El artículo analiza el desplazamiento forzado y la tenencia de tierras en Colombia en el marco de la ley de Justicia y Paz. El autor argumenta que el desplazamiento ha estado ligado al acaparamiento de tierras por parte de paramilitares y elites para proyectos de desarrollo y control territorial. Además, las políticas de ajuste estructural y las privatizaciones han empeorado la situación, despojando a campesinos de sus tierras y medios de vida. El autor concluye que la legislación colombiana ha beneficiado a

1. INFORME DE LECTURA ARTÍCULO: “Desplazamiento y Tierras en el marco de la política de justicia y paz en Colombia” BIBLIOGRAFÍA GÓMEZ HERNÁDEZ, Bersarión. 2009. Desplazamiento y Tierras en el marco de la política de justicia y paz en Colombia. Revista: Diálogos de Saberes, ISSN 0124-0021, julio-diciembre de 2009.pag. 93-124. [En línea] julio-diciembre de 2009. [Citado el: 20 de Febrero de 2011.] www.dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?código=3224931.

2. Bersarión Gómez Hernández es un abogado de la Universidad libre, especialista en teoría jurídica y filosofía del derecho; doctor en Sociología Jurídica e Instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. Desde el año 2002 se ha dedicado a la investigación de temas relacionados con el Estado colombiano en lo político y en lo jurídico. Ha publicado varios libros, así como artículos relacionados con esta temática en revistas, principalmente en la Revista Diálogos de Saberes, de la cual hace parte como profesor investigador. También se ha desempeñado como profesor de la Universidad Libre. Sus investigaciones se han centrado en el estudio y análisis del ordenamiento jurídico colombiano a partir de la Constitución de 1991. Temas como el referendo de 2004 fueron estudiados para responder a la pregunta: El referendo en Colombia- democracia o autoritarismo; realizó un estudio sobre la relación entre neoliberalismo y la Constitución de 1991 cuyo fruto es un libro que lleva este mismo título. En el 2005, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la ley de Justicia y paz, investigó sobre la constitucionalidad de dicha ley. Fruto de esta investigación publicó el artículo: “Análisis jurídico y constitucional de la ley de justicia y paz en Colombia”. El propósito de la investigación era desentrañar la naturaleza de dicha ley, si en esencia era un proyecto destinado a esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, o si por el contrario, era una iniciativa que posibilitara la impunidad, el perdón y el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares. Además, se trataba de establecer si la ley, incorporaba una política de Estado dirigida a resolver dos aspectos que, para el grupo de investigación, son centrales en la solución del actual conflicto colombiano: el desplazamiento y la lucha por la tierra. En el artículo “Desplazamiento y Tierras en el marco de la política de justicia y paz en Colombia”, el investigador ubica en primer lugar, el despojo y desplazamiento como un crimen de lesa humanidad y la posición del Estado que en vez de proteger a las víctimas, ha expedido una normatividad que menoscaba sus derechos. Más adelante, el autor sostiene y desarrolla la tesis según la cual la localización de los desplazamientos guarda relación con el acaparamiento de tierras o el control de territorios estratégicos por sus recursos por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos, de proyectos de desarrollo de gran envergadura o por su significado político y militar dentro de la confrontación armada.

3. Seguidamente, el profesor Gómez hace un barrido rápido de lo que ha sido la tenencia de la tierra en Colombia desde antes de la conquista y la colonia para llegar luego a una revisión rápida de la legislación colombiana en lo referente a la tenencia de la tierra para dejar establecido que las leyes han favorecido el monopolio de la tenencia de la tierra en manos de los grandes terratenientes; continúa demostrando cómo el ajuste de Colombia al modelo capitalista ha implicado desplazamientos y reducción de la producción en el campo. A continuación, el investigador, desarrolla el planteamiento según el cual a partir de 1980 los paramilitares impusieron una contrarreforma agraria con la adquisición de 4 millones de hectáreas de tierras de primera, ubicadas en los valles y altiplanos de la geografía nacional y cómo pudieron defender sus intereses económicos con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, cómo la compra de estas tierras ha fortalecido el latifundio y ha llevado a la emigración forzosa de campesino pobres y sin tierra a los centros urbanos. Para continuar, el autor, sostiene que los acuerdos internacionales han repercutido de manera negativa y se han encargado de acentuar la problemática del desplazamiento. Estos acuerdos han producido la privatización de importantes sectores de la producción y los servicios. Las privatizaciones han sido acompañadas de una gran corrupción y precedidas por el asesinato de varios dirigentes sindicales del sector y la casi desaparición de los sindicatos. Finalmente, presenta unas conclusiones relacionadas con el impacto sociodemográfico de la migración forzada, los principales efectos socioeconómicos, las principales necesidades identificadas de esta población, las respuestas institucionales y las barreras y dificultades de estas respuestas. Finaliza con los aspectos presupuestales, normativos e institucionales de esas barreras y dificultades de la respuesta institucional. El investigador muestra cómo el desplazamiento campesino no ha llevado a las autoridades estatales a producir una legislación que apunte a la solución de este crimen de lesa humanidad. Al contrario, la leyes han beneficiado a los causantes de este crimen, entre ellos los terratenientes de vieja data, los paramilitares, las multinacionales y, en general, las clases dirigentes que han impuesto la “modernización” a sangre y fuego.

4. Son muchos los estudios y publicaciones que sobre este tema, de interés social se han producido. “El anunciado tránsito de la seguridad democrática a la prosperidad democrática, está sustentado en la continuidad de políticas de favorecimiento a los grandes capitales que feriaron al sector privado empresas estratégicas como Ecopetrol, prosiguió la política de privatizaciones de servicios públicos y que en la actualidad están convirtiendo al país en un colosal socavón –de tragedia y miseria- controlado por los capitales estaudinenses y canadienses”[i]. La muerte de sindicalistas a raíz de la privatización y venta de las empresas es un tema recurrente en los últimos años. Para el profesor Bersarión[1] las privatizaciones de empresas y servicios han sido precedidas por la masacre de sindicalistas. Hecho que se puede corrobar en el último informe de la Confederación Nacional Internacional, según el cual Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical, de tal suerte que el “60% de los asesinatos de líderes sindicales del mundo suceden en Colombia”[ii]. Entre los principales efectos socioeconómicos de la población desplazada, mencionados por el profesor Gómez, están el proceso acelerado de empobrecimiento e incluso de indigencia que afrontan muchos de ellos; la falta de acceso a la educación, a la seguridad social. Y algo muy importante, es una población que se encuentra “en una extrema vulnerabilidad debido a los altos niveles de desprotección, a la pérdida de lazos culturales y al despojo de los bienes patrimoniales”.[iii] La situación es ya bastante grave y preocupante por la situación de miseria que padecen los desplazados. Sin embargo, existen cifras alarmantes respecto a la totalidad de la población que aumenta cada día en la línea de pobreza por la concentración de la riqueza que es cada día más en menos manos; igual sucede con la concentración de la propiedad, entre otras de la tierra que continúa siendo un factor generador de renta y factor de disputa en las últimas tres décadas, sobre todo de las mejores para el cultivo, por parte de los paramilitares para continuar con el jugoso negocio que representa el cultivo de las drogas ilícitas. “El programa mundial de la ONU (PMA) ubicó a Colombia como el quinto país en el mundo que más ciudadanos tiene aguantando hambre: más de 5.500.000 personas. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el país muere una persona cada dos días por hambre. El 46% de los colombianos no tiene acceso a la atención médica. La mitad, 22.000.000, no se beneficia con agua potable; más de tres millones no tiene acceso a la educación. En el campo la situación es más dramática. Además de la violencia, la ruina se estableció sin miramientos a partir del robo y la concentración de la tierra: 655.000 familias no tienen acceso a la tierra; 2.2 millones de minifundios no generan ingresos para cubrir las necesidades básicas de sus propietarios y familias. La pobreza en las áreas rurales subió del 66 al 69% y la indigencia del 25 al 28%”.[iv] Para muchos estudiosos del problema social colombiano, el desplazamiento forzado ha sido una de las peores pesadillas que le haya tocado vivir a la población colombiana más pobre desde hace muchos años. Pero en las últimas décadas este fenómeno ha crecido de una forma muy alarmante por todas las causas ya mencionadas por el profesor Gómez Hernández: la presencia de las multinacionales para apoderarse de las riquezas; el paramilitarismo, y la necesidad de los capitalistas de ponerse a tono con la modernidad. “En diciembre de 2007 se hablaba de un desplazamiento de cuatro millones de colombianos desterrados y expropiados de sus territorios, en particular campesinos, indígenas y afrodescendientes”[v] [i]OSORIO SÁNCHEZ, César. Iusiones Electorales y retos en la lucha política”. Revista: CEPA, Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, ISSN 1908-8731, julio-diciembre de 2010, Volumen II, Nº 11, pag. 68-76 [ii]GÓMEZ HERNÁDEZ, Bersarión. 2009. Desplazamiento y Tierras en el marco de la política de justicia y paz en Colombia. Revista: Diálogos de Saberes, [iii]Ibid. [iv] CALVO OSPINA, Hernando. Colombia Laboratorio de Embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. 1º edición. Madrid, Foca, 2007 [v] SARMIENTO ANZOLA, Libardo, LIBREROS CAICEDO, Daniel. Economía política del Holocausto. Revista: CEPA, Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, ISSN 1908-8731, octubre-diciembre de 2007, psag.26-38

5. BIBLIOGRAFIA GÓMEZ HERNÁDEZ, Bersarión. 2009. Desplazamiento y Tierras en el marco de la política de justicia y paz en Colombia. Revista: Diálogos de Saberes, ISSN 0124-0021, julio-diciembre de 2009.pag. 93-124. [En línea] julio-diciembre de 2009. [Citado el: 20 de Febrero de 2011.] [www.dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?código=3224931. CALVO OSPINA, Hernando. Colombia Laboratorio de Embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. 1º edición. Madrid, Foca, 2007 ILusiones Electorales y retos en la política. OSORIO SÁNCHEZ, César. 2010. 11, Bogotá : s.n., julio-diciembre de 2010, Revista CEPA, Centro Estratégico de pensameinto alternativo, ISSN 1908-8731, julio-diciembre de 2010, pag.68-76, Vol. II, págs. 68-76. ISSN 1908-8731. SARMIENTO ANZOLA, Libardo, LIBREROS CAICEDO, Daniel. Economía política del Holocausto. Revista: CEPA, Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, ISSN 1908-8731, octubre-diciembre de 2007, psag.26-38