El documento discute el problema de la tenencia de la tierra en Paraguay y cómo ha causado conflictos sociales recurrentes. Propone que el Estado implemente reformas agrarias para corregir la injusta concentración y distribución de la tierra a través de leyes, políticas económicas y fiscales que faciliten el acceso a la propiedad privada de la tierra y otros bienes para más sectores de la población rural. La Iglesia condena la violencia pero ve la reforma agraria como un instrumento para promover una distribución más equitativa y solid

1. La Propiedad de la Tierra
SITUACIÓN
El problema de la tenencia de la tierra que afecta a amplios sectores del campesinado paraguayo y que
aflora hoy con fuerza en términos de conflicto social, obliga a expresar, con evangélica franqueza,
una palabra sobre el tema de la propiedad y el uso de la tierra en nuestro país.
Se está pasando por una crisis profunda en todos los niveles. Esta crisis puede constituirse en una
oportunidad para encarar los cambios profundos que pueden ayudar a la sociedad paraguaya a mejorar,
a renovarse, a ofrecer a sus ciudadanos condiciones de vida más dignas.
Los conflictos sociales como consecuencia de la propiedad y el uso de la tierra son recurrentes, forman
parte de un círculo vicioso que se deben romper para hacer del Paraguay un país viable.
PRINCIPIOS NATURALES
La propiedad es garantía de libertad para el ser humano, pues quien nada posee depende totalmente de
otros. La propiedad puede ayudar a desarrollar a la persona mediante la valoración y conservación de las
cosas y hace surgir en ella el sentido de la responsabilidad y el sentido de previsión.
Quien se apropia de la tierra se responsabiliza de usarla para su propio bien y para bien de los otros. De
lo anterior se concluye que el derecho a la propiedad cumple una función personal, de promoción y
desarrollo integral de la persona, y una función social, de servicio a la comunidad.
El derecho a la propiedad es un derecho natural, se basa en la naturaleza del hombre y, por tanto, es un
derecho anterior al Estado. Sin embargo, a éste le corresponde reglamentar el uso de la propiedad.
En este sentido es oportuno recordar que el derecho a la propiedad es también para el que no la tiene.
Si cada hombre tiene derecho a la propiedad, tiene igualmente el deber de respetar la propiedad ajena;
caso contrario, habría desequilibrio social por procedimientos unilaterales injustos. Si no se respeta la
propiedad ajena, ¿cómo se puede exigir que respeten la propia?
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
En la doctrina social de la Iglesia se juzga el proceso de concentración de tierra como un escándalo
porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a un
amplio sector de la sociedad los beneficios del fruto de la tierra.
“Las pervers as des igualdades de la dis tribución de los bienes comunes y de las posibilidades de
desarrollo de toda persona y los desequilibrios deshumanizados de las relaciones personales y colectivos,
causados por este tipo de concentración provocan conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y
provocan la des trucción del tejido s ocial”
(Para una mejor dis tribución de la tierra, Pontificio Cons ejo “Jus ticia y Paz”, No. 27).
En el Paraguay, incluso, se dan situaciones concretas del origen ilegítimo de la tenencia de la tierra,
legitimadas por la corrupción, que requieren justicia y esclarecimiento para recuperar las tierras
malhabidas.
Además , “al Es tado le toca impedir que s e abus e de la propiedad privada en contra del bien común…
cuando la índole social es descuidada, la propiedad fácilmente se convierte en múltiple tentación de
ambiciones y graves desórdenes, hasta dar pretexto a la impugnación de los derechos puestos en peligro”
(CONC. VAT. II, Gaudium et Spes, No. 71).
ACCIONES OPORTUNAS
La Iglesia condena todo tipo de violencia. La concentración e injusta distribución de la tierra deben ser
corregidas con urgencia por parte del Estado a través de los mecanismos institucionales,
porque mantenerlas es una forma de violencia estructural contra amplios sectores de la población rural
que no tienen un pedazo de tierra donde asentarse y arraigarse.
Por otro lado, los métodos violentos de ocupación de propiedades privadas legítimas pueden generar más
violencia e, incluso, pueden significar la pérdida de vidas humanas.

2. Es urgente que los poderes públicos diseñen e implementen un Plan serio para dar respuesta a los
graves problemas y conflictos sociales relacionados con la tenencia y el uso de la tierra en el Paraguay.
La doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado para difundir la
propiedad privada de la tierra. Para ello, se debe actuar en tres niveles complementarios: a) a nivel
jurídico, para que haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión de la propiedad privada;
b) a nivel de políticas económicas, para facilitar el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes
de consumo duradero: vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje necesario para la empresa agrícola
familiar y, c) a nivel de políticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad de la propiedad de los
bienes en el ámbito de la familia (Cfr. Para una mejor distribución de la tierra, Pontificio Cons ejo “Jus ticia
y Paz”, No. 37).
Es necesario modificar las relaciones sociales injustas hacia horizontes de mayor equidad y solidaridad,
con una política que contemple el bien común. Así se podrá pensar en una sociedad con la esperanza en
un futuro en paz.
Asunción, 30 de agosto de 2004
+ Ricardo Valenzuela
Secretario General de la CEP