciaba a los manteístas -especialmente a Campomanes-, aunque se
presentaba como ilustrado y amigo de Voltaire, pero el perfil dominante en los ministros carolinos
era el de Floridablanca, consciente del mundo, dispuesto a aprender y rápido en reaccionar. No
procedían de la aristocracia, sino que eran abogados preparados en la universidad y pertenecientes
al sector inferior de la nobleza, partidarios de la monarquía absoluta y de mentes abiertas al
conocimiento de todo lo moderno. A pesar de las influencias de los enciclopedistas, a las que
algunos ministros eran receptivos, existía poca ideología en su política y no atacaban abiertamente a
la religión. Tienen en común el statu universitario de manteístas, no colegiales, que iniciaron su
vida pública fuera de los rangos del privilegio y habían trabajado duramente para obtener sus títulos
y conseguir su carrera. Cuando consiguieron acabar con el dominio de los colegiales en el gobierno,
con la ayuda de Esquilache, tendieron a crear su propia red de influencias y a perpetuarse.
19) El primer Pacto de Familia
Los pactos de familia (1733­1789) fueron tres alianzas acordadas en distintas
fechas del siglo XVIII entre las monarquías de España y Francia. Deben su nombre a
la relación de parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos, todos ellos
pertenecientes a la Casa de Borbón. Dos de ellos se firmaron en la época de Felipe V y
el tercero en la de Carlos III.
La expresión Pacto de Familia se utilizó en los tres tratados. El primero y el
segundo son una consecuencia de la política italiana de Isabel de Farnesio, pero el
tercero carece de conexión con los dos anteriores y tuvo mayores consecuencias en las
relaciones hispanofrancesas y en la política española en América.
Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, fue el primer monarca borbónico de
España, ascendió al trono español en 1700 tras la muerte sin descendencia de Carlos II
de Habsburgo y la extinción de la rama de los Austria. Fue reconocido como rey por las
principales potencias europeas a condición de que los tronos de España y Francia
nunca estuvieran unidos. Su ascensión al trono fue seguida de la guerra de sucesión
española, que terminaría con la firma del tratado de Utrecht en el que España perdió
sus posesiones de Flandes y de Italia.
Isabel de Farnesio trató de negociar con Austria (con la mediación del barón
Ripperdá) un compromiso matrimonial para recuperar las posesiones familiares de
Italia, que dio como fruto el tratado de Viena de 1725 confirmando la renuncia del
emperador Fernando VI al trono de España a cambio de subsidios sustanciales y
concesiones comerciales para el emperador, que la opinión española valoró como un
ultraje, y alarmaron al resto de Europa.
La alianza entre España y Viena llegó a su fin cuando se hizo evidente que no se
llevaría a cabo matrimonio alguno y que los austriacos no apoyarían los planes
españoles en Italia.
Las relaciones anglo­españolas entraron en crisis con ataques mutuos en las
Indias y disputas sobre el comercio en la península desde enero de 1727 a marzo de
1728, y la realidad impuso la amistad con Francia como solución más viable para los
problemas que entonces preocupaban a la corona española.
En 1733 Felipe V de España y Luís XV de Francia firmaron la alianza conocida
como Primer pacto de Familia o tratado de El Escorial contra Austria:
El Gobierno español (representado por el ministro José Patiño) se comprometía

31. a apoyar las pretensiones al trono polaco de Estanislao Leczynski, suegro de Luis XV,
interviniendo en la guerra de Sucesión de Polonia (1733­35). A cambio de esta ayuda,
Francia favorecería las pretensiones españolas en Italia y ocuparía Gibraltar en caso
de que los ingleses entraran en la guerra.
El resultado de la guerra no fue favorable para Francia, pues en el norte de
Europa se consolidó el candidato austriaco en el trono polaco, mientras que en Italia
una renovada España controlaba los territorios de Nápoles y Sicilia en el sur, y de
Parma, Toscana y parte de Lombardía en el norte. Por ello, y para evitar una nueva
preponderancia de España en la zona, en octubre de 1735 el rey Luis XV de Francia
llegó a un acuerdo de paz con el emperador austriaco, a espaldas de Felipe V de
España:
• Stanislas Leszcynski, el candidato francés, recibiría el ducado de Lorena a modo
de compensación.
• El duque de Lorena recibiría el ducado de Toscana.
• El Infante don Carlos de España cedería a Austria los ducados de Parma y
Toscana y recibiría el reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia) a título de Rey.
• Austria cedería Toscana para el duque de Lorena y se quedaría el ducado de
Parma.
Todas las partes ponían objeciones a los términos del acuerdo. Felipe V e Isabel
de Farnesio se pusieron furiosos ante la idea de perder el patrimonio familiar de
Isabel, pero se vieron obligados a ceder ante los hechos consumados. Se tardaron
varios años en llegar a un acuerdo firme. Por fin Francia y Austria cedieron y
firmaron la Paz de Viena de 1738, y España firmó en Versalles en 1739.
La discriminación de España en los primeros momentos de las negociaciones
inclinó al ministro Patiño a buscar apoyos y alianzas en Gran Bretaña, cuyo primer
ministro Walpole se negó a que su país entrase en la guerra.
20) La Guerra de la Oreja de Jenkins
La Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra del Asiento fue un conflicto bélico
de gran magnitud que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron las flotas y tropas
coloniales de Gran Bretaña y España (auxiliada por una flota de guerra francesa). La
acción más significativa fue el Sitio de Cartagena de Indias de 1741.
A partir de 1742 la contienda se transformó en un episodio de la Guerra de
Sucesión Austriaca que finalizó con la derrota inglesa y el retorno al statu quo previo a
la guerra.
Recibe su nombre del motivo aducido por Gran Bretaña para declarar la guerra:
el apresamiento en 1731 por un buque español de un navío contrabandista inglés,
capitaneado Robert Jenkins, que compareció en la Cámara de los Comunes en 1738
como parte de una campaña belicista de la oposición parlamentaria en contra del
primer ministro Walpole. En su comparecencia, Jenkins denunció que el capitán
español que apresó la nave, Julio León Fandiño, le cortó una oreja a Jenkins al tiempo
que le decía «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Walpole se
vio obligado a declarar la guerra a España el 23 de octubre de 1739.
Tras finalizar la Guerra de Sucesión Española con el Tratado de Utrecht,
Gran Bretaña había conseguido, aparte de la posesión de Gibraltar y Menorca,

32. concesiones comerciales durante treinta años en el imperio español en América para la
Compañía de los Mares del Sur: el Asiento de negros (monopolio de la venta de
esclavos negros en la América hispana) y el Navío de Permiso (comercio directo de
Gran Bretaña con la América española ­Portobelo­ por el volumen de mercancías que
pudiese transportar un barco de 500 toneladas todos los años.
A la tradicional rivalidad marítima entre Gran Bretaña y España, y a la
reclamación constante de Gibraltar y Menorca por parte de España, se unieron los
problemas en América: el navío de permiso o de asiento se convirtió en instrumento
de contrabando, al que los comerciantes de Jamaica abordaban y recargaban de tal
modo que el navío no parecía que transportarse 500 toneladas, sino cinco mil o más.
Las Antillas se llenaron de naves corsarias o piratas inglesas, francesas y holandesas,
que seguían el comercio de esclavos y mercancías. Había problemas fronterizos en
América del Norte entre Florida (española) y Georgia (británica), y con el
establecimiento ilegal de cortadores de palo campeche británicos en las costas del
Caribe (Honduras).
Entre 1727 y 1732, transcurrió un periodo especialmente tenso en las relaciones
bilaterales, incluyendo una guerra anglo­española 1727–1729 en un intento fallido de
recuperar Gibraltar, a pesar de lo establecido en el tratado de Utrecht de 1713.
En el Tratado de Sevilla (1729 = Patiño)9, los británicos aceptaron que navíos
españoles interceptaran a los navíos británicos en aguas españolas para verificar su
carga, el Derecho de visita por el que los navíos españoles podrían interceptar
cualquier barco británico y confiscar sus mercancías, pues a excepción del navío de
permiso todas las mercancías con destino a la América española eran contrabando.
España fortificó los puertos, mejoró el sistema de convoyes de la flota que llegaba de
América y aumentó la vigilancia marítima con la concesión de la corona del servicio
de guarda costas a navíos españoles en manos privadas, con derecho a abordar los
navíos británicos y confiscar sus mercancías.
La política exterior del Primer Lord del Tesoro inglés, el whig sir Robert
Walpole (Jorge II) de refrenar la tendencia expansionista de Prusia determinó un
periodo de distensión anglo­española entre 1732 y 1737 (hasta llegar a colaborar en la
Guerra de Sucesión de Polonia), pero además del contrabando, desde los tiempos de
Francis Drake la navegación en el Mar Caribe sufría el hostigamiento de piratas y de
corsarios ingleses y la calificación por parte de Londres de las acciones de derecho de
visita por parte de los guardacostas con concesión real como piratería, reconociendo el
derecho a ejercerlo solo a los navíos reales, tenía como consecuencias continuos
apresamientos por parte de ambos bandos.
La oposición a Walpole (contrario a la guerra con España) comenzó una
campaña a favor de la guerra, en la que se produjo en 1738 la comparecencia ante la
Cámara de los Comunes de Robert Jenkins, un contrabandista británico cuyo barco, el
Rebecca, había sido apresado en abril de 1731 por un guarda costas español, cuyo
capitán confiscó su carga y le cortó una oreja diciéndole: «Ve y dile a tu rey que lo
mismo le haré si a lo mismo se atreve».
La oposición parlamentaria y la opinión pública (orientada por comerciantes de
9 Fue un acuerdo firmado entre España, Francia y Gran Bretaña en 1729, tras la guerra hispanobritánica de 1727 - 1729, por el que España
reconocía el equilibrio europeo impuesto por la Triple Alianza. Por el tratado, Gran Bretaña conservaba el dominio del puerto de Mahón en
Menorca, y el Peñón de Gibraltar y mantenía sus privilegios comerciales. Isabel Farnesio y Felipe V obtenían el reconocimiento de la sucesión
del infante Carlos a los ducados de Parma y Piacenza.

33. la City que apetecían la conquista de nuevos mercados) valoraron el incidente como
una ofensa al honor nacional y Walpole fue forzado a aprobar el envío de tropas a
América y una escuadra a Gibraltar, a pesar de lo cual ambos países firmaron el
Convenio de El Pardo (1739) que comprometía a ambos países a evitar la guerra
pagándose compensaciones mutuas, y a negociar un nuevo tratado para resolver las
diferencias sobre derechos comerciales y sobre límites territoriales en América, pero el
Convenio fue rechazado en el parlamento británico (con una intensa presión de la
Compañía de los Mares del Sur, a quien Felipe V reclamaba 68.000 libras del asiento
de negros).
El Parlamento inglés ordenó a su embajador que reclamase la abolición del
derecho de visita, ordenó a la flota británica que apostase una fuerte escuadra en
Gibraltar para intimidar al rey Felipe V, envió al almirante Vernon con una escuadra
de nueve navíos y un plan de operaciones para atacar las Indias españolas en el
Caribe.
Felipe V suprimió el derecho de asiento y el navío de permiso y retuvo todos los
barcos británicos que se encontraban en puertos españoles de la metrópoli y en las
colonias americanas, el gobierno británico retiró a su embajador de Madrid y declaró
formalmente la guerra a España el 23 de octubre de 1739.
La guerra entró en punto muerto, con todos los territorios bajo la ocupación
inicial, a partir de 1742, pero el estallido de la Guerra de Sucesión Austriaca en
Europa en la que España y Gran Bretaña tenían intereses enfrentados impidió la
firma de la paz hasta el Tratado de Aquisgrán de 1748 que puso fin a todas las
hostilidades volviendo a la situación anterior a la guerra: España renovó el derecho de
asiento y el navío de permiso con los británicos hasta la firma en 1750 del Tratado de
Madrid por el que Gran Bretaña renunció a ambos a cambio de una indemnización de
100.000 libras, y a partir de 1753, en aplicación del Tratado de Aquisgrán, pasó a ser
un tráfico libre a cambio de un pago de 40 pesos por "pieza"
21) Segundo Pacto de familia. Tratado de Fontainebleau 1743
Los pactos de familia (1733­1789) fueron tres alianzas acordadas en distintas
fechas del siglo XVIII entre las monarquías de España y Francia. Deben su nombre a
la relación de parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos, todos ellos
pertenecientes a la Casa de Borbón. Dos de ellos se firmaron en la época de Felipe V y
el tercero en la de Carlos III.
La expresión Pacto de Familia se utilizó en los tres tratados. El primero y el
segundo son una consecuencia de la política italiana de Isabel de Farnesio, pero el
tercero carece de conexión con los dos anteriores y tuvo mayores consecuencias en las
relaciones hispanofrancesas y en la política española en América.
Antecedentes:
1.La Guerra de la Cuádruple Alianza (1717­20) fue el primer intento de Felipe
V (1717) de recuperar los estados italianos que España perdió en el Tratado de Utrech
de 1713. España ataca Cerdeña y Sicilia (en manos de Saboya). Austria, Inglaterra,
Francia y Saboya firman en 1718 la Cuadruple Alianza contra España en
Londres. A pesar de la derrota de España, el rey obtuvo por la Paz de Cambrai 1721
que las potencias europeas reconocieran a su hijo el Infante don Carlos heredero al

34. ducado de Parma (cuya ocupación hizo efectiva en 1731), a cambio de ventajas
económicas en Ultramar para Francia y Gran Bretaña, y Cerdeña para Saboya.
2.La Guerra del Primer Pacto de Familia (1733­35), fue el segundo intento de
Felipe V (1733) para recuperar los estados italianos perdidos por Utrech, firmando el
Tratado del Escorial que implica a España en la disputa entre Francia y Austria por la
sucesión al trono de Polonia. Las victoriosas armas españolas logran conquistar
Nápoles y Sicilia y las potencias europeas reconocen por la Paz de Viena (1738) la
creación del nuevo reino de las Dos Sicilias (que Felipe V cede a su hijo Carlos), a
cambio de que España renuncia al ducado de Toscana (que recibe el duque de Lorena,
casado con la hija mayor de Fernando VI) y al ducado de Parma que es para Francia,
que también consigue el ducado de Lorena para Stanislas Leszcynski.
3.El tercer intento de Felipe V para recuperar los estados italianos perdidos por el
Tratado de Utrech de 1713 fue tras la muerte en 1740 del emperador Carlos VI (su
rival en la Guerra de Sucesión Española 1702­13) sin herederos masculinos. Por la
Pragmática Sanción la corona pasaba a su hija María Teresa, casada con el duque de
Toscana (duque de Lorena hasta los acuerdos de la Paz de Viena de 1738) y apoyada
por Austria y Gran Bretaña. Se opone la candidatura de Carlos de Baviera, apoyado
por Federico de Prusia, los electores de Baviera y Sajonia y Francia (Luís XV). Felipe
V reclama los derechos de la "rama española de la Casa de Austria" buscando obtener
los ducados de Parma y Toscana para su hijo Felipe.
Contexto y hechos:
4.España e Inglaterra están en la Guerra de la oreja de Jenkins desde 1739 en en
Cartagena y Panamá.
5.Dos expediciones españolas llegaron al norte de Italia en 1741 y 1742
6.Jorge II de Gran Bretaña, María Teresa I de Austria y Carlos Manuel III de Cerdeña
acuerdan el Tratado Worms en septiembre de 1743 para frenar la expansión
española en Italia
7.Los borbones firman el Segundo Pacto de Familia, firmado el 25 de octubre de
1743 en Fontainebleau:
•España se vincula al bloque de Francia y Prusia frente a Inglaterra y Austria
•El Estado de Milán y los ducados de Parma y Piacenza para el Infante don Felipe.
Francia se compromete a sostenerlo militarmente y a declarar la guerra a los ingleses.
•Francia se obliga a recuperar Gibraltar, Menorca y el puerto de Mahón, y "a no
concluir ninguna reconciliación con la Inglaterra que no sea restituyéndose a Su
Majestad católica la referida plaza de Gibraltar".
•Ambas potencias se comprometen a destruir la colonia inglesa de Georgia, que
amenazaba la de la Florida, y Felipe V se compromete a no volver a conceder a los
ingleses el navío de permiso y el asiento de negros
Desarrollo:
El tratado contenía ventajas evidentes para España y peligros concretos para
Gran Bretaña con la amenaza de un fuerte bloque borbónico y la dominación del
comercio transatlántico por parte de Francia.
1.España se vio una vez más envuelta en una guerra en dos frentes: defensiva contra

35. Gran Bretaña en el Atlántico para proteger el comercio con las colonias americanas, y
ofensiva contra Austria y Cerdeña en Italia para recuperar lo perdido en Utrech.
2.La guerra en Europa consistió en una serie de operaciones confusas en busca de
objetivos incomprensibles, sin ventaja evidente para los combatientes.
3.En 1745 Francia se negó a continuar con la guerra. Las acciones militares no
solucionaban nada a Francia y los únicos que iban logrando sus objetivos eran
Federico II de Prusia y Felipe V de España.
◦Entra en Milán el infante Felipe
◦Austria y Prusia firman la paz en Dresde
1.En los contactos con Austria para arreglar la paz, Francia traicionó a España
prometiendo ceder Parma al Imperio y la Lombardía a Carlos Manuel de Saboya.
2.Felipe V murió el 9 de julio de 1746
Conclusión:
El nuevo rey de España Fernando VI era partidario de la paz y de la mejora de
relaciones con Inglaterra y Austria, aunque no quería perjudicar los intereses en Italia
de sus hermanastros los infantes Carlos y Felipe, por lo que aceptó el Pacto de Familia
y, como su antecesor, tuvo la oportunidad de ver que Francia negociaba sin contar con
España, en el congreso de Aquisgrán (1747).
La guerra europea terminó con la Paz de Aquisgrán de 1748, negociado con
Francia y aceptado con renuencia por España, en la que no se mencionaban las
reivindicaciones españolas en Mahón y Gibraltar y otorgaba para el infante Felipe,
segundo hijo de Isabel de Farnesio, los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla como
Estado independiente (con menos territorios que en el tratado de Fontainebleau) .
En compensación por la interrupción durante la guerra, se restableció el asiento
para la Compañía del Mar del Sur durante 4 años. En el tratado comercial anglo–
español de 1750, Inglaterra renunció a los años que quedaban del asiento a cambio de
un pago de 100.000 libras, iniciándose finalmente un periodo de relaciones comerciales
más satisfactorias entre ambos países.
Valoración:
Los territorios italianos perdidos en Utrech fueron recuperados 30 años más
tarde, excepto el Milanesado, en una reacción militar española no esperada por nadie y
que Francia nunca vio con buenos ojos pues, si bien deseaba debilitar al Imperio
austriaco, no deseaba una España poderosa.
Pero Felipe V no los recuperó para España, sino para sus hijos, por lo que
España no solo no ganó nada en estas guerras, sino que despilfarró de nuevo unas
energías humanas, militares y económicas que podrían haberse aprovechado de otro
modo para engrandecer el país.
Militarmente se puso de manifiesto la incapacidad española de mantener
guerras en dos frentes, y la insuficiencia de recursos para defender sus dominios
mundiales, a pesar de la espectacular recuperación de su ejército y marina en apenas
30 años:
Había puesto límite al progreso británico en América y a su intento de penetrar en
el imperio español por la fuerza
Culminó el proyecto de política exterior de Felipe V de asegurar la navegación

36. mercantil en el Mediterráneo occidental:
Desde 1748 quedan instalados como príncipes soberanos en el centro de Italia y en el
reino de las dos Sicilias, de sendas ramas menores de los Borbones de España
Desde 1732 se habían recuperado Orán y Mazalquivir, que completaba la presencia
española en el norte de África
En octubre de 1720 una expedición militar había destruido las trincheras levantadas
por los marroquíes en torno a Ceuta.
Gran Bretaña había obtenido numerosas ventajas y había dislocado seriamente el
monopolio comercial
La empresa había consumido recursos nacionales para alcanzar objetivos dinásticos
sin producir resultados apreciables para el país
El año 1748 marcó el final de una política que daba preferencia a la
diplomacia europea sobre la defensa del imperio y el comienzo de un nuevo
orden de prioridades. España comenzó a recuperarse de la etapa de los aventureros, de
las expectativas vanas y de las guerras innecesarias para centrar su atención en la
importante cuestión de la rivalidad colonial.
22) El Marqués de la Ensenada.
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, fue incorporado al servicio de la
Monarquía por Patiño, que lo reclutó como oficial del Ministerio de Marina durante la
preparación de la expedición a Ceuta en 1720. Su eficiencia e inteligencia lo hizo
ascender en la carrera burocrática hasta el puesto de comisario de Marina en El Ferrol
en 1730, pero lo que le encumbró políticamente fue su eficaz labor en 1733 como
organizador de la escuadra española destinada a reconquistar Nápoles para el príncipe
Carlos durante la Guerra de Sucesión de Polonia.
Sus servicios fueron premiados con el título de marqués de la Ensenada en 1736
y desde entonces ocupó los más altos cargos de la Monarquía: secretario del Consejo
del Almirantazgo (1737), intendente de Ejército y Marina de la expedición a Italia
durante la Guerra de Sucesión de Austria (1741)… y, en 1743, secretario de Estado y
del Despacho, ocupando simultáneamente tres de las cuatro carteras ministeriales
existentes: la de Hacienda, la de Guerra y la de Marina e Indias. Su poder se completó
con cargos como los de notario de los reinos de España, lugarteniente general del
Almirantazgo, superintendente de las Rentas de Millones y de Tabacos, miembro del
Consejo de Estado…
La muerte de Felipe V en 1746 mejoró aún más su situación, pues el nuevo
monarca, Fernando VI le confirmó en todos sus cargos y le nombró además secretario
de la reina (1747).
Convertido prácticamente en ministro universal, Ensenada encaminó su política hacia
el fortalecimiento del Ejército y la Marina en previsión del inevitable conflicto que, a
la larga, tendría que sostener España con Inglaterra por sus intereses coloniales
enfrentados, conflicto en el que desconfiaba de poder contar con la ayuda de Francia.
Para ello se esforzó por impulsar la economía productiva de la Península y el comercio
con América, mejorar el rendimiento del sistema fiscal, fortalecer el control de la
metrópoli sobre las Indias y reconstruir la flota.

37. En ese ambicioso programa destacan medidas como las nuevas ordenanzas
militares, el envío de espías industriales a Europa para modernizar la construcción
naval española, la creación del Real Giro, el levantamiento de un catastro general de la
riqueza de las 22 provincias castellanas, el proyecto de simplificar la Hacienda y hacer
contribuir a los estamentos privilegiados a través de la Única Contribución, la
construcción de canales y carreteras… en definitiva, una acción de fortalecimiento del
poder real y de fomento de la riqueza del país, que le sitúan en el ámbito del
«despotismo ilustrado» propio de su época.
Su posición en la corte fue socavada desde 1746 por el secretario de Estado
Carvajal, representante de los intereses ingleses; tras la muerte de aquél en 1754,
Ensenada cayó del gobierno por la acción combinada de las protestas inglesas y del
malestar que sus iniciativas fiscales habían causado entre los estamentos
privilegiados. Fue desterrado a Granada y más tarde al Puerto de Santa María. Con el
advenimiento al Trono de Carlos III (1760) fue liberado, pero no recibió cargos
políticos; por el contrario, en 1766 fue acusado de haber participado en el motín de
Esquilache y nuevamente confinado, esta vez en Medina del Campo.
23) El Tratado de Madrid o Tratado de Límites (1750)
El Tratado de Madrid fue un documento firmado por Fernando VI de España y
Juan V de Portugal el 13 de enero de 1750 para definir los límites entre sus
respectivas colonias en América del Sur.10
Con la unión de España y Portugal entre 1580 y 1640 el Tratado de Tordesillas
perdió toda razón de ser pues, al estar gobernados los portugueses por el mismo rey
que Castilla y Aragón, podían establecerse mucho más allá del meridiano de
Tordesillas (aproximadamente 46º O).
Con Portugal de nuevo independiente, los portugueses emprendieron ­ya sin
base legal­ algunas acciones comerciales y coloniales más allá de de dicho límite, la
más importante de las cuales fueron la fundación en 1680 de la Nova Colonia do
Santíssimo Sacramento en el actual Uruguay, y la fundación en 1737 del presidio de
Jesús María José, origen de la actual Rio Grande do Sul en el actual Brasil,
literalmente en orilla del río de la Plata opuesta a Buenos Aires. Esto provocó una
serie de disputas entre España y Portugal durante años, que finalmente se zanjaron
en este tratado.
Dado que en 1750 España tenía establecimientos en territorio portugués y
viceversa, el tratado estipulaba, en base al uti possidetis ite possideatis (como tu
poseías, continuarás poseyendo) el establecimiento de límites claros para los dominios
de España y Portugal, forzando la cesión de cada una de las partes de los territorios,
colonias, misiones o establecimientos situados en la parte contraria. De acuerdo con el
tratado Portugal entregaba a España la Colonia del Sacramento (art. XIII) y recibía a
cambio los territorios del Sur, el nacimiento del río Ibicuí, las misiones, el margen
derecho del río Guaporé y cedía el territorio occidental del río Japurá al Amazonas y la
navegación del río Içá (art. XIV). Además se establecía que en caso de guerra entre
Portugal y España en Europa, sus vasallos de América del Sur permanecerían en paz
10 Cesión de amplios territorios españoles en Paraguay con pobladas misiones jesuitas a Portugal a cambio de Colonia
do Sacramenteo, enclave estratégico para el contrabando inglés

38. (art. XXI).
Como consecuencia de la demarcación de los nuevos límites, la región de las
Misiones Orientales que comprendía los siete pueblos de las reducciones jesuíticas que
quedaban en la margen izquierda del río Uruguay, ( San Borja, San Nicolás, San Luis
Gonzaga, San Lorenzo, San Miguel, San Juan Bautista y Santo Ángel) había de pasar
a manos portuguesas.
Esta resolución tenía mayor calado del que podía parecer, en tanto que en los
territorios de Portugal se permitía la esclavización de los indígenas (en aquella zona
eran guaraníes) mientras que en los territorios españoles todos los indígenas eran
automáticamente súbditos de Su Majestad, y por tanto gozaban de su protección y
podían ser esclavizados. Esta diferencia en el estatus legal de la población indígena
provocó la resistencia a entregarse a los portugueses, resistencia que acabó estallando
en la Guerra Guaranítica que se extendió de 1752 a 1756 y que enfrentó a los
guaraníes contra los ejércitos de España y Portugal que defendían la imposición de las
nuevas fronteras .
Finalmente las siete misiones no pasaron a manos portuguesas, pero esta
resistencia de los jesuitas y de los indígenas tutelados por ellos, provocó a la larga la
reclamación española por las citadas siete reducciones. Durante la Guerra de los Siete
Años se firmó el Tratado de El Pardo de 1761 que anuló el Tratado de Madrid, España
no debía entregar las Misiones Orientales, al tiempo que Portugal retenía la Colonia
de Sacramento.
La capacidad de liderazgo y movilización de una fuerza de miles de personas
mostrada por la Compañía de Jesús, que quedó patente en la Guerra Guaranítica, hizo
temer a la corona española por la estabilidad en la zona y fue el factor desencadenante
de la Pragmática Sanción de 1767 por la cual Carlos III decretaba la expulsión de los
jesuitas de todos los territorios de ultramar.
24) Los pósitos.
Instituciones municipales destinadas a almacenar cereales para su préstamo a
los campesinos en épocas de escasez. También se les conoce como "vínculos" en
Navarra, o "alhondigas" en Levante. Podían ser de dos clases según su origen
•pósitos municipales fundados por los ayuntamientos
•pósitos píos de carácter benéfico o caritativo
Se iniciaron en el siglo XVI, pero su generalización e importancia corresponde al
siglo XVIII, especialmente desde la creación en 1751 de la Superintendencia de
Pósitos, dependiente de la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia que regulará y
centralizará su administración.
El préstamo tenía carácter social y no especulativo, pues quien acudía al pósito
a pedir prestado lo hacía para paliar el hambre, o para poder sembrar. Si se prestaba
grano, había que devolverlo "con creces". Y si dinero, el interés medio que se cobraba
oscilaba entre el 3 y el 4 %, que era sensiblemente inferior al del mercado abierto.
Hombres como Campomanes y Jovellanos impulsaron desde sus cargos y con sus
escritos las reformas. Instituciones de carácter oficial, como las "Sociedades
Económicas de Amigos del País", de las que llegaron a fundarse en casi toda España
durante la segunda mitad del siglo cerca del centenar, promovieron y fomentaron el

39. desarrollo de la enseñanza, de la agricultura, y de la naciente industria.
Los fisiócratas, que defendían el valor de los recursos naturales como fuente de
toda riqueza, veían la necesidad de reformar la medieval agricultura española. Su
decadencia radicaba en sus deficientes recursos técnicos, en la falta de espíritu e
iniciativa emprendedora de los campesinos y, sobre todo, en el desigual reparto de la
tierra. Esta se concentraba en pocas e improductivas manos; la Corona, nobles y
eclesiásticos. El pequeño propietario, el arrendatario o el jornalero estaban en mala
situación. Salvo en el Levante y en el Norte, estaban en condiciones precarias y
pechaban con las cargas tributarias, rentas, diezmos y derechos señoriales, casi sin
obtener beneficio.
El reto de los filantrópicos reformistas era incrementar la producción agrícola
con técnicas y medios modernos (obras públicas). Liberar al campesino de sus cargas
feudales, dotarlo de instrucción, y repoblar con colonos los despoblados.
La administración de los píos correspondía a las instituciones eclesiásticas o los
patronos, pero los pósitos municipales los administraron los ayuntamientos desde
1751, dependientes del Consejo de Castilla, con una distribución geográfica desigual,
en relación con la situación de la agricultura en las diferentes regiones: en Murcia,
Valencia, y Aragón fueron escasos y apenas existieron en la franja norte, pero eran
abundantes en las dos Castillas, Extremadura y Andalucía.
A pesar de las críticas de ineficacia y favoritismos de los mayordomos, los
pósitos pudieron satisfacer la demanda de cereales a precios más ventajosos que los del
mercado y dedicaron parte de sus reservas a otros servicios de interés público; se
contrataron maestros y médicos, y se realizaron obras públicas y de mejoramiento
urbano. Pero al finalizar el siglo, el intervencionismo militar en el exterior propició la
caída y ruina de estas instituciones. Las guerras de finales del XVIII contra Francia
primero, y junto a Francia contra Inglaterra después, ocasionaron grandes gastos que
hizo a Hacienda sacar dinero extraordinario y, además de los tributos ordinarios, el
Estado exigió de sus fondos unos préstamos extraordinarios. En 1798 fueron 14
millones de reales, y en 1799 fueron 48 millones. Estos y otros préstamos realizados
hasta 1808 disminuyeron sensiblemente sus reservas, ya que nunca se devolvieron.
25- Las Sociedades Económicas de Amigos del País.
Las Sociedades Económicas (SEAP), surgieron en España, Irlanda y Suiza a
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de las ideas de la Ilustración.
En numerosos ámbitos se percibía el retraso económico de España, su falta de
industria y baja productividad. Los pensadores liberales y los llamados afrancesados
(administradores y pensadores influidos por el advenimiento de la dinastía de los
Borbones) buscaron difundir los avances y el pensamiento de la Ilustración, con lo que
las SEAP florecieron en los círculos culturales como organismos no estatales con el fin
de promover el desarrollo de España, estudiando la situación económica de cada una
de las provincias y buscando soluciones a los problemas que hubiera mediante el
impulso de la agricultura, el comercio y la industria, traduciendo, publicando y
difundiendo las obras extranjeras que apoyaban las ideas de la fisiocracia y el
liberalismo.
Las Sociedades fueron las cunas de nuevas formas de sociabilidad donde los
sectores más dinámicos de la sociedad: importantes figuras de la nobleza y numerosos

40. cargos públicos, de la Iglesia, del mundo de los negocios y los artesanos se reunían en
público para debatir los temas del día, con licencia real para constituirse y reunirse,
conservando registros de las actividades de cada reunión, eligiendo oficiales
(presidente, secretario, etcétera) para las funciones oficiales del grupo.
La primera en constituirse fue la Sociedad Bascongada de Amigos del País,
fundada por el conde de Peñaflorida en 1765; diez años después se constituye, a
iniciativa de Campomanes, la Real Sociedad Económica de Madrid. A principios del
siglo siguiente ya se habían constituido 63 sociedades en las principales ciudades del
país y en los territorios coloniales de la América Hispana: Chile, Nueva Granada
(Colombia), Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, México, Perú, Panamá y
Venezuela.
En la cultura más conservadora de la América española, la misión de propagar
la Ilustración encontró un camino más difícil (y la censura oficial) y tuvo que hacer
frente a la contradicción con los dictámenes del mercantilismo, que enfatizaba la
primacía de la industria de la metrópolis sobre las colonias, con lo que varias de las
Sociedades de América nunca fueron más que el proyecto de un aristócrata aficionado,
o una imitación de una novedad metropolitana, aunque otras abogaron por el libre
comercio (contra el monopolio de los comerciantes españoles) y fueron cerradas por
orden del Intendente por actividades políticas (Antigua en Guatemala) y otras aún
perduran (La Habana)
Junto con la prensa periódica, las Sociedades Económicas de Amigos del País
fueron uno de los más peculiares “conductos de la Ilustración”, a través del cual se
difundieron las nuevas ideas de reforma económica en el plano provincial y local. En el
origen de estas nuevas instituciones confluye la acción de tres factores:
•El Estado estaba interesado en disponer de un instrumento adecuado para hacer
penetrar en el entramado de la sociedad provincial y local las directrices emanadas del
poder.
•Las minorías ilustradas de las provincias, sumergidas en un medio social que las veía
con indiferencia, cuando no con abierta hostilidad, necesitaban del respaldo del poder
para salir de su aislamiento y convertirse en una fuerza verdaderamente expansiva.
•La coyuntura expansiva de la segunda mitad del S. XVIII, marcada por el incremento
de los precios agrícolas y por la elevación de las rentas, suscitó un nuevo interés por
parte de los propietarios de la tierra ­nobles y clérigos, principalmente­ para aumentar
sus ingresos, mediante la mejora de las técnicas de cultivo.
La conjunción de todos estos elementos propició la movilización de una parte de
la sociedad española en favor de la creación de instituciones que se dedicasen
prioritariamente a terminar con los obstáculos de todo tipo que impedían un
crecimiento económico efectivo capaz de acabar con las crisis de subsistencia y de
generar importantes capitales susceptibles de ser acumulados en manos productivas y
emprendedoras y, por tanto, con posibilidades de ser reinvertidos animando así a la
economía española.
Aunque en España tuvieran un especial desarrollo, la idea no fue netamente
hispánica. En diversos países de Europa, asociaciones de personas notables dedicadas
a promover los intereses nacionales, con especial dedicación a la agricultura, eran ya
una realidad desde hacía tiempo en ciudades como Dublín, Berna, París o Zurich. Pero

41. lo propio del caso español fue el apoyo que estas iniciativas recibieron del gobierno, su
decidida puesta al servicio del proyecto reformista español y la enorme proliferación de
las mismas en la segunda mitad del siglo.
En la década de los años 60 empieza un tímido pero efectivo movimiento en
favor de la creación de sociedades dedicadas a la promoción de la agricultura. En
realidad, estos gérmenes eran el resultado, todavía tímido y balbuceante, de la
creencia ilustrada en que la formación de estas sociedades era una de las palancas
esenciales para dinamizar la sociedad. Estas primeras iniciativas tenían ya unos
sesgos inconfundibles: participación de una parte de las clases dirigentes locales;
intento de promoción de la vida económica, especialmente centrado en la agricultura, y
dialéctica entre la iniciativa privada y la administración central. De esta forma, en
pocos años, algunas de las numerosas tertulias locales se fueron transformando en un
movimiento general y organizado, iniciado por los particulares y auspiciado y
defendido por el reformismo oficial.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País, como movimiento homogéneo y
colectivo, surgieron a partir de 1774, cuando Campomanes publicó sus dos obras más
divulgadas: Industria popular y Educación popular de los artesanos. Campomanes
deseaba la regeneración de la economía española a partir de un modelo de crecimiento
preferentemente rural en el que la industria dispersa ocupara un lugar subsidiario.
Para ese esfuerzo los agentes fundamentales debían ser las clases dirigentes. La
nobleza y el clero tenían la obligación de incorporarse al fomento económico nacional y
la fórmula de participación debía ser la Sociedad Económica.
Los objetivos oficiales que se asignaron a estas Sociedades fueron idénticos para
todas ellas: conocer el estado económico de la región, averiguar las razones de su
atraso y las posibilidades para su desarrollo y, por último, proponer las soluciones
pertinentes en cuya realización deberían colaborar el gobierno y la iniciativa privada.
En efecto, la primera misión de las sociedades era la evaluación de las fuerzas
productivas locales y sus posibilidades de crecimiento. Los individuos sabios y
patrióticos debían dedicarse a recontar la población, analizar su distribución
profesional, elaborar estadísticas sobre la producción agraria e industrial y estudiar
las posibilidades de comercialización de los productos de la tierra. Y el grueso de la
información recogida debía ser útil no sólo para las clases dirigentes locales, sino para
que el gobierno pudiera cimentar las medidas generales y particulares que debía
tomar en el vasto territorio de la monarquía española. En definitiva, obtener la base
informativa del porqué del atraso económico de la región era el primer paso para
conseguir remontar el vuelo y obtener de este modo la felicidad de los súbditos.
Esa felicidad económica debía conseguirse, por tanto, mediante una segunda
actuación de las Sociedades: proponer medidas para eliminar los inconvenientes
(materiales y morales) que pudieran impedir el crecimiento económico, base de la
felicidad. Debían arbitrarse soluciones para que la región produjera más
(especialmente en el campo agrario), mejor y de forma más competitiva. Cada región
tenía que ser autosuficiente y debía contribuir a la autosuficiencia de España. Los
límites de los remedios únicamente se establecían en todas aquellas propuestas que
pudieran suponer cambios en la estructura de clases o en la constitución política,
peligros nada fáciles de producir en Sociedades en las que mayoritariamente se
agruparon gentes proclives al proyecto del absolutismo ilustrado.

42. Las sociedades no sólo debían ser un vehículo de regeneración local y de
información hacia el gobierno central, sino que tenían que servir también para un
tercer objetivo: ser una caja de resonancia de las políticas gubernamentales de fomento
de la economía, en especial de las medidas dedicadas al crecimiento de la producción
agraria. El reformismo oficial vio en ellas un vehículo para que sus directrices llegaran
a todos los lugares y se cumplieran en todas las ocasiones tanto en lo ejecutivo (más
reservado para intendentes y otros funcionarios) como en la creación del clima
adecuado para que las medidas arbitradas triunfaran.
Pese a los matices diferenciales que pudieron darse, es posible bosquejar un
cuadro general de las actividades que realizaron los Amigos del País y de la
trascendencia de sus acciones en la sociedad española del último cuarto de siglo. En
todas o casi todas se trató de los medios para conocer y aumentar la población, que era
uno de los fines primeros de su creación. En cuanto a la agricultura y ganadería, se
dedicaron prolijas memorias a toda suerte de mejoras técnicas, a la divulgación de
métodos e instrumentos de trabajo y a loar la nueva agricultura; pero también se
habló de modificar las formas de tenencia, propiedad y explotación de la tierra, como
cuando la Madrileña abordó el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, con tantas
sugerencias acerca de las manos muertas y de cambios sustantivos. Igualmente se
trató de la industria, de sus dificultades y posibilidades; gracias a informaciones
llegadas de fuera se conocieron avances tecnológicos de no fácil aplicación; en varias
saltó la cuestión gremial y se cuestionaron formas de producción que se consideraban
en trance de arcaísmo. Al lado de estas atenciones, algunas Sociedades dedicaron
tiempo y dinero a realizar labores de infraestructura, como carreteras, puertos,
acueductos y canales o incluso a poner en funcionamiento algunas industrias a título
experimental.
Como el progreso no podía conseguirse sin acudir a la educación, las sociedades
crearon 4 tipos de enseñanzas: escuelas de primeras letras; centros que enseñaban las
cuestiones elementales y prácticas de los oficios textiles (hilar en el torno y tejer en
telares); centros de formación profesional artesanal (que pretendían aumentar la
productividad formando más adecuadamente a la mano de obra), y cátedras de
diversas ciencias, en particular las ciencias experimentales, como la química, las
matemáticas o la botánica que no siempre se encontraban bien tratadas en la
Universidad; pero también la economía política, la nueva ciencia utilitaria por
excelencia.
Otra de las obsesiones ilustradas que se reproduce en las Sociedades fue la de la
política social dirigida al aprovechamiento de las “clases estériles”, de los mendigos y
los vagos. Se trató de relacionar la mengua de la mendicidad con la recuperación de la
industria: había que reeducar para el trabajo a las masas de desocupados. No se
trataba de dar limosna individual, sino de dotar financieramente a entidades que
acogiesen y reeducasen a estos individuos marginales. Y si eran niños, que los
preparasen para un oficio que pudieran ejercer de mayores. Los enfermos y los
ancianos debían salir de las calles e ir a los hospitales y a los hospicios. La sociedad
que quizá tuvo una actuación más destacada fue la Matritense, con su vinculación a
los Montepíos y su evidente preocupación por la asistencia social, una cuestión que
debía forzosamente interesar a una gran ciudad con arrabales llenos de marginales.
Las Sociedades Económicas, más allá de la literatura oficial, no realizaron una
labor de transformación real y sustancial mediante la inversión económica, ni tampoco

43. dispusieron de poder real y efectivo para cambiar por vía legal sus realidades
regionales o locales. Su vitalidad dependió de las circunstancias concretas, de su
arraigo, de sus recursos humanos y económicos, y éstos siempre fueron contados. En
realidad, los propios estatutos vedaban la dedicación plena y los sueldos a los cargos
directivos. Siempre hubo problemas de financiación. A pesar de que su labor no fue
desdeñable ­no tanto por los logros concretos como por su tarea de mentalización­, en
términos generales defraudaron las esperanzas que el Estado había depositado en
ellas, como palancas de la modernización económica de las provincias. Además, según
pudo constatarse a través de una encuesta oficial, hacia 1786 la mayor parte de las
Sociedades Económicas se encontraban ya en plena decadencia, que se atribuía tanto a
la influencia de factores externos ­la hostilidad manifiesta de los sectores sociales más
reaccionarios­ como, sobre todo, de carácter interno ­escasez de medios económicos,
tibieza y absentismo de la mayoría de los socios, una vez pasado el prurito de la
novedad, etc.
El Estado hizo algún esfuerzo para reactivarlas, pero cuando sobrevino el
estallido de la Revolución Francesa optó por abandonarlas a su suerte, ante el temor
de que pudieran convertirse en focos de difusión de las ideas revolucionarias. A partir
de entonces, las Sociedades Económicas, privadas del apoyo estatal, empezaron a
desaparecer y, aunque algunas de ellas llegaron a restablecerse en el curso del S. XIX,
fue ya con unas características y objetivos muy diferentes de los que habían
determinado su fundación en el último cuarto de la centuria ilustrada.
26) Los vales reales y el Banco de San Carlos
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, la coyuntura sufriría
seriamente las consecuencias de las guerras contra Inglaterra (1762­1763 y 1779­1783)
y Francia (1793 a 1795), que desbaratarían cualquier intento de presupuesto
equilibrado y llevarían a la búsqueda de nuevos recursos, entre los que se hallarían los
Vales Reales o la creación de instituciones que permitieran encauzar del mejor modo la
riqueza del país, como el Banco de San Carlos.
Los juros se hallaban totalmente desprestigiados. Mientras que en varios países
de Europa se intentaba resolver los problemas financieros recurriendo a instrumentos
de crédito, en España se arbitró la fórmula de los Vales Reales, concepto intermedio
entre dinero fiduciario y títulos de Deuda. Se diferencian del billete al portador porque
dan un interés, ya que eran títulos de Deuda amortizables en veinte años que daban
un interés del 4% anual. En parte se les dio características de dinero fiduciario porque
debían admitirse por las Tesorerías reales para el pago de impuestos, contribuciones y
obligaciones y debían tener curso en el comercio como si “fueran moneda efectiva”,
usual y corriente, aunque se limitaba su circulación, porque con ellos no debían
pagarse sueldos, pensiones y mercedes por las Tesorerías y Cajas Rurales, y podían
dejar de admitirse por los labradores, tenderos, artesanos, etc.
Por estas razones que los delimitaban no se puede considerar en su origen como
un papel moneda en pleno curso. Condiciones que fueron alterándose a medida que su
volumen de emisión aumentó y las dificultaron. La Real Cédula de 1799 (19 años
después de la creación de los vales reales) adoptó las siguientes medidas:
•curso forzoso a los vales, suprimiendo las limitaciones impuestas a su creación

44. •que se utilizaran sobre una base de quebranto del 6% (al utilizar los Vales Reales
como medio de pago no se contabilizaría el 100% de su valor nominal, sino el 94%)
Bajo las características descritas se realizaron siete emisiones de Vales Reales:
tres en el transcurso de los años 1780, 1781 y 1782 y otras cuatro en el decenio de los
noventa: dos en 1794, una en 1795 y la última en 1799. Aún en el año1800 se
consideraban las emisiones efectuadas como una “deuda legítima de la Corona, y ésta
sería siempre responsable de la deuda, sin límite de tiempo – se decía – ni atención a
ninguna circunstancia”. Alrededor del año 1808 la depreciación era del 90% y hasta el
95% de su valor.
El problema de la emisión de los Vales Reales es un tema importante dentro de
la Hacienda española por el volumen de su emisión – unos 2.400 millones de reales –,
cantidad muy superior al triple de los ingresos totales de la Corona en cualquier año
anterior de la historia de la Hacienda de España. A partir de comienzos del siglo XIX
se tiende a que los Vales Reales pierdan el carácter de papel moneda y se incluyan en
el capítulo de Deuda Pública. Las disposiciones de Martín de Garay y las posteriores
de 1824 y 1831, convirtieron los Vales Reales en Deuda varia – consolidada o sin
consolidar, con o sin interés –, hasta que con Bravo Murillo, en el año 1851, se
convirtieron definitivamente en títulos de Deuda Pública diferida o amortizable.
En los Vales Reales está el origen del Banco de San Carlos, creado en el año
1782, ya que la idea de emisión de Vales había sido ligada desde el primer momento a
la creación de un instituto bancario. Las funciones específicas y principales de este
Banco, puesto bajo la advocación de San Carlos, eran:
•Satisfacer, anticipar y reducir a dinero todas las letras de cambio, Vales de Tesoro y
pagarés que voluntariamente se llevaran
•Tomar a su cargo los asientos de Ejército y Marina
•Pagar las obligaciones de giro a países extranjeros, aunque de momento se exceptuaba
el giro a Roma.
En los primeros años, con una coyuntura económica positiva, la marcha del
Banco tuvo una favorable evolución. Pero muy pronto comenzaron serias dificultades.
Uno de los fines principales del Banco era la reducción de los Vales Reales, labor que
fracasó totalmente, en especial a partir de la segunda época de emisión de Vales. En
los primeros meses de actuación del Banco – de junio a diciembre de 1783 – sólo se
canjearon en metálico 2.314 Vales, limitándose el canje a un Vale por persona. Cuando
no pudo contener la depreciación de los Vales, la real hacienda optó por sustraerlos de
la actuación del banco.
Antes de que llegara ese momento, el Banco tuvo que buscar en otras
actividades beneficios con que retribuir su excesivo capital. Además de sufrir la
competencia de los Cinco Gremios de Madrid, poderosa institución que pagaba
mayores intereses al dinero, el Banco de San Carlos participó en proyectos o inició
negocios que resultaron ruinosos o le acarrearon importantes pérdidas: construcción
de un canal de navegación desde Guadarrama al Atlántico, una sucursal de seguros
marítimos en Cádiz, acciones del Compañía de Filipinas, especulación con sus propias
acciones, compra de fondos públicos de Francia.
Si la guerra contra Francia, a pesar de todo, no le había causado grandes
quebrantos porque el comercio exterior se había desarrollado con bastante normalidad,

45. la guerra con Inglaterra fue catastrófica, y ya en el año 1801 el gobierno le adeudaba
más de 160 millones de reales. Se fueron agotando todas las disponibilidades del
Banco, y si se continuaron pagando dividendos, no todos los años, se hacía con el fin de
sostener el curso de las acciones. Y unas veces se pagaron los intereses con
inscripciones de la Deuda y otros años con Vales Reales comunes o Vales Reales
consolidados. No solamente no los había eliminado del mercado, sino que los utilizaba
para pagar los intereses a los accionistas.
27) El proyecto de Unica Contribución.
Con la aplicación de los Decretos de Nueva Planta en las provincias orientales
tras la Guerra de Sucesión, se implantó un nuevo régimen fiscal, que se pensaba
imponer también en Castilla, aunque resultó imposible debido a la resistencia
enconada que presentaron las oligarquías castellanas. El nuevo modelo fiscal tenía un
carácter más moderno que el utilizado desde tiempos medievales en Castilla, pues se
basaba en la riqueza real de los contribuyentes al gravar las propiedades rústicas y
urbanas y las hipotecas con un 10% sobre el valor de tasación, e imponía además un
tributo personal (del que estaba exento la nobleza) sobre las rentas derivadas del
trabajo personal y los beneficios del comercio y de la industria manufacturera. Este
impuesto recibió el nombre de "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia, "talla"
en Mallorca y "única contribución" en Aragón. El mantenimiento sin subidas de las
tasas que debía recaudarse en cada reino, en un contexto de crecimiento económico
sostenido a lo largo del siglo, facilitó su aceptación por parte de la población.
Ensenada esbozó su programa en una serie de informes sobre el estado de la
nación dirigidos al rey: en 1747, 1748 y 1751 que analizaba la situación del tesoro real,
valorando el gobierno y poder de España y aconsejando sobre la política económica, de
defensa, sobre la marina y las Indias.
Ensenada reservaba sus mayores críticas para la estructura de los impuestos y
de las finanzas. Los dos ingresos principales, el tabaco y las aduanas, se habían visto
reducidos por la mala administración y la corrupción. Por otra parte, los millones11
eran una causa fundamental de empobrecimiento, despoblación y decadencia de las
manufacturas, y la alcabala12 gravaba pesadamente a los contribuyentes, pero
especialmente a los pobres. Esos impuestos debían ser abolidos y sustituidos por un
impuesto único, el catastro, graduado según la capacidad económica y recaudado sin
atender a gracias y favores. Entretanto había que reducir los costes de la defensa
inmediatamente firmando la paz, y realizar ahorros importantes en la casa real y en
los palacios, diferentes consejos y ministerios.
El Catastro de Ensenada fue el paso previo a una reforma fiscal, que no se llevó
a efecto, cuyo propósito era simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y
sustituirlas por una Única Contribución "a proporción de lo que cada uno tiene, con
equidad y justicia".
El proyecto de reforma fiscal de Ensenada era sencillo: sustituir los impuestos
existentes sobre los bienes de consumo y los servicios por un impuesto único sobre la
renta. En 1749 el monarca promulgó una célula real que decretaba la abolición de las
11 Millones: Impuesto castellano extraordinario adjudicado a una partida concreta
12 Alcábala: Impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías entre el 5% y el 10% del valor de la venta.

46. rentas provinciales –alcabalas, cientos13 y millones­ y su sustitución por un impuesto
único sobre la renta. La nobleza no protestó momentáneamente, y las objeciones del
clero se resolvieron mediante una bula papal que sustituía las contribuciones
eclesiásticas anteriores por un impuesto único. De esta manera salió adelante la
primera fase del proyecto: la compilación de un censo de personas, propiedades e
ingresos de todos los hogares castellanos, una especie de estudio económico nacional.
El impuesto único formaba parte de un proyecto más ambicioso de reforma de
toda la administración de los impuestos y los ingresos. Fue acompañado de un nuevo
decreto que situaba la administración de las rentas provinciales en manos del Estado.
Esta desprivatización de la recaudación eliminaba la figura de los arrendadores de
impuestos, y con ellos una fuente importante de desorden y corrupción, por lo que fue
una medida popular de la reforma.
Para completar esta serie de reformas se publicó un tercer decreto, la
Ordenanza de Intendentes que restablecía en su totalidad el sistema de intendentes.
La nueva ordenanza se basaba en la de 1718 y contemplaba todavía a los intendentes
como a los agentes regionales de un Estado centralizado, pero con un compromiso
mayor con los intereses de las provincias, una preocupación mayor por defender los
recursos de las ciudades y pueblos bajo su jurisdicción, de proteger al sector rural y
promover el comercio y la industria locales. La primera tarea de los intendentes era
dirigir las operaciones del catastro en cada provincia. Una vez completado el mismo
volvieron a desempeñar sus funciones fiscales, representando al Estado como
recaudadores de impuestos y a los intereses del pueblo en cuanto que contribuyentes.
28-Olavide y las Nuevas Poblaciones
Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena es una Intendencia española
creada fruto del proyecto ilustrado iniciado hacia 1767 por Pablo de Olavide, concebida
como una repoblación del territorio en la que se mezclan objetivos económicos y de
seguridad del tráfico.
La actuación repobladora se centró en los «grandes desiertos» que recorría el
Camino Real de Andalucía: el desierto de Sierra Morena o de la Peñuela, en el Reino
de Jaén, y los desiertos de La Parrilla, entre Córdoba y Écija, y de la Monclova, entre
Écija y Carmona. La iniciativa pretendía implantar una nueva organización social, en
cierto modo modo libre de las restricciones jurisdiccionales del Antiguo Régimen, y
hasta la creación de la división provincial en 1833 se rigieron por fueros especiales.
Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía se van gestando desde el
Reinado de Fernando VI (1746­1759) para llegar a materializarse con el equipo
ilustrado de Carlos III (1759­1788). La propuesta que en mayo de 1766 había hecho a
Carlos III el aventurero Gaspar Thurriegel, de contratar obreros alemanes y flamencos
para revalorizar las tierras de América del Sur, se vio sustituida, merced a un extenso
informe de Olavide, por la de traer los colonos a España, a fin de establecerlos en los
despoblados parajes de Sierra Morena.
El delicado trabajo encomendado a Olavide tenía dos aspectos fundamentales: el
acondicionamiento material de las nuevas comunidades y la organización de su vida
socioconómica. Todos los colonos habían de ser católicos y contarían con sacerdotes
católicos para su instrucción y custodia espiritual. Cada núcleo de población (distantes
13 Cientos: Impuesto castellano extraordinario de elevación porcentual de la alcábala

47. entre sí un cuarto de legua) estaría integrado por cierto número de familias, todas
ellas propietarias y trabajadoras de la parcela que les cayese en suerte. Serían al
mismo tiempo agricultores y ganaderos, con independencia de la Mesta. Tendrían
molinos y hornos comunes, cuyas rentas servirían para el desarrollo de cada
municipio, el cual estaría obligado a edificar una escuela y dar instrucción elemental
gratuita los hijos de los colonos; pero existía también la prohibición expresa de fundar
centros medios y superiores de enseñanza, a fin de consolidar la colonización agrícola,
evitando las tentaciones de absentismo de los jóvenes, por dedicación a profesiones
liberales o a vida monacal. Según este criterio, quedaba prohibido también el
establecimiento de comunidades religiosas, que pudiesen algún día robar brazos a la
agricultura. No se autorizaban tampoco los matrimonios con nativos de poblaciones
cercanas, a fin de aumentar la demografía de las colonias.
Para poder llevar a cabo esta empresa, Olavide recibió extensos poderes:
reclutaría personalmente a sus colaboradores y sería independiente de todas las
autoridades administrativas o judiciales, no dependiendo más que del Consejo de
Castilla, y del Ministro de Hacienda para las cuestiones económicas. Campomanes
puso a su disposición el ganado, los granos, muebles y utensilios agrícolas procedentes
de los extinguidos colegios andaluces de los jesuitas, además de cuantiosas sumas
extraidas de sus rentas.
La colonización va a llevarse a la práctica en 3­4 zonas bien diferenciadas de la
geografía andaluza durante los años de 1767 y 1768:
•Las llamadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en Jaén, con 22 núcleos, y con
capital en La Carolina. Era el llamado "Desierto de Sierra Morena", con 50 kms. sin
un alma entre el Viso del Marqués y Bailén.
•Las de Andalucía, en torno a La Carlota (Córdoba), en el desierto de La Parrilla, y La
Luisiana (Sevilla) en el desierto de la Monclova, como núcleos más importantes.
•Las agregadas a las Nuevas Poblaciones de Andalucía en la provincia de Cádiz y
cuyos terrenos habían pertenecido a los Propios y Arbitrios de la Ciudad de Sevilla,
Armajal y Prado del Rey.
De esa colonización nacerían las poblaciones de La Concepción de Almuradiel,
Almuradiel, Arquillos, Aldeaquemada, Montizón, Las Correderas, Santa Elena, La
Carolina, Guarromán, La Real Carlota, San Sebastián de los Ballesteros,
Fuentepalmera, La Luisiana y aldeas menores. La capitalidad se estableció en La
Carolina, sede del Intendente, y una subdelegación en La Carlota.
Los objetivos para los que fueron creadas estas Nuevas Poblaciones, siguiendo
los que expone Perdices de Blas y a grandes rasgos, fueron los siguientes:
•Formación de una sociedad modelo, que sirviese de ejemplo tanto a los pueblos del
entorno como al resto del país, ya sea a los campesinos o a la sociedad estamental.
•Mantener la seguridad y el orden público en el Camino de Madrid a Andalucía
•Poblar zonas desiertas con un esquema previo:
▪la admisión única de población útil
▪el desarrollo de todos los ramos de la agricultura
▪el establecimiento de la industria

48. ▪la dispersión de la población por el campo.
La Colonización comienza a materializarse en septiembre de 1767 con la llegada
de los primeros colonos. La crisis que vivía toda Europa favoreció la recluta de
inmigrantes que no sólo fueron alemanes y flamencos sino también franceses, suizos e
italianos. Estos colonos habían sido embarcados en Cette, puerto del Golfo de León, en
Francia, y trasladados a Almería, Málaga y Sanlúcar de Barrameda, mientras que
otros contingentes de futuros colonos eran llevados por tierra hasta Almagro (Ciudad
Real). Estas cuatro ciudades van a ser las llamadas cajas de recepción, donde los
colonos debían esperar a que se les asignase su destino (Sierra Morena o Andalucía).
Según el Fuero de las Nuevas Poblaciones14 a cada vecino poblador se le
entregarían 50 fanegas de tierra de labor, además de algún terreno para plantar
árboles y viñas. En cuanto al ganado, se les facilitaría a cada familia dos vacas, cinco
ovejas, cinco cabras, cinco gallinas, un gallo y una puerca de parir. A cambio, durante
diez años tendrían la obligación de mantener su casa poblada, y permanecer en los
lugares, sin salir ellos ni sus hijos o domésticos extranjeros a otros domicilios; en caso
contrario, podrían ser condenados al servicio militar. Después de este tiempo, la
obligación de residencia permanece pero su incumplimiento sólo conlleva la pérdida de
las tierras.
Los primeros tiempos de la historia de las colonias —que el optimismo oficial
esperaba ver realizadas en el espacio de dos años— constituyen una constante
improvisación, una lucha encarnizada con las dificultades nacidas, la mayor parte de
las veces, de un exceso de precipitación, cuya responsabilidad inicial no recaía sobre el
superintendente. La naturaleza rebelde, las inclemencias de la estación invernal, la
dureza propia de toda obra que nace, exasperaban a los colonos, gran parte de los
cuales desconocía las técnicas más rudimentarias de la agricultura. Hubo deserciones,
enfermedades y muertes en gran escala. En sustitución de los extranjeros, fueron
llegando agricultores de Levante y Cataluña, más acostumbrados al clima de nuestro
suelo.
Pese a todo, vence la constancia. Se edifican otros lugares y las colonias crecen.
A los primitivos terrenos, emplazados en la provincia de Jaén, entre Despeñaperros y
Bailén, se unen ahora nuevas colonizaciones a orillas del Guadalquivir, entre Córdoba
y Ecija. Olavide aprovecha esta magnífica oportunidad para poner en práctica su plan
de reforma agraria, con excesivo idealismo que truncaría sus ilusiones.
Las mayores dificultades, sin embargo, procedían de las mezquindades
humanas incapaces de cooperar en una empresa de entrega y generosidad. Al bien
común se ha opuesto siempre el bien particular. Fueron, inicialmente, los habitantes
de lugares vecinos, envidiosos del reparto gratuito de las tierras a unos extraños;
vinieron después los ricos ganaderos, que veían limitados los antiguos baldíos donde
pastaban sus reses; municipios, como el de Ecija, que se apresuró a interponer un
recurso ante el Consejo de Castilla, por creer lesionados sus derechos. Por otra parte,
las quejas y lamentaciones de los propios colonos se extendieron más allá de nuestras
fronteras; los capuchinos alemanes, que servían de directores espirituales en las
colonias, emprendieron una campaña de difamación y desprestigio contra el
Intendente y sus colaboradores. El Gobierno nombré un visitador que humilló a
14 http://www.andalucia.cc/adn/1098doc.htm

49. Olavide, suspendido temporalmente en sus funciones.
En 1769, pasada la tormenta, se reincorpora con más empeño, si cabe, a la
dirección de las colonias y planifica su futuro mediante trabajos de irrigación,
mejoramiento de cultivos y establecimiento de fábricas. El éxito acompaña ya a la
empresa, y a fines de 1775 el número de colonos sobrepasa los 13.000 individuos.
A fines de 1775 es llamado a Madrid para responder de las acusaciones
presentadas contra él por el Santo Oficio. El proceso, la condena y la prisión le
alejarán para siempre de sus proyectos y realidades. Para toda la Europa culta de su
época, Pablo de Olavide y Jáuregui era "el hombre que había poblado los desiertos de
Sierra Morena", única obra que ha recordado la posteridad casi hasta nuestros días.
El 22 de marzo de 1795 Tomás González Carvajal fue nombrado intendente de
las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, y superintendente de la de
Almuradiel en La Mancha. Esta Intendencia fue suprimida en 1813.
29- El concordato de 1753
El regalismo borbónico, expresado por primera vez por Felipe V, adoptó una
posición más avanzada y reclamó autoridad sobre todas las instituciones eclesiásticas
de España, incluida la Inquisición, autoridad basada en precedentes históricos y
derechos legales. Felipe V pretendía que se le reconociera el derecho de nombrar los
cargos eclesiásticos en España en virtud de su patronato real, como en América, y
obtener los máximos ingresos posibles de la Iglesia. Estos eran sus objetivos en la
negociación del Concordato de 1737, en el que monarca y el papa acordaron que el rey
tenía derecho a proveer cargos y sedes vacantes y a hacerse con las rentas de las sedes
vacantes que antes había recibido el papa, que las propiedades de la Iglesia no
estarían ya exentas de impuestos y que había que tomar medidas para la reforma del
clero y el control de su número.
Por medio del Concordato del 11 de enero de 1753 la monarquía pasó a poder
tener un mayor grado de control sobre la institución eclesiástica dentro de sus
territorios. Con ese importante instrumento, la Ilustración y el regalismo tuvieron
puestas sus más firmes bases para avanzar en las nuevas ideas de origen francés de
cara a la Iglesia, desechando los muchos favores que habían hecho los Austrias a esa
institución y desechando la política favorecedora de las “manos muertas” y de la
promoción de beneficios con funciones poco claras, que imponían cargas innecesarias a
las parroquias y a la sociedad.
El regalismo intentó incrementar su poder en la esfera eclesiástica, con el
objetivo de reducir o acabar con las jurisdicciones especiales dentro de la monarquía, y
a partir del concordato de 1737 se realizaron una sucesión de intentos de poner aún
más a la iglesia bajo la dependencia de la monarquía, que en gran parte consiguió
Carlos III con el Concordato de 1753, cuando logró por el Patronato Real asumir y
controlar en la práctica los nombramientos del personal de los templos parroquiales (el
Papa sólo se reservaba la provisión de 52 beneficios en España), y el control de los
ingresos y los gastos en la iglesia).
Aun con ciertos límites, el concordato establecía un mayor predominio de la
autoridad real sobre la esfera eclesiástica en el interior de la Monarquía Hispánica, el
denominado patronato regio. Su principal característica es la de ser un concordato
beneficial, que derogaba las reservas pontificias (o reservas apostólicas ­annatas,

50. pensiones, espolios, etc.) en la provisión de beneficios eclesiásticos en la Monarquía
Hispánica. Trató de resolver las múltiples controversias producidas por la convivencia
de la jurisdicción papal con las jurisdicciones eclesiásticas locales y la jurisdicción
civil, determinando el alcance de cada una (el papa no consintió en conceder un
patronato universal); y no entró en otros asuntos en disputa (dispensas matrimoniales,
peticiones de particulares y patronatos laicales).
Carlos III intentó hacerse con el mayor número posible de patronatos sobre
templos parroquiales a través de la publicación de la Real Cédula de septiembre de
1772 por el que cada uno de los Obispados debía señalar ante el Consejo de la Cámara
toda la información referente a la provisión de beneficios y piezas eclesiásticas en el
Reino en virtud de bulas o indultos apostólicos, y debía demostrar, además, en qué
instrumentos se basaba en el caso de alegación por parte de algún noble, villa, o
cualquier otra persona o institución ajena a la iglesia, de posesión de ese derecho de
patronato directo sobre los templos parroquiales que no estuviesen directamente
consignados a la Santa Sede antes de 1753, pues en el caso de no tener un patrón
conocido, recaería ese derecho directamente sobre la Corona.
Por esa norma el Patronato Real tenía jurisdicción sobre todas las iglesias,
anteiglesias o monasterios de la provincia de Guipúzcoa, y el Rey era el subrogado de
todos los derechos y acciones que correspondían o podían corresponder a la Santa Sede
antes del Concordato de 1753, por lo que los Fiscales que hubieron de actuar de oficio
en los procesos que a partir de entonces se incoaron, pensaban que, al menos en los
ocho meses apostólicos y casos de reservas apostólicas, podría corresponder al Rey la
presentación del personal en los beneficios bajo los que pudiese actuar ese patronato
universal.
30) El catastro de Ensenada
El Catastro de Ensenada fue el paso previo a una reforma fiscal, que no se llevó
a efecto, cuyo propósito era simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y
sustituirlas por una Única Contribución "a proporción de lo que cada uno tiene, con
equidad y justicia". Para conocer la renta real de las personas, lugares, provincias del
Reino, era necesario hacer previamente una "averiguación" universal de todos los
bienes de los vasallos sin excepciones, también de los eclesiásticos y de los nobles, en el
contexto de los esfuerzos de los gobernantes ilustrados de “calcular la fuerza interior
del Estado” para mejorar los sistemas de recaudación de información y su fiabilidad.
La reforma hacendística promovida por Ensenada trataba de cambiar la
filosofía y la práctica de la percepción aumentando los recursos del erario
racionalmente, con una mayor proporcionalidad contributiva al sustituir el galimatías
de las Rentas Provinciales –alcabalas, cientos, millones y servicios ordinarios­ por la
Única Contribución, de recaudación simple.
El Catastro consiste en las declaraciones de bienes individuales cabeza a
cabeza, tanto unidades familiares, como institucionales, comprobación de la veracidad
por la Administración con ayuda de los peritos y técnicos, constitución de los libros de
registro, cálculo del valor fiscal de esos bienes, establecimiento de los estadillos de
resumen de cada pueblo (separando los legos y eclesiásticos) y de cada provincia, para
calcular la renta local, la provincial y la del Reino correspondiente a 1752.
A la vez que se hizo el Catastro se confeccionaron otros documentos
complementarios:

51. • los libros del mayor hacendado de cada población catastrada (sin considerar a
los mayores hacendados que estaban exentos de diezmos)
• el llamado Censo de Ensenada de 1756, para el que se siguió un modelo
confeccionado por la Real Junta (y del que se suele citar el número estimativo de
9.400.000 habitantes para todo el territorio peninsular)
• el libro de lo enajenado, en el que aparece cada propiedad o lugar que alguna vez
fue del rey y ahora pertenecía a particulares, a los que había pasado por merced
regia o por venta. Éste último, a diferencia de los dos anteriores, tenía carácter
oficial.
En 1759, la Real Junta de Única Contribución mandó realizar un Vecindario a
partir de los datos del Catastro. Este documento resultó fundamental, pues no se
disponía de información ni actualizada ni fiable de la población de la Corona. Los dos
últimos recuentos de población eran de 1591 (en tiempos de Felipe II) y 1717, año en
que se hizo el llamado Vecindario de Campoflorido, muy imperfecto.
31) José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca
Sus contactos como abogado con personajes influyentes, como el duque de Alba o
Diego de Rojas, le facilitaron la entrada en el Consejo de Castilla como fiscal de lo
criminal en 1766; allí establecería una estrecha relación con Campomanes ­también
fiscal­, consagrándose ambos en la defensa de las prerrogativas de la Corona frente a
otros poderes y, en particular contra la Iglesia (regalismo).
En aquel mismo año actuó contundentemente contra los instigadores del motín
de Esquilache en Cuenca y apoyó la consiguiente expulsión de los jesuitas de España
en 1767.
Nombrado embajador en Roma en 1772, le correspondió canalizar las tensas relaciones
de Carlos III con el Papado, consiguiendo la supresión de la Compañía de Jesús (1773).
El agradecimiento del rey por aquella gestión le valió el título de conde y la Secretaría
de Estado (especie de Ministerio de Asuntos Exteriores), que ocupó durante 15 años
(1777­92), y también Gracia y Justicia (1782­90).
Pronto se vio enfrentado al «partido aragonés» que encabezaba el conde de
Aranda, pues Floridablanca pretendía reequilibrar las instituciones de la Monarquía
dando más peso al estilo de gobierno ejecutivo de las Secretarías de Estado y del
Despacho, mientras que Aranda defendía el estilo judicialista tradicional que
representaban los Consejos. En esa línea creó en 1787 la Junta Suprema de Estado
(presidida por él mismo), que respondía a la idea de coordinar las distintas secretarías
en una especie de Consejo de Ministros.
Floridablanca orientó la política exterior de Carlos III hacia un fortalecimiento
de la posición española frente a Inglaterra, motivo por el que decidió la intervención en
apoyo de los revolucionarios norteamericanos en la Guerra de la Independencia de
Estados Unidos (1779­83); consiguió éxitos como la recuperación de Menorca (1782) y
de Florida (1783), pero también un sonado fracaso en los intentos de recuperar
Gibraltar. Potenció la amistad con los príncipes italianos de la Casa de Borbón y con
Portugal (esta última alianza proporcionó a España las islas africanas de Annobón y
Fernando Poo en 1778).
La muerte del rey y el acceso al Trono de Carlos IV no afectaron a la posición de

52. Floridablanca, quien presidió la reacción conservadora del gobierno español frente a
los temores despertados por la Revolución francesa (1789). Tras años de intrigas, en
1792 sus adversarios consiguieron que fuera destituido y encerrado en la ciudadela de
Pamplona, bajo acusaciones de corrupción y abuso de autoridad. Juzgado y absuelto
poco después, se retiró de la vida pública hasta que, con motivo de la invasión francesa
de la Península (1808), fue llamado a presidir la Junta Suprema Central que había de
organizar la resistencia, cargo en el que murió.
32) Pedro Rodríguez de Campomanes, Conde de Campomanes
En 1755 obtuvo el puesto de director general de Correos y Postas y en 1760, en el
primer gobierno reformista de Carlos III dirigido por el primer ministro Conde de
Floridablanca, Carlos III lo nombró ministro de Hacienda, en 1762 Fiscal del Consejo
de Castilla, en 1765 (año en el que publicaría su Tratado de la regalía de amortización)
y Presidente del Consejo de Mesta.
Bien recibida por el conjunto de la clase política del momento, su actuación al
frente del Ministerio de Hacienda encontró siempre la oposición de las clases
privilegiadas frente a las medidas mercantilistas­fisiocráticas que trataban de
reformar de la economía española: regulación del libre comercio (1765), prohibición de
que los religiosos desempeñasen cargos judiciales o administrativos, suspensión de los
conventos no autosuficientes, disposiciones para frenar el aumento de los bienes
catalogados como «manos muertas» (Tratado de la valía de amortización (1765).
En 1775 se constituye, a iniciativa de Campomanes, la Real Sociedad Económica
de Madrid. Las Sociedades Económicas de Amigos del País, fundadas en el espíritu de
la ilustración pretendían promover el desarrollo y la difusión de la cultura a todos los
ciudadanos.
En 1766, tras los acontecimientos políticos derivados del motín de Esquilache, el
conde de Aranda, su más fiel aliado en política de Estado, le encargó la elaboración de
un informe para depurar responsabilidades que atribuyó a los jesuitas, que fueron
expulsados del país en abril de 1767. Aquel mismo año, junto con Olavide y el propio
Aranda, organizó la colonización de Sierra Morena y escribió la Instrucción para las
nuevas poblaciones de Sierra Morena y fuero de sus pobladores, obra en la reflexionó
sobre las reformas agrarias que a su juicio deberían aplicarse al conjunto del campo
español, tales como el reparto de tierras entre pequeños propietarios, la necesidad de
compatibilizar ganadería y agricultura y la imposición por ley de arrendamientos a
largo plazo.
En 1780 recibió el título de conde de Campomanes. En 1786, fue nombrado
Presidente del Consejo de Castilla (cargo que desempeñaba interinamente desde 1783)
y en 1789 Presidente de las Cortes, donde intentó que se restableciera la ley que
permitía reinar a las mujeres.
Tras la subida al trono de Carlos IV, Campomanes perdió influencia en los
asuntos de Estado por la inclinación del nuevo soberano por el conde de
Floridablanca, que en 1791 lo destituyó de todos sus cargos por motivos de salud
(ceguera... y su fama de afrancesado tras la Revolución Fancesa), aunque mantuvo su
puesto en el Consejo de Estado hasta su muerte en 1802.
33) Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)

53. Escritor, jurista y político ilustrado español Entró en política a través de la
tertulia de Campomanes, cuando éste era fiscal del Consejo de Castilla. En 1780
accede al Consejo de Órdenes Militares y en 1782 formó parte de la comisión que puso
en marcha el Banco de San Carlos. Redacta diversos estudios sobre la economía de
España, entre los que tiene singular valor el Informe sobre la Ley Agraria (1795) en la
que aboga por la liberalización del suelo, recogiendo el pensamiento liberal sobre el
que el Consejo de Castilla había volcado sus esperanzas la reformar y modernización
agrícola, y se muestra partidario de eliminar los obstáculos a la libre iniciativa, que
dividía en tres clases: políticos, morales y físicos. Entre ellos estaban los baldíos, la
Mesta, la fiscalidad, la falta de conocimientos útiles de los propietarios y labradores,
las malas comunicaciones y la falta de regadíos, canales y puertos. Para corregir esta
situación Jovellanos propone que los baldíos y montes comunales pasaran a propiedad
privada, disolver la Mesta, cercar las fincas, que los arrendamientos estuvieran
basados en el pacto libre entre los colonos y los propietarios, limitación de los
mayorazgos, supresión de la amortización eclesiástica, eliminación de las trabas sobre
los agricultores y reforma de los impuestos.
A esto habría que añadir la reforma de la enseñanza, dando más importancia a
las materias científicas, y la inversión del Estado en obras públicas. Estas medidas
crearían las condiciones para la constitución de un mercado de tierras, un aumento de
la producción y la creación de un mercado nacional unificado que posibilitarían que
aumentara la población y su nivel de vida, lo que serviría de base para el inicio de la
industrialización.
Fue el impulsor de una serie de mejoras en su ciudad natal, como la carretera
Gijón–León, que aunque no vio terminada, significó el traslado del comercio marítimo
asturiano desde el puerto de Avilés al de Gijón, y de numerosas reformas en el ámbito
nacional.
34) El Tercer Pacto de Familia 1761
Carlos III desembarcó en Barcelona el 17 de octubre de 1759, e inició su reinado
proyectando una serie de reformas encaminadas a engrandecer la monarquía y
procurar el bienestar de su pueblo. Los dos pactos de familia anteriores habían
favorecido la política española en Italia y de ellos se había beneficiado Carlos III en su
reino de Nápoles, pero al ceñir la corona española (1759) estaba decidido a mantener la
neutralidad y evitar las desgracias y altos costes de la guerra, continuando la Política
pacifista de su antecesor.
Francia e Inglaterra estaban enzarzadas en la cruenta Guerra de los Siete Años
por la supremacía colonial en Norteamérica y la India. A instancias de Francia y
Austria, el rey Carlos III trató de mediar ante Inglaterra y desempeñar un papel
arbitral entre los contendientes, pero el gobierno inglés rechazó la mediación española
de manera arrogante. Francia estaba siendo desbordaba por los ingleses y Carlos III
consideró que el hundimiento del imperio colonial francés en beneficio de Inglaterra
sería el preludio de la acometida británica al imperio español, pues las relaciones
hispano­británicas eran conflictivas por la política británica de expansión de sus
dominios y actividades en América, con ataques de los corsarios ingleses a los barcos
españoles, negación de los ingleses a los españoles del derecho de la pesca del bacalao
en Terranova, y el tráfico ilegal del palo de tinte en Centroamérica.

54. La iniciativa de una alianza la inició Francia a comienzos de 1761. La intención
de Carlos III era la de de no dejarse involucrar en la guerra, sino participar en las
negociaciones de paz y sacar ventajas de ello, aunque también planeaba declarar la
guerra a Inglaterra el año siguiente si no obtenía satisfacción de los agravios. Los
franceses notificaron a los ingleses, con quienes mantenían conversaciones de paz, que
se hacían solidarios de las reclamaciones españoles. Los británicos se negaron a
vincular las reclamaciones españolas en sus negociaciones con los franceses, y pidieron
explicaciones por la carrera armamentística marítima de España.
Francia exigió a España la promesa de una ayuda inmediata y a retirar a
Portugal de la órbita inglesa, pretensiones a las que Grimaldi no tuvo más remedio
que acceder, y se establecieron dos tratados entre España y Francia que, aunque más
duradero que los anteriores, fue desastroso para España tanto en la guerra como en la
paz. :
• En 1761 se firmó un tratado de amistad y de unión, basado en el principio de
que "quien ataca a una corona ataca a la otra". Era un Pacto de Familia que
garantizaba los estados de Francia, España, Nápoles y Parma. Declaraba
enemigo común a la potencia que estuviese en guerra con Francia o con España;
consignaba las fuerzas de mar y tierra que cada uno de los dos signatarios había
de proporcionar al otro cuando lo reclamase, y daba consideración de súbditos de
ambas coronas a los españoles y franceses, de manera que no hubiese ley de
extranjería entre ellos.
• El segundo tratado es un tratado de alianza ofensiva y defensiva15, una
convención secreta, modificada en 1762, que se estableció de cara a la guerra en
curso contra Inglaterra. Estipulaba la unión de todas las fuerzas de las dos
coronas y el acuerdo para las operaciones militares y para la paz. Acordaba que
Francia entregaría Menorca a España a cambio de la cesión a Francia de los
derechos sobre la Dominica, San Vicente, Santa Lucía y Tobago. También
incluía la intimación al rey de Portugal para que cerrase todos sus puertos a los
ingleses y la prohibición de entraba de productos enemigos en Francia y España.
Los británicos rompieron las hostilidades y declararon la guerra a España el 2
de enero de 1762 y once días después la declaró España a Gran Bretaña. Carlos III y
Luis XV solicitaron al rey de Portugal que se uniese a su alianza, y ante su negativa y
su declaración de neutralidad, que en la práctica significaba su apoyo a la causa
británica, retiraron sus embajadores de la corte lusa y se prepararon para la
inminente campaña. De este modo, Carlos III participó en la guerra de los Siete Años,
que teóricamente terminó para España en el tratado de paz de París de 1763, aunque
en la práctica continuaría la lucha contra Inglaterra.
España inició su enfrentamiento con Gran Bretaña en las peores condiciones
posibles, pues el ejército y la marina no se hallaban suficientemente preparados a
pesar del enorme esfuerzo modernizador realizado por la monarquía en los últimos
años, y cuando Francia estaba siendo ampliamente derrotada en todos los escenarios
bélicos. Durante este periodo final de la Guerra de los Siete Años, se puso de
manifiesto la fortaleza de los británicos, que fueron capaces de terminar de vencer a
15 Carlos III afirmó que «no es otra cosa que un tratado de alianza ofensiva y defensiva semejante a otros muchos que
han hecho y subsisten entre varias potencias de Europa»

55. los franceses y dominar a los españoles en prácticamente todos sus frentes en
territorio portugués, americano y filipino:
•Las tropas británicas tomaron la ciudad de La Habana en julio de 1762
◦El virrey de Nueva España organizó el primer ejército mejicano con mestizos, negros
y mulatos (los indios no entraban en el servicio militar): batallones y regimientos
provinciales, escuadrones de caballería, milicias en las ciudades grandes, y dos
compañías de granaderos para escoltar las mercancías.
•Carlos III hizo venir al conde Aranda y fue tomada la plaza portuguesa de Almeida.
Dos días más tarde desembarcó un cuerpo expedicionario británico y las tropas anglo­
portuguesas detuvieron el avance español en agosto de 1672.
•Las tropas británicas tomaron la ciudad de Manila en septiembre de 1762, y el
capitán general de Filipinas inició una guerra de guerrillas que consiguió evitar la
caida del resto de la isla en manos britanicas.
•España aprovechó la ruptura de hostilidades con Portugal para recuperar los
territorios de la colonia de Sacramento en octubre de 1762 y ataque capturó 27 buques
ingleses, evitando la proyectada expedición anglo­portuguesa para apoderarse del
territorio del Río de la Plata
A mediados del año 1762 Francia había sido derrotada militar y necesitaba
firmar la paz. El sentimiento revanchista español aconsejaba al rey continuar las
hostilidades y centrarse en la defensa de las costas. El pueblo inglés se entusiasmó al
recibir las noticias de las conquistas de La Habana y Manila y pedía proseguir la
guerra contra los españoles, pero el rey Jorge III y su jefe de gobierno, lord Bute,
aspiraban a la paz, y el rey Carlos III cedió ante las presiones de su primo Luis XV. El
3 de noviembre se firmaron los preliminares de la paz que iniciaron las conversaciones
que culminaron con la firma del Tratado de París el 10 de febrero de 1763
•Para Francia, la paz constituyó una grave derrota que la apartó de la lucha colonial,
pues cedió a Inglaterra el Canadá, la isla de Cap Bretón, la mayor parte de sus
posesiones en la India, el Senegal y Menorca; y se vió obligada a ceder la Luisiana a
España como compensación de las pérdidas de su aliada.
•Para España, la paz supuso una grave humillación, pues puso de manifiesto su
incapacidad defensiva y la obligaba a:
• dejar las cuestiones de las presas marítimas a juicio de los tribunales del
almirantazgo británico
• permitir a los británicos seguir cortando palo en Honduras, a condición de
demoler todas las fortificaciones de sus factorías.
• renunciar las pretensiones españolas de pescar en Terranova
• devolver la Colonia del Sacramento, y Almeida a Portugal.
• ceder a Inglaterra la Florida, el fuerte de San Agustín, la bahía de
Pensacola y los territorios al este y sudeste del río Missisipi, a cambio de
la devolución de La Habana y Manila.
La victoria británica significó el hundimiento colonial francés, pero no satisfizo

56. las aspiraciones del pueblo británico y continuaron las agresiones a España y los
futuros focos de conflicto con ella, que desembocarían en el incidente de las Malvinas
(1766­70) y la Segunda Guerra del III Pacto de Familia (1779­83). Tampoco satisfizo a
los españoles, que a partir de entonces aumentaron su resentimiento contra los
británicos, esperando la hora del desquite.
La debilidad de España y Francia les empujaría a mantener la alianza del III
Pacto de Familia, aunque con muchos altibajos y graves recelos mutuos. Pero ambas
aprenderían la lección y quedarían a la espera de una nueva y mejor oportunidad que
les permitiera desquitarse de Inglaterra. Carlos III aprovechó la experiencia y, aunque
fue siempre partidario de la paz, se aplicaría tenazmente al desarrollo del ejército y la
marina para que le permitieran en adelante una adecuada defensa de sus extensas
posesiones e intereses políticos y económicos
A partir de entonces adquirieron mayor importancia las provincias americanas,
según se deduce de la política atlántica de Carlos III, y se formó el eje Madrid­París­
Viena. Para estrechar los lazos con Austria, se concertó el matrimonio del archiduque
Leopoldo con la infanta María Luisa. Con Francia hubo mayor compenetración hasta
los desacuerdos comerciales de 1768.
En 1776 ocurrió un hecho llamado a tener una decisiva importancia en la
Historia Contemporánea y que dio lugar posteriormente a la declaración de guerra de
España a Inglaterra, y en el marco de la misma, al último intento español de
recuperar por la fuerza de las armas a la irredenta colonia de Gibraltar. Este suceso
extraordinario fue la Declaración de Independencia de las Trece Colonias, de la
Metrópoli británica, que dio pie a Francia a llevar a cabo una política de revanchismo,
y a España para tratar de rebajar el creciente poderío inglés.
Desde el primer momento, España ayudó al naciente estado ultramarino
mediante aportación económica (más de 600.000 pesos fuertes), envío de armamento y
apertura de sus puertos a los corsarios norteamericanos. Francia tras unos meses de
cierta vacilación, entró abiertamente en la guerra firmando una alianza en febrero de
1778 con los colonos. Pese a sus escasas provisiones y limitado adiestramiento, las
tropas coloniales pelearon bien en general, pero podrían haber perdido la guerra si no
hubieran recibido ayuda del erario francés y de la poderosa marina francesa.
España envió a Londres una propuesta de mediación en el conflicto (con la vista
puesta en recuperar Gibraltar), que fue rechazada por el gobierno inglés en marzo de
1779, y el conde de Floridablanca admitió una propuesta de alianza con Francia que
fructificó en la firma de la Convención Secreta de Aranjuez en abril de 1779 y la
declaración de guerra a Inglaterra en julio con intervención militar en:
• Las Floridas (1779­82), que culminó con la conquista de Pensacola y las
Bahamas, que significó un considerable alivio a los ejércitos de Washington.
• Toma de Menorca (1781) que abrió un segundo frente en el Mediterráneo, que
obligó a los británicos a tener que atenderlo y ayudó indirectamente a los
norteamericanos
• Bloqueo y sitio de Gibraltar (1779­82) , asedio que con altibajos se prolongó
desde 1779, fecha en la que se inicia el bloqueo, hasta 1783, año en el que la Paz
de Versalles ponía fin a la guerra con Inglaterra, y por tanto al sitio de la plaza.
La guerra finalizó con la firma de la Paz de Versalles en enero y septiembre de 1783.

57. De 1779 a 1790 tiene lugar la cuarta y última época del tercer pacto de familia,
que puede considerarse renovado por el convenio de Aranjuez de 1779 que, desde un
punto de vista jurídico caducó al declarar la guerra a la Convención (1793), pero en la
práctica careció de efectividad desde 1770.
35) La Paz de Versalles 1783
En 1776 ocurrió un hecho llamado a tener una decisiva importancia en la
Historia Contemporánea y que dio lugar posteriormente a la declaración de guerra de
España a Inglaterra, y en el marco de la misma, al último intento español de
recuperar por la fuerza de las armas a colonia de Gibraltar. Este suceso extraordinario
fue la Declaración de Independencia de las Trece Colonias, de la Metrópoli británica.
Alentadas por la victoria de Saratoga, Francia y España veían la oportunidad
como una ocasión de oro para lograr la revancha del desastroso Tratado de París de
1763, con el que concluyó la Guerra de los Siete Años. Francia tras unos meses de
cierta vacilación, entró abiertamente en la guerra firmando una alianza en febrero de
1778 con los colonos. Pese a sus escasas provisiones y limitado adiestramiento, las
tropas coloniales pelearon bien en general, pero podrían haber perdido la guerra si no
hubieran recibido ayuda del erario francés y de la poderosa marina francesa.
Los intereses españoles en América eran expulsar a los británicos del golfo de
México y de las orillas del Mississippi y conseguir la desaparición de sus
asentamientos en América Central, y así, aunque enseguida ayudó a los rebeldes con
dinero, armas y municiones, se mostró más reacia a la intervención directa, debido al
temor de Floridablanca a las consecuencias de un conflicto armado, e incluso ofreció la
mediación entre los contendientes.
Desde 1778, la lucha se trasladó en gran medida al sur, el conflicto ya había
adquirido un cariz internacional con la entrada de Francia y la realidad se impuso: el
gobierno español firmó en 1779, el Tratado de Aranjuez, acuerdo secreto con
Francia por el que a cambio de unirse a su aliado en la guerra, Francia prometía su
ayuda en la recuperación de Menorca, Mobile, Pensacola, la bahía de Honduras y la
costa de Campeche con el compromiso de que no concluiría paz alguna que no
supusiera la devolución de Gibraltar a España. Más tarde Holanda también se unirá a
la coalición formada por España y Francia, para ganar posiciones en el dominio de los
mares.
España declaró la guerra a Inglaterra y los británicos tuvieron que desviar a
Gibraltar tropas destinadas en un principio a las colonias. Los puertos de Toulon y
Brest, en Francia, que estaban bloqueados por los británicos, fueron desbloqueados por
la falta de efectivos de los británicos. Con los puertos atlánticos abiertos, los franceses
pudieron llevar tropas a América al mando de La Fayette, siendo de gran ayuda a los
colonos en su guerra.
En 1781, 8.000 soldados británicos al mando del general Charles Cornwallis
fueron rodeados en su último reducto en Yorktown (Virginia), por una flota francesa y
un ejército combinado franco­estadounidenses de 16.000 hombres, al mando de George
Washington (fueron los últimos caídos en la Guerra de la Independencia: 156
británicos, 52 franceses y 20 colonos estadounidenses). Poco después de la rendición de
Cornwallis el gobierno británico propuso la paz.
Entre 1779 y 1781, España sitió Gibraltar, una vez más infructuosamente, y se

58. iniciaron una serie de campañas en América contra distintos puntos estratégicos del
golfo de México en manos británicas, en la mayor parte de los casos coronadas por el
éxito (Pensacola). Por otro lado, una exitosa expedición a Menorca permitió la
recuperación de la isla en febrero de 1782.
El Tratado de París o Tratado de Versalles se firmó el 3 de septiembre
de 1783 entre Gran Bretaña, Estados Unidos, España y Francia. Mediante este
tratado:
•Se reconocía la independencia de Estados Unidos de América, y otorgó a la nueva
nación todo el territorio al norte de Florida, al sur del Canadá y al este del Río
Mississippi. El paralelo 32º se fijaba como frontera norte.
•Gran Bretaña renunciaba al valle del Ohio y dio a Estados Unidos plenos poderes
sobre la explotación pesquera de Terranova.
•España mantenía los territorios recuperados de Menorca y Florida oriental y
occidental, y recuperaba las costas de Nicaragua, Honduras (Costa de los Mosquitos) y
Campeche.
•Se reconocía la soberanía española sobre la colonia de Providencia y la inglesa sobre
Bahamas.
•Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de Gibraltar (el control del
Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza de la Roca)
•Francia recuperaba algunos enclaves en las Antillas y las plazas del río Senegal en
África
•Holanda recibía Sumatra, estando obligada a entregar Negapatam (en la India) a
Gran Bretaña y a reconocer a los ingleses el derecho de navegar libremente por el
Índico.
•Gran Bretaña mantenía a Canadá bajo su Imperio, a pesar de que los
estadounidenses trataron de exportar a tierras canadienses su revolución.
•Intercambio de prisioneros.
En general los logros alcanzados pueden juzgarse como favorables para España
y en menor medida para Francia a pesar del elevado coste bélico y las pérdidas
ocasionadas por la casi paralización del comercio con América, un pesado lastre que
gravitaría sobre la posterior situación económica española.
Por otra parte, el triunfo de los rebeldes estadounidenses sobre Inglaterra no iba
a dejar de influir en un futuro próximo sobre las colonias españolas: emulación de lo
realizado por comunidades en similares circunstancias, la solidaridad de los antiguos
colonos con los que aún lo eran, la ayuda de otras potencias interesadas en la
desaparición del imperio colonial hispano, etc. Pero estos aspectos se manifestaron de
un modo claro durante las Guerras napoleónicas.
36) España y la Revolución Francesa
Carlos IV delegó el poder político en los condes de Floridablanca, Aranda y
Manuel Godoy durante su reinado. José Moñino, conde de Floridablanca, ejerció el
cargo de primer ministro y secretario de Estado, entre 1788 y 1792, heredado del

59. reinado anterior por voluntad expresa de Carlos III en su testamento, impulsando un
paquete de medidas para mejorar la situación económica: la condonación del pago de
impuestos atrasados, la limitación del precio del pan, la supresión de los mayorazgos y
la prohibición de acumular manos muertas.
Tras el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, Floridablanca protagonizó
una política antirrevolucionaria, para evitar la expansión de los ideales republicanos a
España, con el cierre de la frontera común y la represión contra los ilustrados
Francisco Cabarrús, Gaspar de Jovellanos y el conde de Campomanes.
Pedro Pablo Abarca, conde de Aranda, logró la destitución del conde de
Floridablanca como secretario de Estado en 1792, por los presuntos delitos de
corrupción y abuso de poder. El conde de Aranda reformó el sistema político con la
supresión de la Junta Suprema de Estado y su sustitución por el Consejo de Estado.
La supresión de la monarquía en Francia, el encarcelamiento de sus Reyes y la
política de tolerancia hacia los revolucionarios galos, basada en la apertura de las
fronteras y la libre difusión de las ideas de los enciclopedistas, provocaron la
destitución del conde de Aranda, líder del partido aragonés.
El guardia de Corps Manuel Godoy reemplazó en la Secretaría de Estado al
conde de Aranda en 1792. El nuevo primer ministro metió a España en la Guerra de la
Convención (1793­97), en alianza con las demás monarquías europeas, contra la
Francia revolucionaria tras la ejecución del monarca Luis XVI.
La campaña de 1793 se inició de forma favorable para las armas españolas pues
durante los meses de marzo a mayo los ejércitos republicanos franceses luchaban en
sus fronteras del norte y noroeste con los ejércitos aliados angloholandeses, austríacos
y prusianos, mientras en el interior había estallado la sublevación realista de la
Vendeé, y en los meses de junio y julio se levantaron los departamentos de Burdeos,
Lyon, Marsella y Tolón contra la tiranía jacobita de los montañeses que habían
detenido y ejecutado a los principales líderes del partido girondino.
La guerra entre los ejércitos español y francés se desarrolló en el Rosellón, País
Vasco y Navarra. España firmó una alianza con Inglaterra y con Portugal, y el
gobierno portugués envió una división de 5.000 soldados al frente del Rosellón.
Durante el mes de agosto la situación cambió en Francia. El 16 de agosto la
Convención decretó el levantamiento en masa del país para su defensa. Con la
movilización de todos los varones solteros o viudos sin hijos de 18 a 25 años encuadró
750.000 hombres en nueve ejércitos, y venció en todos los frentes.
La Paz de Basilea (1795) puso fin al conflicto con el país vecino mediante el
reconocimiento de la República Francesa y la entrega a Francia de la parte española
de la isla de Santo Domingo (Haití). Carlos IV compensó los servicios prestados por
Godoy para la firma del tratado con la concesión del título de 'Príncipe de la Paz'.
Basilea puso las bases de la alianza entre España y Francia, sellada en el Tratado de
San Ildefonso (1796), contra Inglaterra. Los aliados sufrieron la derrota naval de la
batalla del cabo de San Vicente (1797). La guerra supuso la pérdida española de la isla
de Trinidad. Sin embargo, Cádiz y las islas de Tenerife y Puerto Rico resistieron los
temibles ataques del almirante inglés Horacio Nelson.
37) La conjura del Escorial
La llegada al poder de Napoleón en 1799 y su proclamación como Emperador en

60. 1804 alteró las relaciones internacionales y se renovó la alianza con Francia. Napoleón
necesitaba, en su lucha contra los británicos, contar con la colaboración de España,
sobre todo de su escuadra. Por ello, presionó a Carlos IV para que restituyera su
confianza en Godoy. Éste asumió de nuevo el poder en 1800 y firmó el Convenio de
Aranjuez de 1801 por el que ponía a disposición de Napoleón la escuadra española, lo
que implicaba de nuevo la guerra contra Gran Bretaña.
Godoy declaró en 1802 la guerra a Portugal, principal aliado británico en el
continente, antes de que lo hiciera Francia. Este conflicto, conocido como la Guerra de
las Naranjas, significó la ocupación de Olivenza por España, que además obtuvo el
compromiso de Portugal de impedir el atraque de buques británicos en sus puertos y el
establecimiento de la soberanía española en la Colonia del Sacramento en Uruguay..
En 1805, la derrota de la escuadra franco­española en la batalla de Trafalgar
por la Armada británica modificó la situación radicalmente. Frente a la hegemonía de
Gran Bretaña en los mares, Napoleón recurrió al bloqueo continental, medida a la que
se sumó España. El Tratado de Fontainebleau de 1807 estableció el reparto de
Portugal entre Francia, España y el propio Godoy, y el derecho de paso por España de
las tropas francesas encargadas de su ocupación.
Con tal sucesión de guerras se agravó hasta el extremo la crisis de la Hacienda;
y los ministros de Carlos IV se mostraron incapaces de solucionarla, pues el temor a la
revolución les impedía introducir las necesarias reformas, que hubieran lesionado los
intereses de los estamentos privilegiados, alterando el orden tradicional.
La presencia de soldados franceses en territorio español aumentó la oposición
hacia Godoy, enfrentado con los sectores más tradicionales por su política reformista y
entreguista hacia Napoleón. A finales de 1807 se produjo la Conjura de El Escorial,
conspiración encabezada por Fernando, Príncipe de Asturias, que pretendía la
sustitución de Godoy y el destronamiento de su propio padre. Pero, frustrado el
intento, el propio Fernando delató a sus colaboradores.
En marzo de 1808, ante la evidencia de la ocupación francesa, Godoy aconsejó a
los reyes que abandonaran España. Pero se produjo el Motín de Aranjuez,
levantamiento popular contra los reyes aprovechando su presencia en el palacio de
Aranjuez. Godoy fue hecho preso por los amotinados. Carlos IV, ante el cariz de los
acontecimientos, abdicó en su hijo Fernando VII.
38) El Motín de Aranjuez
El Motín de Aranjuez fue un levantamiento nobiliario ocurrido el 18 de marzo
de 1808 por las calles de esta localidad madrileña. Se desencadenó debido a varias
causas, entre ellas las consecuencias de la derrota de Trafalgar que recayó
fundamentalmente en las clases humildes. A ello hay que sumarle el descontento de la
nobleza, la impaciencia de Fernando VII por reinar, la acción de los agentes de
Napoleón y las intrigas de la Corte, donde se iba creando un núcleo opositor en torno
al Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, formado por aristócratas recelosos del
poder absoluto de Godoy, y farisaicamente escandalizados por sus supuestas relaciones
con la reina María Luisa de Parma; así como el temor del clero a las medidas
desamortizadoras.
La presencia de tropas francesas en España, en virtud del tratado de
Fontainebleau se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin

61. ningún respaldo del tratado) diversas localidades españolas (Burgos, Salamanca,
Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras). El total de soldados franceses
acantonados en España asciende a unos 65.000, que controlan no sólo las
comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa.
La presencia de esta tropas terminó por alarmar a Godoy. En marzo de 1808,
temiéndose lo peor, la familia real se retiró a Aranjuez para, en caso de necesidad,
seguir camino hacia el sur, hacia Sevilla y embarcarse para América, como ya había
hecho Juan VI de Portugal.
El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje
de los reyes, una pequeña multitud (compuesta por empleados de los nobles llegados al
efecto, puesto que al ser sitio Real y no Villa, Aranjuez no tenia una población villana
que pudiera alzarse por si sola) , dirigida por miembros del partido fernandino,
nobles cercanos al Príncipe de Asturias, se agolpa frente al Palacio Real y asalta el
palacio de Godoy, quemando aquellos enseres que no fueron directamente saqueados.
El día 19, por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su
palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de
golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe
Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de
ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII.
Los acontecimientos de Aranjuez fueron los primeros estertores de la agonía del
Antiguo Régimen en España. El pueblo había sido manipulado, pero en cualquier caso,
su intervención fue decisiva, puesto que no sólo consiguió la renuncia de un ministro
odiado (ya había ocurrido en el motín de Esquilache, en 1766), sino también la
renuncia de un soberano y el acceso al trono de un nuevo rey, legitimado por la
voluntad popular. Caro fue el precio pagado; la sangre de la guerra de la
independencia y un posterior reinado de Fernando VII nefasto y que acabaría en la
primera guerra carlista.
Extra. Reformas y levantamientos campesinos en siglo XVII
Las décadas finales del siglo XVII ofrecen un panorama muy distinto al de
etapas anteriores, ya que en estos años se aprecia en los ministros la voluntad de
acometer reformas, especialmente de carácter fiscal, que permitan restaurar la
riqueza de los vasallos, porque, como representara a la regente Juan José de Austria
en 1669, "es máxima muy errada suponer que hacen más ricos a los reyes la
multiplicidad de las cargas de los vasallos".
Pero las esperanzas puestas en el nuevo primer ministro pronto se derrumbaron
en Castilla: la situación política internacional y la epidemia de 1677­1679, que afectó a
Murcia y Andalucía, impidieron aplicar hasta sus últimas consecuencias sus proyectos
fiscales y económicos, a cuyo intento se creó en enero de 1679 la Junta de Comercio,
Moneda y Minas.
A la muerte de Juan José de Austria, en medio de los fastos de la boda de Carlos
II con María Luisa de Orleans, el cargo de primer ministro recae en uno de los pocos
aristócratas que no intervinieron en la caída de Valenzuela, el duque de Medinaceli.
Durante su ministerio se llevará a cabo la ansiada reforma monetaria, diseñada en
1679 y decretada el 1 de febrero de 1680, poco antes de su nombramiento. Los efectos
inmediatos de esta medida fueron ciertamente desastrosos para la economía del reino,

62. aunque a la larga resultara muy beneficiosa, pues los precios se estabilizaron y se
redujo el premio de la plata respecto del vellón, que estaba situado en un 275 por
ciento.
Además de sanear el sistema monetario, reactivar el comercio y combatir el
fraude fiscal mediante la Junta de Fraudes, el duque de Medinaceli, a propuesta de
algunos consejeros de Hacienda, procede a finales de 1682 a reorganizar la
administración de las alcabalas, unos por ciento y servicio de millones, nombrando
superintendentes en cada provincia, supervisados por la Junta de Encabezamientos,
con el cometido de averiguar la capacidad contributiva de cada población y ajustar con
sus autoridades el valor que deberán satisfacer por cada una de las citadas rentas,
quedando al mismo tiempo extinguidos los arrendamientos.
Las oligarquías de las ciudades y villas no se mostraron conformes con el nuevo
sistema porque, pese a la reducción de un quince por ciento ­en algunas provincias fue
superior­ en el valor de los encabezamientos, perdían en gran parte el control de la
administración de estos impuestos, y opusieron resistencia a las averiguaciones de los
superintendentes, incluso provocando tumultos, como sucedió en Santiago de
Compostela.
El conde de Oropesa, que sustituye al duque de Medinaceli, poco grato en
Versalles, continúa la gestión de su predecesor en el cargo de primer ministro, ya que
completa la reforma monetaria iniciada en 1680, introduce cambios importantes en la
administración de las rentas con el nombramiento en 1687 del Superintendente
general, establece un presupuesto fijo para los gastos de la Corona y reduce aún más
las contribuciones de los pueblos, suprimiendo los servicios de millones acrecentados
en el reinado de Felipe IV y rebajando a la mitad los unos por ciento. Asimismo,
intenta reactivar la industria mediante bonificaciones fiscales a los empresarios, sean
nacionales o extranjeros, aunque al final no se obtengan los resultados apetecidos, en
buena medida por la actitud de los mercaderes españoles, que prefieren adquirir
mercancías extranjeras por el mayor margen de beneficio que se les sigue, según lo
denuncia insistentemente la Junta de Comercio.
La oposición de Mariana de Neoburgo, segunda mujer de Carlos II, al conde de
Oropesa ­éste había propuesto el matrimonio del rey con una princesa portuguesa­,
que a su vez estaba enfrentado con el clero en la persona del cardenal Portocarrero,
arzobispo primado de Toledo, y con un sector de la aristocracia palatina encabezado
por el duque de Arcos, quien le atribuye los males de la monarquía, concluye con su
cese en junio de 1691. La situación política en aquellas fechas era, desde luego,
bastante desoladora a causa de la guerra con Francia, pero no justificaba por sí sola la
revuelta cortesana dirigida contra Oropesa. De hecho, los ministros que le sustituyen
apenas introducen cambios significativos en el gobierno de la monarquía, continuando
la línea política trazada por sus predecesores, pues en octubre de 1691 se exime a todo
el reino del pago del chapín de la reina, un ligero alivio fiscal comparado con los
otorgados en etapas anteriores, pero en 1695 las urgencias de la Corona invierten esta
tendencia con la imposición de un nuevo gravamen sobre la sal para poder hacer frente
a los gastos bélicos, salvo en Álava.
Paralelamente emprenden una serie de reformas dirigidas a recortar el gasto
público, erradicar el fraude fiscal y mejorar la recaudación y administración de las
rentas. Así, en julio de 1691 se ordena reducir la plantilla de funcionarios de los

63. consejos, se vuelven a implantar los superintendentes provinciales con el cometido de
administrar y cobrar las alcabalas, unos por ciento y servicio de millones, y se regula
el funcionamiento de las contadurías y de las tesorerías. Un año más tarde, en
diciembre de 1692, se crea la Junta de Resguardo de !as Rentas como tribunal supremo
en materia de fraudes, y se declaran derogados cualesquiera fueros particulares para
así facilitar la tarea de los ministros de la junta.
Estas medidas apenas sirvieron para satisfacer los gastos cada vez más crecidos
de la Corona, pero al menos contribuyeron a crear entre las oligarquías urbanas la
sensación de que el monarca no deseaba cargar con nuevos impuestos a los vasallos, lo
que tal vez explique su predisposición a conceder donativos extraordinarios y aportar
hombres para el ejército, máxime cuando tenían muy presentes los sucesos acaecidos
en los años 1688­1689 en Cataluña, donde los campesinos, descontentos por el
alojamiento de las tropas tras las malas cosechas de 1687, habían protagonizado
algunos altercados violentos con los soldados en Centelles y en Vilamajor, seguidos en
la primavera de 1688 por la ocupación de Mataró y el cerco de Barcelona, obteniendo
del Concejo de Ciento y del virrey un perdón general para los rebeldes y un reajuste en
la contribución militar, aparte de la liberación de varios individuos significados por
denunciar los alojamientos.
La declaración de la guerra por Francia en 1689 (Guerra de los Nueve Años) y
la necesidad de recaudar un donativo, junto con la acción de agentes de Luis XIV,
vuelven a desencadenar la rebelión de los campesinos ­el movimiento se extiende entre
Vilafranca del Penedés y la plana de Vic­, quienes de nuevo se dirigen a la Ciudad
Condal para imponer sus demandas, aunque son dispersados y finalmente derrotados
por el virrey, tras una serie de escaramuzas, con el apoyo de los consellers de
Barcelona, que fueron recompensados en 1690 con el privilegio de mantener cubierta
la cabeza en presencia del rey, privilegio que se les venía denegando desde las Cortes
de 1632.
La revuelta de los barretines preludia la que se desencadena en Valencia en
1693. También aquí los sectores privilegiados del campo (abogados, clero y síndicos)
arrastran a los campesinos descontentos, pero a diferencia del movimiento catalán las
acciones iban dirigidas contra el pago de los impuestos señoriales. Las detenciones
efectuadas por el virrey provocaron los primeros motines en Vilallonga en el mes de
julio y la formación de un ejército de agermanados que es derrotado pocos días después
por las tropas reales, aunque los dos principales cabecillas lograron escapar
manteniendo la agitación en el ducado de Gandía hasta el punto de que los señores no
conseguirán encontrar quien quiera arrendar los impuestos.
A finales de 1693 la situación quedó prácticamente controlada con la captura de
uno de los jefes de la revuelta, que fue condenado a muerte en 1694, mientras el resto
de los rebeldes pagaron su osadía en galeras.
A finales del siglo XVII la colaboración entre los reinos y la Corona es un hecho
indiscutible, como también lo es la primacía adquirida por la aristocracia en las
decisiones políticas. La Paz de Ryswick permite, además, restañar las heridas
causadas por la guerra con Francia y retomar las reformas fiscales y económicas que
habían sido postergadas. Sin embargo, las disputas palatinas en torno a la sucesión de
Carlos II ensombrecerán los últimos años del reinado.
La designación de José Fernando de Baviera como heredero del monarca

64. español acalla las diferencias existentes entre las facciones cortesanas, agrupadas de
nuevo en torno al conde de Oropesa, que asume la presidencia del Consejo de Castilla.
El fallecimiento del príncipe, sin embargo, vuelve a reavivar el debate sucesorio,
adscribiéndose el conde de Oropesa al partido del Almirante de Castilla, proclive al
archiduque Carlos, hijo del Emperador Leopoldo I, y otros a la camarilla pro­francesa
dirigida por el cardenal Portocarrero. La pugna de ambos partidos alcanza su máxima
conflictividad en 1699.
Las malas cosechas de los años anteriores y la subida de los precios agrícolas
provoca una crisis de subsistencias y disturbios en Valladolid y otras ciudades que será
hábilmente manipulada por el partido francés para imponerse en la Corte, donde las
masas urbanas hambrientas, instigadas por agentes de Francia, se amotinan
exigiendo la rebaja del precio del pan y de otros artículos comestibles, pero también el
nombramiento de Francisco Ronquillo como corregidor y la dimisión de Oropesa, cuya
casa es asaltada.
Estos sucesos, conocidos como el Motín de los Gatos, serán la causa de la caída
de Oropesa y de su exilio de la Corte junto con el Almirante de Castilla, los dos
paladines del candidato imperial al trono español, dejando así libres las manos al
partido francés, que alcanza finalmente su propósito con la designación como heredero
de Carlos II a Felipe de Anjou, a quien Castilla proclama rey el 24 de noviembre de
1700.
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/12581.htm