Dos indígenas otomíes, Alberta Alcántara y Teresa González, demandaron al gobierno mexicano por daños causados por su encarcelamiento injusto durante más de tres años por un delito que no cometieron. Solicitan una reparación económica y moral por los daños sufridos tanto por ellas como por sus familias durante el proceso judicial injusto. El caso será analizado por un tribunal federal para determinar si procede la reparación de daños. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional apoyan a las indígen

1. Exigen reparación de daños indígenas presas injustamente por
plagio de federales
Gloria Leticia Díaz
19 de noviembre de 2013
Una protesta de Amnistía Internacional para exigir la
liberación de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y
Teresa González.
Foto: Demián Chávez
MÉXICO, D.F. (apro).- Las indígenas otomíes Alberta Alcántara y
Teresa González, encarceladas injustamente durante más de tres
años, demandaron la reparación de daños causados a ellas y sus
familias.
Acompañadas de representantes de Amnistía Internacional (AI) y del
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las
indígenas, quienes junto con Jacinta Francisco Marcial fueron
acusadas de secuestrar a policías federales en 2006 y puestas en
libertad por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), resaltaron las dificultades que han tenido para reintegrarse a
la vida cotidiana después de estar encarceladas, así como los daños
económicos y morales sufridos por sus familias por el juicio injusto.
Alberta Alcántara recordó que mientras fue injustamente procesada,
ella y su familia sufrieron daños económicos y morales, y que ya en
prisión, advirtió que “hay mucha gente indígena inocente”.
Teresa González señaló que siendo madre de familia tuvo que
“empezar de cero” su vida al salir de la cárcel. “Cuando mi hija me
pregunta, me siento con la impotencia de contestarle, fue un daño

2. que nos causaron feo. Nos castigaron sin investigar, todos se
preguntaban cómo era posible que tres mujeres hicieran eso
(secuestrar a policías federales) cuando ellos están entrenados, nadie
creía que hubiera pasado eso”, destacó.
El litigio por la reparación del daño, recordó el director del Centro
Prodh, José Rosario Marroquín Ferrera, se inició a finales del año
pasado, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR)
se negara a reparar los daños causados a las indígenas por los más
de tres años que estuvieron encarceladas.
Marroquín Ferrera explicó que a partir de esa negativa se inició un
proceso conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, y
el caso será analizado este miércoles por 11 magistrados del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Tras un recuento de los hechos que llevaron a las tres mujeres a la
prisión –el caso de Jacinta será revisado posteriormente–, el director
del Centro Prodh destacó que el proceso iniciado contra las indígenas
“es una prueba más de que las violaciones a derechos humanos en el
sistema de justicia contra los sectores más vulnerables como los
indígenas persisten, la discriminación y las fallas al debido proceso,
no contar con traductor, no respetar la presunción de inocencia, ni
siquiera cuando la SCJN las declaró libres es preocupante”.
El activista recordó que después de que las indígenas fueron
liberadas, funcionarios de la PGR insistían en que “no habían
demostrado su inocencia”.
Daniel Zapico, representante de AI en México, recordó que las tres
mujeres, Alberta, Teresa y Jacinta fueron declaradas presas de
conciencia por su organización, debido a las fallas evidentes en su
juicio, y de que se trató de un caso “emblemático que muestra el
funcionamiento de justicia en México, de la fabricación de culpables,
un sistema que cuando trata de indígenas condena no realiza
investigaciones, es un sistema en el que ser indígena es garantía de
encarcelamiento”.
Zapico destacó que pese a que ante organizaciones internacionales
México se presenta como un defensor de derechos humanos y que
tiene un sistema que puede resarcir daños causados por esas
violaciones, lo cierto es que “no hay un mecanismo al que las
víctimas de abusos puedan recurrir para exigir reparaciones de
daños, que tiene que ver con más allá de tema económico, sino que
es un resarcimiento moral, tiene que haber un reconocimiento del
Estado del daño causado y garantías de no repetición”.