Este documento describe los intentos del gobierno de Uribe y Santos por modificar las reglas que prohíben la acumulación de tierras baldías. Ambos gobiernos han consultado al Consejo de Estado y han intentado cambios legislativos, pero la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales estas iniciativas, reafirmando la prohibición de acumular tierras por encima de los límites establecidos.