La Constitución de Weimar de 1919 estableció el estado de bienestar en Alemania y reconoció los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho al trabajo, seguridad social y sindicatos. Sin embargo, los derechos sociales pronto se convirtieron en meras fórmulas vacías sin fuerza legal bajo la jurisprudencia de Weimar.

1. INTRODUCCIÒN
En 1918, en los meses de enero a octubre, se registran continuas huelgas en las fábricas
alemanas de armamentos. En septiembre, el Canciller Herling recibe un informe del
Jefe del Estado Mayor alemán, General Ludendorff, advirtiendo de un posible desastre
si se prolonga la guerra por más tiempo, e instándole a conseguir un armisticio en
términos honrosos para el Ejército Alemán.
El 3 de octubre de 1.918, el príncipe Max von Baden es nombrado nuevo Canciller del
Reich. El 26 de octubre se registra la dimisión de Ludendorff como Jefe del Estado
Mayor. Por estas fechas se registran amotinamientos de la marinería en la flota de
guerra (29 de octubre) y manifestaciones callejeras de soldados armados. El
Almirantazgo había decidido dar la batalla final a la flota británica, a la desesperada.
La marinería, conocedora de las noticias del frente occidental y de las gestiones del
armisticio, consideró que iba a ser una batalla suicida, y de la resistencia pasiva se pasó
al amotinamiento activo. Comenzó en Wilhelmshaven y se extendió rápidamente a
Kiel, Lübeck, Hamburgo y Cuxhaven. El 4 de noviembre de 1918, ondeaba ya en todos
los navíos de guerra de la ciudad de Kiel la bandera roja. Siguiendo el modelo de la
Revolución rusa empezaron a constituirse "Consejos de soldados y trabajadores",
dibujándose amenazador el peligro, cada vez más real y cercano, de una
bolchevización en toda Alemania.
El 7 de noviembre el Alto Mando del Ejército decide sofocar los amotinamientos de la
marinería con tropas traídas del frente. La división elegida para ello se negó a llevar a
cabo tal misión y se disolvió. El 8 de noviembre se registra la formación de "Consejos
de soldados" en las guarniciones del frente occidental, que llegan a afectar al propio
Cuartel General. El 9 de noviembre, el Canciller Max von Baden, por iniciativa propia,
precipita los acontecimientos dando telegráficamente la noticia de la abdicación del
Káiser y la renuncia al trono del Príncipe Heredero.1
Después de comunicar la noticia, se reúne con una delegación del Partido Socialista
Alemán (SPD): Friedrich Ebert, Phillipp Scheidemann y Otto Braun, quienes solicitan
el traspaso de poderes para evitar un posible derramamiento de sangre. Max von Baden
acepta dimitir como Canciller en favor de Ebert. Scheidemann se dirige
inmediatamente al edificio del Reichstag para hablar a las masas allí congregadas.
Pronuncia una arenga, cuyo texto taquigrafiado aún se conserva, que comienza por las
significativas palabras de "Trabajadores y Soldados"; confirma la abdicación del
1
Las potencias vencedoras exigían el destronamiento del Káiser, y su posterior entrega para juzgarlo como criminal de
guerra, tal y como figura en el Tratado de Versalles. El Káiser Guillermo II todavía el día 3 de noviembre de 1918 escribía en
una carta: "No tengo pensamiento de abandonar el trono por unos cuantos cientos de judíos y unos cuantos miles de
obreros". Luego intentó la fórmula de la abdicación parcial, como Káiser del Imperio Alemán, pero no como Rey de Prusia.
De ahí la decisión personal del Canciller a fin de intentar salvar la situación.

2. Káiser, proclama la República, pide "tranquilidad, orden y seguridad", finalizando con
un "Viva la República alemana". Poco después, Karl Liebknecht, dirigente de la liga
Espartaquista (Spartakus-Bund), embrión del futuro Partido Comunista Alemán, reúne
a sus seguidores ante el Palacio de Berlín (Berliner Shloss) y desde su balcón principal
proclama la "República Socialista de Alemania", apelando a la unión del proletariado,
en un intento de continuidad con la Revolución rusa. Termina su arenga con el
equivalente de la consigna de Lenin: "Todo el poder para los Consejos de trabajadores
y soldados" ("Alle Macht der Arbeiter - und Soldatenräten!").
A la vista de los acontecimientos, ese mismo día 9 de noviembre, el emperador
Guillermo emprende su viaje hacia el exilio en Holanda.
El día 12 de noviembre, el nuevo canciller Friedrich Ebert constituye, en vez de un
Gobierno o Consejo de Ministros, lo que pasa a denominarse "Consejo de los
Diputados del Pueblo", ("Rat der Volksbeauftragten") formado por el propio Ebert,
Otto Landesberg, Phillipp Scheidemann, Hugo Hasse, Emile Barth y Wilheim
Dittmann, tres socialistas del SPD mayoritario y tres socialistas independientes, del
USPD. Mientras tanto, y en un intento de fuerza paralela, al igual que sucedió con los
soviets en Rusia (1917), se van formando los "Consejos unificados revolucionarios de
trabajadores y soldados" ("Vereinigte Revolutionäre Arbeiter und Sondatenräte").
Tratando de evitar a toda costa la experiencia rusa, sindicatos obreros y patronales
firman un pacto el día 15 de noviembre de 1918 comprometiéndose a una "paz
forzada". Se trata así, de evitar un choque frontal o ruptura total que llevase a un
proceso revolucionario, a una guerra civil. Paralelamente, al irse institucionalizando los
"Consejos revolucionarios de trabajadores y soldados", los "espartaquistas"
(comunistas) van perdiendo paulatinamente el control sobre ellos, y cuando se celebra
en Berlín el Congreso Nacional entre los días 16 y 21 de diciembre, no logran más que
10 delegados de un total de 489, entre los que no figuran ni K. Liebknecht, ni Rosa
Luxemburg. Mientras tanto, continúan los intentos revolucionaros en la calle, a través
de convocatorias y campañas de agitación de masas.
El día 6 de diciembre de 1918, se ha producido una represión armada en las calles de
Berlín (Chausse Strasse) con 14 víctimas mortales. A través del órgano de difusión de
los espartaquistas, el periódico "Die rote Fahne" (Bandera Roja), ya convertidos en
Partido Comunista de Alemania (KPD), se convoca a la huelga general para el día 6 de
enero de 1919. Los disturbios, que ya a finales de diciembre eran de consideración, con
intervención de ex-soldados y ex-marinos, provistos de armamento, entre los
manifestantes provocan la alarma de las autoridades alemanas. Intervienen tropas del
Ejército instalando piezas de artillería en lugares estratégicos de Berlín. El 11 de enero
de 1.919 se registran disparos de artillería, contra el edificio del Partido Socialista
"Worwärts" ("Adelante"). Se ordena la detención de los cabecillas revolucionarios,

3. entre ellos Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. El 15 de enero se registra el asesinato
de ambos, cuando figuraban ya como detenidos.
El 18 de enero, víspera de las elecciones generales, tiene lugar una manifestación
socialista de protesta en Berlín. El 19 de enero se celebran elecciones parlamentarias.
En algunas regiones alemanas, como Alsacia - Lorena, se prohíbe su celebración por
los vencedores (en este caso, la prohibición expresa por parte de Francia). Los
resultados son los siguientes (sobre un total de 421 escaños; con un total de votantes de
30.4 millones, lo que representa un 82.7% de la población).
SPD (Socialistas) 163 escaños (37,9%)
USPD (Soc. Ind.) 22 escaños (7.6%)
Nac. Populares 44 escaños (10.3%)
Centro (Católicos) 91 escaños (19.7%)
Nac. Demócratas 75 escaños (18.6%)
Nacionales 19 escaños (4.4%)
La conclusión es que nacionalistas, católicos y afines suman un total de 229 escaños,
frente a 185 de los socialistas. El 6 de febrero se reúne, en su primera sesión, la
Asamblea Nacional constituyente en la ciudad de Weimar, donde ha sido convocada
para evitar los constantes disturbios y manifestaciones de Berlín. La pequeña ciudad de
Weimar es perfectamente controlable y no se puede entrar en ella sin salvoconducto
especial. Se nombra una Comisión encargada de redactar una nueva Constitución sobre
la base del anteproyecto del profesor Hugo Preuss, secretario de Estado de Interior.
Queda aprobada por 262 votos contra 75. El 10 de febrero de 1919, Friedrich Ebert es
elegido Presidente del Reich por 277 votos contra 51, designando a Scheidemann como
Canciller, quien constituye un Gobierno Provisional de coalición de fuerzas políticas.
Una vez firmado a la fuerza el tratado de Versalles, la asamblea constituyente, que
había escogido como sede la tranquila Weimar en lugar de la turbulenta Berlín, pudo
seguir con su trabajo, y el 31 de julio de 1919 se aprobaba la nueva constitución. Nacía
una constitución muy democrática en un país de escasa tradición democrática. Con
todo, muchos contemporáneos y no pocos historiadores la han considerado una
abstracta elaboración de profesores, como eran desde luego Max Weber y Hugo
Preuss, quienes estuvieron entre sus principales artífices. En realidad, se trataba de un
texto complejo y contradictorio, donde los elementos inspirados en una concepción
avanzada y participativa de la democracia -como una ley electoral rigurosamente
proporcional (lo que no facilitaría la aparición de claras mayorías y contribuiría a dotar
de inestabilidad al sistema), el voto para las mujeres y la institución del referéndum- se
veían compensados por elementos de tipo unanimista y hasta autoritario, como la
elección directa del presidente de la república y el recurso a poderes extraordinarios
previsto en el artículo 48. Es muy difícil juzgar en abstracto su funciona1idad: prueba
de ello es precisamente el artículo 48, que ha sido diversamente juzgado, según se

4. consideren los primeros o los últimos años de la república, como un precedente
peligroso o un eficaz pararrayos en el camino hacia una deriva autoritaria.
Análogamente, el hecho de que en el ámbito de la estructura federal de la república de
Prusia conservara su integridad territorial y su influencia puede evaluarse
diversamente, según se considere lo que esta región representaba históricamente o el
papel que, como veremos, ejerció en defensa de la democracia el gobierno
socialdemócrata que la dirigió ininterrumpidamente hasta 1932. La segunda parte de la
constitución de Weimar estaba dedicada a los «derechos y deberes fundamentales de
los alemanes», entendiendo por derechos no sólo los políticos, sino también los
«sociales», como la libertad ilimitada de asociación (art. 159), el reconocimiento de los
convenios colectivos sellados por las partes sociales (art. 165), el derecho al trabajo y
al sustento (art. 163), la puesta en marcha de un sistema de seguros «para la
salvaguarda de la salud y de la capacidad de trabajo, para la tutela de la maternidad y la
prevención de las consecuencias económicas de la vejez, de la debilitación física y de
las circunstancias negativas de la vida» (art. 161), y el control del estado sobre la
«división y utilización de la tierra» (art. 155). Todo ello, en el marco de un proyecto
destinado a realizar un «ordenamiento de la vida económica que se corresponda con los
principios de la justicia, con el objetivo de garantizar a todos una vida digna» (art.
151). Es evidente que los compromisos contenidos en esta segunda parte de la
constitución querían ofrecer una satisfacción de las expectativas de renovación social
expresadas por los partidos de izquierda, además de dar una respuesta a la solemne
«Declaración del pueblo oprimido y explotado» promulgada por el Congreso de los
soviets rusos en enero de 1918. De todas maneras, más allá de la situación contingente,
la constitución de Weimar queda como la primera que recoge los principios que
constituirán la base del estado del bienestar.
La Constitución de Weimar, sancionada en 1919, junto a la Constitución de México,
promulgada dos años antes, dio origen al constitucionalismo social, que estableció el
Estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores. En ella, la cuestión
social, se produce tras quebrar la idea de la igualdad social, demostrando que los
trabajadores vivían en una situación inferior y deprimida. Esto supone que el derecho
social se redefina y establezca que la justicia se realiza únicamente en el caso que se
ordene y disponga un tratamiento desigual. Es así, como en la Constitución de Weimar,
como en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, se establecen los
principios del derecho social. Es en 1919, cuando se instituye la constitucionalización y
la internacionalización del Derecho social. Es así como gracias al tratado de Versalles,
nace la Sociedad de Naciones, la cual da origen a la Organización Internacional del
Trabajo, además de la promulgación de la Constitución de Weimar. La valía de estos
proyectos se deriva del hecho de que en sendas sociedades existía un clima de
emergencia social y de renovación de las instituciones fundamentales. Estos procesos
combinaron ciclos de ímpetu social que finalmente coincidieron en la refundición de
novedosas instituciones y la instauración de un nuevo orden jurídico. Más adelante,

5. transcurrido el periodo de entreguerras en Europa y especialmente la segunda guerra
mundial que concluiría con el surgimiento de organismos internacionales como la
ONU, estos derechos, definidos como económicos y sociales, pasaron a formar parte
de diversas declarativas del derecho internacional público, conformando uno de los
principios esenciales y también uno de los efectos del llamado Estado social.2
En la práctica los derechos sociales fueron transformados en fórmulas vacías de
contenido y sin fuerza normativa. La Jurisprudencia de Weimar transformó muy pronto
en meras fórmulas vacías de la exigencia de contenido social, estereotipadas en la
Constitución, al afirmar que se trataba de fórmulas programáticas que carecían de
significación concretas y que no tenían carácter vinculante alguno para el legislador del
Reich.3
La constitución de Weimar, nacida tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, lleva
tras de si la estela de un intenso movimiento de afirmación nacional alemana que la
constitución reflejó con un grado muy alto de uniformidad. La estructura federal de
Weimar era muy frágil. La cuestión Prusia, siguió planeando durante todo periodo
constitucional hasta la intervención del Reich de Prusia, que vino a ser un anticipo de
la propia destrucción del orden constitucional alemán. En el texto de la constitución la
preponderancia de los factores unitarios era muy clara. A disposición del Reich estaban
prácticamente todas las materias. El Reich disponía de la legislación de principios
(Gesetzgebung Grundsâtz) en otras y de la probabilidad de dictar leyes siempre que lo
demandara el bienestar general, la protección del orden público y la seguridad. La
Conclusión fue una práctica uniformidad legislativa. En el orden administrativo
tampoco existía una garantía real para los Lander quienes ejecutaban las leyes del
Reich. Por ultimo la irreal configuración del Presidente de la república como guardián
de la constitución manifestaba en el orden federal en la atribución de poderes para
obligar a los Lander con ayuda de las fuerzas armadas a cumplir con las obligaciones
que la constitución o las leyes del Reich imponían, implicaba también el predominio de
las ideas descentralizadoras. Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y la
posterior división de Alemania, el proceso de formación de un nuevo estado, reducido
a las zonas ocupadas por las potencias occidentales, tiene en la aldea federal un
importante punto de apoyo. Muchos factores jugaban a favor de la estructura federal.
En primer lugar y muy destacadamente, el hecho de que los aliados creyeran
firmemente de que el federalismo podría suponer un elemento de equilibrio en el futuro
estado y una garantía de pervivencia del sistema democrático. Segundo el hecho de la
desaparición de Prusia facilitaba la creación de un nuevo orden federal. Tercero, la no
coincidencia entre los antiguos Lander y las zonas de ocupación, a excepción de
2
Huerta Lara, María del Rosario Los conceptos de Estado Social de Derecho, Bienestar Social e Interés Colectivo.(18 de
enero de 2010). Recuperado de: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/18/huerta18.pdf
3
ABENDROTH, Wolfgang, “El Estado de Derecho Democrático y social”, en MOSQUEDA, Susana (Coord.), El derecho
fundamental de igualdad, Ed. Palestra, Lima, 2006.

6. Baviera. Cuarto, la propia tradición federal alemana que las nuevas fuerzas políticas
asumen.
Alemania no ha conocido, con la sola excepción del periodo nazi, otro sistema de
organización del poder que el federal. Esa caracterización no desaparece radicalmente
en el nuevo escenario político que se abre tras la Ley Fundamental de Bonn.4
En los
que respecta al constitucionalismo Alemán, desde el periodo de vigencia de la
Constitución de Weimar a la Ley Fundamental de Bonn y hasta nuestra fecha, han
marcado un hito doctrinario las ideas vertidas por destacados juristas; entre ellos:
Herman Heller, Carl Schmitt y Rudolf Smend; autores cuyas ideas centrales tuvieron
como base el pensamiento iniciático sobre este rubro impulsado por el gran Hans
Kelsen.
La constitución de Weimar
I. CONCEPTO:
La constitución de Weimar fue aquella dada el 11 de noviembre de 1919 que estableció una
repúblicafederal con nueve estados y la elección de un presidente por votación popular. En
si era el paso a la democracia y el fin del imperio alemán o segundo Reich. En el preámbulo
exclamaba: “El Pueblo alemán formando una unidad moral superior por encima de la
variedad de sus grupos aborígenes y, por tanto, de la voluntad de renovar y consolidar su
Imperio, en la libertad y la justicia, servir la paz interior y exterior y fomentar el progreso
social se ha dado asimismo la siguiente Constitución”5
donde el poder del pueblo era, el
poder supremo y era lo más importante y digno de esta nueva Alemania.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONSTITUCIONAL:
En esos tiempos existía el imperio alemán o II Reich que agrupaba la Alemania actual con
otros estados La constitución del imperio fue aprobada el 18 de enero de 1871, muy similar
a la Constitución que ya poseía la Confederación de Estados Alemanes Norteños, una de las
federaciones que compusieron el Imperio. Fue imperialista y federalista a la vez, ya que,
aunque daba poder a un káiser (emperador) y a un Gobierno unitario en las competencias
de defensa, relaciones exteriores, comercio, aduanas, finanzas centrales y moneda. Además
garantizaba al emperador una gran libertad de acción. Las decisiones del monarca jugaron
con los diversos órganos asesores, como las funciones civiles imperiales, militares y
navales importantes del gabinete.Sin embargo, la Constitución del II Reich era también
parcialmente liberal, debido a que constaba en ella un sistema bicameral (Bundestag y
4
BAÑO LEÓN, José María. Las autonomías territoriales y el principio de uniformidad de las condiciones de
vida. Editorial Instituto Nacional de Administración Pública. México .1988.
5
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930

7. Bundesrat), y, en cada una de las distintas comunidades (ducados, reinos...) una Cámara de
los Señores (Herrenhaus) y una Cámara Federal (Landtag).6
Finalizada la primera guerra mundial y firmada el pacto de Versalles que desfavoreció en
muchos puntos a Alemania, se decidió formar la república de Weimar en febrero de 1919,
tras la abdicación del entonces emperador Guillermo II y las revueltas del pueblo alemán
en contra de la monarquía. LaConstitución, se discutió de febrero a julio, y fue aprobada el
31 de julio de 1919 por 262 votos a favor y 72 en contra (socialistas independientes,
liberales y nacionales). Rebosaba por sus cuatro costados el espíritu de concordia y mutuo
entendimiento, y como tal, la indefinición y ambigüedad. En Weimar no se instauró un
Estado nuevo, sino que simplemente se dio al Deutsche Reich (que incluso conservó tal
denominación) una nueva forma de estado, que fue la republicana.7
Asísurgió la republica
cuyo el primer presidente fue Federico Ebert elegido en 1919
Las deliberaciones sobre la Constitución en la comisión yen el pleno de la Asamblea
Nacional no pueden ser expuestas y analizadascon detalle aquí. Baste con esbozar
brevemente algunos de los problemas fundamentales y de los acontecimientos más
importantes,dando al tiempo una visión de conjunto sobre la estructura y el contenido de la
Constitución. En dicha constitución tuvo influencias de la carta de derechos británicos, la
declaración universal de los derechos humanos dadas en la revolución francesa y las diez
primeras enmiendas de la constitución de EE.UUlas luchasde la primavera en Alemania
Central, en Berlín y en la región" delRuhr ejercieron una influencia inmediata sobre las
deliberacionesacerca de los artículos de política económica y social de la Constitución.8
Se compuso de 181 artículos con la una estructura de dos partes
La parte primera hablaba acerca de la administración y organización del mismo estado
alemán , done destaca el artículo 48, que ha sido diversamente juzgado, según se
consideren los primeros o los últimos años de la república, como un precedente peligroso o
un eficaz pararrayos en el camino hacia una deriva autoritaria9
La segunda parte de la constitución de Weimar estaba dedicada a los “derechos y deberes
fundamentales de los alemanes”, entendiendo por derechos no sólo los políticos, sino
también los sociales (origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado y
reconoció los derechos de los trabajadores)
6
“GRAN HISTORIA UNIVERSAL”. Editorial LAROUSSE-1999
7
DÍAZ ESPINOSA, José “Sociedad y cultura en la República de Weimar: el fracaso de una ilusión”-1994
8
Reinhard Rürup, “Génesis y fundamentos de la constitución de Weimar”-1992
9
Pirennes Jacoves –historia universal -1963

8. Su estructura original se compuso de la siguiente forma
PREAMBULO
PARTE PRIMERA
Organización y atribuciones del Imperio
 SECCION PRIMERA(19 artículos)
 SECCIÓN SEGUNDA(21 artículos)
El Reichsrat
 SECCIÓN TERCERA(19 artículos)
El Presidente y el Gobierno del Imperio
 SECCIÓN CUARTA(8 artículos)
La legislación en el Imperio
 SECCIÓN QUINTA(10 artículos)
La administración del Imperio
 SECCIÓN VI(24 artículos)
La administración de justicia
 SECCIÓN VII(8 artículos)
PARTE SEGUNDA
Derechos y deberes fundamentales de los alemanes
 SECCIÓN I(10 artículos)
La persona individual
 SECCIÓN II(16 artículos)
La vida social
 SECCIÓN III(7 artículos)
Religión y confesiones religiosas
SECCIÓN IV (9 artículos)
Educación y enseñanza
 SECCIÓN V(15 artículos)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES: (16 artículos)
III. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL
FORMA DE ESTADO

9. La constitución de Weimar dispuso que la naciente república se convirtiera en un estado
federal según lo habla el artículo 2: El territorio del Imperio se compone de los territorios
de los Países alemanes (…)10
La constitución de Weimar en pocas palabras fue federal, parlamentaria y democrática.
 Federal: convirtió al viejo imperio alemán en una república federal con nueve
estados
 Parlamentaria: estaba conformado por el Reichsrat o asamblea nacional que era el
poder legislativo alemán
 Democrática el pueblo por elecciones elegía a su presidente por un periodo de siete
años
Se componía de 18 estados o países11
:
• Anhalt
• Badem
• Baviera
• Brunswick
• Hesse
• Lippen
• Mecklemburgo-Schwerin
• Mecklemburgo-Strelitz
• Oldenburgo
• Prusia
• Sajonia
• Schaumburg-Lippe
• Thuringen
• Waldeck
• Württemberg
• Sajonia
• Bremen
• Hamburgo
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
10
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930
11
Durante todo el tiempo de la República se hicieron solamente cinco modificaciones territoriales, de las cuales sólo la
agrupación de los pequeños estados de Turingia era de algún interés

10. Su nombre oficial no es el de “Constitución de Weimar”, como ha pasado a la historia
en virtud de la ciudad donde se celebró la Asamblea Nacional constituyente, sino el de
“Constitución del Reich Alemán” (“Verfassung des Deutschen Reiches”), llevando la
fecha de 11 de agosto de 1919. Ya para empezar, su preámbulo, aunque muy
poéticamente redactado, no se ajusta a la realidad jurídico-política de la Alemania de
aquellas fechas; “El pueblo alemán, unido en sus orígenes, e imbuido por la voluntad
de renovar y afianzar su Nación (Reich) en libertad y justicia, sirviendo a la paz
interior y exterior y fomentando el progreso social, se ha dado esta Constitución”.
Desde luego, el pueblo alemán en 1919 no estaba unido ni siquiera en sus orígenes,
pues precisamente las potencias vencedoras habían decidido un nuevo trazado de las
fronteras de los países vencidos. Quedaban fuera del Reich (de la Nación) parte
importante de los territorios de Schleswig-Holstein, Memel, Prusia Oriental, Silesia,
Sudetes, aparte, naturalmente de Alsacia – Lorena, ya en poder de Francia. Incluso, por
el artículo 428 del Tratado de Versalles se imponía la ocupación militar aliada de la
zona del Rhin. De las imposiciones del Tratado de Versalles, eran perfectamente
conscientes los redactores de la Constitución Alemana (“RV” o “WV” se le suele
denominar como abreviatura de “Reichverfassung” o de “Weimarer Verfassung”), ya
que si bien el artículo 4 sólo de forma genérica, aunque vinculante (“bindende
Bestandtelie”), incorpora al Derecho alemán “las normas generales del Derecho
Internacional público, conocidas como tales, en el apartado de disposiciones finales y
transitorias” de la Constitución se incluye el artículo 178 donde claramente se indica
que “las disposiciones del Tratado de Versalles no se verán afectadas por la
Constitución”.
Un ejemplo claro del rango supra-constitucional del Tratado de Versalles lo tenemos
en el caso del artículo 61.2 (nos encontramos ante la misma situación que en 1949),
donde se expresa que “Austria alemana (“Deutschösterreich”) después de su anexión
al Reich Alemán, tendrá derecho a participar en el Senado (“Reichsrat”) con el
número de votos correspondiente a su población, teniendo hasta entonces los
representantes de Austria-alemana voto consultivo”. La reacción de las potencias
aliadas no se hizo espera. El día 2 de septiembre de 1919, Clemenceau, en nombre de
las potencias aliadas y asociadas dirige un escrito al Presidente del Reich en el que le
indica que este artículo 61 constituye una “violation formelle” del artículo 80 del
Tratado de Versalles .En consecuencia Clemenceau advierte en forma de “ultimátum”
al Gobierno alemán de que si en el plazo de 15 días no han declarado nulo el citado
precepto, las potencias aliadas en virtud del artículo 429 del Tratado de Versalles se
verían obligadas a ordenar inmediatamente la ampliación de su zona de ocupación a la
margen derecha del Rhin. La respuesta del Gobierno alemán fue inmediata. El día 5 de
septiembre y aun cuando dejan bien patente su enojo ante la amenaza (“El gobierno
alemán no puede, pues, ver en la amenaza de tal medida más que un acto de violencia
profundamente lamentable”), no tienen más remedio que claudicar y rectificar: “El
gobierno alemán declara que las disposiciones del artículo 61.2 quedan en letra

11. muerta” Días más tarde, el 22 de septiembre, firma el protocolo por el cual se reconoce
que este precepto, por ser contrario al Tratado de Versalles, carece de validez.
En cuanto al artículo 1º, contiene una contradicción en sus propios términos, pero que
los “Padres de la Patria” decidieron que debía ser así a pesar de todo, porque de un lado
el nuevo régimen quería convertirse en República , pero de otro lado querían seguir
conservando el antiguo nombre de “Imperio” (“Reich”) y no denominarse “República”
aunque formalmente lo fuera. Por ello, el art. 1 proclama: “El Imperio (“Reich”)
alemán es una República”). Ese mismo artículo deja sentado un principio doctrinal
jurídico-político de primera magnitud: “Die Staatsgawalt geht vom Volke aus” (El
poder – del Estado – procede del pueblo). No obstante, para evitar posibles
demagogias, o equívocas interpretaciones, con muy buen criterio los redactores de la
explican en el artículo 5 quién o quiénes ejercen en realidad ese poder político: “los
órganos del Reich”.
2. RASGOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR
Siguiendo el esquema ya clásico de Carl Schmitt, en la Constitución de Weimar se
pueden encontrar los siguientes enfoques o rasgos fundamentales, si bien,
entremezclados:
a) Principio de sistema parlamentario. (Cuando el mayor peso del poder reside en el
Parlamento).
b) Principio del sistema partitocrático (“Kanzler – System” en expresión de Carlos
Schmitt), cuando el mayor peso del poder reside en el partido mayoritario en el
Parlamento, a través de la figura de su líder, que se convierte en Canciller (en los
artículos 53, 55, 56 y 58).
c) Principio del sistema colegiado (“Kabinettssystem”), (Cuando el mayor peso del
poder reside en el Gobierno o Consejo de Ministros colegiado).
d) Principio del sistema presidencialista (“Präsidentielles System”), en sus artículos
25, 41, 53, 73 (Cuando el mayor peso del poder político radica en la figura del
Presidente, del Jefe del Estado).
3. PODERES DEL PRESIDENTE DEL REICH EN CASO DE EMERGENCIA
Algunos tratadistas e historiadores creen ver en que el artículo 48 Constitución de
Weimar la “cuerda floja” con la que se ahorcó el régimen de Weimar. Y
categóricamente ha de aseverarse que no fue así. Tratemos de analizarlo no sólo desde
una perspectiva histórica sino también jurídico – política. Si leemos con detenimiento
el citado artículo, veremos en realidad, que enlaza con el artículo 47 relativo al poder
que ejerce el presidente del Reich sobre las Fuerzas Armadas (art. 41: “El Presidente
del Reich detenta el mando supremo de todas las Fuerzas Armadas del Reich”), ya que
en el primer párrafo del artículo 48 se indica que podrá, con ayuda de la fuerza armada
intervenir cuando un Land no cumpla los deberes impuestos por la Constitución o por
las Leyes. El segundo párrafo de este mismo artículo vuelve a decirnos que el
presidente del Reich podrá intervenir con ayuda de la fuerza armada, cuando se haya
perturbado gravemente la seguridad y el orden público. Así, en su condición de

12. comandante supremo de las Fuerzas Armadas (art. 47), el artículo 48 de la
Constitución de Weimar prevé lo que, en casos graves o de emergencia, podría ordenar
el presidente del Reich. En este caso, no regirá lo previsto en el artículo 50
(“precisará para su validez el visto bueno del canciller o del ministro
correspondiente… todas las órdenes y disposiciones del presidente del Reich… auch
solche auf dem Gebiete der Wehrmacht; “incluso las relativas al campo de las
Fuerzas Armadas), máxime cuando el artículo 48 ya prevé que sean medidas
provisionales, derogables por el Reichstag si lo creyese conveniente o cuando lo crea
conveniente.
No obstante mi interpretación, algunos suelen fijarse más bien en el poder legislativo
especial del Presidente del Reich en estos casos de emergencia, ya que de acuerdo con
el párrafo 2 del artículo 48, éste podía suspender provisionalmente los derechos
fundamentales fijados por los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153 de la
Constitución. Sin embargo, el párrafo tercero del artículo 48 imponía al Presidente del
Reich la obligación de informar inmediatamente al Reichstag de las medidas al amparo
del citado precepto, ya que quedarían sin efecto si así lo exigiera el Reichstag. Al
comparar este art. 48 Constitución de Weimar con otras legislaciones más modernas
relativas a medidas de emergencia, observo que la Constitución de Weimar no se
excedió en lo más mínimo, pues reunía todas las garantías jurídicas necesarias.
Desde un enfoque histórico – político, por su aplicación práctica, y en concreto cuando
fue utilizado el 28 de febrero de 1933 por el Presidente Hindenburg, con motivo del
incendio del Reichstag, quienes intentan reprochar al artículo 48 en general y al
Presidente P. von Hindenburg en particular, la existencia del régimen de Hitler, parece
que quieren ignorar, o verdaderamente ignoran, que la decisión no fue simplemente del
Presidente, sino compartida plenamente cuando menos por el Canciller y sus 288
diputados parlamentarios, representando a su vez a 17.5 millones de alemanes. Si
pensamos además que en la adopción de esta medida, no estaban solos el Presidente
Hindenburg y el NSDAP, podríamos agregar más diputados y más millones de
alemanes a las cifras anteriores. Entonces, estamos no ante un equilibrio de poderes
contrapuestos, sino ante la conjunción de ambos poderes en un mismo objetivo. Y esto
por supuesto no está prohibido por ninguna Constitución.
4. PODERES DEL PRESIDENTE DEL REICH EN MATERIA DE DERECHO
INTERNACIONAL
Según el artículo 45 de la Constitución de Weimar, el Presidente del Reich
representaba jurídicamente a la Nación, pudiendo firmar tratados y convenios con
potencias extranjeras. Sin embargo, se hace la salvedad (art.45.3) de que aquéllos que
se refieran a materias (jurisdicción del Reich), precisarán de la aprobación del
Reichstag.
5. PODERES DEL PRESIDENTE DEL REICH EN MATERIAS
ADMINISTRATIVAS
Llegamos al artículo 46, por el cual el Presidente del Reich puede nombrar y destituir

13. a los “oficiales y funcionarios del Estado”. Sin embargo, comoquiera que luego añade
“en tanto no se esté regulado por Ley de otro modo”, hay que pensar racionalmente que
estos poderes no son tan amplios como podría parecer a una primera vista, y que se
reduce al nombramiento y cese de “altos funcionarios” de la Administración, que
enlaza directamente con la acreditación de embajadores (art. 45). Pese a todo ello, ya
de por sí reviste gran importancia. Si se compara con sistemas como el británico,
vemos cómo el papel de la Reina (el Jefe del Estado) es similar, pero con una gran
diferencia: la reina realiza los nombramientos y los ceses a propuesta del primer
ministro. En la Constitución de Weimar, sin embargo, no existe tan importante
condicionamiento.12
El art. 45 también limita los poderes del Presidente del Reich en decisiones tan
importantes como la declaración de guerra y los acuerdos de paz, que requieren la
promulgación de una Ley, del mismo modo que el artículo 49 le autoriza la concesión
de indultos (“Begnadigungsrecht”), pero ese mismo artículo especifica que las
amnistías requerían ser aprobadas por una ley del Reich.
6. JURAMENTO DEL PRESIDENTE DEL REICH
El artículo 42 de la Constitución de Weimar obliga al Presidente del Reich a prestar
un juramento (“Juro dedicar mis fuerzas en el bien del pueblo alemán; aumentando su
beneficio; evitando perjuicios; guardando la Constitución y las leyes; cumpliendo a
conciencia mis obligaciones y que me comportaré con justicia respecto a
todos”).Juramento que ha de hacerse antes de su toma de posesión del cargo,
autorizando expresamente a incluir, si lo desea, una invocación religiosa (“Die
Beifühgung einer religiösen Beteuerung ist zulässig”).
7. EQUILIBRIO DE PODER ENTRE AMBAS CÁMARAS (REICHSTAG Y
REICHSRAT)
En el sistema bicameral previsto en la Constitución de Weimar, la institución del
Reichstag (Congreso) está regulada en el artículo 20 al 40, y la del Reichsrat (Senado)
en los artículo 60 al 67. En relación con ambas cámaras, se establece el
funcionamiento del equilibrio de poder entre ellas, e incluso entre los propios grupos
parlamentarios. Por ejemplo, el artículo 72 determina que a pesar de lo previsto en el
artículo 71 (que las leyes entraran en vigor 14 días después de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial del Reich, si no se dispone lo contrario), un tercio de
los componentes del Reichstag pueden solicitar que se suspenda la publicación de una
ley por un plazo de dos meses, a no ser que haya sido considerada como “urgente” por
el Reichstag y el Reichsrat. En cuanto al poder del Senado a oponerse a la
promulgación de una Ley, el artículo 74 determina que podrá hacerlo, dentro del plazo
de dos semanas después de haber sido aprobada en el Reichstag. En este caso, el texto
12
Este papel del Presidente del Reich tuvo su importancia bajo el régimen de Hitler en el período en que todavía ejerció
su cargo Hindenburg, ya que en la depuración del funcionariado, dirigido hacia los judíos, el Presidente Hindenburg se
erigió en irreductible protector de todo judío que hubiese sido ex-combatiente de la Primera Guerra Mundial, a lo que
Hitler no pudo por menos que ceder.

14. de la ley será sometido de nuevo a la consideración del Reichstag. Si no se aviene el
Reichstag a aceptar las sugerencias del Reichsrat, el Presidente del Reich puede, si lo
estima conveniente, convocar un referéndum sobre el punto o puntos objeto de
discrepancia entre ambas cámaras. Si no lo hiciera, se considerará válida la objeción o
veto del Senado y, en consecuencia, la ley no podrá ser promulgada, a no ser que el
Reichstag, por mayoría de dos tercios, se haya pronunciado en contra de la objeción del
Senado. En este caso, el Presidente del Reich en el plazo de tres meses tiene que optar
por una de estas dos soluciones: 1) promulgar la ley según el texto aprobado por el
Reichstag, y rechazado por el Senado; ó 2) disponer la convocatoria de un referéndum.
Hay que llamar la atención sobre un hecho; el legislador en un intento de perfeccionar
el sistema, todavía ha previsto una garantía más, y así el artículo 75 manifiesta que
para poder derogar por el sistema de referéndum una norma aprobada por el Reichstag,
es necesario que haya participado en el mismo la mayoría del electorado.
8. DERECHO DEL REICH Y DERECHO DEL LAND
El artículo 13 incluye la frase “Reichsrecht bricht Landrecht” (El Derecho del Reich
rompe el Derecho del Land). Parece una verdadera “perogrullada” decir que el derecho
establecido reconocido a nivel nacional está por encima del derecho “territorial” a nivel
provincial; pero algo tan sencillo parece sin embargo no ser comprendido en otros
sistemas (Compárese con el “Estado de las autonomías” creado por la Constitución
española de 1978; pero no nos desviemos de la cuestión). El estado descentralizado en
“Lander” previsto en la Constitución de Weimar establecía dos niveles de poder
legislativo; el Parlamento del Reich y el Parlamento del Land; el Gobierno del Reich y
el Gobierno del Land, etc. E incluso por los artículos 6 y 7 se relacionaban las materias
específicas que eran competencia del Reich. Pese a esta clara divisoria, el artículo 13
ayudaba a comprender la posibilidad derogatoria, sin discusión, de las normas dictadas
del Reich sobre las del Land.
9. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ALEMANES. (ARTS.
109 – 165)
Estos artículos se comprenden en cinco apartados:
1) El individuo
2) la vida en comunidad
3) religión y sociedades religiosas
4) formación y escuela
5) economía
Están tan magníficamente redactados que el legislador de 1.949, al elaborar la Ley
Fundamental de Bonn, los recogió íntegros en el nuevo texto los artículos relativos a
“Religión y sociedades religiosas” (con ciertas modificaciones, como la que establecía

15. (art. 140 que se concedía a los miembros de las FFAA el tiempo libre necesario para el
cumplimiento de sus obligaciones religiosas). El principal artífice de la Constitución
de Weimar, el profesor Dr. Hugo Preuss señaló que al recoger esta larga lista de
derechos fundamentales, independientemente de que muchos de ellos ya estuviesen
recogidos en el derecho alemán existente, había sido una especie de homenaje hacia la
obra de la “Paulskirche de Frankfurt” (Iglesia donde se reunieron en 1848 los Padres de
la Patria para constituir el Reich Alemán). Carl Schmitt por su parte, y en relación con
estos derechos, establece una división entre:
a) Derechos del individuo aislado
b) Derechos del individuo en relación con otros individuos
c) Derechos del individuo como ciudadano (“Staatsbürger”- ciudadano del Estado)
d) Derechos del individuo en su servicio (Leistungen).
10. ESTADO E IGLESIA
El art. 137 declara expresamente que no existe una iglesia oficial del Estado (“Es
besteht keine Staatkirche”). Sin embargo, bajo el régimen de Hitler, y vigente la
Constitución de Weimar (al menos formalmente) se intentó constituir la “Iglesia del
Reich”, con el nombramiento de “Obispos del Reich” (por ejemplo, el 27 de
septiembre de 1.933 en la histórica ciudad luterana de Wittenberg fue nombrado
“Riechsbischof” el pastor Ludwig Müller en un “Sínodo nacional evangélico alemán”)
En un intento de legalizar todo, elevándolo incluso a rango constitucional, el artículo
139 establece que “el domingo y los días reconocidos oficialmente como festivos
quedan protegidos legalmente como días de descanso laboral”, y luego añade una
frase verdaderamente curiosa “… y de la elevación del alma” (“… und der seelischen
Erhebung”). Con ello lo que parece querer establecer la Constitución es que los
domingos no sólo son días de descanso laboral, sino que además literalmente son el día
del Señor; el día para elevar el alma a Dios. Esto me parece más digno de reseñar en
tanto que la Asamblea que la aprueba era de mayoría socialista (163 escaños del SPD
frente a los 91 del partido católico, el Zentrum), y el Presidente del Reich que firma la
Constitución también es un socialista: Friedrich Ebert.
11. ECONOMIA
Los principios o líneas directrices de carácter socio – económico se establecen en los
artículos 151 al 165. Creo que si se leen detenidamente nos resultará verdaderamente
increíble que hayan sido redactados en 1919, por la altura de sus objetivos, su
magnífica estructuración y su magistral redacción. En primer lugar se consagran los
principios de economía de libre mercado, en una sociedad democrática. Sin embargo,
lejos de consagrar el liberalismo decimonónico, todavía imperante en la época,
establece una primacía de los valores sociales y personales. Por ejemplo, el artículo
151 determina que el objetivo del ordenamiento de la vida económica es garantizar una
existencia digna del ser humano (“die Gewährleistung eines menschenwürdiges

16. Daseins”), por lo que habrá de ajustarse a los “principios de Justicia” (den
Grundsätzen der Gerchtigkeit”), y añadiendo que la libertad económica del individuo
habrá de garantizarse dentro de esos límites. El segundo párrafo de este mismo artículo
151, es a mi modo de entender, todo un modelo de redacción jurídica estableciendo o
conjugando el principio de libertad económica condicionado su función social (en tan
sólo 15 palabras). En él se compromete el Estado a no intervenir más que en defensa de
“derechos amenazados” o al “servicio de las exigencias supremas del bien común”.
Esta misma exigencia se ve, redactada casi en forma de “slogan” político al final del
artículo 153 “Propiedad obliga (Eigentum verpflichet). Su utilización debe servir al
mismo tiempo para el bien común.
IV. RELACIÒN ENTRE PODERES
PODER EJECUTIVO
Artículo 41
El Presidente del Imperio será elegido por el pueblo alemán entero.
Es elegible todo alemán mayor de treinta y cinco años Una ley del Imperio regulará los
detalles13
Artículo 43
“El cargo de Presidente del Imperio dura siete años, siendo posible la reelección
Antes de que expire este plazo, el Presidente del Imperio, a propuesta del Reichstag, puede
ser depuesto mediante el voto popular. El acuerdo del Reichstag requiere mayoría de dos
Tercios, y una vez adoptado, cesará el Presidente en el ejercicio de su función. Si la
propuesta de destitución es rechazada por el voto popular, se entenderá que ello equivale a
una reelección del Presidente, y el Reichstag quedará disuelto como consecuencia. El
Presidente del Imperio no puede ser sometido a procedimiento penal sin el consentimiento
del Reichstag.14
”
Estaba compuesto por un presidente elegido por un periodo de siete años por el pueblo
alemán entre sus funciones principales:debía representar a éste (imperio alemán) en las
relaciones internacionales y nombrar y separar a los funcionarios civiles y militares yel
derecho de gracia (amnistía)Este a la vez tenía el mando supremo de todas las fuerzas
defensivas del mismo estado.A propuesta del Reichstag, podía ser depuesto mediante el
voto popular15
.
13
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930
14
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930
15
REINHARD Rürup, “Génesis y fundamentos de la constitución de Weimar”-1992

17. Artículo 59
“El Gobierno del Imperio se compone del Canciller y los Ministros16
”
También se componía de un consejo de ministros presididos por un canciller quien tenía el
poder de nombrar y separar ministros, a la vez necesitaban contar con el apoyo del
Reichsrat quien les daba voto y confianza la función principal del canciller del imperio
era de fijar las líneas generales de la Política y responde de ellas ante elReichstag.
Articulo 48
(…)”Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden
públicos en el Imperio, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el
restablecimiento delos mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada.
Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales
fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 Y 153.17
”(…)
El residente en casos de suma emergencia podía tomar ciertas medidas, sin consultar al
Reichstag incluso sin respetar los derechos que también establecía dicha constitución a los
ciudadanos, también podía nombrar a los cancilleres un poder absoluto.18
PODER LEGISLATIVO
Artículo 60
“Para la representación de los Países alemanes en la legislación y la administración del
Imperio se establece un Reichsrat19
”
Anteriormente ya existía un parlamento, este era elegido por el pueblo, aunque con
distintos grados de poder. El entonces Imperio era una autocracia en la que el Reichstag era
elegido por sufragio universal. Durante la república de Weimar En el Reichsrat cada País
tiene por lo menos un voto. En los Países mayores, corresponde un voto por cada 700.000
habitantes. Sus sesiones eran públicas. Para la discusión de ciertos asuntos, podrá
acordársela sesión secreta en la forma que determine el Reglamento.
16
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930
17
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930
18
Eso lo hizo el presidente Paul von Hindenburg en 1930 para ocuparse de la crisis económica de la época. En 1933,
nombró a Adolf Hitler como canciller, tras lo cual este tomo el poder y estableció una dictadura. Este fue el fin de
la República de Weimar y el inicio del Tercer Reich.
19
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR-ibidem

18. Los acuerdos se tomaban a pluralidad absoluta de votos.A partir de 1930, el Reichstag fue
prácticamente eludido gracias al uso que el Presidente Paul von Hindenburg hizo de los
extensos poderes que la constitución le otorgaba
PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 101
“Los jueces son independientes y no están sometidos más que a la ley”.
Artículo 103
“La jurisdicción ordinaria se ejercerá por el Tribunal del Imperio y los Tribunales de los
Países” (…)20
La justicia en la república de Weimar estaba compuesta por jueces que eran nombrados de
por vida y No podrán contra su voluntad ser privados definitiva o temporal de sus cargos, ni
trasladados a otro puesto
Cada estado se componía de un tribunal para la protección de los particulares contra las
órdenes y disposiciones de las autoridades administrativas. Éstos Tribunales se crearon con
arreglo a la ley fiara el Imperio alemán.
V. FUENTES DEL DERECHO
En cuanto a la constitución podrá ser reformada por vía legislativa; pero para que prosperen
las resoluciones del Reichstag modificativas de la Constitución, se necesita que estén
presentes dos tercios del número legal de sus miembros y que aprueben la medida dos
tercios, por lo menos, de los presentes. Todos los acuerdos del Reichsrat para la reforma de
la Constitución, requerirán mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Si por iniciativa
popular hubiera de acordarse una reforma constitucional en referéndum, será necesario que
la apruebe la mayoría de los electores con derecho a votar según lo anuncia el artículo 76.
Los alemanes plasmaron sus principales reivindicaciones sociales en su constitución,
aunque esta no haya tenido vigencia por la asunción al poder de Hitler en agosto de 1932
como canciller, que se constituyó así como base del constitucionalismo social, basándose
20
LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Editorial Athenaeum-1930

19. en los ideales de la revolución mexicana, esta inspiraría a la constitución peruana de 1933 y
a la austriaca de 1920 con Hans Kelsen y su pirámide normativa.
El poder legislativo tiene un sistema bicameral. Equilibrio de poder entre ambas cámaras
(Reichstag y Reichsrat). En el sistema bicameral , la institución del Reichstag (Congreso)
está regulada en el artículo 20 al 40, y la del Reichsrat (Senado) en los artículo 60 al 67.
Basándonos en la constitución de Weimar, del imperio alemán o del Reich específicamente
en el titulo quinto, donde nos habla específicamente de la legislación del Reich.
Art. 68
Los proyectos de Ley serán presentados por el Gobierno del Reich o por los miembros del
Reichgstag.
Las Leyes del Reich son aprobadas por el Reichstag.
Comparándolo con la nuestra constitución política de 1993, en el titulo cuarto, capítulo
tercero. La presentación por el Gobierno de proyectos de ley, exige el consentimiento del
Reichsrat. Sino hay acuerdo entre el Gobierno y el Reichsrat, aquél podrá, de todos modos,
presentar el proyecto Si el Reichsrat formulaba un proyecto de ley que no aceptara el
Gobierno, habrá éste de presentarlo al Reichstag, exponiendo su parecer.Posteriormente el
Presidente del Imperio tiene que promulgar las leyes constitucionalmente votadas, y
publicarlas dentro del plazo de un mes en la Gaceta legislativa del Imperio y entraban en
vigor a los catorce días de haberse publicado. A la vez La publicación de una ley de
Imperio se suspenderá por dos meses cuando lo pida una tercera parte del Reichstag21
.
Art. 107
El presidente de la república y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación
de las leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que le sean propias a otras materias del
estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales.
Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a la ley.
Pero con la diferencia de que en nuestra carta magna también lo pueden hacer las
instituciones autónomas, los municipios y los colegios profesionales.
En ambos artículos vemos esencialmente que la iniciativa legislativa le corresponde al
presidente de la república y al congreso. Pero también puede ser ejercida por los
ciudadanos de acuerdo a la ley.
21
DÍAZ ESPINOSA, José “Sociedad y cultura en la República de Weimar: el fracaso de una ilusión”-1994

20. “La iniciativa legislativa es el acto mediante el cual se da origen al proceso de elaboración
de una ley. Es por ello que existe lo que la teoría constitucional clásica reconoce como
derecho de iniciativa, que -de manera general- es potestad del Presidente de la República y
de los congresistas. Maurice DUVERGER sostiene que la iniciativa, en sentido estricto,
consiste en el derecho de depositar un texto -de ley, de resolución, de presupuesto, etc.-
para que sea discutido y votado por el Parlamento”.22
Art. 69
La presentación por el Gobierno de proyectos de Ley, exige la conformidad del Reichsrat.
Si no hubiera dicha conformidad entre el Gobierno y el Reichsrat, aquél podrá, de todos
modos, presentar el proyecto, aunque habrá de expresar al propio tiempo la opinión
disconforme del Reichsrat.
Si el Reichsrat acordase un proyecto de ley que con el que el Gobierno no estuviera
conforme, habrá éste de presentarlo al Reichstag, exponiendo su parecer.
Esto nos quiere decir que para que el presidente del Reich pueda presentar una iniciativa
legislativa necesita de la autorización del Reichsrat, pero de todos modos podrá presentarlo
y luego tendrá que explicar su opinión ante el Reichsrat, y cuando este órgano quiera hacer
lo mismo tendrá que pedir autorización al presidente del Reich, lo podrá hacer presentando
sus alegatos ante el Reichstag para expresarles su parecer.
Art. 70
El Presidente del Reich debe promulgar las Leyes aprobadas conforme a la Constitución y
publicarlas dentro del plazo de un mes en el Boletín Legislativo del Reich.
Comparándolo con la nuestra constitución política de 1993, en el titulo cuarto, capítulo
tercero.
Art. 108
La ley aprobada según lo previsto en la constitución, se envía al presidente de la república
para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el
presidente de la república, la promulga el presidente del congreso, o el de la comisión
permanente según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de
la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince
días.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la
mitad del número legal de miembros del Congreso.
“Son dos los elementos de la etapa final en la elaboración de toda ley: su promulgación y su
publicación. Es habitual en la teoría constitucional el encargar tal función a quien ejerce la
más alta responsabilidad en el Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República”.23
Pero también debemos considerar lo siguiente en nuestra carta magna:
22
DUVERGER, Maurice: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona, 1970. Ediciones Ariel
S.A., pág. 183.
23
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Constitución de 1993, análisis comparado, editorial Rao S.R.L,
Quinta edición, lima, 1999, Perú.

21. Art. 105
Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la
respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del
congreso. Tienen preferencia los proyectos enviados por el poder ejecutivo con carácter de
urgencia.
Que a diferencia de la constitución alemana de 1919, la nuestra exige antes de que sea que
un proyecto de ley vaya ser debatida en el pleno del congreso primero debe pasar por la
comisión dictaminadora, después ser aprobada por la mayoría simple de los congresistas, en
caso de ley ordinaria, y con los dos tercios de numero legal, cuando está relacionado con
alguna materia constitucional.
“El presente artículo, en su primera parte, es una innovación de la Constitución vigente.
Constituye, en rigor, un exceso reglamentarista que bien pudo ubicarse -como de hecho se
ha ubicado- en el Reglamento Interno del Congreso. Se entiende que es principio del
Derecho Parlamentario el estudio previo de todo proyecto de ley en la respectiva comisión
especializada. El dictamen a favor de esta última resulta -en teoría- el único ducto por
medio del cual puede ingresar un proyecto a discusión del Pleno”.24
Art. 71
Las Leyes del Reich entran en vigor, a menos que dispongan otra cosa, al decimocuarto día
siguiente al aquél en que se hubiera publicado el Boletín Legislativo del Reich en la capital
del Reich.
Comparándolo con la nuestra constitución política de 1993, en el titulo cuarto, capítulo
tercero.
Art. 109
La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
Vemos como en ambos artículos es necesario para que una ley entre en vigencia y así sea
obligatoria para todo el país que sea publicada, esto es pues para que los ciudadanos
conozcan dicha ley que acaba de entrar en vigor, pero a diferencia de la constitución
alemana de 1919, nuestra carta política versa que la ley está en vigencia el día siguiente de
su publicación a diferencia de la alemana que da un plazo de catorce días, pues se supone
que en ese transcurso de tiempo la ley recién promulgada y publicada, será conocida por
todos, esa era la única finalidad del tiempo determinado en el imperio de Weimar y en su
constitución.
Con respecto a nuestra carta magna:
“La publicación es el último e imprescindible trámite en la elaboración de toda ley. La
fórmula recogida por el presente artículo es una copia casi textual del arto 132 de la
Constitución de 1933. La Carta de 1979 reformó -equivocadamente a nuestro concepto- el
24
CHIRINOS SOTO, Enrique: Constitución de 1993. Lectura y Comentario. Pág 186.

22. plazo de veinticuatro horas y 10 extendió hasta el decimosexto día. Las razones que
sustentaron los constituyentes de 1978, en especial el doctor CHIRINOS SOTO, se basaban
en la imposibilidad material de difundir el diario oficial «El Peruano» por nuestro extenso
territorio”.25
Art. 72
La publicación de una Ley se suspenderá por dos meses cuando lo pida una tercera parte
del Reichstag. Las Leyes que el Reichstag y el Reichsrat declaren urgentes, pueden ser
publicadas por el Presidente sin tener en cuenta tal petición.
Este artículo nos dice que la publicación de una ley debidamente ya sancionada por el
presidente, puede ser postergada a petición de la tercera parte del Reichstag
aproximadamente 53 diputados por los motivos que tendrán que exponer al presidente del
Reich. También pueden ser publicadas las leyes que el Reichstag o el Reichsrat declaren
urgentes sin tener en cuenta lo anterior ya mencionado.
En nuestra constitución actual no existe ninguna norma constitucional que disponga lo
mismo o algo similar a lo expuesto anteriormente.
Art. 73
Las Leyes aprobadas por el Reichstag han de someterse a votación popular antes de su
publicación, cuando así lo acuerde el Presidente del Reich en el plazo de un mes.
Una Ley cuya publicación se haya suspendido a instancia de, por lo menos, una tercera
parte del Reichstag, habrá de ser sometida a votación popular cuandolo solicite una
vigésima parte de los electores.
También ha de convocarse una votación popular cuando una décima parte de los electores
ejercite la iniciativa legislativa popular. A la iniciativa popular ha de servir de base un
proyecto de Ley ya redactado. El Gobierno lo presentará al Reichstag, exponiendo su
parecer. La votación popular no se verificará, si el proyecto de Ley así iniciado es
aprobado sin modificación por el Reichstag.
Sobre el Presupuesto, Leyes tributarias y normas reguladoras de los sueldos sólo el
Presidente del Reich, puede convocar la votación popular.
Una Ley del Reich regulará el procedimiento para llevar a cabo la votación popular así
como la iniciativa legislativa popular.
Estos puntos referentes a la intervención directa del pueblo en la creación y promulgación
de las leyes que regirán el imperio-república:
El primero; nos dice que los proyectos aprobados por el Reichstag que el presidente del
Reich, juzgue conveniente serán sometidos a votación popular, esto quiere decir consulta
popular sobre la promulgación o no de dicha ley sometida a consulta, antes de su
publicación en el boletín legislativo.
25
CHIRINOS SOTO, Enrique: La nueva Constitución al alcance de todos. Editorial Andina. Lima, 1979, p.
205.

23. El segundo; cuando fue postergada la promulgación de una ley, por acción de la tercera
parte del Reichstag, los ciudadanos agrupados en la vigésima parte de los electores puede
solicitar someter a votación popular la promulgación inmediata de esa ley.
El tercer; también cuando la décima parte de los electores ejercite la iniciativa legislativa, a
través de un proyecto de ley, tendrá que convocarse a votación popular su aprobación,
siempre y cuando si el Reichstag modifique algo del proyecto enviado por el gobierno
después de haberlo recibido del pueblo alemán en su décima parte.
Cuarto; cuando refiere a materia tributaria y sueldos presidente puede convocar a votación
dicho aspecto, pues este tiene la función de proteger a su pueblo, a su país y de eso modo
las riquezas de cada uno de los alemanes por; ello es incongruente mellar su economía con
disposiciones arbitrarias y que van en contra de sus intereses.
Todos estos procesos electorales deberán ser reglamentados y regulados por el presidente
del Reich en el plazo de un mes. Él dispondrá medidas que permitan realizar una votación
popular, segura y justa.
Con respecto a nuestra constitución política de 1993:
Art. 32
Pueden ser sometidas a referéndum:
Referéndum: “En lo político, según Posada, se denomina referéndum la función del
sufragio por virtud de la cual éste interviene en la adopción definitiva de las leyes
ejerciendo como una especie de prerrogativa de veto y sanción análoga en su alcance a la
corriente atribuir a los jefes de estados constitucionales”.26
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos
fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los
tratados internacionales en vigor.
“Es un artículo instrumental para definir los alcances que tiene el referéndum en el sistema
constitucional peruano. Esta definición puede abarcar dos grandes aspectos:
 El primero, tratado en el dispositivo, es el de las materias que abarcará. Se entiende
que no podrá utilizarse el referéndum para asuntos no contemplados, o
expresamente prohibidos.
 El segundo, no tratado, son los aspectos procesales que consisten en cómo se
convoca y con qué requisitos. No es un problema menor pues la iniciativa del
referéndum es movilizadora y da eventualmente mucho poder. El vacío ha sido
cubierto por la Ley N° 26300, que es de desarrollo constitucional. Es ella la que
precisa que el derecho de referéndum al que se refieren los artículos 31 y 32 de la
Constitución, corresponde a los ciudadanos; son ellos los que libremente se
26
OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial claridad, primera
edición, 1986. Buenos Aires, Argentina.

24. organizan para obtener la conformidad del 10% del electorado nacional como
solicitantes del referéndum, el mismo que procede si se ajusta a los temas
autorizados por el art 32 de la Constitución. Conviene aclarar que la Carta sólo se
refiere dos veces más al referéndum: en el art. 290, sobre conformación de regiones
y en el art. 206, para autorizar la ratificación de la reforma de la Constitución. Fuera
de estos casos, no aparece en el texto constitucional autorización expresa al
Legislativo o al Ejecutivo para que tenga iniciativa de referéndum.”27
Art. 74
Corresponde al Reichsrat el derecho de veto contra las Leyes aprobadas por el Reichstag.
El veto deberá presentarse al Gobierno dentro de las dos semanas siguientes a la votación
definitiva en el Reichstag, y habrá de ser fundamentado a más tardar, dentro de otras dos
semanas.
Caso de veto, la Ley será sometida a nueva votación del Reichstag. Si con ello no se
obtiene el acuerdo entre el Reichstag y el Reichsrat, el Presidente del Reich puede
convocar, en un plazo de tres meses, una votación popular relativa al objeto de la
discrepancia. Si el Presidente del Reich no hiciese uso de esta prerrogativa, se entenderá
desechada la Ley. Si el Reichstag hubiese aprobado la Ley por mayoría de dos tercios,
contra el veto del Reichsrat, el Presidente tendrá que acordar en el plazo de tres meses la
publicación de la Ley en la forma votada por el Reichstag o convocar una votación popular.
El Reichsrat (una especie de cámara de senadores) puede ejercer su derecho a voto en
contra de las leyes aprobadas en el Reichstag (una especie de cámara de diputados), y este
deberá ser presentado al gobierno en un plazo de dos semanas siguientes a la votación
definitiva del Reichstag y además deberá ser fundamentado su pedido en un plazo de dos
semanas después de haber ejercido su derecho a voto.
El Reichsrat tiene la potestad para vetar las leyes que contravengan los intereses de las
personas que representan, cada estado tiene derecho a un voto por el Reichsrat, por ello
estos protegen a los estados que representan y cuando ven una ley que ha sido aprobada y
va en contra de su estado interponen su derecho a veto.
Luego de esta acción la ley será sometida una vez más en el Reichstag y de no ponerse de
acuerdo con el Reichsrat, el presidente del Reich convocara a consulta popular dicha ley,
que genera discrepancia y de no hacerlo la ley será desechada. Y si el Reichstag aprueba
dicha ley en los dos tercios contra el Reichsrat, el presidente deberá convocar a votación
popular en un plazo de tres meses.
En este caso podemos ver como existe una especie de procedimiento constitucional cuando
se refieren al veto de una ley por parte del Reichsrat, todo lo que se deberá hacer y los
plazos en los cuales se harán.
Art. 75
Un acuerdo del Reichstag sólo podrá quedar sin efecto en virtud de una votación popular
cuando en ésta tome parte la mayoría de los electores.
27
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Constitución de 1993, análisis comparado, editorial Rao S.R.L,
Quinta edición, lima, 1999, Perú. Pág 270-275.

25. Esto quiere decir que el derecho a veto es ejercido de manera contundente por el pueblo
alemán a través de una votación popular que pretenda consultar sobre la vigencia o no de
una determinada ley, es algo muy similar a un referéndum ya citado anteriormente.
Art. 76
La Constitución podrá ser reformada por vía legislativa. Los acuerdos del Reichstag
modificativos de la Constitución, sólo serán adoptados válidamente, cuando estén presentes
dos tercios del número legal de sus miembros y voten a favor, por lo menos, dos tercios de
los presentes. También los acuerdos del Reichsrat para la reforma de la Constitución,
requerirán una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Y si como consecuencia del
ejercicio de la iniciativa legislativa popular hubiera de celebrarse una votación popular
sobre una reforma constitucional, será necesario el voto favorable de la mayoría de los
electores con derecho de sufragio.
Cuando el Reichstag acuerde una reforma constitucional frente al veto del Reichsrat, el
Presidente del Reich no la publicará la Ley si el Reichsrat solicitase en el plazo de dos
semanas la celebración de una votación popular.
Este articulo cita sobre la reforma constitucional que solo lo puede realizar el poder
legislativo a través de sus dos cámaras, el Reichstag y el Reichsrat; pudiendo modificar la
constitución cualquiera de estas, teniendo que estar presentes dos tercios del número legal
de sus miembros y voten a favor, por lo menos dos tercios de los presentes, esto es para
ambas cámaras y también el pueblo puede modificar la constitución por medio del
ejercicio legislativo popular se celebrara una votación popular, debiendo obtener la mayoría
de votos del electorado con derecho a sufragio para conseguir su propósito.
Cuando el Reichstag pretenda reformar la constitución y exista un veto por parte del
Reichsrat, el presidente del Reich, no publicara la ley siempre y cuando el Reichsrat
solicitase un plazo de dos semanas para someterla a votación popular.
VI. ENTORNO SOCIO-POLÍTICO
Finalizada la primera guerra mundial, Alemania se hundía en el pánico y con la abdicación
de Guillermo II, la mayoría del pueblo alemán estaba dispuesto a apoyar un gobierno
democrático. Es en este contexto donde aparecieron tres corrientes de tendencia socialista.
La constitucionalización de los partidos políticos, a partir del texto de Weimar de 1919, dio
efectivamente un giro a su estudio hacia una visión más normativa. Es realmente tras la
Constitución de Weimar que tomó vigor la expresión y el concepto de “Estado de partidos”
basada en “la democracia de partidos y (teniendo) como corolario la pretensión, por
algunos autores, de su reconocimiento formal por el Derecho
Constitucional”. De manera que concurrieron entonces dos tendencias opuestas: una
mantuvo una actitud positiva hacia tal tipo de Estado abogando por el reconocimiento de
los partidos por las normas jurídico-constitucionales. Esta postura fue mantenida por

26. Kelsen y por Radbruch quien contrapuso la, por él llamada, democracia ideológica a la
democracia ideológica o real en la que el pueblo soberano no estaba compuesto por
individuos libres e iguales, sino de grupos de distinta magnitud. La segunda defendió una
actitud crítica hacia el Estado de partidos. Así, Carl Schmitt consideraba que la pluralidad
de lealtades que suscitaban los partidos y las organizaciones de intereses ponían
crecientemente en riesgo a la unidad estatal.
Por otra parte, el periodo de entreguerras y la crisis del parlamentarismo así como el éxito
de los modelos totalitarios, basados tanto en la concepción leninista del partido político28
o
en la simpatía de Pareto hacia las formaciones elitistas que terminaron siendo precursoras
del fascismo, supusieron una notable interrupción a la reflexión académica sobre los
partidos. De la nueva situación gestada después del final de la Segunda Guerra Mundial se
hizo eco Duverger en la obra de mayor alcance y articulación teórica realizada hasta
entonces y cuyos efectos intelectuales influyeron notablemente en las décadas siguientes.
De hecho, como en los países en los que la Segunda Guerra Mundial destruyó el sistema
político existente, los partidos quedaron como fuerzas políticas activas y la nueva
constitución o reconstrucción del Estado tuvo lugar a partir de los mismos, de manera que
el papel de los partidos adquirió un significado si cabe más relevante. Por otra parte, la
citada constitucionalización de los partidos que pretendió quebrar las tendencias hacia su
configuración oligárquica señaladas por Ostrogorski y Michels no fue muy efectiva. Si bien
por la vía jurídica “la garantía de la libertad interna a través de la Constitución y/o de la ley,
puede considerarse como un requisito funcional para la efectividad del sistema democrático
[....], además, la democracia interpartidista es también un requisito para que los partidos
cumplan su función de ser la vía de ascenso de la sociedad o del pueblo hacia el Estado”, la
realidad continuó manteniendo el sesgo denunciado previamente. Duverger recogió la
literatura anterior y, sobre todo, esta situación que reflejaba las enormes transformaciones
de la Europa de entreguerras con la consolidación de los partidos comunistas y fascistas, y,
después, la oleada de recuperación democrática que se hizo presente en la mayoría de los
países de Europa Occidental después de 1945. Significativamente, Duverger dedicó una
atención prioritaria a lo que denominaba la “estructura de los partidos”, diferenciando tres
niveles: el propiamente institucional, referido a la forma en que el partido estaba armado, y
los relativos a los miembros y a la dirección del partido. La armadura del partido venía
conceptualizada por una articulación general de diferentes piezas basadas tanto en el
predominio de una estructura directa o indirecta como en el apoyo de una u otra de los
denominados “elementos de base”. Existía una clara diferencia entre los partidos que tenían
28
Para Lenin el partido tenía tres características principales que se convirtieron en características de los partidos
comunistas del mundo y que terminaron por impregnar a otras formaciones con vocación totalitaria. Se trataba de un
carácter sacerdotal proveniente del hecho de ser poseedor de un singular conocimiento y penetración del marxismo
cuya pureza debía ser conservada y, si fuera necesario, impuesta; una elite cuidadosamente seleccionada y rígidamente
disciplinada poseyendo una clara superioridad moral e intelectual sobre la masa; y, finalmente, una organización muy
centralizada con una estructura casi militar a la que Lenin denominó “centralismo democrático”.

27. una estructura indirecta, según la cual una organización externa29
hacia que no hubiera “una
comunidad partisana realmente distinta de los grupos sociales de base”, de manera que no
se era miembro de un partido propiamente dicho sino de un grupo social que estaba
colectivamente adherido al partido, y los partidos que poseían una estructura directa,
integrados éstos por personas adheridas a título individual. En cuanto a los elementos de
base, referidos al plano vertical, tenían una estructura original para cada partido, si bien se
destacaba la existencia de cuatro tipos de elementos de base a los que la mayoría de los
partidos, haciendo primar uno u otro, se aproximaban: el comité, de carácter restringido,
funcionando en un área geográfica bastante grande que correspondía generalmente con la
circunscripción electoral y en la línea del caucus anglosajón; la sección, menos
descentralizada, mejor estructurada y actuando en un área geográfica más reducida que el
comité del que terminaba siendo su polo opuesto; la célula, integrada sobre la base
profesional al reunir a adherentes al partido que trabajaban en el mismo sitio y cuyo
número era más pequeño que el constitutivo de la sección; y la milicia, forma de ejército
privado en que los miembros eran encuadrados militarmente.30
La articulación general hacía alusión a la manera de integrarse los elementos anteriores y
estaba asociada a la estructuración administrativa del Estado. De esta manera, cabía
distinguir tres tipos de ejes que diferenciaban a los grupos. El primero lo constituía el nivel
de fortaleza de la articulación (débil o fuerte), explicado en gran medida por el régimen
electoral existente y con una gran relación con los elementos de base del partido en
cuestión31
. El segundo eje lo constituían la contraposición entre las relaciones verticales y
las relaciones horizontales, aquéllas se referían a la unión de dos organismos subordinados
mientras que éstas atañían a dos organismos sobre el mismo pie. Por último, el tercer eje
enfrentaba centralización con descentralización, sobre la base de cuatro arenas: local,
ideológica, social y federal. Duverger enfatizó que la expresión “miembros del partido” no
tenía igual significado en todos los partidos y que, además, en el interior de cada partido
podían encontrarse varias categorías de miembros en función, en muchos casos, de su grado
de participación. Ello conducía a una de las cuestiones más difíciles en el análisis político
que era el conocimiento de la afiliación de un partido, situación que se había complicado
con la incorporación de los simpatizantes como categoría separada. El asunto tenía su
importancia en la medida en que la incorporación de las masas a la política tenía efectos
significativos en las maquinarias partidistas que de una u otra manera debían adaptarse a la
nueva situación, tanto para sobrevivir como para sacarle el mayor rendimiento político
29
Era el caso de los partidos socialistas y de los partidos agrarios con los sindicatos y las cooperativas y de los partidos
católicos con la Iglesia (Duverger)
30
Cada uno de estos elementos de base respondía a un tipo de familia de partidos: el comité a los partidos tradicionales,
la sección a los partidos socialistas, la célula a los partidos comunistas y la milicia a los partidos fascistas (Duverger).
31
Un sistema electoral de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas daba una gran fortaleza a la
estructura organizativa, lo mismo ocurría con el predominio de elementos de base del tipo de la célula o de la milicia

28. posible. Lo relevante de este trabajo era que para él lo significativo, sin embargo, era que
esta nueva categoría estaba en la base de la evolución de los partidos de cuadros a los
partidos de masas. Mientras que los primeros servían para reunir a unos notables, preparar
las elecciones y conducir y mantener el contacto con los candidatos; los segundos
concebían el reclutamiento de los denominados adherentes como algo fundamental tanto
desde supuestos políticos como financieros. Otra distinción básica era que sólo los partidos
de masas conocían un mecanismo formal de adhesión, comportando un compromiso
firmado y el pago de una cuota anual, mientras que los partidos de cuadros lo ignoraban.
Posteriormente, en el caso de aquéllos, tener presente la distinción entre adherentes estables
e inestables supuso incluir un criterio de calidad en la medida en que se podría llegar a
asociar la fidelidad al partido con su mayor fortaleza. Los diferentes grados de participación
en la vida partidista fueron encontrados en los partidos que no conocían la adhesión formal.
En ellos distinguió tres círculos de naturaleza diferente: el de los electores de naturaleza
simple y precisa, el de los simpatizantes de naturaleza vaga y compleja al estar constituido
por electores que reconocían su inclinación hacia el partido y el círculo interior de los
militantes. El círculo de adherentes podía incluir a estos dos últimos. Entre estos círculos se
generaba una circulación constante que les mantenía en conexión. Esta taxonomía
posibilitaba una nueva visión clasificatoria de los partidos desde las bases sociales de apoyo
en virtud del grado de compromiso partidista existente. Con respecto a la dirección de los
partidos, se concebía que dicha dirección presentara un doble carácter que combinaba la
apariencia democrática, que asumiría la nueva forma de legitimidad de todo poder, con una
realidad oligárquica derivada de cierta eficacia práctica. Una forma de autocracia
camuflada era asumida por los partidos para elegir a sus dirigentes bajo la apariencia de una
estructura formal democrática. Las técnicas de camuflaje suponían la realización de
manipulaciones electorales y la famosa distinción entre dirigentes reales y aparentes. Las
manipulaciones electorales solían venir, además, acompañadas por el empleo generalizado
del sufragio indirecto, la limitación de las candidaturas, el mayor desarrollo de la
presentación oficiosa que de la presentación oficial y la desproporcionalidad. Todas estas
manipulaciones electorales tenían por efecto disimular una designación más o menos
autocrática bajo una apariencia más o menos democrática.
Por otra parte, la dirección de los partidos tendía naturalmente a tomar una forma
oligárquica, un círculo interior de acceso difícil que ejercía su influencia sobre el proceso
de elección de candidatos. La composición del círculo interior apenas si coincidía con la de
los militantes del partido y su renovación se hacía extremadamente pausada, por la
oposición de los cuadros subalternos y la tendencia conservadora de las masas, llegando a
situaciones límite de evidente envejecimiento.
1. La socialdemocracia (SPD):Era la principal representante de la sociedad alemana,
gozaba de un extraordinario predicamento entre las clases populares por su
antigüedad, organización y número de afilados. Obedientes del régimen imperial,

29. con la caída de éste se propusieron sustituir la Alemania militarista y feudal por una
democracia parlamentaria, restaurando las libertades cívicas y los derechos del
hombre (suspendidos en el curso de la guerra) y aumentar el programa de medidas
de la sozialpolitik (política de bienestar social) preexistente rechazaban al modelo
bolchevique de revolución armada y dictadura del proletariado32
2. Los socialistas independientes (USPD): Aparecieron en 1917 sin una formulación
programática clara, como oposición al continuismo que la SPD hacía del gobierno
imperial en la guerra. Partidarios de la restauración de la unidad socialista,
defendían tanto el parlamentarismo como los consejos revolucionarios, Compartían
con la SPD de potenciar la política social, y abogaban por la socialización de la
economía a través de la nacionalización parcial de determinados sectores
económicos, como parte de las finanzas y la industria pesada, pero manteniendo el
comercio interno y externo en manos privadas. Rechazaban la colectivización de la
tierra, pero proponían una redistribución en favor de los pequeños agricultores. Se
oponían a las autoridades burguesas y rechazaban el burocratismo de las
instituciones y los sindicatos, en contra de la SPD.
3. La Liga Espartaquista: fue parte de la USPD, pero se transformó en un partido
revolucionario. Rechazaban el revisionismo socialdemócrata y consideraban los
acontecimientos de noviembre una etapa en el objetivo final de la revolución
socialista y la dictadura del proletariado. Consideraban la revolución
bolchevique un ejemplo a seguir, Creían que los proletarios debían tomar el control
de las instituciones burguesas y suplantarlas con sus propios órganos
representativos, exclusivamente formados por miembros de su partido, para
alcanzar una verdadera democracia, sin que el terror y la represión entraran en
principio en sus fines33
. Sus 24 proposiciones para la protección de la revolución
incluían el desarme del ejército y la policía, la supresión del régimen parlamentario
y la socialización de la economía a través de la confiscación de grandes fortunas,
bancos, propiedades y fábricas, de los transportes y los medios de comunicación y
el dirigismo de la producción.
VII. PROSPECTIVA JURIDICA Y POLITICA
a) EL REDESCUBRIMIENTO DEL PROGRAMA DE WEIMAR
Un redescubrimiento desde el punto de vista del programa significa tratar las categorías
fundamentales del Derecho público desde una doble perspectiva, tanto como
problemas concretos del Derecho vigente como en cuantos problemas metodológicos
32
HAFFNER, Sebastián. La revolución alemana de 1918-1919.2005
33
HAFFNER, Sebastián. La revolución alemana de 1918-1919.2005

30. abstractos. Objeto y método se colocan en una conexión problemática en el sentido de
que las cuestiones concretas que plantean problemas fundamentales desencadenan
cuestiones metodológicas, mientras que las cuestiones metodológicas dan las claves
para enfrentar aquellos problemas fundamentales. Surge un proceso de doble dirección:
la solución de conflictos concretos del Derecho vigente impone el tratamiento de
cuestiones metodológicas, y los problemas metodológicos logran un campo de
aplicación en los casos del Derecho vigente. Justamente porque las categorías
fundamentales remiten a conexiones que se sitúan más allá del puro procesamiento de
las normas, su tratamiento impone recurrir a posiciones metodológicas. El conflicto
material en torno a un caso concreto plantea un problema fundamental de Derecho
constitucional cuya respuesta implica cuestiones metodológicas. De este modo cobran
éstas una referencia aplicativa concreta. Lo específico de “Weimar desde la perspectiva
del programa” es, por tanto, que los problemas concretos resultan constitutivamente
vinculados con las cuestiones metodológicas. La solución de un caso concreto impone
el simultáneo tratamiento de cuestiones de método. ¿Cabe hablar en la doctrina ius
publicista de la República Federal de un “redescubrimiento de Weimar” en tal sentido,
o más bien la vinculación de las cuestiones metodológicas con las categorías
fundamentales del Derecho sustantivo ha existido siempre, y por tanto no es algo que
pueda considerarse herencia específica de Weimar? A fin de cuentas, problemas
sustantivos siempre se plantean, pero ¿también desencadenan un debate sobre el
método, como en la República de Weimar, o absorben más bien el discurso
metodológico? En la República de Weimar se carecía con frecuencia de criterios de
decisión jurídico-constitucionales, de modo que se desarrollaban discursos
metodológicos orientados a la obtención de tales criterios.
b) LA PROSECUCIÓN DEL PROGRAMA DE WEIMAR (1949-1960)
En la República Federal cabe identificar tres fases que podrían denominarse de
prosecución, olvido y recuperación del programa de Weimar. Si se consideran las
publicaciones de la Asociación de Profesores alemanes de Derecho Político refundada
en 1949 que aparecen en los años cincuenta, no sorprende que se abordaran en primer
lugar temas que ya habían sido también debatidos en la República de Weimar. Se
añadieron además, sin embargo, tres nuevos objetos de deliberación que venían
planteados por la nueva situación jurídica y que determinaron los debates en la primera
década de la República Federal: a) la cuestión de si el Estado alemán había
desaparecido en 1945 o subsistía, b) la relación entre los conceptos de Estado y
Constitución y c) el debate sobre el Estado de Derecho y el Estado social.
c) EL HUNDIMIENTO DEL ESTADO ALEMÁN EN 1945
Este tema fue muy tratado sobre la base de un concepto de Estado espiritualizado. La
discusión retomó aquí, con sorprendente continuidad, perspectivas de la “orientación
de las ciencias del espíritu” de los años veinte. Para Günter Dürig, el Estado subsistió
--con independencia del final de la guerra, de la partición y del dominio de las fuerzas
de ocupación-- como un “hecho espiritual objetivo”. En su ponencia ante la Asociación

31. recurrió Dürig a la filosofía de los valores, ya representada en los años veinte, en
términos que permitían sentirse transportado a los tiempos dorados del debate
metodológico de Weimar. Aquí hablaba un representante de la joven generación
siguiendo la caligrafía retórica y argumentativa de los mayores Un problema
fundamental del Derecho público fue abordado desde la filosofía de los valores. El
concepto de Estado trascendió las categorías jurídicas. Metodológicamente, el progreso
era nulo, y Kelsen hubiera podido reeditar sin cambio alguno, después de treinta años,
su filípica contra el concepto sociológico de Estado.
d) LA DISPUTA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN A LA DEFENSA
El concepto de Estado se sitúa también en primer plano cuando se plantea un segundo
tema, la relación entre Estado y Constitución, que resultó discutido en especial con
ocasión de la llamada “disputa sobre la contribución a la defensa”. Se trataba aquí de la
cuestión de si el rearme de la República Federal con vistas a la planeada Comunidad
Europea de Defensa resultaba posible sin reforma constitucional. La Ley Fundamental
no contenía apoderamiento alguno para la creación de fuerzas militares. Surgía así el
problema fundamental de si un Estado, por su propia naturaleza o de acuerdo con su
propio concepto, tenía derecho a crear fuerzas militares armadas. Bajo la cuestión
concreta despunta la relación entre Estado y Constitución. En enero de 1952, el “jurista
de cámara” del partido socialdemócrata Adolf Arndt, junto con otros 144 diputados del
SPD, solicitó del recién creado Tribunal Constitucional Federal que constatara que la
participación de Alemania en una fuera militar armada (con la introducción del servicio
militar obligatorio, la promulgación de leyes de defensa y la creación de una
administración militar) resultaba inconstitucional sin previa reforma de la Ley
Fundamental. La admisibilidad del recurso, con la pretensión de una resolución
declarativa de carácter cautelar (en el sentido de un control preventivo de normas), era
discutible, y el asunto fue finalmente rechazado por el Tribunal por motivos procesales.
Esto no privó al conflicto de su importancia política ante la opinión pública (Gustav
Heinemann dimitió como Ministro de Interior y abandonó su militancia en la CDU a
causa de los planes de rearme de Adenauer), ni tampoco de su trascendencia en cuanto
uno de los primeros grandes procesos constitucionales o de su significado como
problema fundamental desde la perspectiva de la teoría del Estado. Casi la mitad de los
profesores de Derecho político intervino con sus dictámenes, con ocasión de esta
disputa se enfrentaron dos perspectivas. De un lado estaba el punto de partida jurídico-
constitucional, para el cual en una Constitución sólo puede haber tanto Estado como la
Constitución pone en pie; una reforma constitucional era en consecuencia inexcusable
para la creación de fuerzas militares armadas. Del otro lado, quienes colocan el Estado
como punto de partida consideran innecesaria una reforma constitucional, puesto que
las fuerzas armadas se incluyen ya conceptualmente, por la misma “naturaleza de la
cosa”, en “la esencia del Estado”; en tal sentido habrían de interpretarse, por tanto,
también las disposiciones competenciales de la Ley Fundamental.

32. Se trata, en definitiva, de un debate sobre los fundamentos del Derecho público, en el
que se argumenta con premisas de la teoría del Estado y de la Constitución, se atribuye
gran importancia a los aspectos de Derecho comparado (en especial apelando una y
otra vez a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos), y se cita a
las autoridades de Weimar (con sorprendente excepción de Kelsen y sólo escasa
presencia de Heller, en ocasiones retrotrayendo las referencias incluso a Paul Laband y
Georg Jellinek). Los dictámenes atraviesan las divisiones de escuela usualmente
establecidas. Smend por ejemplo se sitúa aquí contra Scheuner, que por su parte tenía
de su lado a Werner Weber y Erich Kaufmann. La doctrina de Weimar estuvo aún
presente en este debate; ya no se trataba ciertamente de un problema concreto
planteado en la República de Weimar, pero las posiciones teóricas y los argumentos
fundamentales seguían siendo los mismos. Por parte de los estatalistas se invoca no
pocas veces la continuidad del Estado alemán y se recurre directamente a las
“competencias inherentes” al Reich alemán de la Constitución de Weimar. Pero la
disputa sobre la contribución a la defensa puso también de manifiesto que ciertas
escuelas de los tiempos de Weimar ya no resultaban actuales, y que las pretensiones de
teoría del conocimiento antes codeterminantes, que en los conflictos de los años veinte
siempre se esgrimían, dejaban paso a una actividad más bien de simple deducción a
partir de conceptos fundamentales. El pluralismo metodológico que aún existía en la
República de Weimar se limita ahora a la orientación determinada por el objeto, que
comienza a bifurcarse cuando atiende como objeto al Estado o a la Constitución, así
como a sus relaciones recíprocas.
e) ESTADO DE DERECHO Y ESTADO SOCIAL
Esta situación culminó en el conflicto sobre la relación entre Estado de Derecho y
Estado social que desencadenaron Forsthoff y la escuela de Schmitt. La controversia se
prolongó durante los años cincuenta. Ningún otro debate tuvo en esa década una
importancia tan sostenida y central. Forsthoff contrastaba el Estado de Derecho con el
Estado social. Sólo el primero resultaba para él parte genuina de la Constitución; en el
Estado social no veía, por el contrario, un principio del Derecho constitucional que
fuera comparable al del Estado de Derecho, sino una determinación de fines del Estado
dirigida al legislador. El campo de aplicación del postulado del Estado social no sería
el Derecho constitucional, sino el Derecho administrativo, en cuanto Derecho de la
legislación ordinaria. Para su concretización en el sentido de la procura existencial
estaría llamada especialmente la Administración, una Administración prestadora de
servicios, en buena medida liberada de la vinculación legislativa, que no debía resultar
concernida por la reserva de ley. El Estado social orientado a una Administración
prestacional parece neutral, apolítico, no accesorio respecto de la ley y por ello
separado del Derecho constitucional.
Forsthoff operaba con una concepción idealizada de la Constitución, derivada del
liberalismo y superpuesta a la Ley Fundamental. Mediante una construcción histórica
que, en cuanto esencia de la “Constitución”, se opone a la “ley constitucional”, se sirve

33. de una clásica figura argumentativa de Schmitt, que le había dirigido la tesis doctoral, y
persigue una estrategia de doble estatalización. En el Derecho constitucional defiende
una interpretación normativa estricta, recurre al tenor literal, refuerza los métodos
positivistas y formales, y alcanza así una comprensión estrecha del texto de la Ley
Fundamental. Esto deja espacio para una idea del Estado que va más allá de la
Constitución y en la que pasaban a integrarse aquellas decisiones fundamentales que
Forsthoff no quería extraer de la Constitución. Los prejuicios acerca del Estado
dominaban, pues, frente al Derecho constitucional. La segunda estatalización se refería
al Derecho administrativo, donde una Administración prestacional llamada a la
concretización del Estado social (“procura existencial”) quedaba alejada de la vida
política parlamentaria en la medida en que las leyes administrativas resultan sometidas
a los criterios históricos idealizados de la generalidad y de la adecuación a los
postulados del Estado de Derecho, que excluyen en gran medida la acción y regulación
políticas mediante ley parlamentaria. En este contexto debe contemplarse el rechazo de
Forsthoff a la ley-medida. La intervención democrática en la economía y la
configuración social aparecían como sospechosas desde el punto de vista del Estado de
Derecho. Forsthoff pretendía mantener al margen de la política tanto el ámbito del
Derecho constitucional como el del Derecho administrativo, sin darse cuenta de que, en
la democracia, es tarea de las normas formalizar la voluntad de conformación política y
vincularla a criterios jurídicos. Tal tarea conformadora pretendía asegurársela
Forsthoff, por el contrario, a las elites tradicionales, a los teóricos refinados y a los
burócratas expertos. Tras ello se ocultan convicciones fundamentales de teoría del
Estado que descansan sobre una imagen histórica e idealizada del Estado de Derecho
prodemocrático. En 1959, Forsthoff reforzó esta posición desde el punto de vista
metodológico con un ataque contra la teoría de la integración y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.34
Evocó el peligro de que la “Constitución del Estado de
Derecho” se transformara en una “Constitución generadora de sentido”. El artículo de
Forsthoff en el libro-homenaje a Carl Schmitt se situaba explícitamente en la línea
programática de la tradición de Weimar, y poco después siguió el embate de Schmitt
contra la “tiranía de los valores”.
En 1959-1960 alcanza su cenit el legado programático de la doctrina de Weimar,
aunque de modo muy unilateral, por obra de Forsthoff, que se servía de categorías
schmittianas. La parte contraria estaba en primera línea representada por Ulrich
Scheuner, que tenía una sensibilidad especial para los cambios y los desarrollos, y que
trazaba un puente con Weimar en la elección de temas y en los métodos; de este modo,
encarnaba la otra cara del programa de Weimar, aunque metodológicamente esto sólo
pudiera afirmarse en términos relativos. Scheuner y Forsthoff aparecían en torno a
1960 como las dos figuras dominantes de la doctrina del Derecho político, en las
34
Esta inseguridad jurídica conduce a la teoría material a optar por una solución incompatible con el principio
democrático.

34. jornadas de la Asociación Scheuner aún más dominante.35
Tras ellos se alinean dos
orientaciones fundamentales diferentes, hacia la Constitución (Scheuner) o hacia el
Estado (Forsthoff).
f) LA DISOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE WEIMAR (1960-1980)
En torno a 1960 apareció en escena una joven generación que no podía atisbar
posibilidad alguna de progreso mediante la prosecución programática unilateral de las
cuestiones disputadas en Weimar. Escéptica frente al mantenimiento de las viejas
trincheras de los años veinte, percibía la situación como una parálisis, al menos en la
medida en que el pluralismo de Weimar había desaparecido y el empeño consciente en
proseguir el programa de Weimar encubría con frecuencia un trasfondo político. Hacía
falta una ruptura temática y metodológica. Además, los problemas que urgía resolver
no se situaban, a los ojos de la nueva generación, en un nivel fundamental que
dependiera del método, sino que surgían de la propia Ley Fundamental. La nueva
Constitución colocaba en el centro de atención problemas concretos. También la
novedosa jurisdicción constitucional necesitaba ser procesada en cuanta institución y
en su praxis decisoria.
La nueva generación de 1960 propugnó implícitamente el distanciamiento respecto del
programa de Weimar: los problemas debían ser resueltos, no sobrecargados con
disputas metodológicas que, a fin de cuentas, no cabía decidir conforme a criterios de
acierto o error, sino mediante preferencias personales. En una ponencia en el Seminario
de Friburgo formuló Alexander Hollerbach una muy influyente crítica a la
perpetuación de las controversias metodológicas por parte de Forsthoff. Peter Lerche
expuso en la clase magistral con la que toma posesión de su cátedra de Berlín que los
prejuicios metodológicos, denominados por él “cuestiones de estilo”, no podían ser
considerados de manera aislada. En ese plano no cabía lograr el acierto; éste surgía
más bien cuando diferentes perspectivas fundamentales concordaban en el mismo
resultado. El objetivo no era el conflicto en torno a las categorías fundamentales, sino
la formación de conceptos intermedios, de estándares y de fórmulas de análisis (como
el principio de proporcionalidad o el de razonabilidad). Esta generación no pretende el
conflicto en los niveles superiores de la metateoría, sino la elaboración de “teorías de
alcance intermedio”.
La mayor conmoción provino probablemente de la ponencia de Horst Ehmke sobre la
interpretación constitucional en las Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho
Político de 1962 – uno de los pocos casos, por lo demás, en los que se han discutido
explícitamente en tales Jornadas problemas metodológicos. La ponencia de Ehmke
sintetizaba las críticas, abría paso a una nueva concepción de la interpretación orientada
a la práctica y de raíz hermenéutica, y también sustituía la autorreferencialidad alemana
de la discusión desarrollada hasta el momento mediante el recurso comparatista al
35
Por eso la democracia ha de identificarse con un procedimiento de la creación de normas, al margen de cuál sea el
contenido de estas.

35. Derecho norteamericano. Ehmke abogaba por concentrarse en el caso y ordenar el
conjunto de discusiones en torno a él dotándolas de unidad y sentido; defendió el
pensamiento tópico problemático frente al postulado de un método general de
interpretación, que a su juicio se situaba al margen del ámbito de problemas
específicamente jurídico. Habría que promover por tanto una teoría de la Constitución
orientada a las cuestiones concretas (dicho al revés: no orientada por los métodos), que
comprendiera en su seno el horizonte de problemas. De modo que, a partir de tal
hermenéutica jurídico-constitucional, desarrolló Ehmke una teoría material de la
Constitución. Con la apelación a una hermenéutica material y el anclaje de esta
perspectiva en una división institucional de tareas entre el legislador y el juez
constitucional, Ehmke tomaba en consideración tanto las novedades del Derecho de la
organización estatal (en especial la jurisdicción constitucional) como la importancia del
legislador parlamentario en cuanto primer intérprete de los derechos fundamentales.
Ehmke rechazó la idea de una unidad, sea sistemática (en el sentido de las formas
ideales de Forsthoff), sea derivada de una jerarquía de valores (en el sentido de la
filosofía de los valores). Se ofrecía así una vía de escape frente al pensamiento de la
ética material de los valores y del orden de valores, que se había extendido ampliamente
también más allá del Derecho constitucional, por ejemplo en la filosofía del Derecho.
De Smend pudo recibir diversos legados, pero no ciertamente el existencialismo
filosófico y la fenomenología de los años veinte. En el pluralismo metodológico con
simultánea atención a los problemas previamente dados resulta más bien procesada la
herencia de Heller.
Después de que Ehmke declarara la teoría orientada al objeto como la auténtica
hermenéutica y la teoría material de la Constitución como método, el debate sobre los
métodos quedó clausurado. Conforme al dictamen de Forsthoff, había quedado asentado el
consenso implícito de evitar las controversias metodológicas, al menos en la medida en que
parecieran prescindibles para la solución de problemas concretos. Se trataba más bien de
desarrollar, en su lugar, teorías de alcance intermedio que pudieran también tomar en
consideración las nuevas disposiciones materiales e institucionales de la Ley Fundamental.
Se había hecho posible el tratamiento de problemas concretos sin plantearse cuestiones
metodológicas. Responsable de que el planteamiento del problema metodológico desde una
perspectiva institucional y de teoría del conocimiento se sustituyera por una visión tópica y
hermética fue, en buena medida, la jurisdicción constitucional que se había establecido. La
poca clara situación constitucional de Weimar desencadenaba controversias metodológicas,
mientras que en la República Federal, por el contrario, los discursos metodológicos
resultaron marginalizados a causa de su escasa relevancia para la praxis, excluidos en el
procesamiento del Derecho vigente. Desde el punto de vista del objeto, el pluralismo de
Heller fue sometido a una simbiosis con la idea de la integración, mientras que los riesgos
metodológicos (sincretismo de Heller y Smend) parecían conjurados por la tópica y la
hermenéutica, susceptibles de ser dominados por un proceder casuístico en la tradición de
cierto constitucionalismo occidental.

36. 3. El redescubrimiento del programa de Weimar (desde 1980)
El escaso interés en proseguir el programa de Weimar, entendido como vinculación
de los problemas sustantivos con las cuestiones metodológicas, se entiende en buena
medida por la orientación hacia problemas concretos que venían dados en cuanto
objeto de reflexión tópica por las decisiones del Tribunal Constitucional Federal o
por los desarrollos políticos de actualidad. Las cuestiones sometidas a debate no
necesitaban ser formuladas, sino que surgían de la praxis constitucional. Cuanto
más especiales fueran los casos y más densas las discusiones con el Tribunal
Constitucional, menor había de resultar el interés por las cuestiones metodológicas.
A causa de su orientación hacia el caso concreto, el Tribunal Constitucional no
puede, ni tampoco debe, desarrollar una teoría constitucional de amplias
pretensiones, no ha de actuar como sustituto del legislador ni como dictador
metodológico. Lo que, a juicio de Hesse, se aplicaba al Tribunal Constitucional,
hubo de servir también para una doctrina orientada a los problemas36
. Evocando el
viejo “positivismo de la ley”, comenzaron a elevarse quejas frente al “positivismo
del Tribunal Constitucional”.
El Derecho constitucional permanecía atrapado en un proceder tópico o casuístico.
La doctrina buscó su nivel teórico de reflexión no en las categorías jurídico-
constitucionales, sino más allá de ellas, precisamente en el concepto de Estado. En
comparación con el logro que en los años cincuenta supuso el relevo del
pensamiento estatalista por el pensamiento constitucional, esto representa un
resultado paradójico. El desarrollo de las décadas ulteriores condujo, quizá de modo
completamente involuntario, a una reanimación del Estado como categoría
metodológica central, justamente porque, dejando a un lado los derechos
fundamentales, las categorías jurídico-constitucionales no habían sido teóricamente
elaboradas. Como nivel teórico de reflexión metodológica, el concepto de Estado
resultaba, sin embargo, especialmente cargado de connotaciones y presupuestos;
pero tales elementos no eran sometidos a un debate pormenorizado. Resultaba, con
ello, un concepto formado en medida excesiva por acumulación, de modo que no
podía orientar una discusión metodológica referida a problemas concretos. Y es que
el concepto de Estado debía servir más para asegurar un punto común de referencia
y un cierto nivel de unidad científica que como foro para las disputas teóricas. En
términos generales, que el concepto de Estado permaneciera como categoría
residual más bien impedía el desarrollo de una conciencia metodológica, pero
sugería al mismo tiempo que había un plano de análisis dispuesto al efecto. En tal
separación entre una praxis orientada al caso, que no necesitaba de teoría alguna, y
una idea del Estado formada por agregación, que apenas podía ser sometida a una
36
Konrad Hesse, intervención en los debates de las Jornadas: En el Tribunal Constitucional no habría discusiones
metodológicas, y su ausencia no plantearía dilema alguno; lo esencial sería aproximarse a la cuestión “de acuerdo con su
propia legalidad inmanente” y hallar cuanto antes resoluciones aceptables por encima de las divergencias metodológicas

37. discusión con sentido, la vinculación entre problemas concretos y cuestiones
metodológicas, el “programa de Weimar”, no tenía posibilidad alguna de
supervivencia. En buena medida, las teorías de alcance intermedio que en su
momento habían sido prometidas habían desaparecido ante la polarización entre la
plural meta-teoría y las decisiones muy singularizadas de casos concretos. Para el
“redescubrimiento de Weimar” desde el punto de vista programático no había
buenas perspectivas en torno a 1980. La vinculación de problemas concretos con
cuestiones metodológicas ya no se planteaba.
Pero desde entonces cabe constatar una constante transformación y un
redescubrimiento del programa de Weimar. Un primer paso en la inclusión de
aspectos teóricos en la solución de problemas concretos vino dado por la integración
de las ciencias sociales. El debate sobre la interdisciplinariedad en la ciencia
jurídica y su relación con las ciencias vecinas, primeramente desarrollado al margen
del Derecho vigente, aparece ahora vinculado a cuestiones de actualidad. La idea de
progreso de la nueva generación joven se orienta a la comprensión conforme a las
ciencias sociales de los problemas sustantivos que, a su entender, la perspectiva
jurídica describe sólo de manera en exceso simplificada. Con este punto de partida
no se pone en cuestión, de todos modos, la idea metodológica establecida de que
hay que partir de problemas concretos y actuales, sino que simplemente se amplía la
consideración del objeto con la perspectiva de las ciencias sociales. El programa de
Weimar, que justamente había vinculado la determinación del objeto problemático
con las cuestiones del método jurídico, no es recuperado de ese modo.
Pero entretanto cabe apreciar una recuperación creciente de dicho programa. Pueden
acumularse diversos signos en ese sentido:
a. Después de más de cien volúmenes de jurisprudencia constitucional, ésta se
ha convertido en algo cotidiano. Incluso desde el punto de vista cuantitativo,
la jurisprudencia apenas puede ser concebida como unidad jurídica libre de
contradicciones. Los correspondientes esfuerzos científicos para formar un
sistema se encuentran con el problema de dominar la creciente masa de
sentencias, sin poder llegar nunca, en realidad, a resultados decisivos. Si
todo sigue un curso difícilmente aprehensible, resulta consecuente volverse
hacia la teoría de la Constitución o hacia las “ciencias del Estado o de la
Administración” como genuinos campos de investigación de la ciencia
jurídica.
b. En torno a 1990 se descubre el principio democrático del art. 20 de la Ley
Fundamental como problema jurídico y criterio jurídico-constitucional.
Ahora se desencadenan objetivamente nuevos problemas de interpretación
que afectan a viejas concepciones fundamentales. Ante todo, se pone en
cuestión implícitamente la perspectiva determinada por el objeto, hasta ese
momento dominante, porque el principio democrático debe ser comprendido
no de forma sustancial, sino como generador de su objeto.

38. c. Crece el interés por convertir en tema de debate la contingencia histórica de
los conceptos fundamentales del Derecho político. ¿Siguen estando
prisioneros tales conceptos de su contexto originario en el Derecho público
del constitucionalismo decimonónico?, ¿en qué medida siguen siendo
tributarios de tradiciones jurídicas predemocráticas?
d. Tras cincuenta años de Ley Fundamental, también el propio Derecho
constitucional se convierte en objeto de consideración histórica. La sentencia
del caso Lüth no es sólo Derecho vigente, sino igualmente historia
constitucional. La perspectiva tópica y orientada al objeto se coloca en la
Historia. Ya no define el objeto de conocimiento, sino que ella misma se
convierte en tal objeto.
e. No sólo la mirada hacia el pasado, también el futuro invita a ocuparse de
conceptos fundamentales dependientes del método: internacionalización,
europeización, estructuras en varios niveles, problemas del federalismo y de
la división de poderes, ante todo también la democracia, ya no pueden
tratarse en un contexto exclusivamente nacional. La preeminencia normativa
de la Ley Fundamental (y con ella de la jurisdicción constitucional) resulta
relativizada, y se despierta el interés por categorías fundamentales que van
más allá de las disposiciones y de la historia normativa específicamente
alemanas.
f. El Derecho administrativo, hasta este momento relativamente a salvo de las
cuestiones metodológicas, abre a éstas un campo de aplicación aún
inexplorado. La vieja cuestión central acerca del objeto y el método se
plantea de nuevo: ¿es la Administración un fenómeno social al que debe
adecuarse el Derecho, o es primeramente constituida a través de normas
jurídicas? La vieja polémica sobre el concepto jurídico o sociológico de
Estado aparece bajo el nuevo aspecto de un concepto jurídico o sociológico
de Administración (“ciencia de la Administración”).
Cabe interpretar todo esto como el anuncio de una transición natural desde una fase
más bien orientada a la praxis hacia otra más fuertemente dirigida hacia la teoría, y
verlo así como un proceso dialéctico normal. Si el desarrollo se pone en relación,
por el contrario, con las continuidades respecto de las controversias metodológicas
de Weimar, entonces cabe extraer la siguiente conclusión: tras un proceso de olvido
de Weimar desde el punto de vista programático, puede pronosticarse ahora una
fase de redescubrimiento. En cuanto a los temas, seguiremos alejándonos de
Weimar. Si hubiera que volver a las personalidades de Weimar, todos los
pronósticos apuntarían a una recepción de Kelsen; porque Kelsen plantea el
problema de la interdisciplinariedad en el sentido de la división del trabajo, no de la
integración de las disciplinas científicas; su punto de partida se refiere al Derecho
constitucional y el ordenamiento jurídico, no a magnitudes supuestamente
preexistentes como “el Estado” o “la Administración”; más que ningún otro autor,

39. Kelsen sometió los conceptos fundamentales del Derecho político a la crítica
ideológica; de los teóricos de Weimar aquí considerados, sólo él ofrece una teoría
de la democracia que aún hoy resulta asimilable; y, finalmente, es el único de los
teóricos de Weimar que procesó institucionalmente la jurisdicción constitucional y
presupuso el ordenamiento jurídico en la teoría de la pirámide normativa. En esa
medida, la actual recepción de Kelsen, antes mencionada, puede ser comprendida
como expresión del redescubrimiento del programa de Weimar. Schmitt, Smend y
Heller siguen siendo teóricos históricamente significativos; Kelsen, por el contrario,
no ha sido aún reducido a episodio histórico y resulta cada vez más citado
justamente en las publicaciones que se ocupan del Derecho vigente. Sus ideas se
toman en consideración para solucionar problemas jurídicos concretos. En ese
sentido, Kelsen es el último superviviente de la doctrina del Derecho político de la
época de Weimar.
La llegada de Hitler al poder convirtió el suicidio político de Weimar en un severo
aviso para las demás repúblicas de entreguerras. Para la austriaca, que había llegado
en 1919 tras el colapso de la monarquía austro-húngara; y también para la tardía
república española, que todavía en 1931 se empeñó en mostrar que las promesas
democratizadoras contenidas en las revoluciones mexicana y soviética mantenían
plena vigencia. Ambas, de hecho, aprobaron constituciones que, sin ser socialistas,
favorecían, como la de Weimar, la posible articulación de los intereses de los
trabajadores.
La constitución austríaca de 1920 era socialmente más parca. Había sido dictada a
instancias del presidente de la República, Karl Renner, quien además era un relevante
jurista perteneciente al ala moderada y pragmática de la socialdemocracia (el SPÖ)37
.
Renner encomendó al demócrata radical Hans Kelsen la elaboración de un texto
constitucional único a partir de los tres proyectos presentados por socialcristianos,
socialdemócratas y pangermánicos El texto preparado por Kelsen tenía una fuerte impronta
parlamentarista, y para neutralizar el peligro de un poder judicial abiertamente reaccionario,
confiaba el control jurisdiccional de las leyes a un órgano específico, el Tribunal
constitucional.
La constitución española de 1931, por su parte, recogió lo más avanzado del
constitucionalismo social de su época. Dejó claro que el nuevo Estado aspiraba a ser “una
República democrática de trabajadores de toda clase” (artículo 1), una auto-identificación
que encontraría continuidad en la Constitución anti-fascista italiana de 1947. Amplió los
derechos civiles básicos –desde la libertad de expresión a la libertad de conciencia-,
extendió a ambos sexos el sufragio y otros derechos de participación y se comprometió a
asegurar a trabajadores y campesinos las condiciones necesarias para una existencia digna
(artículos 46 y 47). Y al igual que la constitución weimariana, apoyó la garantía igualitaria
de estos derechos en un programa constitucional que subordinaba cualquier forma de
37
Ya en 1904, K. Renner había realizado una incisiva crítica al derecho civil burgués y había estudiado la función social
que deberían tener los institutos de derecho privado.

40. riqueza al interés general y que admitía un incisivo control público de la economía y de los
grandes poderes privados. Su célebre artículo 44 permitía que una mayoría absoluta de
miembros de las Corte decretara, por causa de utilidad social, la expropiación forzosa de
toda clase de bienes, incluso sin indemnización, y a socializar la propiedad si era menester.
Con esto, en realidad, no hacía más que vincular, como en otros programas republicanos de
la época, la suerte de la democratización política a la de la democratización industrial y
agraria.
Ni la república austríaca ni la española consiguieron, sin embargo, contener el
embate armado de la reacción, agitada principalmente por la alta burguesía, los
grandes terratenientes y la Iglesia, y espoleada por el ascenso del nazismo y la
calculada deserción de los gobiernos francés e inglés. A despecho de su aguerrida
resistencia, las milicias republicanas del partido socialdemócrata austríaco –las
Republikanischer Schutzbund- asistieron impotentes a la caída de la “Viena Roja”
en manos del reaccionario frente patriótico católico de Engelbert Döllfuss, primero,
y del nazismo después. Esta constatación de que los sectores más radicales de la
derecha no aceptarían nunca el programa de democratización republicano, llevó al
proletariado asturiano a levantarse preventivamente en 1934. Una actitud que, tras
el levantamiento franquista de 1936, se reproduciría en todas aquellas ciudades –
comenzando por la Barcelona hegemonizada por el anarco-sindicalismo- en las que
los trabajadores fueron armados. Nada de esto evitó la caída de las repúblicas
democráticas. A la virulencia de la derecha se sumaron nuevas divisiones en el seno
de la izquierda (agravadas por la oportunista intervención estalinista) y, en el caso
de la república española, un aislamiento cada vez mayor.
Tras la segunda guerra mundial, el proyecto republicano de entreguerras y su
programa constitucional fueron arrumbados y convertidos en ejemplo de un
“extremismo” que, como mínimo, era necesario morigerar. En buena medida, la Ley
Fundamental de Bonn de 1949, impuesta por los aliados a la Alemania derrotada, se
inspiró en estas premisas. Para comenzar, quedó claro que la economía capitalista,
que el republicanismo de entreguerras había aspirado a democratizar radicalmente,
manteniendo abierto el debate sobre su superación, pasaba a ser un horizonte
irrebasable. El mot d’ordre del ordoliberlalismo de posguerra, difundido por autores
como Walter Eucken o Franz Böhm, sería la “economía social de mercado”, una
categoría que permitía reconciliar a viejos enemigos –señaladamente,
socialcristianos y socialdemócratas- en torno a un capitalismo que, a lo sumo,
pretendía lucir un “rostro humano”. El blindaje constitucional de algunos derechos
sociales básicos en el ámbito laboral y fuera de él, se mantenía. Pero se
desvinculaba de toda exigencia de democratización radical de la esfera económica y
de la política. A resultas de ello, justamente, se procuró borrar toda huella de lo que
el jurista alsaciano Robert Redslob había calificado interesadamente como
“absolutismo parlamentario”. Se consagró un sistema de canciller fuerte, agravando
las condiciones para imponer mociones de censura, y se autorizó al Tribunal

41. Constitucional a anular aquellas decisiones legislativas que desbordaran el nuevo
consenso.
La manera en que el constitucionalismo de Bonn procedió a ajustar cuentas con Weimar no
caló en el constitucionalismo más claramente anti-fascista que se implantó en Italia, en
1947, o en la república francesa, en 1946 (al menos hasta la reforma presidencialista de De
Gaulle en 1958). Es más, mientras el influjo del Mayo Francés o de las movilizaciones
obreras del Autunno caldo italiano hicieron pensar que cabía una salida igualitaria y
democratizadora a la crisis del Estado de bienestar keynesiano, la tradición socialista
republicana de Weimar experimentó un fugaz redescubrimiento38
.
El triunfo de la contrarreforma neoliberal, sin embargo, cambió todo. En un contexto
dominado ya por el discurso de la “gobernabilidad” y de los “excesos de la democracia” de
la Comisión Trilateral, el ejemplo de Bonn incidió con fuerza en la transición española, que
además de alejar los demonios de un salida socializante como la que supuso la Constitución
portuguesa de 1976, se planteó como objetivo exorcizar sus propios fantasmas
republicanos. La Constitución de 1978, así como las principales leyes y acuerdos que
precedieron a su aprobación –desde la legislación electoral hasta los Pactos de La Moncloa,
pasando por la aceptación de la monarquía- se asumieron claramente como parte de un
programa post-republicano en el que el marco de lo política y económicamente admisible
quedaba tajantemente establecido.
Confrontado con más de tres décadas de capitalismo remundializado y neoliberal, así como
con el secuestro oligárquico del principio democrático, el viejo republicanismo de
izquierdas no ha conseguido, sin embargo, ser enterrado. Es más, algunos de sus elementos
basilares: la necesidad de planificación y control democráticos de sectores estratégicos de la
economía, como el crediticio o el energético; la eliminación del principio de caudillaje de la
empresa; la erradicación de ejercicios anti-sociales del derecho de propiedad y el desarrollo
de nuevas formas de propiedad pública, estatal y social; el blindaje de derechos civiles y
sociales inalienables e indisponibles, sustraídos tanto a la arbitrariedad del Estado como a la
del mercado capitalista; la re-parlamentarización de la vida institucional y el impulso de
nuevas formas de autogobierno más allá del parlamento; continúan apareciendo como
demandas irrenunciables en un contexto en el que las alternativas neo o socio liberales a la
crisis se muestran incapaces de ofrecer una salida que no signifique, a la postre, más
excepcionalismo penal y militar, más explotación y precarización de la fuerza de trabajo, y
una mayor devastación del planeta y de los bienes necesarios para la pervivencia de la vida.
Muchas de estas demandas republicanas, en rigor, forman parte de un acervo político y
jurídico que es entendido como una conquista civilizatoria, y que por eso mismo ha sido
incorporado, al menos en parte, en constituciones, tratados y declaraciones internacionales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos de Derechos
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996. Uno de los
38
Este fenómeno, de hecho, fue visible entre los iuslaboralistas de izquierdas italianos, que vieron las potencialidades
que Weimar ofrecía, por ejemplo, a la hora de interpretar el sentido político-jurídico del Statuto dei lavoratori de 1970,
considerado por muchos como la segunda Constitución italiana.

42. desafíos de nuestro tiempo –que las nuevas constituciones republicanas Venezuela,
Ecuador o Bolivia, por ejemplo, han tenido el mérito de poner a la orden del día- consiste
en hacer traducibles estas demandas jurídico-políticas a diferentes contextos culturales
(Algo que, dicho sea de paso, ya ocurrió en cierto modo a inicios del siglo XX cuando las
experiencias revolucionarias mexicana y soviética contagiaron e impregnaron diferentes
ensayos republicanos que se extendían por América, Europa y Asia).
Naturalmente, una de las lecciones más concluyentes de Weimar es que para imponer un
programa republicano socialista no bastan las buenas ideas, las buenas constituciones o las
buenas declaraciones de derechos. El constitucionalismo social de entreguerras entendió
que sólo aquellos que vivían de su trabajo podían ser el motor de un proceso de
transformación de esta magnitud. Que la centralidad del trabajo no ha perdido vigencia es
tan cierto como que su conformación interna y su sentido político han sufrido
transformaciones significativas: como consecuencia de su creciente precarización y
feminización; de su composición nacional y cultural cada vez más diversa; o, finalmente,
de una crisis ecológica que sólo permite atribuirle un sentido emancipatorio si es capaz de
servir a las necesidades básicas de las personas y, al mismo tiempo, a la conservación y
reproducción de la vida en el planeta39
.
Constitucionalismo social
I. Introducción
El constitucionalismo es la aplicación de la ideología racionalista al Derecho público
e implica esencialmente un intento de establecer el imperio de la ley con el fin de limitar el
poder público, específicamente por medio de constituciones políticas. La ideología expresa
el modelo ideal de la sociedad. La ideología expresa la racionalidad. Antes del Capitalismo
lo que mandaba era la Religión. Todo devenía de Dios. En la sociedad Capitalista la
ideología se basa en la racionalidad. La sociedad actual es racional. Las ideologías actuales
se fundan en la razón. Así el constitucionalismo social se constituye una reivindicación a
los derechos sociales de cada individuo de la colectividad, el estado de una manera
intervencionista promueve el justicia, el trabajo justo y la paz social; ejes fundamentales del
constitucionalismo social. Teniendo como causa la constante aceleración del industrialismo
en muchos países capitalistas, dejando de lado a sus trabajadores y solo preocuparse por la
producción de bienes materiales que generen para esté mayores ganancias. En esta
ideología constitucional el estado promueve el trabajo como fuente única de riqueza pero
basado en una remuneración justa y equitativa, basándonos en nuestra constitución por
ejemplo: en el Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o
39
Pisarello, Gerardo. La política y el derecho frente a la crisis: Nonagésimo aniversario de la Constitución republicana de
Weimar. (25 de octubre de 2009). Recuperado de : http://perseo.sabuco.com/historia/Weimar.pdf

43. cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o
atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar
dicho máximo.
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su
compensación se regulan por ley o por convenio.
Por razones históricas, las normas jurídicas de carácter general no fijan la jornada mínima
sino la jornada máxima de trabajo, debido a que durante mucho tiempo los empleadores
exigieron a los trabajadores jornadas agotadoras de hasta dieciséis horas diarias. Es por ello
que el primer Convenio de la OIT, en 1919, se refirió a este asunto de vital importancia en
las relaciones laborales, que permitió asimismo el avance en el reconocimiento de una serie
de derechos económicos y sociales.40
Se entiende por este principio que el estado ya garantiza el trabajo y su protección pero
respetando los derechos sociales y otorgándole beneficios sociales a todos los trabajadores,
de esa manera podemos hablar de constitucionalismo social en el Perú.
También podemos citar el artículo 27 de nuestra carta política. Artículo 27.- La ley otorga
al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Una de las discusiones
trascendentales en materia laboral en el Perú ha sido la referente a la estabilidad laboral. El
tema apareció en la década del setenta cuando el gobierno del General Velasco estableció
una forma de estabilidad laboral absoluta, es decir, un derecho en favor del trabajador para
no ser despedido sino por falta grave, que debía ser probada mediante un procedimiento
que, en la práctica, hacía muchas veces difícil la probanza. La estabilidad laboral absoluta,
por otra parte, no apareció en la política laboral peruana por generación espontánea: fue una
respuesta agresiva a una no menos. agresiva política de despidos arbitrarios, que había
tenido extensa difusión en el Perú de los años previos, y que se veía favorecida por el gran
desempleo existente. Ello hacía bastante fácil conseguir trabajadores sustitutos de los
despedidos, particularmente para los empleos menos especializados. Las injusticias
cometidas con la libertad de despido arbitrario fueron considerables y, en una recta
apreciación de las cosas, no deben ser olvidadas cuando se trata del tema. Fueron pues,
estos antecedentes y no razones ideológicas, los que impulsaron a la Asamblea
Constituyente de 1978 a incorporar al texto constitucional la estabilidad laboral, mediante
una redacción limpia, que sirvió, en su momento, como fuente para la elaboración de otras
constituciones en el continente. De esa manera el estado protege al empleado de los abusos
del empleador que valiéndose de su poder; disponer sobre el trabajador de manera injusta y
dolosa, el estado considera falta grave un despido sin motivación razonable.
40
Cfr. Convenio Nº 1 OIT por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y
cuarenta y ocho semanales: Firmado en Washington el29 de octubre de 1919. Aprobado por el Perú mediante Resolución
Legislativa Nº 10195 del 7 de febrero de 1945.

44. II. Antecedentes
La exaltación de los derechos individuales y la acelerada industrialización—que creó
grandes masas de trabajadores obreros—trae como consecuencia que los obreros están
totalmente desprotegidos, los derechos colectivos no se reconocen. El dejar hacer y el dejar
pasar se estaba haciendo injusto. El antecedente más claro radica en la Revolución
Mexicana de 1910 que llevo al aseguramiento de los derechos de la colectividad.
El 11 de noviembre de 1919 se expide en Alemania la Constitución de Weimar, por medio
de la cual se presentan grandes disposiciones entre las que se cuentan las siguientes: se
erige este país como una república federal, estableciendo que el presidente será elegido por
votación popular; dicho mandatario al momento de formar el gobierno contará con la
facultad de elegir un canciller, así como revisará y vetará las leyes expedidas por el
legislativo y controlar los desmanes provocados por los ciudadanos de la época, inclusive
mediante la declaratoria de estados de excepción sin límites. Asimismo, La Constitución de
Weimar41
dio origen al denominado constitucionalismo social que consagra los principios
de los derechos sociales asistenciales de la seguridad social en salud, cuyas disposiciones se
centran en la protección de los menos favorecidos. Las repercusiones de la Constitución de
Weimar en Perú son relevantes, por cuanto esta es la primera carta magna en el mundo que
hace referencia a disposiciones de carácter social. La Constitución de Weimar fue la de
mayor influencia en Europa y América, por su filosofía de índole social en las comunidades
industriales, que no contaban con derechos asistenciales como la salud. El
constitucionalismo social se caracteriza por el reconocimiento de los derechos sociales
como la asociación, la salud, la huelga, y se basa en principios como la equidad, surgiendo
de esta manera la seguridad social, como muestra en salud y los derechos laborales (salario,
descanso obligatorio entre otros). Asimismo, surgen los derechos sociales asistenciales
patrocinados por el Estado en los campos de la salud, vivienda y educación. Ibidem. orden
social, lo que influyó en las reformas constitucionales Peruanas verbigracia la de 1933, y
las legales que se indicarán más adelante; estas cláusulas sociales, se adecuaron a las cartas
constitucionales nacionales con el fin de consagrar los derechos y garantías propios de las
normas sociales, por ejemplo el de la Seguridad social en salud. En consecuencia, lo que se
pretende demostraren el presente escrito, es la influencia que tuvo la Constitución
weimariana de 1919, en las consagraciones constitucionales y legales peruanas alrededor de
los derechos sociales como la seguridad social en salud.
41
La Constitución de Weimar al igual que la Constitución de México la cual fue sancionada en el año de 1917,
fue la promotora del Constitucionalismo Social. La constitución de Weimar también fue denominada como
Constitución Social. Es importante indicar que en el año de 1919, fue creada la Organización Internacional
del Trabajo, donde tuvieron gran protagonismo los sindicatos, quienes fueron las voces de los trabajadores
que reclamaban la implementación
de los derechos sociales asistenciales como la salud. VANOSSI, Jorge Reinaldo. El Estado de Derecho en el
Constitucionalismo Social. Editorial EUDEB. Buenos Aires. 1994.

45. Para tal fin, en primer lugar, se hace un breve análisis del marco histórico antecedente a la
Constitución de Weimar, donde se presentaron varios hechos que orientaron la protección
de los derechos sociales asistenciales, hasta llegar a la expedición de dicha carta donde
estos se consagran; en segundo lugar, se analiza la influencia que tuvo la mencionada
Constitución, en algunas reformas constitucionales peruanas como la de 1933 y legales en
lo referente a la implementación de los derechos sociales asistenciales y de la seguridad
social en salud; finalmente, se presentan unas breves conclusiones.
III. Concepto
El constitucionalismo social es la ideología por el cual el Estado ejecuta determinadas
políticas sociales que garantizan y aseguran el ‘bienestar’ de los ciudadanos en
determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro
posible de seguridad social.
Constitucionalismo social es el movimiento de inclusión en la Constitución escrita de las
naciones de los derechos sociales, o de segunda generación, se refiere a la ingeniería
constitucional, que procure el desarrollo social. El constitucionalismo social es un
movimiento universal iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917,
resultado directo de la Revolución mexicana y, en Alemania, con la Constitución de la
República de Weimar en 1919.
La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con dirección
tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su
Constitución, de validez mundial, fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el
mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales.
Prácticamente todas las constituciones del mundo, reorganizaron sus textos, para recoger
los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizar el
Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.
El constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la aparición de
la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos obreros, para reclamar por los
derechos específicos del trabajo. El constitucionalismo social y la constitución del Estado
de Bienestar que caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles. El Derecho del Trabajo
se constituyó en el eje central del Estado de Bienestar. En Estados Unidos el proceso fue
más conocido como New Deal, término que traducido literalmente significa "Nuevo Pacto",
pero que se aproxima más a la idea de "nuevo contrato social".
El Constitucionalismo social propugna reivindicaciones y dar prevalencia a los derechos
sociales y colectivos:
• jornada de trabajo de 8 horas,

46. • salario justo,
• beneficios sociales,
• seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte,
• derecho a la huelga,
• contrato de trabajo protegido por el Estado.
• Seguridad social. 42
Pero sin abolir los derechos individuales de los cuales siguen gozando de la protección del
Estado, pero subordinados al bien común.
Las bases fundamentales de esta clase de Estado son:
• Justicia social. Para los partidos revolucionarios, por justicia social se entiende la
implantación de sistemas socialistas. Para el liberalismo sincero y progresivo
la justicia social se condensa en el intervencionismo del Estado sobre la economía
capitalista reconociendo ciertas reivindicaciones de las clases trabajadoras. Para la
Iglesia católica justicia sociales la distribución más justa de los beneficios del
trabajo. Sin embargo, en apreciación más serena, la justicia social parece situarse en
la zona de enlace del liberalismo avanzado y el socialismo orgánico.
• Economía intervenida por el Estado. En un principio impone los derechos sociales,
luego interviene en la economía a través de lo sistema regulatorio de empresas
privadas, y actualmente establece el sistema de economía plural.
En lo político aparece el llamado “WelfareState” (Estado Benefactor), Estado de Bienestar,
Estado social, que es un concepto, surgido en la segunda mitad del siglo XX, y parte de la
premisa de que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que
garanticen y aseguren el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de
la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social.
42
Seguridad Social. Programas públicos diseñados para proporcionar ingresos y servicios a particulares en
supuestos de jubilación, enfermedad, incapacidad, muerte o des-empleo. Estos programas, que engloban
temas como la salud pública, el subsidio de desempleo, los planes públicos de pensiones o jubilaciones, la
ayuda por hijos y otras medidas, han ido surgiendo en muchos países, tanto industrializados como en vías de
desarrollo, desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida para todos los
ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades. Su financiación procede por
regla general del erario público y su costo se ha convertido poco a poco en una preocupación cada vez mayor
para los países desarrollados, que destinan a este fin más del 25% de su producto interior bruto (PIB). Muchos
países que se encuentran en el subdesarrollo no pueden hacer frente al

47. El Estado social se ocupa de proteger a los individuos ante las consecuencias sociales del
desempleo y de la incapacidad laboral, la jubilación y la enfermedad, todo ello en la medida
en que lo posible y oportuno. Pero no solo emanan obligaciones del Estado frente a los
individuos, sino también del individuo con el Estado. El Estado social supone para él,
obligaciones como las de ayuda y protección social, y para el individuo, el comportamiento
social y el pago de las cuotas sociales para la Seguridad Social.
El concepto jurídico-político que sirve como antecedente inmediato al Estado Social de
Derecho es el de Estado de Derecho. El surgimiento del constitucionalismo social con las
constituciones de Querétaro (1917) y de Weimar (1919), a que se aludió en el numeral II,
también generó un nuevo enfoque del Estado de Derecho. Se constató que éste último, al
estatuir una igualdad formal ante la ley produce desigualdades económicas. Así, el aparente
paraíso del Estado de Derecho ocultaba profundas contradicciones. Hermann Heller
percibió con claridad esa situación y planteó la transición del Estado Liberal (de Derecho)
al Estado Social de Derecho.
Esa concepción helleriana del Estado Social de Derecho permitiría al movimiento obrero y
a la burguesía alcanzar un equilibrio jurídicamente regulado. En otras palabras, se planteaba
la viabilidad de un orden justo de la autoridad sobre la economía, particularmente mediante
la limitación de la propiedad privada, la subordinación del régimen laboral al derecho, la
intervención coercitiva del Estado en el proceso productivo y la traslación de la actividad
económica del ámbito del derecho privado al campo del interés público. Para Heller
el Estado de Derecho es el resultado provisional de un proceso de racionalización del poder
conforme al cual se reivindica y fortalece a la burguesía. Progresivamente, empero, también
los trabajadores, organizados en sindicatos y aun en partidos, logran establecer el «poder
legislativo del pueblo». Así, el económicamente débil procura, a través de una nueva
legislación, «trabar» al económicamente poderoso y obligarlo a conceder mayores
prestaciones.
Herman Heller considera al Estado Social de Derecho como una etapa de transición: el
primero hacia el socialismo (de ahí la «provisionalidad» del Estado Social de Derecho), y el
segundo hacia el Estado Democrático de Derecho. El juicio de Zippelius es más
reservado: alude a una oscilación del desarrollo histórico entre el Estado de bienestar y el
liberalismo a través del cual se evidencia el riesgo que enfrenta continuamente el
Estado: reducir el umbral de la libertad, «sofocando así una necesidad elemental», o
extender los efectos de la libertad, «con lo cual abre la puerta a las posibilidades,
gustosamente aprovechadas, de abusar de aquélla». Por eso, concluye, la inestabilidad de
las formas del Estado liberal se origina en que «la libertad induce, una y otra vez, a abusar
de ella», y tal abuso conduce nuevamente a restringirla.

48. IV. Características
• Economía intervenida y dirigida por el Estado. No planificada. Es planificada en el
Estado socialista, no en el Estado social.
• El Estado interviene en la relación empleado-empleador.
• Reconocimiento de derechos colectivos y la búsqueda de justicia social.
V. Constitución mexicana de Querétaro
Cuando la revolución se consolida el año 1916, Venustiano Carranza promulga en 1917 una
nueva Constitución, que proclama:
• La educación laica,
• El dominio originario del Estado sobre las tierras,
• Protección de los derechos de los trabaja-dores.
• Derecho a la asociación sindical y,
• Derecho a la huelga.
VI. Constitución alemana de Weimar
Constitución promulgada en 1919, que disponía:
• La economía se debía desenvolver en base a la justicia social.
• La función social de la propiedad.
• Derecho al trabajo.
• Derecho a la huelga y asociación sindical.
• Protección de la familia por el Estado.
El Objetivo Social, que procura:
• la superación de las contradicciones entre la titularidad formal de unos derechos
públicos subjetivos y su ejercicio efectivo;
• la acción estatal destinada a crear las condiciones para la satisfacción de la
necesidades vitales que no pueden ser satisfechas ni por los individuos ni por los
grupos;
• la concepción del status de ciudadanía no sólo como una común participación en
valores y en derechos políticos, sino también en los bienes económicos y culturales;

49. La Concepción democrática del Poder, por la que Estado-democrático significa que un
Estado toma sus decisiones escuchando primero a las organizaciones sociales afectadas. Y
esto se hace a través de la iniciativa legislativa popular o el referéndum.
La Sumisión De Ambos Términos A La Disciplina Del Derecho significa
• El desarrollo de una política orientada hacia la configuración de la sociedad por el
Estado dentro de los patrones constitucionales.
• La enumeración de los derechos fundamentales como la delimitación de la
competencia básica del Estado son componentes necesarios del Estado de Derecho.
¿Entonces que es una “Estado social y democrático de Derecho”? La sumisión de los
poderes públicos a una jurisdicción constitucional, con lo cual el Estado no es solamente un
Estado legal de Derecho, sino también y esencialmente un Estado Constitucional de
Derecho bien ordenado.
VII. El derecho social en México. Los derechos humanos. La constitución de 1917.
Tendencias, Querétaro.
Este apartado se refiere a la corriente del derecho social mexicano, concepto un tanto
ambiguo, que trataremos de precisar a la luz de la doctrina mexicana.
El artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917, nos proporciona un punto de partida de
especial interés. En efecto, en sus primeros veintinueve artículos, el texto constitucional
aborda las garantías individuales, relacionadas con la vida, la libertad y la seguridad de la
persona. Pero, la carta máxima de México introduce en el artículo 27, el concepto de
propiedad -función social, que venía planteándose desde la mitad del siglo XIX-, de
acuerdo con el artículo 123 sobre derecho al trabajo.
El derecho de propiedad, el derecho del trabajo y la seguridad social, el recurso de amparo,
el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud y a la educación, derecho a
participar en la vida cultural, derecho a gozar de los beneficios del progreso técnico,
constituyen las principales "garantías sociales" contenidas en el texto constitucional de
1917.
VIII.- La visión weimariana (o europea) del Estado Social de Derecho.
Lo identifica estrictamente con la clase obrera y con sus formas organizadas de lucha: el
sindicato y el partido. A su vez, una visión latinoamericana de la misma realidad, tiende a
involucrar, como ya se mencionó en el párrafo precedente, a los sectores marginados de las
ciudades y a los trabajadores agrícolas, la protección de cuyos intereses (muy difusos en el
primero de los casos) apenas se produce con mediana efectividad por parte de

50. organizaciones agrarias. De esta suerte el capítulo económico del Estado Social de Derecho
en Europa y en Latinoamérica se integra por rubros diferentes: industrial y comercial en el
primer caso, adicionado del urbano y agrícola en el segundo. Por todo lo anterior, a los
principios básicos del Estado de Derecho que menciona Zippelius, deben agregarse dos
más, que complementan a aquéllos y que permiten encuadrar satisfactoriamente al Estado
Social de Derecho: el principio de razonabilidad (la organización estatal debe tender a la
integración y no a la estratificación de la sociedad), y el principio de equidad (la igualdad
entre desiguales es meramente conjetural).
Al igual que el concepto de Estado de Derecho es cuestionado por Kelsen, el de Estado
Social de Derecho tampoco es admitido pacíficamente por la doctrina. En especial
Fortsthoff argumentaba en 1961 que la relación entre Estado de Derecho y Estado Social
plantea problemas de gran calado. Se trata, dice, de dos Estados diferentes e incompatibles
en el ámbito constitucional. Por un lado el Estado de Derecho tiene por eje un sistema de
libertades, y por otro el Estado Social tiene por objeto un sistema de prestaciones. El autor
considera que la tendencia del Estado Social lleva a una expansión progresiva
del poder organizado y a una dependencia creciente de la sociedad con relación a las
prestaciones y a las acciones de distribución de la riqueza por parte de ese poder. Fortsthoff
adopta, en este punto, la misma conclusión a la que Hayek denominó el “camino de
servidumbre”: el Estado Social acaba transformando al Estado de Derecho en un Estado
totalitario.
XI. Otras primeras constituciones de tipo social
ESTONIA (1920), que dispone que la vida económica debe respetar los fundamentos de
justicia.
POLONIA (1921), que dispone que el trabajador está protegido por el Estado, también la
maternidad, la infancia etc.
ESPAÑA (1931), que declara la república de trabajadores. El Estado interviene en la
economía. Se nacionaliza las empresas que están en manos extranjeras.