El documento argumenta que la comunidad educativa debe participar en la elaboración e implementación de los indicadores e instrumentos de gestión. Estos deben basarse en el conocimiento del aprendizaje en las aulas y la interacción entre docentes y estudiantes. También señala la importancia de identificar barreras educativas y desarrollar estrategias de apoyo para que los estudiantes en riesgo puedan lograr los objetivos de aprendizaje.